El Juego de la Suprema Corte • Elecciones 2024 ante la justicia

Recientemente, la Sala Superior del Tribunal resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político-electorales de la Ciudadanía SUP-JDC-749/2023 en el que se solicitó examinar si los cambios en el reglamento interno del Tribunal Electoral de Nayarit relativos a la determinación de las personas idóneas para suplir vacantes de magistraturas electorales, así como de la designación de una nueva presidencia, habían sido válidos.

La Sala Superior emitió una sentencia que debe provocar una reflexión entre posturas formalistas y garantistas respecto el derecho constitucional a votar. El caso trató de una ciudadana a quien le fue rechazada su solicitud de obtener una credencial para votar con la información de su nuevo domicilio. La razón por la que le fue negada la solicitud es que ésta se presentó después de la fecha fijada por el INE para hacerlo (22 de enero). Como resultado, la ciudadana promovió un juicio en contra de la negativa de expedición de su credencia, al considerar que se vulneró su derecho a votar por las autoridades que la representan en su domicilio actual.

Mientras tanto, alrededor nuestro habrá constantes recordatorios –canciones, letreros, bardas y piedras- de que la decisión de investigar o no investigar infracciones electorales ya no está bajo el control de personas profesionales técnicamente competentes y legítimamente aprobadas por una mayoría del Consejo General del INE. Las llaves para acceder a la investigación de esas faltas han pasado a las manos de una sola persona. Antes, usar las llaves para abrir las puertas de la investigación y acceder la justicia electoral, era un trabajo hecho entre varias personas con experiencia probada, ahora dependemos del buen pulso de una sola para poder lograrlo.