La independencia judicial ha estado bajo acecho durante el sexenio de López Obrador, pero aún más desde el 5 de febrero pasado cuando presentó, junto a otras 19 iniciativas, una propuesta de reforma judicial que busca reconstruir la judicatura federal sin un buen diagnóstico institucional, si no, simplemente, en función de las preferencias de la coalición gobernante.
Los ataques e intentos de captura del Poder Judicial no son nuevos en América Latina. Estas prácticas han estado presentes en la región desde los inicios de la tercera ola,1 a causa del interés de los poderes de ejecutivos de perfilar instituciones judiciales que no obstaculicen sus políticas públicas. En este contexto, es pertinente preguntarse las condiciones bajo las cuáles la sociedad defiende a los poderes judiciales y pensar el caso de México en el contexto de esta iniciativa de reforma judicial.
Una primera respuesta, considera que los poderes judiciales suelen tener aliados fuera de la institución que los pueden cobijar frente a problemas y ataques. En la construcción de su autoridad y poder, los jueces con sus decisiones promueven determinadas agendas y se aproximan grupos de interés que en ciertos momentos pueden convertirse en escudos. Cuando existe legitimidad de los jueces, es decir, cuando cuentan con apoyo público, es más probable que sectores de la sociedad se animen a defenderlos.2 Pero para que esto suceda se requiere como condiciones necesarias: a) que la gente esté informada sobre las decisiones judiciales; b) un periodismo profesional; y c) un sistema de medios de comunicación que faciliten la comprensión de las sentencias y del trabajo jurisdiccional.3
Recientemente destaca el caso de la reforma judicial de Israel en la que se buscó transformar a este poder y las condiciones de independencia judicial, al plantear modificar el proceso de nombramiento de los magistrados de la Corte, reducir el poder de la Corte Suprema, así como la posibilidad de que el Parlamento pudiese invalidar las decisiones de la Corte.4 Con la mayoría en el Parlamento se aprobó una primera parte de dicha reforma, pero en respuesta la ciudadanía salió a las calles para protestar en contra de esta reforma judicial y de su principal impulsor político: el primer ministro Benjamín Netanyahu. Las movilizaciones fueron sumamente importantes y aglutinaron diferentes sectores de la población. Con el respaldo de la ciudadanía en las calles, la Corte Suprema de Justicia de Israel llegado el momento puedo detener esta reforma por considerar que justo violentaba las condiciones de la democracia israelí.5
En el caso de México, después de la reforma judicial de 1994 la Corte desde su presidencia y su oficina de comunicación pudo influir en la cobertura mediática que se hacía mediante la transparencia de sus decisiones y con el impulso de la difusión de casos particulares.6 La Corte sabe cómo comunicar y desplegar campañas sobre su funcionamiento y sentencias. Pero, por otro lado, el Poder Judicial en México padece de baja estima entre la población. Por ejemplo, en el periodo de 1994-2018, de acuerdo con mediciones de Latinobarómetro, nunca se superó el 50% de confianza.7 Frente a estos datos, se requiere que desde la presidencia de la Corte se fortalezca la comunicación y el diálogo con la sociedad y los medios de comunicación, explicando casos y defendiendo sentencias, buscando aliados en comunidades y sectores específicos.
Una segunda respuesta apunta a que los jueces pueden, con un comportamiento estratégico, lograr una coalición de apoyo de actores sociales que se convierten en el escudo de la Corte frente a decisiones legislativas y ejecutivas. Como la experiencia de otros países ha enseñado, en el caso de Egipto este tipo de coaliciones se conforman entre actores políticos y sociales que defienden a los tribunales en momentos de inestabilidad y ataques.8
En México parece oportuno preguntarse a qué actores políticos y sociales la ha prestado especial atención la judicatura federal, pues ello podría ser indicativo de quiénes podrían salir en su defensa. Según lo ha documentado la literatura especializada, después de la reforma judicial de 1994, el trabajo de la Corte se centró en dirimir conflictos entre poderes y arbitrar conflictos del federalismo mexicano.9 Su principal audiencia fueron las elites políticas que se disputaban el poder político y buscaban una interpretación de la Constitución. Durante ese periodo, la Corte también tomó múltiples resoluciones que favorecieron a grandes empresas haciendo uso del denominado amparo fiscal.10 Finalmente, después de un largo proceso de transformación, la Corte enfocó su atención en decisiones relacionados con derechos humanos.
Colectivos que lucharon por el matrimonio igualitario, el aborto, la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación por motivos de género, encontraron eco en la Corte a través de litigios estratégicos. Con todo, pese a decisiones favorables a los derechos humanos, las organizaciones sociales no han salido en una defensa clara y precisa de la judicatura federal y de los riesgos de la reforma judicial del presidente de la República. Frente a los amagues que los jueces y la Corte han recibido en este sexenio parece que no se ha conformado una coalición de apoyo sólida. En todo caso, los sectores académicos han sido desde donde han surgido la mayor parte de alarmas sobre el riesgo de captura.
En México, el Poder Judicial está en una posición de debilidad porque no tiene respaldo de la opinión pública y no hay una campaña precisa de medios sobre su papel y sus sentencias y; por el otro lado, tampoco existe una coalición de apoyo de grupos de interés y sectores de la sociedad que estén respaldando a la judicatura federal. Es necesario colocar la atención en la reforma judicial del presidente y no olvidar que las disputas en materia de derechos humanos y los conflictos entre las elites requieren una Corte independiente y poderosa. Es momento de que los colectivos, organizaciones sociales, y grupos de interés comiencen a manifestar su apoyo al Poder Judicial. Finalmente, después de 30 años de la reforma judicial de 1994, la Corte se tiene que preguntar a quiénes ha favorecido con sus decisiones y sobre todo con qué sectores se ha acercado. La Corte debe salir a la opinión pública y perfilar su escudo frente a las amenazas reales que hoy enfrenta.
Josafat Cortez Salinas. Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM.
1 Helmke G and Staton J (2011) The Puzzling Judicial Politics of Latin America: A Theory of Litigation, Judicial Decisions, and Interbranch Conflict. In Helmke G and Rios-Figueroa J (eds), Courts in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 306–331
2 Caldeira, G. A., & Gibson, J. L. (1995). The legitimacy of the Court of Justice in the European Union: Models of institutional support.American Political Science Review, 89(2), 356-37
3 Ibidem.
4 Roznai Y, Dixon R, Landau DE. “Judicial Reform or Abusive Constitutionalism in Israel”. Israel Law Review. 2023;56(3):292-304.
5 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67859177
6 Staton, J. K. (2010).Judicial power and strategic communication in Mexico. Cambridge University Press.
7 Ríos Figueroa, Julio. «El poder judicial ante el populismo y la erosión democrática. el caso de méxico, 2018-2021.»Revista de Estudios Políticos 198 (2022).
8 Moustafa T. Law versus the State: The Judicialization of Politics in Egypt. Law &; Social Inquiry. 2003;28(4):883-930
9 Sánchez, A., Magaloni, B., & Magar, E. (2011). Legalist versus interpretativist. Courts in Latin America, 187-218.
10 Elizondo Mayer-Serra, Carlos. «La industria del amparo fiscal.» (2009). CIDE.