El 20 de noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un documento fundamental en su caso contra Google. Una demanda antimonopolio que busca desmantelar el dominio del gigante tecnológico en los mercados de motores de búsqueda y publicidad digital.
Este caso, que se encuentra bajo el Juez Amit P. Mehta de la Corte del Distrito de Columbia, no sólo marca un hito en la aplicación de leyes antimonopolio, sino que también refleja un esfuerzo más amplio de la administración Biden para limitar el poder de las grandes empresas tecnológicas -en este sentido, una interrogante no menor es si la nueva administración Trump mantiene esta política-. Esta reciente acusación propone medidas estructurales y conductuales que podrían redefinir el futuro de la competencia digital.
Desde 2020, el Departamento de Justicia y más de treinta entidades federativas han acusado a Google de mantener un monopolio ilegal a través de acuerdos de exclusividad y prácticas anticompetitivas. Este texto analiza la evolución del caso, las propuestas del mencionado Departamento de Justicia y, no menos importante, sus eventuales implicaciones para la industria tecnológica y los consumidores.
Cronología, de las acusaciones iniciales al fallo preliminar
- 20 de octubre de 2020: El Departamento de Justicia y once estados presentan una demanda antimonopolio contra Google, alegando que la empresa ha utilizado prácticas anticompetitivas para mantener su dominio en el mercado de búsquedas y publicidad.
- 5 de agosto de 2024: El Juez Mehta dictamina que Google violó la sección 2 de la Ley Sherman al mantener monopolios ilegales en los mercados de motores de búsqueda y publicidad de texto.
- 20 de noviembre de 2024: El DOJ presenta su «Propuesta Inicial de Juicio Final» que incluye medidas como la separación de Chrome y la posible división de Android para restaurar la competencia en el mercado.
Argumentos clave
El Departamento de Justicia argumenta que Google ha abusado de su posición dominante mediante una combinación de prácticas contractuales, estructurales y tecnológicas. Aquí se amplían los puntos clave con ejemplos concretos:
- Acuerdos de exclusividad: Google paga miles de millones de dólares a empresas como Apple para ser el motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos iPhone. Por ejemplo, se reveló que en 2021 Google había pagado hasta USD$ 15,000 millones para mantener este estatus exclusivo en dispositivos Apple. Según los demandantes, este tipo de acuerdos no sólo limita las opciones de los consumidores, sino que también bloquea el acceso al mercado de competidores como Bing o DuckDuckGo.
- Control de Android y Chrome: El sistema operativo Android, utilizado en más del 70% de los teléfonos inteligentes a nivel mundial, incluye aplicaciones de Google preinstaladas, incluyendo su motor de búsqueda, Gmail y Google Maps. En 2018, la Comisión Europea multó a Google con $4,340 millones de euros por estas mismas prácticas monopólicas, destacando que los fabricantes de dispositivos no podían ofrecer versiones alternativas de Android sin enfrentar restricciones. Esta integración forzosa sofoca la innovación de otros proveedores de software.
- Datos como barrera de entrada: Actualmente, Google domina aproximadamente el 90% del mercado de búsquedas global, mientras que competidores como Bing (que ocupa el segundo lugar) apenas logra capturar el 6% de las búsquedas. Este desequilibrio subraya cómo el control de Google sobre los datos de búsqueda crea una barrera de entrada insuperable, dificultando que otras empresas compitan en igualdad de condiciones.vSobre la acumulación masiva de datos, los demandantes dicen que dicho acaparamiento del mercado de búsquedas alimenta un «bucle de retroalimentación» en el que Google utiliza datos obtenidos allí para mejorar sus algoritmos y personalizar anuncios de manera más efectiva. Herramientas como Google Analytics y Google Ads refuerzan esta ventaja, lo que dificulta la entrada de nuevos actores en el mercado publicitario. Al mismo tiempo, la recopilación y análisis de datos permiten a Google adaptarse rápidamente a las necesidades de los consumidores, consolidando aún más su posición dominante.
Ante estas situaciones el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los estados que forman parte de la demanda, tuvieron alrededor de un mes para aterrizar remedios a dichas faltas que habían comenzado a considerar en octubre del presente año.
Propuesta del Departamento de Justicia: ¿Un nuevo mapa para la competencia digital?
El documento del 20 de noviembre de 2024 detalla un conjunto de remedios integrales:
- Separación estructural: Quitarle Chrome a Google y, potencialmente, Android, para reducir su capacidad de “autopreferencia”.
- Limitaciones contractuales: Prohibir acuerdos que excluyan a competidores, como pagos por ser el motor de búsqueda predeterminado.
- Transparencia en los datos: Obligación de compartir su índice de búsqueda y datos de anuncios con competidores calificados.
- Elección del consumidor: Implementación de «pantallas de elección» en dispositivos Android y navegadores para que los usuarios seleccionen su motor de búsqueda predeterminado.
- Supervisión continua: Creación de un comité técnico para garantizar el cumplimiento y prevenir represalias contra competidores o distribuidores.
¿Qué está en juego?
El caso del Departamento de Justicia contra Google no sólo impacta a esta compañía, sino que plantea cuestiones más amplias sobre la regulación tecnológica, la soberanía digital y el equilibrio entre innovación y competencia. Estas son algunas de las implicaciones clave:
- Cambios en la estructura del mercado: Si el Departamento de Justicia estadunidense logra imponer sus propuestas, podría haber una fragmentación del ecosistema digital. Aunado a pérdidas millonarias, la separación de Chrome y Android podría debilitar la ventaja competitiva de Google en sus respectivas áreas especializadas, permitiendo que otros motores de búsqueda y sistemas operativos ganen terreno. Sin embargo, esto también podría aumentar la complejidad para los usuarios, quienes tendrían que elegir entre múltiples servicios y plataformas.
- Soberanía digital y protección de datos: Este caso podría sentar un precedente para que otros países tomen medidas similares contra grandes empresas tecnológicas. Por ejemplo, en un tema similar, la Unión Europea ya ha implementado su Ley de Mercados Digitales (DMA) para limitar el poder de los llamados gatekeepers (guardianes) digitales, pero se podría avanzar en diversos temas con más firmeza. Esto plantea preguntas sobre cómo garantizar la soberanía digital mientras se mantienen estándares globales de interoperabilidad.
- Impacto en la innovación: Aunque la regulación busca fomentar la competencia, también podría disminuir la velocidad de la innovación en áreas clave como inteligencia artificial y automatización. Google ha liderado avances en estas áreas gracias a su integración vertical, que le permite desarrollar soluciones tecnológicas rápidas y eficaces. La fragmentación de sus servicios limitaría esta capacidad.
- Cuestiones económicas: Empresas más pequeñas, dependientes de los servicios de Google, podrían enfrentar desafíos financieros si las medidas regulatorias alteran las dinámicas del mercado. Por ejemplo, negocios que dependen de Google Ads para atraer clientes podrían verse afectados por posibles aumentos en los costos publicitarios.
- El papel de los consumidores: Este caso pone de manifiesto la necesidad de educar a los usuarios sobre sus derechos y opciones. Aunque la competencia aumentaría, los consumidores podrían sentirse abrumados por la cantidad de opciones disponibles. Además, la fragmentación podría afectar la experiencia del usuario al reducir la integración entre diferentes plataformas.
- Colaboración global: Este caso también abre la puerta a una discusión sobre la necesidad de un marco regulatorio internacional para abordar los desafíos globales de las grandes tecnológicas. Una regulación coordinada podría prevenir inconsistencias y conflictos entre diferentes jurisdicciones.
¿Qué sigue para Google y la regulación tecnológica?
La Corte de Distrito de Estados Unidos del Distrito de Columbia llevará a cabo audiencias en torno a estas propuestas del Departamento de Justicia hasta abril de 2025, con un fallo final esperado para agosto de 2025. A partir de ello, los posibles escenarios incluyen:
- Google cumpliendo con las propuestas en cuestión, lo que resultaría en cambios significativos en sus operaciones comerciales.
- Una batalla legal prolongada si Google apela con éxito el fallo, postergando los impactos de cualquier resolución y extendiendo el debate sobre el equilibrio entre innovación y regulación.
- Un acuerdo negociado que modifique parcialmente las propuestas iniciales del Departamento de Justicia, dejando cuestiones clave sin resolver, pero sentando un precedente importante para futuros casos antimonopolio.
Independientemente del resultado, este caso ya representa un momento decisivo en la relación entre los gobiernos y las grandes tecnológicas. Las propuestas del Departamento de Justicia para Google no sólo buscan restaurar la competencia, sino también redefinir las reglas del juego para una economía digital más equilibrada. Si tienen éxito, podrían establecer un modelo replicable a nivel global, influenciando acciones regulatorias en otros mercados.
Jorge Tuddón. Licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y Maestro en Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy. Cuenta con la Certificación en Ciberseguridad de Google, en Gestión de Políticas y de Cumplimiento de Normas por Qualys, y la Especialización en Informática Forense de INFOSEC. Actualmente es consultor en temas de comunicación y ciberseguridad, y Fundador y Editor en Jefe de “The Wireless Cable”.