¿Habrá nueva ministra en la Suprema Corte?

Este lunes se llevaron a cabo las comparecencias ante la Comisión de Justicia del Senado de las tres nominadas a la terna para suplir la vacante que dejó en la Suprema Corte la renuncia del ministro Arturo Zaldívar. En orden alfabético: Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos. La Comisión de Justicia emitió el dictamen sobre la idoneidad de la terna propuesta por el presidente de la República con una votación de doce a favor, cinco en contra y una abstención. En esta misma semana probablemente, el Pleno del Senado de la República procederá a la votación para designar a la nueva ministra.

La calificación de la idoneidad de las tres candidatas se realizó respecto al cumplimiento de los requisitos formales que establece el artículo 95 Constitucional. La resolución es adecuada, a pesar de que varios Senadores objetaron la candidatura de Ríos por desempeñarse como Consejera Jurídica. En mi opinión coincido con la mayoría en que no existe un límite formal, porque dicho puesto no se incluye expresamente dentro de la norma.¹ Quienes aducen la falta de idoneidad por analogía, asimilando a una Secretaria de Estado, olvidan que en diferentes artículos de la Constitución existe referencia explícita al puesto de Consejero Jurídico.² Si el poder reformador hubiera querido incluirle en los supuestos del artículo 95, fracción VI, se hubiera reformado dicho artículo, como se han modificado otros en el mismo capítulo en los años recientes. Además, el artículo 90 de la Constitución señala las competencias y cualidad exclusivas que tiene el Consejero Jurídico dentro de nuestro sistema jurídico, distintas de las que corresponden a los Secretarios de Estado.

De las tres candidatas, el perfil más atractivo en el papel es justamente el de María Estela Ríos. Abogada laboralista de origen, tiene una destacada carrera construida dentro del sindicalismo mexicano desde el año de 1970. Fue presidenta de 1995-1997 de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, una agrupación histórica que desde finales del siglo XX ha litigado promoviendo la democratización del país y el respeto a los derechos humanos. Posteriormente, fue nombrada Consejera Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal durante toda la gestión de López Obrador como Jefe de Gobierno (2000-2006) y desde 2021 sustituyó a Julio Scherer en la Consejería Jurídica Federal. Su papel como Consejera ha sido discreto, limitándose en la exposición pública que tuvo su antecesor.

En la Suprema Corte de Justicia la mayor necesidad actual es la de incrementar la protección de los derechos de los trabajadores. Después de varios años en los cuales nuestro tribunal constitucional ha trabajado sobre los derechos civiles y de debido proceso, el tema laboral sigue siendo el gran olvidado. Durante la Novena y Décima Época escasamente se han emitido criterios en la materia. El día de hoy nos encontramos en un proceso de consolidación de las reformas a la justicia laboral. Además, debemos recordar que esta materia se encuentra en el núcleo de las nuevas relaciones comerciales de México con el resto de Norteamérica. La llegada de una ministra con experiencia en la defensa de derechos de los trabajadores ayudaría a los trabajos al interior de la Suprema Corte para enfrentar este relevante reto.

Pese a lo anterior, durante su comparecencia reveló deficiencias en su conocimiento sobre los procesos constitucionales y las formas de interpretación contemporáneas que debilitan su postulación. Ríos pertenece a una generación que pugnó fuertemente por incrementar la protección de derechos en el país, pero que se ha envejecido y desactualizado conforme a los desarrollos contemporáneos del derecho constitucional. A las dudas que existían sobre la pertinencia de su postulación por su cercanía política con el presidente, el Senado deberá plantearse también si un periodo de quince años es demasiado largo para una persona que tiene ya una carrera jurídica de más de cincuenta años laborales y que ha presentado dificultades para entender el papel de la Suprema Corte en la actualidad.

Respecto de las otras dos candidatas, no cuentan con la experiencia profesional necesaria para ocupar la máxima magistratura del país y, en sus comparecencias tampoco mostraron el entendimiento suficiente de los procesos constitucionales a cargo de la Suprema Corte. Bertha Alcalde, quien quizás tuvo un mejor desempeño, cuenta con una sólida formación académica y en el sexenio acumula algunos puestos relevantes, aunque ninguno cercano a los temas constitucionales. Por su corta edad (35) todavía no cuenta con una carrera y obra relevante como para ser candidata seria a la magistratura. En el caso de Lenia Batres, su perfil muestra mayores limitaciones, ya que además de tener escasa experiencia profesional relevante, carece de las credenciales académicas para aspirar a la máxima legislatura (licenciatura y maestría en derecho por la Universidad Humanitas). Su carrera ha sido más cercana al ámbito político local que a cuestiones jurídicas. Tuvo puestos en diversas oficinas en Ciudad de México y en la Delegación Tlalpan. Miembro activo de Morena y previamente del PRD, también ha sido diputada federal y actualmente trabaja como Consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativas.

La cuestión por resolver no es sencilla. No existiendo límite formal para calificar de idónea la candidatura de María Estela Ríos, lo que sí puede ser problemático de su nombramiento es que en muchos de los casos que están por resolverse la Consejería Jurídica es parte, lo que la obligaría a excusarse en todos ellos. Lo anterior dejaría a la Suprema Corte con un ministro en funciones menos para la resolución de estos asuntos. También existiría el riesgo de que no se excuse y entonces sí podría haber problemas de imparcialidad en su labor jurisdiccional. La tarea más relevante del Pleno del Senado será ponderar si el perfil de María Estela Ríos es suficiente para correr los riesgos que su designación plantea. De lo contrario, nos enfrentamos a la posibilidad de una nueva terna.

Alberto Abad Suárez Ávila. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.

¹ Conforme al artículo 95 fracción VI, se establece como requisito formal “VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento”.

² Dentro del Título Tercero Capítulo IV Del Poder Judicial encontramos referencias al “Consejero Jurídico” en los artículos 94, 105 fracción II y III, 107 f.II, III, V inciso d), VIII inciso b) y XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.