Cuando publicamos la primera entrega de este análisis, el juicio contra Google apenas comenzaba: un caso antimonopolio presentado por el Departamento de Justicia de EE. UU. que aspiraba a ser el más relevante desde la desintegración de AT&T en 1982. El 17 de abril de 2025, el Departamento de Justicia publicó un comunicado oficial celebrando su victoria legal en el caso United States v. Google, calificándolo como un fallo histórico que “restablece la competencia y abre el mercado de buscadores a nuevas opciones”.
Dicho fallo, emitido por el juez federal Amit Mehta y que está ahora en proceso de implementación, deja claro que este no es sólo un conflicto legal: es una batalla por definir quién gobierna la arquitectura digital del siglo XXI.
Un veredicto que sienta precedente… pero no basta
El pasado 7 de marzo de 2025, la Corte del Distrito de Columbia dictó sentencia final en el caso United States v. Google LLC (No. 1:20-cv-03010-APM), aprobando una serie de medidas estructurales para limitar las prácticas anticompetitivas de la compañía. En particular, el fallo prohíbe que Google condicione la instalación de su buscador a licencias de otros productos clave, como Chrome, Gemini, o Google Play: “Google no podrá condicionar la licencia de Google Play o cualquier otra aplicación controlada por la empresa —como Google Search, Chrome, Assistant o Gemini— a la preinstalación o exclusividad del motor de búsqueda predeterminado en dispositivos móviles vendidos en Estados Unidos.” (Final Judgment, Sección III.A)
El tribunal también establece restricciones específicas sobre contratos con fabricantes como Apple, Mozilla, Samsung o AT&T, que han servido históricamente para blindar la posición de Google como el buscador por defecto en navegadores, celulares y sistemas operativos. Se trata de una arquitectura de acuerdos “predeterminados” que, según el DOJ, equivale a “cerrar el mercado a la competencia antes de que pueda surgir”.
¿Separación estructural? Google propone otra salida
A principios de marzo, la empresa sostuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU., instándolos a reconsiderar cualquier medida que implicara su disolución. Google argumentó que tales acciones podrían perjudicar la economía estadounidense y comprometer la seguridad nacional. Y dichas gestiones, al parecer, surtieron efecto para la compañía, pues el fallo no ordena de inmediato la venta de activos, aunque sí impone condiciones de cumplimiento que podrían derivar en sanciones más severas si la empresa no coopera.
Entre las medidas propuestas por Google para ampliar la competencia de buscadores se encuentran: permitir la elección activa del buscador por parte del usuario, mostrar competencia en los ajustes de configuración, y mantener transparencia en sus contratos. Pero, el gobierno respondió que dichas acciones llegan tarde y son insuficientes para revertir más de una década de conducta excluyente. En palabras de los fiscales: “La conducta de Google ha dañado de manera sustancial y duradera la estructura competitiva del mercado de búsquedas. Las condiciones no cambiarán sin una intervención drástica.” (DOJ Response, marzo 2025)
El juego político: una Casa Blanca que respalda y protege
En lo jurídico, la administración Trump ha dado continuidad al caso iniciado bajo Biden. Pero en lo político y económico, se han tomado decisiones que contrastan profundamente con esa narrativa. En enero, el presidente firmó la Orden Ejecutiva 14179, que revoca restricciones previas a la inteligencia artificial y promueve un entorno “libre de sesgos ideológicos” para su desarrollo. Además, la Casa Blanca ha ofrecido apoyo estratégico a empresas como Meta y Amazon frente a regulaciones europeas, con el objeto de salvaguardar la soberanía de Estados Unidos sobre su economía impidiendo la explotación injusta de la innovación estadounidense (ver aquí).
Esta tensión entre el brazo judicial y el poder ejecutivo revela algo más profundo: Estados Unidos no sólo regula a sus gigantes tecnológicos, también los protege como activos geopolíticos. Y en ese contexto, cabe preguntar si el fallo contra Google será el inicio de una transformación del ecosistema digital… o apenas una válvula simbólica de presión.
¿Qué sigue para Google… y el resto?
El fallo establece un calendario claro: las medidas deberán entrar en vigor 120 días después de su publicación, y tendrán una vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga. Durante ese tiempo, Google deberá someterse a evaluaciones anuales, nombrar a un oficial de cumplimiento independiente y entregar reportes periódicos a la corte. Cualquier incumplimiento podrá derivar en sanciones adicionales o en la imposición de un “remedio estructural” (es decir, la separación de negocios como Chrome o Android).
Pero lo decisivo será la implementación. Si el DOJ no hace cumplir los términos con firmeza, si Google dilata los cambios mediante negociaciones bilaterales o si las empresas beneficiadas (como Apple o Samsung) no reformulan sus modelos de colaboración, el fallo podría convertirse en una victoria simbólica sin efectos reales.
El juicio contra Google nos enfrenta a una disyuntiva crucial: ¿puede el Estado recuperar el control de plataformas que moldean el acceso a la información, los flujos publicitarios y la vida digital cotidiana? ¿O estamos frente a una nueva forma de simulación regulatoria, donde las decisiones judiciales conviven con un entorno político que sigue premiando la concentración?
En el fondo este caso no es sólo sobre Google: es sobre el poder. Y más que nunca, lo que está en juego es si ese poder puede ser gobernado por el derecho o si seguirá blindado por el mercado y el cálculo político.
Jorge Tuddón. Licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y Maestro en Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy. Cuenta con la Certificación en Ciberseguridad de Google, en Gestión de Políticas y de Cumplimiento de Normas por Qualys, y la Especialización en Informática Forense de INFOSEC. Actualmente es consultor en temas de comunicación y ciberseguridad, y fundador y editor en jefe de “The Wireless Cable”.