El actual diseño constitucional de las democracias se despliega como una elaborada respuesta a la eterna tensión en las comunidades políticas contemporáneas que se enfrentan a la necesidad de liderazgos efectivos y la exigencia ineludible de controles que prevengan la concentración y el abuso del poder. En este entramado, el poder judicial se revela como un pilar crucial, no sólo por su función de contrapeso ante los otros poderes del Estado, sino como el guardián último de los derechos y libertades que definen la esencia misma de una democracia liberal.
La idea central es que una democracia, para ser funcional, debe ser liberal; es el liberalismo quien aporta aquellos mecanismos institucionales que en principio aseguran la separación de poderes, instauran los controles y equilibrios, y hacen cumplir el Estado de derecho mediante la independencia judicial. En ausencia de estos engranajes, la democracia, en su estado puro está en riesgo de convertirse en una tiranía de la mayoría, un escenario donde la voluntad de la mayoría se instrumentaliza con el propósito de oprimir a las minorías, distinguir a los amigos de los enemigos y/o perseguir a la oposición.1 Y, de manera más destacada, de desmantelar todas aquellas instituciones republicanas diseñadas para contener un eventual desbordamiento del poder soberano del pueblo. En breve: la democracia liberal busca moderar cualquier acumulación de poder.
En México, el actual régimen presidido por Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una serie de reformas legales y acciones administrativas que, aunque enmarcadas en una retórica de lucha contra la corrupción y fortalecimiento democrático, denotan una postura iliberal hacia la judicatura. Esta inclinación se manifiesta claramente en sus intentos por socavar la autonomía judicial y en el planteamiento de medidas dirigidas a subordinar este poder crucial al Ejecutivo, desvaneciendo así las fronteras que separan y equilibran los poderes del Estado. Desde su perspectiva iliberal, el Poder Judicial es percibido como un coto de élites no electas —“castas de juristas” normalmente al servicio de sí mismas y al de las élites adineradas— que se interponen en el camino de “la voluntad del pueblo” al que supuestamente ellos y sólo ellos pueden representar.
Sin embargo, esta dinámica trasciende la preocupación inicial: no sólo amenaza la función de contrapeso del Poder Judicial, que se materializa a través del control judicial, la supervisión y la regulación, sino que también sienta las bases para la emergencia de un gobierno autoritario y la predisposición de la ciudadanía a aceptarlo. Este panorama adquiere especial relevancia porque el poder militar ha desplazado cada vez más ámbitos de la esfera pública al dominio civil, al tiempo que el partido político en el poder, Morena, junto a sus aliados satélites, actúan en el poder legislativo como meras correas de transmisión de los intereses y voluntades del presidente de la República, despojando así de su responsabilidad habilitada para servir como órgano de rendición de cuentas horizontal.2
El embate del proyecto iliberal del gobierno en turno tomó un impulso significativo con la abrupta renuncia de Eduardo Medina Mora, cuyas revelaciones periodísticas sobre su patrimonio no sólo arrojaron sospechas, sino que fueron utilizadas para poder designar a un nuevo ministro. Sin embargo, el verdadero golpe de timón se materializó con la propuesta de prolongar por dos años el mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta maniobra, aunque arropada con la narrativa de preservar la experiencia judicial acumulada; en realidad buscaba socavar los pilares de rotación, renovación y limitación del poder, elementos medulares para asegurar la independencia judicial y una rendición de cuentas efectiva -además de ser una reforma legal claramente contraria al texto constitucional. El objetivo subyacente es que, una vez subyugado, el tribunal constitucional puede ser útil para legitimar y cimentar aún más su poder.
La estrategia iliberal no se ha detenido en maniobras aisladas, también ha quedado de manifiesta en una serie de tácticas meticulosamente diseñadas para reconfigurar el poder político en el ámbito judicial.3 Una de ellas es la usurpación del centro neurálgico de la interpretación constitucional, es decir, buscar dominar entidades como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) o la misma SCJN, bastiones para la defensa del Estado de derecho y la interpretación de la Constitución. Al mismo tiempo, al influir en los procedimientos de nombramiento judicial, se busca moldear un Poder Judicial afín que respalde, en lugar de revisar, las decisiones ejecutivas y legislativas. Porque los iliberales buscan sistemáticamente tergiversar las reglas formales diseñadas para fines liberales hacia fines iliberales y autoritarios.
Además, la manipulación de los procedimientos de nombramiento judicial emerge como otra vía para inclinar la balanza del poder judicial hacia el espectro iliberal. En este sentido, resalta la propuesta de Morena de someter a elección popular los cargos de los ministros de la SCJN, una iniciativa que, bajo el pretexto de democratizar la judicatura, en realidad busca comprometer gravemente su autonomía al inyectar un componente político en el proceso de selección.
La naturaleza esencial de la SCJN es hacer cumplir el Estado de derecho, no actuar como reflejo de la voluntad popular. Su legitimidad radica en la eficacia y eficiencia de sus sentencias, no en la popularidad obtenida a través del sufragio. Los puestos dentro de este órgano constitucional demandan un carácter profesional, impersonal y meritocrático,4 requisitos que se traducen en una necesaria estabilidad que permite la continuidad y coherencia en la interpretación y aplicación del marco legal. La proposición de alterar este paradigma fundamental mediante la introducción de un mecanismo electoral para la designación de ministros, no sólo desdibuja la distinción entre la judicatura y la arena política, sino que amenaza con subvertir la integridad y objetividad que deben imperar en el ámbito judicial, exponiendo a la SCJN a las fluctuaciones y polarizaciones de la política partidista en turno.
Por otro lado, la gestión de la narrativa mediática se ha convertido en una herramienta poderosa para su proyecto iliberal. En este curso de acción, las conferencias matutinas de López Obrador se han transformado en un estrado desde donde se critican todo tipo de decisiones judiciales, sin atender siquiera los argumentos de éstas, especialmente aquellas que obstaculizan u ordenan suspender sus decisiones gubernamentales. Casos emblemáticos incluyen las suspensiones judiciales obtenidas contra proyectos icónicos de su gobierno, como el Tren Maya, pero también, la reforma eléctrica, la de hidrocarburos hasta incluso la propia distribución de los nuevos libros de texto gratuitos.
En otro tipo de alocuciones contra el Poder Judicial, López Obrador no ha dudado en optar por divulgar información personal de jueces, particularmente cuando liberan imputados en el sistema de justicia penal, evidenciando que las deficiencias son responsabilidad de quienes integran las carpetas, no de quienes las escudriñan para juzgarlas. Este manejo de la narrativa no sólo desacredita al Poder Judicial, sino que también siembra un terreno fértil para una percepción pública desfavorable hacia la judicatura, lo cual, en última instancia, amenaza la confianza en las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
Adicionalmente, en el marco de la discusión presupuestal para el año 2024, se ha aprobado la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial. Esto, con independencia de las argumentaciones legales y fiscales al respecto, se traduce en una amenaza tangible a la independencia y capacidad operativa de este poder. Es relevante destacar que estos fideicomisos no son meramente recipientes estáticos de recursos, sino mecanismos dinámicos que, a través de las contribuciones de los trabajadores judiciales y los rendimientos generados, han permitido acumular fondos significativos. En este contexto, emerge una inquietud legítima: si hoy se dispone arbitrariamente de estos recursos judiciales, ¿qué certeza existe de que en el futuro no se manipulen con igual arbitrariedad los fondos de las afores, las cuotas obreros patronales, o incluso se avance hacia la expropiación de entidades bancarias privadas?5
Este movimiento se inscribe dentro de una táctica más amplia que puede ser caracterizada como “divide y vencerás”,6 destinada a debilitar la cohesión y resistencia dentro del sistema judicial. Al desmantelar fuentes autónomas de financiamiento, se fomenta la incertidumbre y la dependencia hacia el Ejecutivo para la asignación de recursos. Este enfoque busca fragmentar y subyugar la cohesión interna del sistema judicial, desincentivando la resistencia de la acción colectiva y diluyendo la fortaleza institucional necesaria para defender la integridad del Estado de derecho. Una táctica del tipo “divide y vencerás” no es únicamente una operación calculada, sino una manifestación del intento iliberal de erigir un sistema judicial dócil y subordinado que relegue la salvaguarda del Estado de derecho a un segundo plano, en favor de una conformidad politizada que favorece la concentración del poder.
La independencia judicial no es un lujo, es una necesidad imperante para la salvaguarda de la democracia. Sin un Poder Judicial fuerte e independiente, los derechos y libertades están en riesgo, y la balanza del poder puede inclinarse peligrosamente hacia un autoritarismo encubierto. La transparencia judicial es crucial, pero debe ser implementada sin ulteriores motivos de control o subordinación.
Es imperativo, por tanto, evaluar críticamente las propuestas y acciones gubernamentales hacia el Poder Judicial, discerniendo entre los esfuerzos legítimos de reforma, fallas, y mejora y las tácticas iliberales de control. En un contexto global donde el iliberalismo avanza, proteger la independencia judicial trasciende las responsabilidades institucionales, y se erige como una acción colectiva por la que debe apostar la sociedad en su conjunto. El Poder Judicial no es simplemente una entidad abstracta, sino la última barrera que resguarda los principios democráticos y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Su autonomía y fortaleza son sinónimos de un régimen democrático robusto, y su debilitamiento, un preludio de la erosión democrática.
* Nota: Este texto extrae una parte de las reflexiones esgrimidas en el ensayo “El ascenso del iliberalismo en México”, el cual obtuvo el segundo lugar del premio de investigación politológica Alonso Lujambio, edición 2023, del ITAM.
Héctor Sebastián Arcos Robledo. Analista de datos especializado en los ámbitos de la seguridad pública y la justicia penal. X: @SebastianArcosR.
1 En pocas palabras, la idea de “todo para mis amigos; para mis enemigos, la ley”.
2 Para una discusión más extensa del tema, véase Guillermo O’Donnell, “Horizontal Accountability; The Legal Institutionalization of Mistrust”, en Democratic Accountability in Latin America, ed. Scott Mainwaring y Christopher Welna, 1.ª ed. Oxford University Press, New York, 2003, pp. 34-54.
3 Retomo los argumentos expuestos por Renáta Uitz, “Constitutional Practices in Times ‘After Liberty’’, en Routledge Handbook of Illiberalism, ed. András Sajó, Renáta Uitz, y Stephen Holmes, 1.ª ed., Taylor & Francis Group, New York, 2022, pp. 442-65.
4 Se trata de los argumentos clásicos de Max Weber, Economía y Sociedad, ed. Johannes Winckelmann, trad. Juan R. Parella et al., 2.º ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
5 Recupero y amplio la pregunta que fue elaborada por el diputado durante su intervención en el debate del dictamen que adicionó un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Revisado en octubre de 2023,
6 Retomo el argumento presentado por Miroslaw Wyrzykowski y Michał Ziólkowski, “Illiberal Constitutional and the Judiciary”, en Routledge Handbook of Illiberalism, ed. András Sajó, Renáta Uitz, y Stephen Holmes, 1.ª ed. Taylor & Francis Group, New York, 2022, pp. 517-32.