Hace unas semanas el Senado de Estados Unidos confirmó, con un apretado voto de 50 a 49, el nombramiento de Emile Bove como magistrado en la Corte de Apelaciones del tercer circuito. Sumado a los ataques verbales y legales contra jueces de distrito, despachos de abogados, y a una serie de decisiones de la Corte Suprema que favorecen la concentración de poder en el ejecutivo y las políticas de la actual administración, el nombramiento de Emil Bove profundiza el asedio contra actores e instituciones del sistema de justicia desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.
Emil Bove, de 44 años de edad, tiene una larga carrera no exenta de logros profesionales que incluyen la práctica privada de la abogacía, el trabajo como fiscal federal en el distrito sur de Nueva York, y la codirección de la oficina contra el terrorismo y el narcotráfico internacional de la oficina de la Fiscalía General (U.S. Attorney General’s Office). Sin embargo, desde 2023 Bove está ligado de manera directa con Donald Trump y ha impulsado prácticas y decisiones que contradicen su trayectoria. En ese año Bové se sumó al equipo de defensa legal de Trump en casos relacionados con el uso inapropiado de documentos clasificados y con la obstrucción electoral. Una vez presidente, Trump lo nombró durante unos meses Fiscal General adjunto y luego Fiscal General en funciones antes de proponerlo como magistrado a la Corte de Apelaciones. Durante su breve paso por la Fiscalía General, Bove fue señalado públicamente por sugerir a miembros de esa dependencia ignorar las decisiones judiciales en contra de las prácticas antiinmigración del presidente Trump.
Durante su primer mandato, con tres nombramientos de ministros en la Corte Suprema y 230 nombramientos de jueces y magistrados federales, el presidente Trump consolidó el avance del movimiento conservador en el poder judicial. Sin embargo, Emile Bove no fue propuesto al cargo de magistrado por su cercanía ideológica con el Partido Republicano o con la Sociedad Federalista (Federalist Society), promotora del originalismo y el textualismo como métodos de interpretación de la constitución para impulsar la ideología conservadora, sino por su probada lealtad para servir a Donald Trump y sus intereses personales.
Emil Bove, según algunos críticos, llega a juez como un pragmático abogado capaz de utilizar cualquier argumento o metodología para obtener un resultado que satisfaga los intereses y decisiones de una persona en particular. Si ya era cuestionable el contagio de la polarización política en los nombramientos de jueces, el de Bove constituye un nuevo tipo, quizá más dañino, de intervención.
Su nombramiento se suma, por un lado, a decisiones de la Corte Suprema que favorecen la concentración de poder en el ejecutivo y, por otro, a una serie de ataques a jueces de distrito que han intentado contener los efectos de algunas decisiones y políticas de la actual administración. Por ejemplo, la Corte Suprema, incluso antes de las elecciones de 2024 en el caso Trump v. United States, concedió al titular del ejecutivo una amplia gama de protecciones que lo eximen de procesamiento penal por los “actos oficiales” que lleva a cabo durante la presidencia. También la Corte, bajo la batuta jurisprudencial de su presidente John Roberts, ha desarrollado la llamada “teoría del ejecutivo unificado” (unified executive theory) según la cual la persona que ocupa la presidencia concentra la autoridad sobre la totalidad de la rama ejecutiva del gobierno. Con base en esta teoría, la Corte ha aceptado que, entre otras cosas, el presidente pueda no sólo suspender el financiamiento sino incluso eliminar instituciones como la USAID (United States Agency for International Development) o la Secretaría de Educación en su conjunto. Para añadir a la polémica, algunas de estas decisiones se limitan a decidir de manera sumaria una controversia, sin una debida motivación, pues provienen de la llamada “bandeja de emergencia” de la Corte Suprema, o “bandeja sombría o en la sombra” como la llama el profesor Stephen Vladeck.
Los jueces de distrito también han sido blanco de una amplia gama de ataques y confrontaciones por parte de la administración del presidente Trump. Por un lado, están las quejas formales contra jueces específicos ya sea por decisiones que limitan algunas políticas discriminatorias y violatorias de derechos en materia de deportación, o por decisiones relacionadas con la prohibición a que las personas transgénero sirvan en el ejército. También hay quejas en contra de un juez por comentarios considerados impropios y agresivos contra la administración realizados en una conferencia con colegas, es decir, fuera del contexto de un litigio. La administración Trump también ha interpuesto demandas en contra de un conjunto de quince jueces federales ubicados en Maryland por poner frenos a la expulsión de inmigrantes. Esto además de que, así como lo sugirió el ahora magistrado Emile Bove desde su puesto en el Departamento de Justicia, la administración ha ignorado olímpicamente algunas decisiones judiciales como la orden de que los aviones en que los deportados viajaban hacia El Salvador regresaran a los Estados Unidos.
Por otro lado, los jueces han recibido serios cuestionamientos por parte de personajes públicos importantes sobre su papel como impartidores de justicia y su legitimidad. En primer lugar del mismo presidente Trump quien llamó a los legisladores a hacer juicios políticos (impeachments) en contra de jueces por sus “decisiones hostiles e ilegales” (ante lo que el presidente de la Suprema Corte reaccionó de forma tímida diciendo que “no es la respuesta adecuada ante el desacuerdo”). Se han sumado también el vicepresidente J.D. Vance y Elon Musk a la embestida mediática y en redes sociales cuestionando la legitimidad de los jueces para resolver conflictos debido a que no son electos o a que “no son neutrales”. La permisividad y normalización de estos ataques desde el poder ejecutivo han incentivado un número cada vez mayor de amenazas a la integridad física de los juzgadores, y la de sus familiares, por parte de militantes republicanos radicales.
Es difícil saber hasta dónde va a llegar este proceso de asedio y reacomodo del poder judicial en los Estados Unidos. Los casos recientes con los que podemos compararlo no son halagüeños para la independencia judicial o la democracia, como lo muestran los procesos de erosión democrática en países como Hungría, Polonia, Turquía, o México. Las instituciones y la cultura democrática en Estados Unidos son más robustas, densas, y tienen raíces más hondas que en esos otros países. Pero la intensidad del asedio y lo que está en juego quizá es también mayor.
Julio Ríos Figueroa
Doctor en ciencia política. Investigador del ITAM.