Para Ángela, abuela de Aitana, y Jacobo, hermano de Estefanía.
Después de tres años de negociaciones, incontables borradores, contrapropuestas y jornadas maratónicas de trabajo, el proceso de negociación de un nuevo tratado sobre pandemias se cerró este miércoles 16 de abril en Ginebra.
Lo que comenzó como una reacción a la desarticulación mundial frente al Covid-19 terminó convertida en un documento que, si bien no cumple con todas las ambiciones trazadas en un inicio, establece un pacto mínimo frente a futuras pandemias.
El camino fue más enredado de lo que muchos anticiparon. Los llamados para contar con un nuevo pacto transformador chocaron, una y otra vez, contra la fría realidad de los intereses nacionales y comerciales, el pique geopolítico y la desconfianza acumulada propiciada por la distribución desigual de las vacunas durante la pandemia del Covid-19. La retórica de la solidaridad se desgastó en los detalles: quién accede primero a las vacunas, cómo se comparten los datos genómicos de un nuevo virus, qué papel jugarán las farmacéuticas, cómo se financia la prevención y la respuesta conjunta. Preguntas que, más que respuestas definitivas, obtuvieron compromisos parciales.
Aun así, no hay que despreciar el resultado. El Covid-19 mostró que la falta de voluntad política, reglas claras y cooperación institucionalizada no sólo tiene costos económicos colosales —que seguimos arrastrando—, sino también un precio humano intolerable (más de 20 millones de personas perdieron la vida según la Organización Mundial de la Salud). En respuesta, el tratado sienta bases importantes, complementa las recientes reformas al Reglamento Sanitario Internacional e incorpora elementos innovadores en el marco jurídico internacional sanitario.
La política de lo posible
El texto final establece, por primera vez en un instrumento jurídico de este tipo, obligaciones para fortalecer los sistemas de salud antes y durante una pandemia, proteger al personal sanitario, reducir las desigualdades de género y priorizar la salud mental durante este tipo de crisis. Además, incorpora el enfoque integral de «Una sola salud», que vincula la salud humana, animal y ambiental, reconociendo que los riesgos pandémicos se incuban en la intersección entre estos espacios.
El tratado también reconoce que la equidad en el acceso a insumos médicos esenciales durante una pandemia no puede seguir siendo un eslogan vacío e introduce compromisos inéditos sobre investigación y desarrollo. Exige que la financiación pública incluya cláusulas de acceso equitativo y promueva la diversificación geográfica de la producción, sobre todo en países en desarrollo. Asimismo, establece mecanismos —aunque modestos— para facilitar el intercambio de información crítica y apunta hacia una mayor transparencia en los contratos de adquisición de vacunas y medicamentos.
Además, el tratado contempla la creación de una red global de suministro y logística, coordinada por la OMS, para facilitar el acceso a productos sanitarios durante pandemias. Esta red se encargará de identificar barreras al acceso, coordinar compras y almacenamiento estratégico, y agilizar la liberación de insumos desde reservas internacionales hacia los países más afectados. Aunque no impide que los fabricantes vendan al mejor postor, la red busca fomentar, mediante compromisos contractuales previos y cooperación internacional, una distribución más equitativa en momentos críticos.
De forma complementaria, el tratado también establece las bases de un sistema multilateral de acceso a patógenos y reparto de beneficios (SAPB), cuyo diseño operativo deberá ser negociado más adelante. Se trata del componente más ambicioso del tratado. El mecanismo parte de un principio de reciprocidad: los países compartirán muestras y datos genómicos de patógenos con potencial pandémico a través de una plataforma coordinada por la OMS, y los fabricantes que utilicen estos recursos deberán firmar acuerdos jurídicamente vinculantes para reservar hasta el 20 % de su producción (10 % como donación y 10 % a precios accesibles). Estos compromisos se activarán únicamente cuando se declare formalmente una pandemia, y buscan garantizar que los beneficios derivados de recursos compartidos globalmente lleguen a quienes más lo necesitan.
Estos avances buscan cerrar algunas de las brechas que la pandemia de Covid-19 dejó expuestas. La expectativa es que el instrumento no sea un documento más en los archiveros de Ginebra, sino una guía que realmente ayude a reforzar las capacidades nacionales y regionales de prevención y respuesta. Sin embargo, persisten deudas pendientes con el sur global.
Muchos países en desarrollo insistieron en la creación de un mecanismo de financiamiento específico y predecible para que las promesas de equidad no se queden en el papel. Se buscaron también compromisos más concretos para facilitar la transferencia de tecnología o abordar las barreras de propiedad intelectual que dificultaron el acceso a vacunas y tecnologías durante la pandemia, pero el tratado elude soluciones sólidas sobre este punto. La discusión se trasladó, una vez más, al terreno de la implementación futura, donde los países en desarrollo esperan que las declaraciones de intención se traduzcan en acciones reales. Esto explica las limitaciones del instrumento y alimenta el escepticismo sobre su capacidad de cambio.
Las fracturas del multilateralismo sanitario
El proceso de negociación también dejó al descubierto hasta qué punto la gobernanza global de la salud está fragmentada. La tensión entre los países que exigían reglas vinculantes y aquellos que preferían un marco de recomendaciones voluntarias fue evidente en cada ronda. Al final, se optó por una solución híbrida: un documento jurídicamente vinculante cuya eficacia dependerá, en gran medida, de la voluntad política de los Estados para cumplirlo y, sobre todo, dotarlo de recursos.
El verdadero valor político de este instrumento no está tanto en sus páginas sino en lo que los Estados estén dispuestos a hacer con él. Como todo acuerdo internacional, su eficacia dependerá de si los gobiernos transforman sus palabras en presupuestos y acciones concretas. Será la voluntad política la que determine si se convierte en una herramienta útil o en una declaración de buenas intenciones.
En el fondo, lo que está en juego no es sólo la respuesta a futuras pandemias, sino la credibilidad del multilateralismo sanitario. La Organización Mundial de la Salud, que fungirá como depositaria y admnisitradora del tratado, sale del proceso con un refuerzo institucional, pero también con nuevas presiones. La salida de Estados Unidos de la OMS y del propio proceso de negociación facilitó el consenso final, pero también expuso las fracturas del sistema. Su retiro, y el de sus contribuciones financieras que sostienen gran parte de la arquitectura internacional en salud global, tiene al sector en crisis. Las decisiones de la administración Trump no sólo impactan el financiamiento base de la OMS, sino también la investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos, así como los programas de distribución de insumos médicos y la asistencia técnica para fortalecer los sistemas de salud en países en desarrollo. La influencia científica y técnica de Estados Unidos, que había sido un pilar de las respuestas globales a emergencias sanitarias, dejará un vacío difícil de llenar.
Contra el olvido
Este no es el final de la discusión. Además de que se requiere que la Asamblea Mundial de la Salud lo apruebe en mayo próximo y que 60 países firmen y ratifiquen el tratado para su entrada en vigor, el proceso multilateral continuará con la negociación del SAPB, probablemente también de protocolos específicos, además de la movilización de recursos y la evaluación periódica de los compromisos asumidos. Comienza ahora, quizás, la fase más complicada: convencer, en un contexto multilateral debilitado, de la necesidad de trabajar juntos y transformar las lecciones de una catástrofe en políticas públicas que salven vidas en el futuro.
Hace unos meses, en este mismo espacio, planteaba que el gran reto del tratado era no repetir la desmemoria que tantas veces ha acompañado a las pestes, es decir, romper con el “ciclo de pánico y negligencia”. Este instrumento, pese a sus limitaciones, es al menos un dique contra ese olvido, un recordatorio de que el Covid-19 no fue una anomalía histórica, sino una advertencia para la que debemos estar mejor preparados. El desafío será lograr que este instrumento no sea un mero monumento al pasado reciente, sino una herramienta funcional para un futuro más justo y menos vulnerable.
Hay quien dirá que el tratado llegó tarde y llegó corto. Y probablemente tenga razón. Pero si algo nos ha enseñado la historia de las pandemias es que, ante la magnitud de las crisis que provocan, las respuestas imperfectas son preferibles a la indiferencia. Este acuerdo es, al menos, un recordatorio de que el olvido no es una opción.
Rodrigo López Tovar. Diplomático de carrera. Fue delegado de México ante la Organización Mundial de la Salud entre 2019 y 2024.