En 2010, Christopher Nolan escribió, produjo y dirigió una película de ciencia ficción llamada Inception (El origen, en español), cuya trama está basada en la posibilidad de insertar una idea en la mente de una persona para que actúe en consecuencia. La organización encargada de esta tarea está compuesta por personajes con habilidades en el manejo de los sueños y la mente, que son capaces de cambiar el destino de la víctima y, con ello, el del mundo. Los fines que se persiguen no son, por cierto, del todo éticos; con todo, Dom Cobb, el extractor experto, magníficamente interpretado por Leonardo DiCaprio, logra su cometido, en beneficio de su empleador y de él mismo.
Si de la ciencia ficción pasamos a la realidad mexicana, podemos decir que el presidente de la República llevó a cabo una inception en la mente de los mexicanos en el 2018, según la cual el Poder Judicial de la Federación está poco menos que podrido y lleno de personas corruptas; el nido de la impunidad que afecta al país; un reino de privilegios al alcance de esa gentuza tan lejana al pueblo; una cuna de antipatriotas. La semilla, sin embargo, no germinó mientras estuvo a la cabeza del Poder Judicial de la Federación, Arturo Zaldívar, declarado militante del movimiento iniciado por López Obrador y plenamente identificado con su obra. Pero, una vez que falló la intentona inconstitucional de alargar por dos años más cargo de presidente de la Suprema Corte, la semilla (la inception) se convirtió en un brote poderoso que sirvió como uno de los factores vertebradores de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, a la que también se sumó el exministro. Zaldívar renunció para prácticamente ceder su puesto a Lenia Batres; una jueza constitucional, también militante de Morena, aunque, para desgracia de todos, sin la pericia jurídica de su antecesor. La que podría pasar a la historia como la última ministra de un efímero tribunal constitucional es una muestra de lo que serán los nuevos integrantes de la Corte electos por ese pueblo mexicano encantado por la música populista tan bien ejecutada por los músicos del régimen.
La semilla no ha dejado de crecer, pues el suelo político fue muy bien preparado con las sales y nutrientes del presupuesto público, la muy eficiente retórica presidencial y un descontento popular (creado, al menos en parte, por las imperfecciones del sistema jurídico y la inoperancia de algunos funcionarios de los tres poderes, incluyendo, claro está, el judicial). Pero el presidente fue aún más astuto: junto a la semilla de un poder judicial podrido sembró otra: la de la solución basada en la elección popular de los juzgadores por aquello de que “sólo el pueblo puede salvar al pueblo”; una nota más de la sinfonía populista que acaricia, no sólo el oído, sino el alma de muchos.
La inception ha sido, pues, un éxito, ya que la idea de acabar o, al menos, de transformar el poder judicial está presente prácticamente en la mente de todos; es el tema del momento. Esas ideas terminarán en reforma. No hay mucho más qué hacer. Quienes se oponen, y pueden negociar, apenas tienen una mínima posibilidad; irán a la mesa con muy poco capital. Los que nos oponemos, pero no tenemos poder alguno de negociación, no nos queda más que alzar la voz sin más esperanza que escucharnos a nosotros mismos; acaso con el desabrido placer de haber dejado constancia de nuestra postura.
Ante este sombrío y desesperanzador panorama, escribo estas líneas sin otro afán que no sea repasar las razones por las que llegamos hasta aquí, y aventurar escenarios posibles acerca de lo que ocurrirá después de que estas ideas, tan bien colocadas en el terreno fértil de los cambios sociales y políticos, produzcan su fruto. ¿Una manzana, quizás?
Empecemos por las causas. En todo proceso de transformación se suele revisar lo que funciona mal para cambiarlo, y lo que funciona bien para potenciarlo. El actual régimen identificó con mucha claridad lo que, a su juicio, funciona mal. No voy a hacer una evaluación de su elección, porque a final de cuentas lo ha hecho con una enorme y genuina legitimidad política. De una lista más grande, destacaré tres de esos “males”: 1) el neoliberalismo y todo aquello que tenga ese tufo; 2) la corrupción, entendida como pecado social; y 3) los contrapesos institucionales, entendidos como un “freno absurdo” al progreso de las mayorías y la transformación social. Si se mira bien, la propuesta de reforma intenta combatir a un poder judicial que se nutre de los tres “males” anteriores, ya que eso del “tribunal constitucional” o la “dificultad contramayoritaria” no son más que figuras creadas por el neoliberalismo (igual que el INE, la COFECE, el INAI o el resto de los organismos autónomos) para promover la corrupción, gastar dinero de forma absurda y dar la espalda al pueblo. La retórica es impecable. ¿Quién, en estos momentos, osaría a contradecirla con posibilidades de éxito?
Esta es una primera causa, pero no es la única. Al menos, podríamos añadir dos más. Por un lado, el innegable hartazgo social a propósito de una serie de rezagos sociales que venimos arrastrando desde la Revolución (y que, dicho sea de paso, este régimen tampoco ha combatido genuinamente). Y, por otro lado, una cultura de la ilegalidad prácticamente normalizada que se traduce en que las normas jurídicas son algo parecido a un estorbo para un amplio sector de la sociedad compuesto por todo tipo de personas: ricos, pobres, letrados, ignorantes, hombres, mujeres, indígenas, profesionistas y, desde luego, algunos funcionarios judiciales. Se trata de un fenómeno conocido como “anomia”, es decir, negación de las normas que, si bien no se puede universalizar, sí se puede generalizar sin temer a cometer la falacia correspondiente. Por eso resulta particularmente chocante la parte del discurso oficial en la que se habla de un depósito de bondad que anida en nuestro querido e inmaculado pueblo. Quienes lo pregonan en el fondo saben que es demagogia.
Centrémonos en la anomia que se vive en los poderes judiciales. Hacer una apología de estos funcionarios sería igual de erróneo que santificar al pueblo, a la López Obrador. No hay que ser demasiado sagaces para saber que, como en todos los sitios, en los poderes judiciales hay de todo: buenos y malos jueces y funcionarios; algunos que han hecho una carrera judicial más que meritoria, junto a otros que apenas les ha costado, por pertenecer a eso que en el argot se conoce como “la familia judicial”. Sin generalizar, es un secreto a voces que en los poderes judiciales se truquean los turnos, se trafica con adscripciones, existen redes de corrupción, los salarios son desproporcionados, se abusa del sobreseimiento (por ejemplo, en amparos contra la desaparición forzada), siguen existiendo algunas fallas en la claridad de los textos y en la argumentación jurídica, y una serie de males asociados tanto a los malos manejos como a la mala administración. Pero junto a esas deficiencias, también existen grandes —e igualmente innegables— virtudes: los juristas que logran escalar de forma limpia la difícil carrera judicial están entre los mejores del país; su trabajo, basado en años de estudio e innumerables cursos de capacitación, se refleja en los abultados números de asuntos que resuelven al año, en todas las áreas de forma generalmente satisfactoria. Hay pocos trabajos tan sacrificados como los de un juzgador, sin mencionar su poca o nula popularidad inherente al cargo. Una profesión tan paradójicamente ingrata como gratificante para quienes tienen la vocación.
No se puede negar que la seguridad y la certeza jurídicas son, al menos en la gran mayoría de los casos, una realidad. La estabilidad social con la que contamos, sin ser perfecta, se deriva de la resolución de conflictos en materia civil, penal, mercantil, laboral, administrativa, fiscal y, por supuesto, en materia de amparo. Sólo un necio negaría que una tercera parte del funcionamiento de este país se lo debemos a los tribunales locales y federales. Insisto, sin dejar de admitir deficiencias, los poderes judiciales salvaguardan el patrimonio, la propiedad, los derechos humanos y muchos otros bienes jurídicos en todos los estratos sociales. Muestra de ello es el vasto universo de criterios aislados y de jurisprudencia producidos por los tribunales federales en materia familiar, libertad de expresión, derechos sexuales y reproductivos, igualdad, feminicidio, tortura, derechos sociales y ambientales, y muchos otros que, incluso, han recibido reconocimiento internacional.
Así pues, llegamos hasta aquí principalmente por una inception presidencial, ya que es falso que esta idea haya surgido de forma natural en “el pueblo”; pero también hay que reconocer los otros dos factores mencionados: las imperfecciones y fallas del actual modelo, y una muy preocupante anomia generalizada en la sociedad, de la que no escapan los poderes judiciales. No sólo es sano, sino necesario acusar recibo de las fallas y tratar de combatirlas, incluso con una reforma, pero no precisamente con la reforma que se propone. En todo caso, los cambios en la legislación deberían enfocarse a los males, a lo que funciona mal, y no a lo que funciona bien. Y si algo funciona bien en los poderes judiciales mexicanos es la carrera judicial, que desaparecerá con el sistema de elección popular de los juzgadores. Cambiaremos capacidad por popularidad. ¿Cómo habrán de ser las campañas políticas de los futuros jueces? “Vote usted por mí, porque soy kelseniano”, podría ser el slogan de un positivista.
Pensemos ahora en el pronóstico. Visto de forma sencilla, se trata de una burda concentración del poder. El presidente cuidó las semillas que sembró hasta la hora de la cosecha que llegó con el apabullante resultado electoral del pasado 2 de junio, en el que su partido alcanzó los votos necesarios para reformar no sólo las leyes sino incluso la mismísima Constitución. No debemos olvidar que fue la Constitución la que impidió anticipar el cambio en el Poder Judicial afanosamente deseado por el presidente en sus planes A y B, y que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano competente que logró frenarlos. Ahora el texto constitucional está a merced del legislativo y el ejecutivo, por lo que dejará de ser un obstáculo para transformar el poder judicial. El signo más notorio de esa transformación es la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros (la segunda parte de la inception). Como la reforma es prácticamente una realidad, y como las preferencias electorales, de manera contundente, están a favor de Morena, entonces en muy poco tiempo tendríamos un poder judicial absolutamente identificado con la obra y el proyecto de nación de ese partido; lo que significa en términos llanos intromisión, dependencia y subordinación. Así será, por diseño constitucional (y no por oposición ideológica o malos deseos), los nuevos poderes judiciales. En términos democráticos, habremos sufrido un déficit brutal que afectará a todos, menos, claro está, a quienes detenten el poder.
La independencia judicial, se ha dicho hasta el cansancio, es un deber de los jueces que tiene como correlativo el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por tribunales que respondan exclusivamente al derecho y no a la política, las ideologías, la religión, el poder económico o cualesquiera otros factores ajenos al imperio de la ley. Sin tribunales independientes sencillamente no existe el Estado de derecho, pues cuando el gobierno de los hombres se antepone al gobierno de las leyes, no puede hablarse de régimen republicano, sino de uno despótico.
Pero ese sería apenas el resultado de la reforma; falta que hablemos un poco de las consecuencias. Los incondicionales del régimen actual, especialmente ahora que están aupados por el reciente triunfo electoral, pensarán —y así suelen declararlo— que quienes calificamos como democráticamente peligrosos los cambios aludidos lo hacemos por animadversión al presidente y a su partido, pero no es así. Esto va mucho más allá de preferencias políticas o de simpatías o antipatías. Se trata de enseñanzas que la historia y la filosofía nos han dado desde hace más de dos mil años. El poder concentrado es tiranía, ya lo afirmaban Platón y Aristóteles. Con los tres poderes unidos por una misma ideología, asistiríamos a una concentración del poder como aquella contra la que, ya en la ilustración, Montesquieu postuló el principio de división de poderes. De ese modo, no disminuirá la corrupción, sino que se perfeccionará. No serán los pobres los beneficiados de la reforma, porque el único amparo con el que cuentan es la ley, que será desplazada a un segundo plano. Los poderosos (en lo político, en lo económico y en lo ilícito) serán los beneficiarios de ese nuevo diseño institucional. Si el narco lleva tiempo pastando a sus anchas, ahora tendrá una vía más expedita para imponer su voluntad en todo y a todos hacer su voluntad; si los empresarios sin escrúpulos tenían un dique formado por tribunales más o menos independientes, ahora tendrán la posibilidad de financiar sus campañas y esperar favores a cambio, y muchos otros males similares.
Una idea sólo se puede combatir con otra idea. En México, por desgracia y por ahora, las únicas ideas que tienen posibilidades de ser tomadas en cuenta y acaso ser utilizadas para combatir otras son las que provienen de los propios morenistas. ¿Existirá en Morena un Leonardo DiCaprio que sea capaz de hacer una inception en sentido contrario en la mente de nuestros congresistas?
Roberto Lara Chagoyán. Profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey. X: @roarch.