El sábado 21 de enero de 2023, más de cien mil personas se reunieron en Kikar Rabin, la célebre plaza en el corazón de Tel Aviv, para manifestarse en contra de las reformas al poder judicial que pretende poner en marcha la nueva administración de Benjamin Netanyahu. No es un tema menor, pues con dichas reformas se pretende limitar el actuar del poder judicial; en particular, de la Suprema Corte de Israel. La nueva administración israelí — caracterizada por su fuerte orientación a la derecha política — ha hecho pública su intención de limitar el poder de la Suprema Corte, de tal forma que sus decisiones puedan ser revocadas por voto de una mayoría simple del parlamento (Knesset), así como en la composición misma de la Corte, otorgando más control al gobierno en la designación de los jueces que la conforman.
Sin obviar que históricamente el papel del gobierno de Israel puede ser altamente criticable, es preciso resaltar que es también la democracia más vibrante de Medio Oriente, donde su Suprema Corte ha jugado un papel ineludible en la configuración política y sistema de contrapesos israelí. Sus decisiones no siempre son vistas con buenos ojos por la clase política, pues limitan diversos actos del poder ejecutivo y leyes del parlamento que contravienen el marco constitucional, mismo que se caracteriza por la ausencia de una Constitución escrita, al poseer una serie de leyes básicas o fundamentales que son interpretadas por la propia Corte. De tal modo que la Suprema Corte de Israel es el foro donde se han discutido y revisado la constitucionalidad de diversos actos tan controvertidos como demoliciones de casas, deportaciones, adquisiciones de tierra o las villas israelíes (settlements) en los territorios en disputa. Como bien lo señala el académico David Kretzmer, aunque la Corte no siempre decide en contra de las acciones del gobierno o la constitucionalidad de sus leyes, el mero hecho que éstas sean objeto de revisión judicial es una afronta a los abusos de poder y genera un efecto disuasivo en el gobierno.1
En este sentido, no sobra subrayar, que el poder judicial es crucial en toda vida democrática. Como bien lo apunta el académico Pedro Salazar, los tribunales constitucionales son la válvula de garantía para la vivencia del Estado constitucional.2 Esto es así porque las decisiones de dichos tribunales verifican que los actos de las autoridades se ciñan al orden normativo. Aharon Barak, distinguido jurista israelí, señala, por su parte, en su célebre obra A judge in a democracy que una lección que dejó la Segunda Guerra Mundial es la necesidad de contar con Constituciones que salvaguarden el orden democrático, y que éstas sean protegida por jueces constitucionales, incluso contra actos del poder legislativo.3
En ese sentido, la Suprema Corte de Israel se integra por 15 jueces que son nombrados por el presidente — quien tiene un papel protocolario, a diferencia del primer ministro que lleva a cabo las funciones de gobierno —, previa propuesta del comité de selección judicial. Este comité es en quien realmente recae el poder de decisión y tiene una organización peculiar, pues se integra por nueve miembros, de los cuales dos provienen del poder ejecutivo, dos del poder legislativo, dos son integrantes de la barra de abogados israelí, y tres más jueces de la Suprema Corte. Las reformas propuestas, sin embargo, intentan cambiar esta configuración, de tal suerte que este comité se integre mayoritariamente por miembros de la Knesset. Claramente con esta medida se intenta también cooptar el proceso de la designación de jueces.
La serie de reformas propuestas pretenden, entre otras cosas, limitar a la Suprema Corte en dos sentidos, en su composición — es decir en su origen — pero también en la validez de sus decisiones, es decir, en sus efectos.
La democracia va más allá de las elecciones, y los israelíes lo saben. En tan solo tres años, del 2019 a 2021, Israel tuvo cuatro elecciones, dado que la configuración parlamentaria no era capaz de formar una coalición de gobierno. Sin embargo, ahora que Benjamín Netanyahu ha regresado una vez más al poder, las reformas que su gobierno tiene pensadas para limitar al poder judicial generan preocupación en la sociedad, inclusive en sus electores. Parece ser que éste es sólo el inicio de una crisis de fondo, donde la defensa a la democracia está centrada en proteger a la Suprema Corte, pues la ciudadanía está consciente de su papel e importancia en el aparato democrático.
Sería una torpeza afirmar que Israel es un país óptimo e impecable. Son diversas las controversias que lo rodean y los problemas que aquejan a su sociedad. Pero con una Suprema Corte mutilada como la que su nuevo gobierno se propone, estará aún más lejos de ese cometido. Por el bien de la democracia israelí y sus asignaturas pendientes, no deben aprobarse. Ojalá así sea.
Mauricio Figueroa. Abogado por la UNAM, maestro en derecho por la Universidad de Tel-Aviv y candidato a doctor por Newcastle University. Twitter: @mfiguerres_
1 Kretzmer, D. “Settlements in the Supreme Court of Israel.” AJIL Unbound 111 (2017), 41–44.
2 Salazar, P. El Poder Sobre el Derecho: El caso de la consulta popular para juzgar a los expresidentes, IIJ UNAM, 2021, p. 11.
3 Barak, A. The Judge in a Democracy. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006, 21.