El (otro) mundo del abogado

A pesar de que la licenciatura en derecho es una de las carreras con mayor demanda en el país, queda claro que, desde hace algunos años, ejercer esta profesión no goza de buena fama. Lejos están aquellos tiempos en los que ejercer la abogacía en México era sinónimo de cierto prestigio social. Hoy, por el contrario, es posible afirmar que el rol de estos profesionistas se entiende, por lo general, como el último recurso ante una emergencia, que como los dentistas o los sepultureros, a los abogados nunca se les ve por placer sino más bien por estricta necesidad.

De manera contradictoria, el abogado se contempla como solución y al mismo tiempo como problema. Su intervención resulta imperiosa frente a la complejidad técnica de los actuales sistemas de justicia, pero un abogado puede igual proponer una solución legal viable, pero que no necesariamente sea apegada a valores como la justicia o la honestidad.

Ilustración: Belén García Monroy

El problema con los abogados no es que éstos de antemano sean inmorales, o que sus clientes los obliguen a realizar acciones incorrectas con tal de obtener ganancia. El dilema se arraiga en la falta de regulación de la profesión, es decir, en la inexistencia de límites claros que les permitan llevar a cabo sus acciones no solo con apego a las leyes sino también conforme a parámetros éticos. Así, podríamos decir que la profesión se ejerce con impunidad.

Desde hace algunos años el movimiento a favor de la colegiación obligatoria de los abogados plantea que esta medida puede contribuir decididamente a resolver los problemas regulatorios en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, la colegiación, pasa por alto un problema de raíz: los colegios. Existen diversas instancias que agrupan abogados en nuestro país tanto en el ámbito local como en el nacional. No obstante, incluso las que gozan de mayor reconocimiento no han sido capaces de lograr fijar estándares y parámetros de actuación entre los profesionales del derecho. Los colegios se aprecian como organizaciones que buscan más la consecución de objetivos políticos o sociales y no como agrupaciones ocupadas en la protección y mejora del ejercicio de la profesión.

Ingresar a éstos se parece más a formar parte de una aristocracia en ciernes —toga y medallas incluidas— que a la salvaguarda del ejercicio profesional dentro de la mejor tradición democrática liberal basada en los contrapesos y la vigilancia mutua. Es cierto, hay muchas actividades valiosas en la trayectoria de los colegios. No todo es negativo. Pero, a la hora de la verdad, cuando es necesaria la defensa de la profesión o la revisión del comportamiento ético de sus miembros las acciones flaquean. Recordemos como tan solo hace unas semanas asesinaron a un abogado en Irapuato en un asunto que despertó interés nacional, pero de los colegios ni sus luces. Este es solo un ejemplo.

No vamos a negar que estamos en un momento crítico para el derecho y la abogacía en México. Observar al derecho como un obstáculo para cualquier cambio es lugar común de extremas derechas e izquierdas, por igual. Por ello es crucial trabajar en fortalecer la profesión.

En un régimen constitucional los abogados ocupan la primera línea de la defensa contra el abuso del poder. Nuestro propósito no es acabar con los colegios sino abrir un debate serio sobre la necesidad de su democratización y su papel en la defensa de la profesión, que por razones más que obvias, debe apegarse a la ley y a la ética. Por el momento, creemos que si los colegios aspiran a controlar la discusión sobre la colegiación de los abogados en México, estos deben entender que su rol exige la rendición de cuentas como cualquier institución pública. Y es que, simple y sencillamente, no puede haber colegiación si no hay colegios que efectivamente cumplan con su deber ante la sociedad.

En ese sentido, vale la pena destacar algo que sucedió hace unos días y que tal vez pasó desapercibido. Nos referimos a la investigación que la Fiscalía General de la República y la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda abrió contra Billy Álvarez y los manejos del equipo de fútbol Cruz Azul, que no solo derivó en la orden de aprehensión contra su persona, sino que también se extendió a otras más, entre las que se encuentra un conocido y mediático abogado: Ángel Junquera. Se trata de un especialista en negocios y que se desempeña como socio de un influyente despacho jurídico basado en Ciudad de México, pero no solo eso: también funge como presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y dirige la revista El Mundo del Abogado.

Según múltiples fuentes,¹ se presume que el señor Junquera era “asesor jurídico externo de la cooperativa cruzazulina”, y que fue el encargado de crear las empresas fantasmas con las que se imputan los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.² Algo que, por supuesto, en definitiva, deberá probarse en juicio. No estamos por los linchamientos mediáticos y estaremos atentos a la manera en la que se defienda con las conocidas (y cuestionables) limitaciones que rigen al principio de publicidad de los procesos penales en México. Pero la apertura del proceso es crítico, porque en este caso, la revisión de sus actos pone en juego el prestigio, la confianza, la dignificación de la profesiónen México. Por ello, también es clave conocer si la acusación tiene algún mérito o simplemente pueda leerse como un atentado contra el ejercicio profesional de un abogado.

Este asunto también nos obliga a hablar de lo que es un secreto a voces en el sector y el elefante blanco en la sala. Muchos abogados ejercen la profesión de forma irregular, aunque con apariencia de legalidad, cometen actos de corrupción. Los estudios de redes de corrupción, en los que participan empresas y entidades de gobiernos, demuestran que en todas ellas hubo representantes legales, abogados asesores y hasta notarios que diseñan o participan desde las entrañas en el complejo modo de operar. Los abogados juegan papeles centrales en estas redes, desde los que se dedican a la defraudación fiscal, hasta los que están por la invasión de predios, pasando, desde luego, por los que se sientan en las fiscalías, las oficialías de partes, o las áreas de contratación. Muchos pertenecen a colegios de abogados, trabajan en elegantes despachos, y nadie parece rechistar.

Es cierto, el señor Junquera goza de la presunción de inocencia que le da nuestro orden constitucional, pero su caso es emblemático para ilustrar el problema que aquí destacamos. En su discurso de toma de posesión como presidente del Ilustre y Nacional mencionó: “Mandemos un mensaje de cambio, de reivindicación de valores, de espíritu solidario, de civismo, de comportamiento ético y de un ejercicio profesional íntegro”. Hoy, sus afirmaciones están en entredicho. En este sentido, lo que parece necesario es que los colegios hagan a un lado las palabras y empiecen con las acciones. Y cuando hablamos de acciones nos parece que hay dos muy importantes: la primera tiene que ver con la puesta en marcha de sus comisiones de ética y anticorrupción, la depuración de sus miembros y el establecimiento de lineamientos efectivos de integridad, denuncia y sanción. La segunda, por su parte, es un ejercicio claro y decidido por logar constituirse en representantes efectivos de todas las personas que ejercen la abogacía, sean o no sus agremiados. Esto implica defender el ejercicio de la profesión y, desde luego, señalar también sus excesos y abusos.

Antes de seguir idealizando el mundo de los abogados, es tiempo de construir instituciones eficaces y representativas, comprometidas con el combate a la corrupción y la justicia. Porque en un país medianamente serio que el actual presidente de uno de los colegios de abogados más importantes tenga una orden de aprehensión en su contra no solo sería un escándalo sino también una afrenta para el gremio. Menos togas y revistas, y más un ejercicio responsable y digno.

Urge dejar de contemplar a la moral en la profesión como un mero árbol que da moras. Es tiempo de que se abandone ese mundo del abogado y se empiece a construir otro en el que quienes ejerzan esta profesión lo hagan con responsabilidad social y de miras a la justicia que provee el derecho.

José Antonio Caballero. Investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
Juan Jesús Garza Onofre. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Issa Luna Pla. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

¹ Véase: “Giran orden de aprehensión contra ‘Billy’ Álvarez, presidente del Cruz Azul”, Proceso, julio 29 de 2020; “Hunden a ‘Billy’ Álvarez su hermano y ex tesoreros”, Reforma, julio 31 de 2020.

² Véase: Tejado Donde, Javier, “Giran orden de aprehensión contra el presidente del Cruz Azul; equipo a capilla en la LigaMX”, El Universal, julio 29 de 2020.