“No sostengo que la actual dualidad del mundo
sea el preludio de su unificación, sino más bien una fase
de transición hacia una nueva pluralidad”
Carl Schmitt
El 3 de enero de 2026, el mundo se sacudió por la estruendosa noticia de la captura de Nicolás Maduro y del bombardeo estadunidense a instalaciones militares en Caracas. La opinión internacional, reflejo del panorama divergente y polarizante en que vivimos, no se hizo esperar. Por un lado, el presidente Milei se regocijó con el presunto “avance de la libertad” que supondría la caída de Maduro. Por otro, los defensores del derecho internacional público arremetieron con cautela contra lo que consideraron una transgresión ilegal de la soberanía venezolana.
Aunado a la intervención en Venezuela y a los infructuosos asaltos internacionales, Trump ha insinuado conducir una operación en México a raíz del poder de los carteles y la debilidad del gobierno federal. Todo parece indicar que, frente a la impotencia de los organismos internacionales que observan con temor a un hombre dispuesto a violar las leyes y decretos internacionales, a Trump le basta con responder, a la manera de Cneo Pompeyo, “dejen de citar leyes, llevamos armas”. Podría pensarse que la fuerza socava un frágil equilibrio internacional fundado en la carta de las Naciones Unidas y en el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. No obstante, el expansionismo de ciertas potencias ya no sólo evidencia y amenaza las insuficiencias del derecho internacional público, cuyas leyes, aunque en vigor, son ultrajadas; sino que esboza un nuevo paradigma: un equilibrio ya no fundado en leyes y consensos sino en Grandes Espacios (grossräume).
El concepto de Gran Espacio (Grossraum), acuñado por Carl Schmitt en 1939, no sólo define el espacio de influencia de un estado, sino un orden normativo en sí mismo. En su crítica al universalismo de la Sociedad de las Naciones y su defensa del expansionismo alemán, Schmitt propone un ordenamiento del mundo en grandes espacios, es decir unidades territoriales supraestatales articuladas alrededor de una potencia que asegura la alineación de los Estados integrantes con sus intereses y prohíbe la intervención de potencias externas, consolidando así una jerarquía política y económica regional. Esto no implica la anexión territorial, sino la tutela de un Estado sobre otros. No es anodino que el modelo de referencia de Schmitt haya sido la Doctrina Monroe, hoy en día exaltada por la estrategia de seguridad de 2025 del gobierno estadunidense bajo el nombre de “Doctrina Donroe”.
Ante lo acaecido en Venezuela, Markus Fronheimer, miembro de Alternativa por Alemania, exclamó: «El mundo se está reorganizando al estilo de Schmitt. Estados Unidos asegura Sudamérica, Rusia reclama Ucrania y se disputa en Asia Central con EU y China, China domina el Este de Asia —con Taiwán como punto crítico. Europa, en cambio, no tiene un gran espacio y es gobernada por niños desorientados”. Por más aterrador que parezca, aunque el enunciado sea estridente y exagerado en su diagnóstico, la aseveración de Frohneimer está lejos de ser errónea: el panorama internacional contemporáneo no ha hecho más que confirmar la lógica de los grandes espacios; la reciente intervención americana corrobora esta hipótesis.
El episodio de Venezuela debe leerse a la luz de su prólogo: la estrategia de seguridad de Estados Unidos publicada en diciembre del 2025. En ella, el gobierno estadunidense rompe con el orden liberal internacional, fundado en la cooperación y el multilateralismo, para privilegiar una estrategia unilateral basada en la seguridad y el interés nacional.
El viraje se traduce en primer lugar en un abandono económico y militar de Europa, que ahora se ve compelida a asumir “la mayoría de las capacidades de defensa de la OTAN”, en pos de su propio espacio de influencia. Frente a alianzas y afinidades políticas que, a ojos de Washington, desvían recursos y esfuerzos hacia prioridades ajenas a sus intereses más estrechos, la administración Trump ha optado por privilegiar las Américas como el teatro de operaciones principal y privilegiar su influencia en su propio hemisferio, espacio en el que Estados Unidos siempre ha reclamado el monopolio de la injerencia.
Así, el multilateralismo estadunidense se repliega ante un dominio espacial como garantía del interés nacional; la grandeza de Estados Unidos ya no se propone como ejemplo normativo, sino que se afirma como autoridad sobre un territorio. En una entrevista reciente, el secretario de Estado Marco Rubio ilustró de forma elocuente esta concepción espacial de la seguridad estadounidense: “si uno está verdaderamente enfocado en Estados Unidos y en el lema de ‘Estados Unidos primero’, entonces debe empezar por su propio hemisferio”. La seguridad deja de concebirse como una responsabilidad distribuida entre aliados políticos y se reorganiza según una lógica espacial jerarquizada. La cita de Rubio ejemplifica la necesidad imperiosa de asentar un gran espacio americano: uno articulado alrededor de una potencia continental que define las condiciones de seguridad y excluye la intervención de actores externos.
En otra sección de la Estrategia de Seguridad Nacional, el gobierno estadunidense redefine las amenazas a la seguridad y a la estabilidad nacional. Además de incorporar a las redes de narcotráfico y a ciertos actores económicos, el documento insiste en la hostilidad de China, Rusia e Irán: potencias que han procurado consolidar sus propios grandes espacios e intervenir en América Latina, sobre todo en Venezuela, país del que China es hoy el principal acreedor y uno de los mayores importadores de hidrocarburos.
Resulta revelador examinar los criterios a partir de los cuales la actual administración estadunidense redefine las categorías de “amigos” y “enemigos”, pues éstas ya no se determinan a partir de instancias jurídicas supranacionales ni por alianzas políticas, sino por su relación directa con la seguridad nacional de Estados Unidos.
La lógica de los grandes espacios se debe también entender de forma negativa: no sólo por la injerencia y el alineamiento de los intereses estatales con los de la potencia regional, sino también por el veto que impone a la intervención de potencias externas. En este marco, el enemigo ya no lo es en virtud de crímenes de guerra ni de vínculos fraudulentos con organizaciones criminales; se convierte en enemigo en la medida en que una potencia lo designa como tal, y dado el carácter performativo de esta designación, todos los actores situados dentro de su zona de influencia quedan obligados a asumir esa misma distinción.
La intervención en Venezuela puede leerse como un acto dentro del teatro de esta estrategia, cuyo escenario es el hemisferio occidental y cuyo palco está conformado por los acérrimos defensores del derecho internacional, reducidos a espectadores timoratos e impotentes. La operación en Venezuela no puede comprenderse como una intervención moral, lo que se corrobora con la investidura de Delcy Rodriguez, compañera de filas del chavismo. Como esfuerzo por consolidar un gran espacio, la intervención en Venezuela no supone que habrá una mejora en el país, ni supone tampoco el fin del chavismo, mas sí supone la exclusión de los intereses extranjeros dentro del país y el alineamiento de éste con los intereses estadunidenses.
La designación de amenazas por parte del gobierno estadunidense considera una distinción fundamental entre criminales y enemigos, ésta deja de apoyarse en criterios jurídicos para inscribirse en una lógica geopolítica. Así, se justifica la intervención en Venezuela —y una posible, aunque en muchos ámbitos dudosa, en México— a partir de la amenaza que representan para la seguridad nacional estadunidense tanto la presunta colusión del régimen venezolano con el llamado Cártel de los Soles, como la supuesta incapacidad del Estado mexicano para contener al crimen organizado. En ambos casos, el argumento estriba en la colusión de ambos gobiernos con organizaciones criminales, y por ende, la extensión de dicha etiqueta a ciertos integrantes de los gobiernos de ambos países como criminales, y ya no sólo como enemigos o amenazas.
La reunión de Putin y Trump en Alaska en agosto de 2025 dejó un precedente que permite subrayar nuestra distinción inicial entre enemigos y criminales en la lógica internacional contemporánea: Nicolás Maduro fue arrestado por Estados Unidos en virtud de acusaciones de narcoterrorismo y otros cargos penales, mientras que las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y crímenes de lesa humanidad en Venezuela nunca condujeron a la emisión de una orden de arresto contra él.
Por el contrario, la Corte Penal Internacional emitió una orden de aprehensión en marzo de 2023 contra Vladimir Putin por crímenes de guerra relacionados con la deportación ilegal de niños en Ucrania. Hasta agosto de 2025, Putin no había podido entrar más que a territorios aliados por los cargos que se le imputan. Al entrar a territorio estadunidense, Putin dejó, de facto mas no de iure, de tener el estatuto de criminal y pasar a tener el estatuto de amenaza, establecido en la Estrategia de Seguridad.
La subversión de la legalidad internacional frente a Rusia no revela un fallo del orden jurídico, sino la evidencia de su desplazamiento por la lógica de los grandes espacios: una potencia con capacidad militar y nuclear, que además ha empezado a consolidar su propio Grossraum, no puede ser tratada como un criminal; su influencia sobre territorios y normas regionales se reconoce de facto, incluso frente a órdenes internacionales de arresto.
Retomando una distinción de Schmitt, Estados Unidos se ha deslindado de las intervenciones en nombre de “justas causas” fuera de su espacio y ha comenzado a reconocer a las potencias que amenazan su hegemonía como “enemigos legítimos” (justus hostis). Esta lógica se refleja en la Estrategia de Seguridad Nacional, donde Rusia es reconocida como amenaza, pero no como entidad criminal: entre potencias se establece una forma de reciprocidad que ya no resulta posible mantener entre Estados-nación desiguales.
Por más aterrador que pueda parecer, la lógica de los grandes espacios comienza a abandonar su estatuto excepcional para asentarse cada vez más como nuevo paradigma normativo y eje rector de la interacción entre las naciones. La reivindicación de las potencias por sus grandes espacios no sólo esboza un patrón, sino un nuevo y desigual equilibrio internacional. Lejos de desequilibrar el orden mundial, esta lógica lo reconfigura: el equilibrio ya no se funda en la ley, sino en la fuerza. Sin embargo, a través del reconocimiento mutuo entre potencias —no como criminales, sino como actores legítimos— es posible vislumbrar un orden propio y no sólo una amenaza al equilibrio actual.
La intervención en Venezuela no puede entenderse sólo como una violación del derecho internacional ni como una excepción moralmente justificada, sino como una manifestación contemporánea de la lógica del Grossraum. El orden internacional ya está estructurado en grandes espacios de poder, y si lo que queremos es un orden fundado en la cooperación y el multilateralismo, deberemos comenzar por asumirlo.
Alonso Acosta Cullen
Estudia Teoría Política en Sorbonne Université
Felicidades al autor, muy bien explicado