El día de ayer, cinco magistrados decidieron remover a José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y nombrar a Reyes Rodríguez como cabeza de esta institución. Los magistrados Vargas y Mónica Soto no participaron en esta sesión. En respuesta, a través de un video, Vargas desconoció su remoción como presidente y convocó a sus colegas a reunirse a la brevedad para resolver sus diferencias. Amanecemos, pues, el día de hoy, con dos magistrados que se asumen como presidentes del TEPJF, y con la incertidumbre que ello implica respecto el futuro inmediato de un tribunal clave para la democracia mexicana.
Vale recordar que ésta no es la primera crisis legal y política que enfrenta la actual integración del TEPJF; desde su designación ha tenido que sortear difíciles escollos para asegurar condiciones idóneas para su desempeño como jueces constitucionales.
En un inicio, el Senado de la República consideró pertinente extender el periodo de cuatro de los sietes magistrados electorales recién nombrados. Esto suscitó una álgida discusión respecto la legalidad de esta medida, al grado de que fue precisamente impugnada por una minoría legislativa ante la Suprema Corte.
Una vez superado este episodio, confirmándose la extensión del periodo de los cuatro magistrados, vino una turbulenta dinámica del TEPJF –en buena medida aguijoneada por la intromisión de otros poderes en la vida interna de este tribunal– que simplemente ha impedido que sus presidentes logren darle estabilidad al tribunal. Primero, vino la controvertida e inexplicable renuncia de la magistrada presidenta Janine Otálora, que fue sustituida por el magistrado Felipe Fuentes para concluir el último año del periodo de ésta; al tratar de reelegirse perdió el apoyo de sus colegas y fue sucedido por el magistrado José Luis Vargas.
Sin embargo, a pesar de la extensión de mandato de cuatro de sus magistrados y la inestabilidad de sus presidencias, sin duda, la actuación de Vargas como titular de este órgano jurisdiccional es una de las afectaciones más severas al ya de por sí mermado prestigio y legitimidad del TEPJF. Es más: su desempeño es uno de los puntos más bajos en la historia reciente de los tribunales federales del país. No sólo porque estuvo bajo constante escrutinio por autoridades financieras respecto inexplicables montos de dinero, de acuerdo a su salario, que circulaban por sus cuentas bancarias, sino sobre todo por su incapacidad para cohesionar a sus colegas y, de esta manera, procesar de manera adecuada las decisiones jurisdiccionales. La gestión de Vargas es un ramillete de las más estrambóticas artimañas leguleyas para conseguir sus intereses al interior del TEPJF: intentar modificar decisiones del pleno de magistrados mediante comunicados de prensa, posponer de manera indefinida sesiones para evitar que se presenten ciertos proyectos de sentencias o votos y un largo etcétera. Sobran las voces que señalan que él no era más que un personero de los intereses de actores políticos. Lo cierto es que su particular manera de entender la labor de un presidente de un tribunal constitucional -marcada por excesos, parcialidades e ineptitudes- llevó pronto a convertir al TEPJF en un decadente y penoso espectáculo circense.
Ante la falta de apoyo de sus colegas, la prudencia política indica que Vargas debe evitar agudizar esta crisis. Aceptar su remoción y la nueva presidencia, abriría una ventana para oxigenar al TEPJF y buscar mejores condiciones para su autonomía judicial. Los retos del nuevo presidente magistrado no son menores. Urge reconstruir un piso mínimo de confianza y civilidad en la vida interna del tribunal; resolver pronto varios casos de enorme relevancia derivados de la elección del 2021 y; por último, diseñar una estrategia para fortalecer al TEPJF como institución seria y responsable frente a la ciudadanía y los otros poderes. Ojalá el día de ayer haya sido el fin del punto más bajo en la vida de una institución clave para procesar varios de los conflictos clave de nuestra democracia.
La redacción