La transición del Poder Judicial Federal (PJF) en México, lejos de fortalecer la justicia, ha derivado en una fase crítica de desarticulación operativa, vulneración de derechos y debilitamiento del Estado de derecho. La reforma judicial vigente se instrumentó sin diagnóstico previo, deliberación democrática y sin atender contradicciones legales que hoy obstaculizan su ejecución. La falta de planificación ha empujado al sistema judicial hacia una transición sin brújula, sin garantías mínimas de continuidad ni mecanismos efectivos de control.
Desde el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), observo preocupada que la reforma amenaza la impartición de justicia, los derechos laborales del personal y la funcionalidad de los órganos jurisdiccionales. La Comisión de Transición (CT), prevista en los artículos transitorios de la nueva Ley Orgánica del PJF, carece de mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas. Se han centrado en resolver asuntos institucionales sin criterios definidos, generando discrecionalidad, rezago y opacidad.
Es urgente que se establezcan normas de priorización, plazos definidos y mecanismos de revisión interinstitucional. La experiencia demuestra que los órganos de transición deben contar con protocolos normativos y supervisión externa para evitar decisiones arbitrarias. México no puede permitirse una transición judicial sin contrapesos ni dirección estratégica.
La incertidumbre operativa es el signo distintivo de esta etapa. La adscripción de titulares de órganos jurisdiccionales electos enfrenta una indefinición crítica. Aunque las elecciones judiciales definieron cargos, la falta de reglas claras y la demora en la instalación del Órgano de Administración Judicial (OAJ) impiden garantizar la continuidad operativa. Las personas electas tomarán protesta el 1 de septiembre sin certeza sobre su adscripción, lo que podría generar vacíos funcionales en juzgados y tribunales.
Tampoco se ha determinado la ubicación del Tribunal de Disciplina y del OAJ. Si se pretende que operen en el edificio sede del CJF, debe evaluarse si el espacio es suficiente para asumir nuevas competencias sobre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. La ausencia de un plan de infraestructura pone en riesgo la operación básica del sistema judicial. Frente a este escenario, el CJF ha elaborado un esquema para garantizar la continuidad operativa. La justicia no puede quedar atrapada en el limbo administrativo ni depender de soluciones improvisadas.
En paralelo, los derechos laborales se han desplazado por la ambigüedad presupuestal. El artículo décimo transitorio de la reforma constitucional establece que tales derechos serán respetados en su totalidad. Sin embargo, no hay claridad sobre las condiciones generales de trabajo en el futuro inmediato.
Además, las personas juzgadoras cesadas tienen derecho, según el propio decreto de reforma, a un pago extraordinario que sería cubierto con recursos de fideicomisos. La entrega de dichos recursos por Nacional Financiera a la Tesorería de la Federación, sin instrucción del fideicomitente (CJF), contradice la reforma aprobada por el Congreso que estableció el destino de esos fondos, declaraciones públicas han sugerido su redireccionamiento al Issste, lo que vulnera su finalidad constitucional.
La defensa de los derechos laborales no puede quedar atrapada en la discrecionalidad administrativa. La transición judicial no debe construirse sobre el sacrificio de quienes han sostenido la justicia desde sus funciones cotidianas. La protección laboral no es un beneficio accesorio, sino una obligación constitucional que debe garantizarse con mecanismos verificables y recursos suficientes.
La continuidad administrativa enfrenta también una crisis de ejecución. El CJF ha contratado servicios que se extienden al segundo semestre de 2025 para garantizar la operación institucional. No obstante, quedan en el limbo mecanismos para el pago a proveedores durante la transición al OAJ, la administración de edificios, sistemas electrónicos o atención de servicios esenciales. Los candados legales y presupuestales también impiden resolver estos asuntos con agilidad.
La justicia no puede suspenderse por falta de previsión administrativa. Es urgente establecer un régimen efectivo de transición que permita mantener contratos, garantizar pagos y asegurar la funcionalidad institucional. La inteligencia administrativa es tan crucial como la reforma normativa.
Lo más grave, sin embargo, es la transgresión al principio de justicia. La reforma, en su ejecución, refleja un discurso vacío. La desorganización institucional no es consecuencia inevitable del cambio, sino resultado directo de la subordinación del derecho al cálculo político y de la ausencia de diálogo técnico. La justicia, eje discursivo de la reforma, es la gran ausente en su instrumentación.
La transición requería estructurar una nueva realidad institucional, pero hoy exige tiempo, presupuesto, eficacia y personal concentrado en sus funciones jurisdiccionales, no en la defensa de sus derechos laborales. La falta de previsión desplazó la justicia a un segundo plano, contradiciendo el argumento oficial de urgencia.
La transición del PJF no ha sido una oportunidad de mejora, sino una regresión institucional que amenaza los cimientos de la justicia. Pero el caos no es irreversible. Frente a la desarticulación, no debemos resignarnos, requerimos inteligencia institucional, voluntad democrática y acción técnica. La defensa del Estado de derecho no puede depender sólo de los órganos jurisdiccionales. Es responsabilidad compartida de los poderes públicos, la academia, la sociedad civil y los propios operadores judiciales.
La resistencia jurídica debe transformarse en estrategia: una reconstrucción institucional con propuestas viables, normativamente sólidas y políticamente exigibles. Recuperar la justicia como principio rector, restaurar la funcionalidad institucional y blindar los derechos de quienes la hacen posible es el único camino. La transición judicial debe dejar de ser un experimento político y convertirse en una política pública con horizonte democrático.
Lilia Mónica López Benítez
Magistrada y consejera de la Judicatura Federal
LIMO: La reforma judicial, para este ciudadano especial y fino (no me gusta el término común y corriente), no se a tí, fue simple y sencillamente una farsa con música de acordeón, otra vez, no se a tí; la democracia desde el sexenio pasado ya no existe, ahora vivimos en una democracia ficción y poco a poco se va quedando en la oscuridad, el hermoso término de la libertad que en la filósofía es la razón, en el arte la inspiración y en la política el derecho, no se a tí que te parezca. Vale.