Es momento de la transformación del poder judicial en México, y no, no nos referimos a la tan mencionada cuarta transformación, hablamos de abrir las carpetas judiciales, combatir la opacidad y dar un paso firme hacia una justicia abierta en igualdad y sin discriminación.
Hace cinco años, EQUIS Justicia para las Mujeres ponía por primera vez el foco en la falta de acceso a la información en el sistema de justicia, al documentar que ningún poder judicial en México cumplía con sus obligaciones de transparencia.
Fue así como EQUIS convocó en 2018 a la conformación del colectivo #LoJustoEsQueSepas,1 desde donde se impulsó la publicación de todas las sentencias. Después de dos años de incidencia y tras un arduo camino legislativo, se logró la aprobación de una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
Esta modificación que obliga a todos los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias, fue publicada el pasado 13 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, dando un plazo de 180 días para su cumplimiento.
Ilustración: Víctor Solís
Han pasado más de 190 años desde que se estableció el poder judicial en México — exactamente en el año 1824—. Esto es, la opacidad y la inaccesibilidad de la información han caracterizado a las instituciones encargadas de impartir justicia, durante casi dos siglos.
De acuerdo con el más reciente informe sobre transparencia judicial de EQUIS, sólo 1 de los 32 poderes judiciales estatales reportó publicar la totalidad de sus sentencias, una cifra que no debería sorprendernos porque estamos hablando de una institución que se ha mantenido alejada de las personas a quienes debe servir: los justiciables.
Dicho distanciamiento se ha incrementado por el uso de un lenguaje especializado, tecnicismos, sentencias poco incluyentes, ausencia de ajustes para que todas las poblaciones conozcan las razones por las que un juez o jueza resolvió de cierta manera sobre un asunto que impactó en sus vidas.
Ahora bien, ¿de qué nos sirve tener las sentencias públicas?
Basta con revisar algunos de los argumentos que muchos jueces y juezas han señalado para resolver sobre la vida de las personas: “Mala madre por no adoptar el rol de madre tradicional mexicana” “Se dejó copular” “Ella es culpable porque parece hombre” “Era gay y su homicidio debe tratarse de un crimen pasional” “No acata su rol de género” “Es imposible que no supiera que estaba embarazada” y un larguísimo etcétera.
Este tipo de argumentos, basados en estereotipos y prejuicios que discriminan y normalizan la violencia, se habían quedado escondidos y resguardados en las carpetas judiciales a las que no se podía acceder.
Hasta ahora, era el propio poder judicial quien decidía qué información poner en la vitrina pública y cual no. De ese tamaño es el impacto de esta reforma: en 180 días tendremos el derecho de exigirle a los poderes judiciales la publicación de todas sus sentencias y llamarles a rendir cuentas sobre el sentido de sus fallos.
Habría que preguntarnos, por cada resolución discriminatoria de la que tuvimos conocimiento, porque llegó a ser un caso mediático o porque las partes involucradas lo hicieron público), ¿cuántos casos y resoluciones discriminatorias más se quedaron sin ser conocidas? ¿Cuántas estuvieron basadas en estereotipos? ¿Cuántas dejaron de mirar el contexto y la identidad de las personas? ¿Cuántas omitieron proteger a las mujeres en situaciones de riesgo? ¿Cuántas sentencias se han mantenido en secreto por casi dos siglos desde que existe el poder judicial?
Sin embargo, esto no ocurrirá más. Con esta reforma se permitirá a la ciudadanía monitorear la impartición de justicia en México y, de esta manera, detectar, entre otras cosas, problemas estructurales de discriminación en juzgados y tribunales.
No sólo eso, también es una gran oportunidad para que los poderes judiciales locales implementen mecanismos de participación ciudadana (como consejos consultivos ciudadanos), incorporen medidas de accesibilidad a sus plataformas de transparencia y fortalezcan sus unidades o departamentos encargados del acceso a la información.
Asimismo, se abre la puerta al trabajo colaborativo entre poder judicial y sociedad civil, y el exhorto a los institutos locales de transparencia para que acompañen en este proceso a los poderes judiciales, guiando y facilitando las condiciones para garantizar el derecho de acceso a la información de todas las personas.
La justicia tiene que ser una realidad y el acceso a la información es una herramienta para lograrla. Necesitamos acabar con la discriminación sistemática y la desigualdad social y repensarnos en una justicia dónde quepamos todos.
En un país donde la violencia contra las mujeres va en aumento, necesitamos de un poder judicial fortalecido que imparta justicia con igualdad, una justicia de reparación, una justicia que proteja, una justicia abierta.
Si el camino es publicar las versiones públicas de todas las sentencias que se emitan, estamos en el camino a una nueva realidad judicial. Pero esto es tan sólo el principio, lograr una justicia con igualdad y no discriminación va mucho más allá. Desde el feminismo aspiramos a que se reformulen todas aquellas prácticas históricas del poder judicial que han obstaculizado una justicia para todas y todos. Seguiremos adelante.
Luis Fernando Villanueva. Abogado y oficial de proyecto senior de la organización @EquisJusticia.
1 El colectivo está conformado por EQUIS Justicia para la Mujeres, México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Controla tu Gobierno y Fundar.