No es nuevo que las personas actualmente discutan en redes sociales sobre los acontecimientos políticos y de coyuntura de su país. Ante esta dinámica, algunos gobiernos consideran que un diálogo donde las jerarquías cambian atenta contra la integridad nacional. ¿Realmente son los debates en Twitter una amenaza para la confianza de los Estados alrededor del mundo? El gobierno de la India parece creerlo y, a través de acuerdos con las plataformas sobre su actuación dentro del territorio, intenta evitar perder el control sobre los debates políticos. Dichas resoluciones perjudican la libre expresión de los ciudadanos y terminan por dañar uno de los factores más valiosos de la democracia: la diversidad y tolerancia de ideas.
En este texto intentaré responder a cuál debería ser el rol de Twitter para defender la libertad de expresión de sus usuarios en India. Para ello, en un inicio revisaremos los niveles de acceso a Internet de la población hindú y las distintas estrategias que el gobierno ha empleado para bloquear la información a sus ciudadanos. Posteriormente pasaremos a analizar el contexto sobre las solicitudes de remoción de contenido recibidas por Twitter y su relación con las disposiciones legales sobre la actuación de la empresa en territorio indio. Ambas indagaciones servirán para proponer algunas alternativas con el fin de que la red social defienda a los usuarios y genere espacios de cooperación con los Estados.
Ilustración: Estelí Meza
La situación del acceso a plataformas digitales en la India y las solicitudes del gobierno
Para explicar la situación del acceso de la población a Internet, es necesario regresar a cuando Narenda Modi estaba en campaña para convertirse en Primer Ministro de su país. El mandatario era creyente de la idea de que su país fuera una “India digital, donde el acceso a la información no conociera fronteras”.1 Este ideal se convirtió en una estrategia de digitalización de su administración, con la que logró que 560 millones de habitantes tuvieran acceso a la web.2 Sin embargo, el sueño de Modi resultó contradictorio cuando en 2019 fueron reportados cerca de 94 apagones de Internet por parte del gobierno,3 y que su gestión ha presentado cerca del 20% del total de las solicitudes de remoción de contenido que llegan a Twitter y Facebook.4
Esta situación creció en febrero de 2021, pues el gobierno le ordenó a Twitter que suspendiera alrededor de 1178 cuentas que denunciaban la represión de la manifestación de obreros en contra de la nueva reforma sobre agricultura.5 La plataforma bloqueó alrededor del 97% de las cuentas y avisó a los usuarios que sus actividades en línea fomentaban la desinformación y la violencia en el país.6 Días después, los funcionarios del Ministerio de Tecnología citaron a los representantes de Twitter a una reunión donde les solicitaron realizar “cambios estructurales en su diseño” y también les insistieron bloquear las cuentas que continuaban en revisión por parte de sus operadores.7
En los días posteriores a la reunión, la red social publicó un comunicado donde señalaba que había tomado acciones sobre la revisión de las cuentas según sus propias normas de convivencia.8 En esta publicación reiteró que sus sistemas de moderación de contenido están diseñados para promover que “las distintas voces sean escuchadas y que todas las personas se sientan seguras al participar en la conversación pública”.9 De igual forma, el equipo de Twitter Safety señaló que, después de haber bloqueado las cuentas, restauró el acceso al contenido de una forma “consistente con la ley hindú”, pues consideraban que bloquear permanentemente a medios de información, periodistas, activistas y políticos sería contrario a su derecho fundamental a la libre expresión.10
Frente al comunicado, Vinit Goenka, un miembro del partido en el poder (Bharatiya Janata), solicitó a la Corte Suprema de la India que obligara a Twitter y al Ministerio de Información a generar un mecanismo que “revise contenidos y propaganda que difundan odio y violencia contra el espíritu de unión de la India”.11 Para ello, argumentó que los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevén que el gobierno cancele cualquier propaganda que incite al “odio y a la guerra”.12 Aunque la Corte ya pidió la comparecencia del Ministerio y de los representantes de la plataforma, su solicitud no ha sido respondida, por lo que el caso se encuentra detenido.
El estatus de Twitter como “intermediario” ante la Indian Information Technology Act
La petición de Goenka a la Corte Suprema retoma el marco jurídico sobre el estatus de las operaciones de las plataformas en la India. Particularmente recurre a la Indian Information Technology Act (IITA), una ley que refiere a las “transacciones del Estado con medios de intercambio de datos electrónicos”.13 Desde ella, el gobierno está facultado para monitorear la información bajo el argumento de que el contenido en redes sociales podría alterar la integridad nacional.14 En este sentido, la demanda también argumenta que Twitter, como intermediario, debe atenerse a las indicaciones hechas por el gobierno para así garantizar la estabilidad en el país.
Las disposiciones señaladas resultan problemáticas para la empresa. La sección 69 A indica que, si los proveedores de servicios de información15 no cumplen con lo solicitado por el gobierno, sus representantes y operadores podrían ser sancionados con una pena de más de siete años de prisión.16 Así, la plataforma ya no sólo tiene el problema de velar por que sus usuarios puedan expresarse, sino también tiene la responsabilidad de proteger a sus empleados y de evitar pérdidas económicas. Esta dicotomía a la que se enfrenta choca con sus reglas de convivencia, las cuales están mayormente inspiradas por el derecho estadounidense y una visión más amable con el debate político.
El dilema de la plataforma y sus posibles alternativas de solución
Los representantes de Twitter reconocen que existen leyes a nivel nacional que podrían aplicar a la regulación del contenido. Incluso reiteraron que si reciben una “solicitud válida y debidamente justificada” para la remoción de publicaciones están dispuestos a atenderlas dentro del territorio del país solicitante.17 Sin embargo, consideran que como la plataforma es una proveedora de servicios de información en línea, no deberían ser imputados sus operadores por lo que publiquen sus usuarios, mucho menos cuando el contenido señalado como “ofensivo” en realidad es parte de un diálogo político formulado por periodistas, noticieros y activistas en favor de los derechos humanos.18
La empresa bien podría recurrir al derecho estadounidense para resolver este tipo de controversias, particularmente cuando sus términos de servicio refieren a su aplicabilidad en países extranjeros.19 El problema está cuando Estados Unidos únicamente podría intervenir si tuviese un acuerdo de libre comercio con la India, el cual ha estado en discusión desde 2012.20 Así, la compañía no ha recibido el apoyo de su país de origen para enfrentarse a las solicitudes hechas por la administración de Modi y, por ende, a la demanda formulada por Vinit Goenka ante la Corte Suprema de Justicia.
Pero no todo está perdido, la compañía podría defenderse a partir de argumentos sobre el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH). Particularmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que los Estados no pueden restringir la libertad de expresión sin antes demostrar que quitar el contenido “nocivo” de Internet realmente protege otros derechos.21 De esa forma, la operatividad de la compañía en India podría mantenerse estable. Sin embargo, esta solución sería temporal, pues solamente sería para el caso en concreto y dependería de la voluntad del poder judicial para realizar un análisis eficiente de la normatividad aplicable.
Otra opción viable es que el equipo de Twitter adopte principios de derechos humanos directamente en sus políticas, y recurra al DIDH cuando surjan conflictos relativos a la censura política de sus usuarios. Sin embargo, el Relator Especial de la ONU sobre la protección del derecho a la libertad de expresión, ha externado que muy pocas compañías aplican estas directrices en sus operaciones y solamente recurren a ellas en casos particulares.22 Ante esta situación, sería necesario que otros actores como la sociedad civil y organismos internacionales sean los que promuevan que las plataformas fomenten estas adaptaciones en sus principios de operación.
La alternativa de que haya un cabildeo para que Twitter incluya estas disposiciones por sí mismo es posible. Aunque también existe la propuesta de un marco de política pública en materia de libertad de expresión y regulación de contenido que sea coordinado internacionalmente e implementado por los Estados.23 Esta idea ha sido promovida por Taylor Owen, quien señala que tanto los organismos internacionales, como los países y las compañías deben construir estos mecanismos para enfrentar los retos y los costos que aseguren un mejor acceso al debate público para la población.24 Lo valioso de esta iniciativa es que permite que los gobiernos abandonen regulaciones obsoletas en la materia y conozcan las diferentes formas de enfrentar daños económicos y democráticos desde la experiencia de las compañías y el sistema internacional de derechos humanos.
Para formular esta propuesta, Owen señala que cada país tiene una noción propia sobre la libertad de expresión. Ante ello, considera que deberían existir parámetros internacionales que sirvan de inspiración para que los legisladores planteen un marco normativo desde su cultura.25 Si se analiza esta idea también con una visión que vele por la soberanía nacional, la propuesta resultaría viable. Sin embargo, el problema resulta cuando un país “democrático” utiliza el argumento de que sus costumbres le orillan a regular de forma que se proteja a la seguridad nacional por encima del debate político. Ante esta situación, es crucial que haya un marco internacional que también involucre la coordinación global en la materia, particularmente porque se trata de información y recursos que forman parte de una red que va más allá de las fronteras.
Reflexiones finales
El caso de las solicitudes de remoción de contenido hechas a Twitter por el gobierno de la India nos permite identificar que, en efecto, las plataformas digitales y los Estados deben seguir principios a nivel global que velen por la libertad de expresión y que hagan frente a los desafíos de la moderación de contenido. Para que esto suceda, la comunidad internacional, las compañías y las organizaciones civiles deben unir sus conocimientos y sus recursos. Esta visión resulta clave cuando el manejo de información en internet demanda que las leyes nacionales se actualicen, que no exista una carga de la revisión de contenido enteramente a las empresas y que haya una división de competencias entre el Estado y las plataformas.
Mientras no exista la voluntad de estos actores para plantear dichos lineamientos y, mucho menos, para crear organismos internacionales que se encarguen de verificar su aplicación, aún persisten dos posibilidades. La primera es que las plataformas se vinculen a organizaciones que discutan la relevancia de los valores democráticos y los derechos humanos en la era digital, y formulen sus lineamientos de moderación de contenido desde la base del DIDH. Por otro lado, está la oportunidad de que los Estados, de manera individual, modifiquen la delegación de responsabilidades a las plataformas y resuelvan las controversias bajo el derecho internacional. En este sentido, cualquiera de las vías que pudieran tomar los sujetos, estarían orientadas a un enfoque global y a hacer frente a los nuevos desafíos que ofrece la era digital.
María Eugenia Bermúdez Aguilar. Estudiante de la licenciatura de derecho en el CIDE.
1 Shadab Nazmi, “Why India shuts down the internet more than any other democracy?”, BBC News, diciembre 2019.
2 Sangeeta Mahapatra et al., “Twitter’s Modi Operandi: Lessons from India on Social Media’s Challenges in Reconciling Terms of Service, National Law and Human Rights Law”, Verfassungsblog on Matters Constitutional, 2021.
3 Megha Mandavia, “India sent most takedown requests to social media companies: Research”, The Economic Times, 2019.
4 Ob. cit.
5 Sangeeta Mahapatra et al., “Twitter’s Modi Operandi: Lessons from India on Social Media’s Challenges in Reconciling Terms of Service, National Law and Human Rights Law”.
6 Ob. cit.
7 Aashish Aryan, “‘Better communication’ with Govt: Twitter to ‘restructure’ India team”, The Indian Express, febrero 2021.
8 Twitter Safety, “Updates on our response to blocking orders from the Indian Government”, consultado el 20 de mayo de 2021.
9 Ob. cit.
10 Ob. cit.
11 Supreme Court of India, “Writ Civil Petition under Article 32 of India Seeking Directions Against the Respondents”, 12 de febrero 2021.
12 Ob. cit.
13 India Code, “Preliminary”, en The Information Technology Act, consultado el 20 de mayo de 2021.
14 India Code, “Section 69 A”, en The Information Technology Act .
15 India Code, “Definitions”, enThe Information Technology Act..
16 India Code, “Section 69 A”.
17 Twitter Help, “About country withheld content”, consultado el 20 de mayo de 2021.
18 Twitter Safety, “Updates on our response to blocking orders from the Indian Government”.
19 Twitter Help, “Guidelines for law enforcement”, consultado el 21 de mayo de 2021.
20 Business Standard, “India set to resume talks on free trade agreements”, consultado el 23 de mayo de 2021.
21 United Nations Human Rights Council, “State obligations”, en Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, 2018.
22 UNHRC, “Company moderation of content, en Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.
23 Taylor Owen, “Toward a New Policy Agenda” en The Case for Platform Governance, p. 8-10.
24 Ob. cit.
25 Ob. cit.