Frente a un sistema de opresión patriarcal, las mujeres no estamos libres de violencia en ningún espacio. Nos persigue en lo público y en lo privado, en la calle y en la casa, en la vida real y en la digital. Esta violencia adopta formas nuevas, pero igual de dañinas: se manifiesta cuando, de manera dolosa, se utilizan las redes sociales y plataformas digitales para dañar la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres; cuando se difunden, comparten o comercializan imágenes, audios o videos reales o simulados con contenido íntimo sin consentimiento; cuando se hostiga, acosa, humilla o amenaza a una mujer por su cuerpo, voz o ideas.
Es una violencia que opera a la distancia, pero cuyas consecuencias son profundamente reales. Se despliega desde el anonimato, multiplicada por algoritmos y granjas de bots, lo que dificulta identificar a los agresores y, por ende, acceder a la justicia. Pero no es una excepción: es estructural. Es parte de un continuum de violencias que buscan mantener a las mujeres silenciadas, invisibles o disciplinadas. Según el Módulo sobre Ciberacoso 2022 del Inegi, entre julio de 2021 y agosto de 2022, 9.8 millones de mujeres de 12 años o más fueron víctimas de ciberacoso en México, frente a 7.3 millones de hombres. El 36 % de ellas fue contactada mediante identidades falsas y el 35.5 % recibió mensajes ofensivos.
Como toda violencia patriarcal, la digital se recrudece cuando las mujeres desafiamos los mandatos tradicionales de género. Es decir, cuando ocupamos espacios históricamente reservados para hombres, cuestionando las estructuras que los sostienen, como la heteronorma.
La historia de Marion Reimers
Marion Reimers es una periodista cuya voz cambió el periodismo deportivo en México y América Latina. Fue la primera mujer de habla hispana en narrar una final de la UEFA Champions League, la primera mexicana nominada a un Sport Emmy y una de las cien mujeres más poderosas según Forbes. Su carrera no sólo rompió techos de cristal: también abrió un espacio para nuevas generaciones de mujeres periodistas en un ámbito masculinizado.
Pero en un país donde la misoginia todavía dicta las reglas, cada conquista de las mujeres pareciera tener un precio. Desde el inicio de su carrera, Marion fue víctima de violencia machista, pero el hostigamiento se intensificó cuando comenzó a narrar partidos de la Champions League. Hubo días en los que buscaban expulsarla del espacio deportivo. “No tiene talento”, “¡que se vaya a narrar lo femenil!”: los mensajes se repetían en bucle, acompañados de insultos, amenazas y burlas sexistas.
Las mujeres lo sabemos: aunque seamos las mejores, nunca será suficiente. Siempre habrá un hombre dispuesto a recordarnos que no pertenecemos en ciertos espacios, buscando no sólo lastimarnos, sino despojarnos de reconocimiento y legitimidad.
Frente a esa oleada de odio, Marion decidió actuar. Buscó que el Estado reconociera la violencia digital que enfrentaba y garantizara su protección, tanto por ella como por otras mujeres periodistas que viven situaciones similares. Fue entonces cuando contactó a Perteneces, un equipo de abogadas feministas con experiencia en litigio estratégico de derechos humanos.
Para comprender la magnitud del ataque, trabajamos con el investigador de datos digitales Alberto Escorcia, quien confirmó que las agresiones no eran espontáneas, sino acciones coordinadas desde granjas de bots impulsadas para generar tendencia. Detrás del odio había una estructura, y detrás de ella, alguien que invertía dinero para sostenerla. Las consecuencias fueron tangibles: Marion perdió oportunidades profesionales, contratos y proyectos, pues ser blanco de violencia invierte la sanción. Las empresas que decidieron apartarla no entendieron que son corresponsables en la garantía de los derechos humanos de las mujeres, conforme a la debida diligencia establecida en los estándares internacionales.
Desde el inicio del acompañamiento jurídico, tuvimos claro que el camino debía ser definido por Marion: sus objetivos, su bienestar emocional y su seguridad eran el centro de la estrategia. Nosotras aportaríamos el marco legal, análisis técnico, y la fuerza colectiva para sostener la ruta elegida, sabiendo que con precedentes inexistentes no sería del todo sencillo.
Los vacíos legales y la respuesta institucional
En el análisis jurídico, observamos que, aunque la Ley Olimpia fue un avance histórico impulsado por el activismo de mujeres, su alcance se concentraba en la violencia a la intimidad sexual, lo que deja fuera otras formas de violencia digital, como el ciberacoso, las campañas de odio o la difamación digital. En el caso de Marion, el vacío legal limitaba las vías de acción penal, lo que nos obligó a explorar mecanismos alternativos de protección.
Acudimos a dos instancias: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ambos organismos tienen facultades para reconocer a una persona como víctima y otorgar medidas de protección. Sin embargo, en la práctica, se presentaron varios obstáculos. La Ceavi, pese a que su marco normativo le permite reconocer a las víctimas sin denuncia previa, condicionó el procedimiento a que Marion acudiera al Ministerio Público, contradiciendo la normativa. En este caso, además, la ruta penal era inviable: la conducta no se encontraba claramente tipificada en los códigos penales, y existían obstáculos técnicos para identificar a los agresores.
Por su parte, el Mecanismo de Protección incurrió en violencia institucional. En lugar de atender el riesgo que enfrentaba Marion, el personal del Mecanismo decidió juzgarla. Consideró que sus expresiones habían “provocado” los ataques y que, por tanto, no merecía incorporación. Esa postura no sólo desconoce el contexto de violencia estructural y de homofobia que viven las mujeres periodistas, y lesbianas, sino que reitera un patrón de revictimización.
El litigio como herramienta de transformación
Frente a la negativa institucional, presentamos demanda de amparo indirecto, impugnando la decisión del mecanismo. La jueza de distrito desestimó el reclamo bajo el argumento de que la violencia digital “no representaba un riesgo para la vida, integridad o seguridad” de Marion. Esa resolución mostró la brecha entre la realidad y la comprensión judicial del fenómeno digital.
Impugnamos el fallo ante un Tribunal Colegiado y esa decisión cambió el curso del caso. El Tribunal reconoció que la violencia digital sí puede poner en riesgo la vida, integridad y seguridad de las mujeres, sobre todo cuando está atravesada por condiciones de género y orientación sexual. Además, estableció que las autoridades tienen la obligación de actuar con perspectiva interseccional y garantizar medidas de protección adecuada.
Gracias a la resolución, se publicaron dos criterios en el Semanario Judicial de la Federación que constituyen precedenteshistóricos en la materia. Por primera vez, se reconoce la gravedad de la violencia digital y se fortalece la lucha de las mujeres periodistas por ejercer su labor en condiciones de seguridad. Así como que el Mecanismo está obligado a dictar medidas urgentes en casos de violencia digital. Este triunfo no sólo fue jurídico, fue político y simbólico. Demostró que el litigio puede contribuir a transformar las narrativas de poder; que los tribunales también son espacios de disputa, y que judicializar la violencia digital es una forma de contribuir a la tan deseada caída del patriarcado.
Si bien ha habido obstáculos, también nos han acompañado aliadas en esta lucha, como lo es ONU Mujeres en donde Marion se desempeña como Embajadora de Buena Voluntad. La Agencia ha visibilizado el caso de la Reimers y ha colocado en el centro de la discusión este tipo de violencia, generando vínculos con dependencias gubernamentales, organizaciones civiles, víctimas y sobrevivientes para difundir hojas de ruta que logren combatir la violencia digital contra las mujeres en México.
Más allá del caso: un llamado a transformar el sistema
La violencia digital es una de las expresiones más recientes para provocar daño y dolor a las mujeres. Nos recuerda que no hay espacio —ni físico ni virtual— en el que estemos a salvo del odio, la misoginia y el intento de silenciarnos. Pero también vuelve presente que la resistencia es colectiva, que cada avance judicial abre la puerta para las que vendrán después.
El caso de Marion no fue un litigio individual, sino una estrategia colectiva para visibilizar la violencia y exigir al Estado su obligación de protegernos. Judicializar estas violencias es disputar el sentido mismo de la justicia para evitar que resulte ser sólo servil a los intereses de los sistemas de opresión, como es el patriarcado.
Raquel Charqueño
Directora de litigio en Perteneces
Paulina Martell
Abogada de litigio en Perteneces