El gobierno Talibán de Afganistán implementó por un lapso de tres días (del lunes 29 de septiembre al miércoles 1 de octubre de 2025), un bloqueo generalizado del internet y los teléfonos celulares. En apariencia para prevenir las actividades inmorales que ocurren en el mundo digital.
Un poco antes, a principios de septiembre de este mismo año, también en Asia, más precisamente en Nepal, el gabinete del ahora ex primer ministro Khagda Prasad Sharma Oli, integrante del partido comunista, bloqueó la operación de 26 diferentes aplicaciones como Facebook, X, Whatsapp, Instagram, YouTube y demás. Lo que detonó airadas protestas multitudinarias principalmente de jóvenes e hizo que cayera el gobierno de dicha nación asiática.
Más allá de las cuestiones particulares de Afganistán y Nepal, vale la pena llamar la atención sobre el hilo conductor entre lo sucedido recientemente en estos países y lo ocurrido en otras latitudes desde los albores mismos del internet; se trata, ni más ni menos, de la que es, desde nuestro punto de vista, una de las grandes disputas de nuestros tiempos: la tensión existente entre el internet “libre” o bajo la tutela exclusiva de las empresas tecnológicas y los diversos intentos de los gobiernos por regularlo. A lo que se suma la opinión pública sobre dicha disyuntiva, que parece decantarse hasta ahora por la primera opción.
La primavera árabe en 2010-2011 es el ejemplo por antonomasia de los tiempos del consenso sobre el internet “libre”. Esto es, cuando el internet y las redes sociales son percibidas en términos bastante positivos, como espacios para el ensanchamiento de las libertades y donde no hay atisbo alguno de la más mínima intervención estatal.
El referéndum del Brexit y la elección presidencial estadounidense de 2016 – cuando se da un uso bastante extendido de las herramientas tecnológicas con fines de manipulación, división, polarización, vigilancia y control -, significaron un vuelco en términos de opinión pública y del papel de los Estados en materia de internet y redes sociales. Ambas tecnologías son desde ese momento vistas como amenazas a las libertades ciudadanas y a la democracia misma, por lo que existe supuestamente un consenso bastante amplio sobre la necesidad de intervención estatal. De modo que, los barones del internet son puestos contra las cuerdas e incluso fueron llamados a testificar ante el Congreso americano y la Unión Europea. El internet y las redes sociales estaban por su tiempo más bajo.
Más todavía, fue con base en la experiencia de 2016 que empiezan a ponerse sobre la mesa toda una serie de iniciativas legislativas para poner coto a las empresas digitales. Los resultados son bastante variados, aunque se observa de manera por demás contrastante en gran parte del orbe una serie de fracasos de los gobiernos de los más distintos símbolos y vertientes. La excepción la constituyeron, sin duda, la Unión Europea, Brasil, Reino Unido, Australia y, por supuesto, los países de corte autoritario.
La Unión Europea aprobó en 2022 la Ley de Servicios Digitales; en Brasil en 2024 fuimos testigos de la fuerte disputa con el dueño de X, que llevó a la suspensión de la red social y a la posterior aceptación de las condiciones establecidas por el poder judicial de dicho país. El Reino Unido en 2023 aprobó la Ley de Seguridad en Línea. Más recientemente, en Australia a finales de 2024 se dio el visto bueno a la denominada Enmienda de seguridad en línea, conforme a la cual se prohíbe el uso de redes sociales para menores de 16 años.
En contraste, en Estados Unidos, país desde el cual provinieron los principales señalamientos contra las empresas de internet y redes sociales, son múltiples las iniciativas presentadas, pero ninguna ha pasado la aduana legislativa. En México, de igual modo, hace apenas unos meses atestiguamos la decisión de la presidenta de retirar el artículo 109 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Precepto que trataba precisamente sobre las redes sociales y que generó toda una movilización digital en su contra.
Es decir, a pesar de la cada vez más amplia evidencia acumulada sobre los efectos que está teniendo el internet y las redes sociales en las libertades, la democracia e incluso sobre los cuerpos de las personas; en gran parte del mundo occidental sigue prevaleciendo el modelo del internet bajo la férula exclusiva de las empresas tecnológicas.
La explicación detrás de esta situación parece sustentarse, a nuestro parecer, en la desconfianza ciudadana hacia el actuar público. Lo que, como puso en evidencia el reciente caso de Nepal, significa que sigue prevaleciendo en las diversas sociedades una visión conforme a la cual se considera que el verdadero objetivo de las acciones de los Estados en esta materia es hacerse del control del internet y las redes, y no así la defensa de las libertades, la democracia y las personas.
Frente a la disyuntiva entre lo privado y lo público en el mundo digital, los ciudadanos están tomando partido en favor de los particulares y en contra de la intervención estatal.
No obstante, esta tensión entre lo público y lo privado en materia digital no se halla en modo alguno resuelta; por el contrario, requiere hoy más que nunca de una comprensión y discusión amplia pues constituye uno de los grandes temas de las sociedades cada vez más volcadas al mundo en línea.
Mauricio Calcaneo
Académico y consultor político mexicano