En los últimos años, se ha consolidado un consenso sobre la relevancia del debate político en el escenario electoral. Quienes aspiran a la presidencia de México o a alguna gubernatura saben que, en algún momento, deberán enfrentarse a sus contendientes en debates televisados a nivel nacional o local. Algunas candidaturas lo ven como una oportunidad y otras como un riesgo; de cualquier manera, el debate se ha convertido en una cita ineludible para todos los aspirantes, por lo que asesores y coordinadores de campaña se departen ya no sobre el qué sino sobre el cómo.

Tanto aspirantes como partidos buscan influir en cada aspecto del debate: desde las sedes, el formato, las preguntas, la duración, o la decisión sobre quién moderará la sesión y cómo. Todo esto plantea disyuntivas. Pero la premisa implícita es cada una de éstas, es que el candidato que logra imponer sus condiciones, obtiene una ventaja en el diseño de los debates.

Los comicios de este junio no serán diferentes. Hoy nos encontramos ya en la antesala de los debates presidenciales y locales, esa fase en la que el Instituto Nacional Electoral (INE) o los institutos locales presentan sus propuestas para la realización de estos encuentros y los partidos políticos las cuestionan. Todos son conscientes, o al menos lo creen, de que cada detalle puede jugar a su favor o en su contra.

Bajo esta lógica es que Morena, el PT y el PVEM presentaron el recurso de apelación SUP-RAP-42/2023, en el que controvirtieron el acuerdo INE/CG95/2024 del Consejo General del INE del pasado 8 de febrero. En dicho acuerdo, se estableció la metodología, convocatoria y la designación de Signa Lab Laboratorio de Innovación Tecnológica y de Estudios Interdisciplinarios Aplicados, adscrito al ITESO, como la instancia encargada de seleccionar y procesar las preguntas en redes sociales y plataformas digitales para el primer debate presidencial que será el 7 de abril.

Al respecto, los partidos denunciantes impugnaron la designación de Signa Lab, bajo el argumento de que ni la Comisión Temporal de Debates ni el Consejo General del INE realizaron un procedimiento público de selección, además de que no explicaron suficientemente sus razones detrás de la decisión. En el recurso, afirmaron que “el cuerpo del acuerdo carece de razonamientos del por qué el resto de las instituciones no cumplieron el perfil requerido para implementar la metodología para recibir y seleccionar las preguntas de redes sociales y plataformas digitales por parte de la ciudadanía (…), pues de ninguna parte se desprende un estudio comparativo entre las instituciones, de lo que desprenden la falta de criterios objetivos que sustentaran las razones».

Además, señalaron que Signa Lab no garantiza los principios de certeza, imparcialidad y objetividad, pues su directora había emitido expresiones a favor de la candidata de oposición y en contra del gobierno federal en turno. Si bien la directora comunicó que se apartaría del proceso, los partidos consideraron que eso no resolvía sus preocupaciones sobre la transparencia de la selección.

La Sala Superior del TEPJF resolvió el SUP-RAP-42/2023 confirmando la selección de Signa Lab, bajo el argumento de que el Consejo General del INE cumplió los procedimientos establecidos, observando en todo momento las disposiciones legales.  Además, señaló que la designación fue consecuencia de un proceso deliberativo, colegiado y razonado por el Consejo General del INE, a partir del estudio de los insumos generados entre la Comisión Temporal de Debates y otras áreas del INE. Mismos que incluyó la participación de los partidos políticos, para sugerir y observar todos los aspectos, lo cual continuará incluso una vez que se implemente la metodología autorizada.

Para la democracia mexicana es imperativo salvaguardar la integridad y confiabilidad de los elementos fundamentales del sistema electoral. Esto abarca desde el voto libre y secreto hasta elementos recientes como el propio debate político. Es responsabilidad de los actores políticos, en su compromiso con la democracia, no sólo respetar y cumplir las reglas del juego, sino también asegurar la certeza y transparencia en su aplicación. En este contexto, el Consejo General del INE ha establecido un proceso que garantiza la seguridad de las preguntas seleccionadas para el debate, independientemente de quién sea la entidad encargada de su procesamiento y clasificación, siempre y cuando se ajusten a lo estipulado en el Acuerdo General del INE sobre los debates.

Para evitar sembrar desconfianza o generar percepciones de vulnerabilidad en el formato o las reglas del ejercicio, tanto autoridades como actores políticos deben apostar por la transparencia. Si bien fue infundada, como aprendizaje tras esta inconformidad, el INE podría aprovechar la experiencia de su personal en el ámbito informático para llevar a cabo –desde la propia institución– el proceso de selección de preguntas, pues parte de lo que se requiere (tal como lo contemplaron todas las propuestas consideradas, incluida la de Signa Lab) es el uso de procesamiento de datos mediante el uso de métodos estadísticos computacionalmente intensivos. El INE cuenta con la infraestructura y el personal capacitado para implementar dichos métodos.

Si por alguna otra razón la selección se sigue dejando en manos de un tercero experto, podrían incorporar como una mejor práctica el realizar una convocatoria pública con criterios estandarizados para contrataciones, en la cual cualquier institución que cumpla con dichos criterios pueda participar. De este modo, bajo los procedimientos formales que ya existen en el INE se podría determinar quién sería el tercero encargado de colaborar en esta tarea, abonando a la transparencia, al tratarse de un «concurso abierto», y a la certeza técnica, al estar obligados todos los participantes a cumplir con requisitos mínimos y con un criterio de asignación predefinido, claro y público.

La decisión del INE sobre cómo seleccionar a terceros involucrados en la organización de los debates es relevante para el sistema político porque marca las pautas para ejercicios similares en el futuro. En la misma lógica, para entender el formato de los debates hoy en día, es necesario ver hacia el pasado.

Las sentencias que ha emitido el TEPJF han sido sobre los tiempos para realizarlos, por ejemplo, si es posible durante el periodo intercampañas (SUP-RAP-86/2012 y SUP-RAP-29/2018) o cuestiones técnicas, como el número de debates, dónde y cuándo se realizarían y quiénes los moderarían (SUP-RAP-94/2012 y SUP-RAP-748/2017 y acumulados), por mencionar algunos ejemplos.

Cada sentencia del TEPJF y decisión del INE ha impulsado la adaptación del ejercicio del debate a los avances tecnológicos, la diversificación de medios de comunicación y al creciente interés de la ciudadanía de ejercer sus derechos político-electorales y ganar espacios frente a los partidos políticos.

En su origen, la prioridad era garantizar un espacio mínimo común para que las personas candidatas pudieran dar a conocer sus propuestas, aunque fuera mediante discursos acartonados y prácticamente sin interacción entre ellas. Al centro estaban los intereses y preocupaciones de los partidos políticos, por lo que eran ellos quienes definían las condiciones, el formato y el rol de las personas moderadoras, entre otros aspectos. Por supuesto, las preguntas eran pactadas y conocidas por todos los partidos con anticipación.

Después de varias reformas electorales, el INE es ahora el responsable de definir las reglas del debate, con la obligación de poner en el centro los derechos de la ciudadanía y promover que en estos ejercicios deliberativos se muestre también el carácter de las personas candidatas y su capacidad para argumentar y responder ante cuestionamientos críticos. Una implicación de esta evolución es que las personas candidatas ya no sólo hablan de los temas que les son más cómodos, sino que deben atender también preguntas de la ciudadanía.

Los debates presidenciales de 2018 fueron resultado de esta tendencia, pues fue la primera vez que se implementó la dinámica de obtener preguntas a partir de las redes sociales. También en esa ocasión, el ITESO, junto con la Universidad Veracruzana, fue la institución académica responsable de procesar las 11 388 preguntas que se recibieron a través de Facebook y Twitter. Otro ejemplo fue el segundo debate de ese proceso electoral, que se realizó en la Universidad Autónoma de Baja California, bajo el modelo town hall, es decir, con la presencia de poco más de cuarenta personas ciudadanas que tuvieron oportunidad de intervenir directamente con los candidatos algunas de ellas.

A pesar de realizarse bajo esta óptica ciudadana, los actores políticos que participaron en esa ocasión quedaron satisfechos. Así lo manifestaron los representantes de las candidaturas en el documentalCrónica de un cambio. Debates presidenciales México 2018.¹ Los tres debates que se realizaron alcanzaron una audiencia total de 34.7 millones de personas por televisión y 19.2 millones de visualizaciones en redes sociales (cuentas del INE en Facebook, YouTube y Periscope). Claramente, los formatos innovadores que se utilizaron fueron de interés para la ciudadanía y, de cara a los procesos electorales subsecuentes, dejaron lecciones valiosas para profundizar el carácter deliberativo de estos ejercicios.

A casi tres décadas de ese primer debate presidencial de 1994, el ejercicio se mantiene como relevante. De ellos han salido frases célebres, propuestas cumplidas o inconclusas y diálogos de sobremesa en las que familias, colegas y amigos discuten quién fue el ganador. Como acto memorable de campaña, es lógico que los partidos busquen influir en sus condiciones, dentro de los márgenes de equidad, transparencia y respeto que las autoridades han ido delineando con el paso del tiempo.

Consolidar la cultura del debate y la argumentación política requiere que los partidos aprendan a capitalizar la oportunidad de una mayor interacción, flexibilidad, participación de moderadores y de ciudadanos.

Al centro de cualquier decisión sobre las modalidades de los debates, de la normatividad que los rige o de las decisiones necesarias para su realización, debe estar el objetivo de propiciar intercambios que arrojen información valiosa para que la ciudadanía se forme una opinión sobre las plataformas políticas, los programas de gobierno y los atributos personales de quienes presentan una candidatura, y tenga así mejores elementos para decidir su voto.

El análisis de la antesala del primer debate presidencial de la elección 2024 revela la complejidad y la importancia de este ejercicio democrático. Desde la evolución de los debates como plataforma para la interacción ciudadana hasta los desafíos contemporáneos en la selección de preguntas, queda claro que este proceso refleja el compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en el proceso electoral. Sin embargo, también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos que garanticen la imparcialidad y la integridad en todas sus etapas. Con estas consideraciones en mente, es crucial reflexionar sobre el papel de los debates en la promoción de una cultura política participativa y enriquecedora.

Lisset A. Pineda Espinosa, Janet de Luna Jiménez, Oscar Santiago Sánchez. Secretarios Técnicos de Mando Superior en la Ponencia del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¹ Instituto Nacional Electoral, “Crónica de un Cambio”, Debates presidenciales México 2018.