La batalla legal por la candidatura presidencial estadounidense: Trump vs. Anderson

“So we’re going to, we’re going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we’re going to the Capitol, and we’re going to try and give… we’re going to try and give our Republicans, the weak ones because the strong ones don’t need any of our help. We’re going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. So let’s walk down Pennsylvania Avenue.”¹

I. La insurrección

El pasado jueves 9 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos de América (SCOTUS, por sus siglas en inglés) escuchó a las partes del caso Trump v. Anderson en donde se disputa la solicitud de eliminación de Donald Trump como candidato en la boleta de las elecciones primarias en el estado de Colorado.² Desde el precedente de Bush v. Gore, la SCOTUS no enfrentaba un asunto así de politizado y tan relevante para una elección a nivel federal.³

Para entender el caso debemos recapitular los hechos acontecidos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Ese día mientras el Congreso convocó a una sesión conjunta para certificar los votos del Colegio Electoral conforme a la enmienda XII de la Constitución⁴ y la Ley de Conteo Electoral⁵, el presidente Donald Trump celebró un mitin esa mañana en la plaza Elipse de Washington D.C., junto a varias figuras públicas. Alrededor del mediodía negó los resultados de la contienda electoral y llamó a sus seguidores a enfrentar eso como un ataque a la democracia.⁶

Mientras en el Capitolio ocurría la certificación, un grupo de personas provenientes de la plaza Elipse irrumpió de forma violenta con el propósito de interrumpir la sesión conjunta.⁷ En términos amplios, la discusión, y las pruebas que hay hasta ahora sobre estos hechos, gira en torno a que el objetivo del asalto era impedir que se confirma el triunfo del presidente electo ante un ambiente de polarización y falsas noticias sobre el proceso electoral.

Sin embargo, al final, el Colegio Electoral confirmó la victoria de Biden, con 306 votos frente a 232 de Trump,⁸ quien cuestionó los resultados en tribunales, en medios de comunicación y en redes social, en particular, en Twitter durante varias semanas antes de la confirmación.⁹ El 7 de enero el vicepresidente Pence certificó la victoria de Biden¹⁰, y hubo un llamado nacional a aceptar este resultado.¹¹ No obstante, las repercusiones de este asalto al Capitolio no terminarían ahí y eventualmente serían relevantes para el proceso electoral de este año 2024.

Estados Unidos es un país con un fuerte federalismo. Es difícil de asimilar en términos de derecho comparado, desde un ordenamiento jurídico como el mexicano, que mientras en nuestro país existe una autoridad unificada para aprobar quién aparecerá en la boleta electoral, en el sistema electoral y constitucional estadounidense se estén preguntando si la inclusión de cada candidato debe o no depender de cada uno de los estados y del cumplimiento con sus respectivas reglas locales. De tal manera que una entidad federativa podría decidir que un candidato no cumple los requisitos internos y negarse a colocarlo en la boleta para una elección primaria federal.

Esta, en síntesis, ha sido la estrategia que han seguido diversos actores a lo largo y ancho de Estados Unidos –especialmente liderados por dos grupos nacionales “Citizens for Responsability and Ethics in Washington” (CREW) y “Free Speech for People”– para eliminar a Donald Trump de la contienda electoral.¹²

Hasta el 13 de febrero de 2024, conforme a un conteo elaborado por el periódico The New York Times, se han presentado impugnaciones formales a la candidatura presidencial de Donald Trump en al menos 35 estados de los cuales únicamente en 2 ha sido formalmente descalificado de las boletas primarias: Maine y Colorado.¹³

Si bien cada una de las impugnaciones tienen ciertas diferencias, por ejemplo, algunas siguieron el camino de impugnar directamente ante alguna secretaría de estado, mientras que otras directamente ante la Corte Suprema estatal, lo cierto es que todas se centraron en si los hechos acontecidos el 6 de enero de 2021 lo hacen inelegible para ocupar la presidencia. Esto a la luz de la sección 3 de la enmienda XIV de la Constitución de Estados Unidos.

La sección 3, de la enmienda XIV que explicaremos con mayor abundamiento en la parte II de este ensayo, establece en síntesis que ninguna persona podrá ejercer ningún cargo civil o militar, cuando habiendo tomado un juramento como “funcionario” de los Estados Unidos, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier estado, para apoyar la Constitución haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o haya brindado ayuda o comodidad a sus enemigos. ¹⁴

Hasta el día de hoy, las demandas para quitar a Trump de la boleta han sido desestimadas por los estados de Alaska, Connecticut, Delaware, Idaho, Kansas, Luisiana, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Utah y Washington. En los casos de Arizona, California, Florida, Illinois, Massachusetts, Nueva Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas, Vermont, Virgina, West Virginia, Wisconsin y Wyoming tienen apelaciones pendientes ante las Cortes locales que seguro serán resueltas una vez que la SCOTUS emita su criterio sobre Colorado.¹⁵

Los caminos para llegar a la conclusión de remover a Trump de la boleta para las elecciones primarias en Colorado y en Maine fueron distintos. Por un lado, la Corte Suprema del estado de Colorado resolvió en Anderson v. Griswold¹⁶ por 4 votos contra 3, que Donald Trump no era elegible para estar en la boleta electoral de las elecciones primarias republicanas, tomando en cuenta que Trump participó en una insurrección y según la sección 3 de la enmienda XIV, está descalificado para ocupar un puesto público nuevamente. Por su parte, el camino en Maine fue decidido primero por la Secretaría de Estado, Sheena Bellows (una política demócrata), quien emitió su decisión rápidamente tomando en cuenta el sentido de Anderson v. Griswold¹⁷, y cuya resolución fue impugnada y suspendida por la Jueza Michaela Murphy del Tribunal Superior de Maine, quien ordenó a Bellows el 17 de enero pasado emitir una nueva decisión 30 días después de que la SCOTUS se pronuncie sobre el caso de Colorado “modificando, retirando o confirmando” su decisión anterior.¹⁸

II. Anderson v. Trump y la audiencia en la SCOTUS

El asunto que escaló más rápido a la SCOTUS, y el que definirá el criterio de los estados pendientes de resoluciones, es el del estado de Colorado.  Hay que mencionar que desde Bush v. Gore,¹⁹ la decisión de 2000 que detuvo el recuento de boletas en el estado de Florida y le dio la victoria a George W. Bush, la SCOTUS no había enfrentado otro caso igual de politizado y de gran relevancia para una elección federal.²⁰

El 6 de septiembre de 2023, distintos votantes individuales y grupos de votantes, entre ellos Norma Anderson –una política y legisladora republicana de 91 años y la primer mujer líder de la mayoría en ambas cámaras en la legislatura de Colorado²¹– presentaron una petición contra la Secretaria del Estado de Colorado, Jena Griswold para eliminar a Trump de las elecciones primarias republicanas, al señalar que el Código de Electoral de Colorado obliga a los oficiales electorales “negarse al cumplimiento de un deber o realizar algún acto ilícito”.²² De acuerdo a los peticionarios, Donald Trump no debería aparecer en la boleta porque está descalificado conforme a la sección 3 de la enmienda XIV que señala lo siguiente:

Ninguna persona podrá ser Senador o Representante en el Congreso, o elector de Presidente y Vicepresidente, o ejercer ningún cargo, civil o militar, bajo los Estados Unidos, o bajo cualquier Estado, que, habiendo previamente tomado un juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o haya brindado ayuda o confort a sus enemigos. Pero el Congreso puede, por votación de dos tercios de cada Cámara, remover tal inhabilitación.²³

Esta resolución fue llevada ante un Tribunal de Distrito en Denver, que en resumen señaló que Trump sí había participado en una insurrección, sin embargo, señaló que no quitaría a Trump de la boleta ya que la sección 3, sólo aplica a un candidato (no un presidente electo) a un “cargo” que previamente ha servido como un “oficial o funcionario” de los Estados Unidos, sin embargo, la presidencia no entra dentro de la categoría de “un cargo”. ²⁴ Posteriormente, se impugnó ante la Corte Suprema de Colorado, quien, por un lado, confirmó lo relativo a que Trump sí participó en la insurrección; pero, por otra parte, modificó la interpretación del Tribunal de Distrito en Denver respecto a la enmienda XIV y resolvió que Trump sí debía ser excluido de la boleta primaria presidencial porque de no hacerlo sería un “acto ilícito” conforme el Código Electoral de Colorado.²⁵

El 5 de enero de 2024, la SCOTUS garantizó cerciorati para escuchar los argumentos orales y aceptar amicus curiae.²⁶ Finalmente el 8 de febrero pasado se llevó a cabo la audiencia de alegatos. La discusión acontecida la semana pasada podría dar pistas de hacia dónde se dirige el criterio de la SCOTUS. A continuación, se hará un breve y no exhaustivo resumen de lo sucedido.²⁷

El primero en hablar durante la audiencia de dos horas con nueve minutos fue el abogado de Donald Trump: Jonathan Mitchell, un reconocido miembro de la Sociedad Federalista, ex fiscal de Texas y ex secretario de Antonin Scalia.²⁸

Sus principales argumentos fueron que 1) el presidente Trump no está incluido en la sección 3 porque el término «funcionario de los Estados Unidos», utilizado en toda la Constitución, se aplica exclusivamente a funcionarios designados, no a individuos elegidos, como el presidente o los miembros del Congreso. Esto se evidencia en la Cláusula de Comisiones, la Cláusula de Juicio Político y la Cláusula de Nombramientos, que emplean dicho término para referirse únicamente a funcionarios designados, excluyendo a los elegidos; y 2) la segunda razón es que la sección 3 no puede ser utilizada para excluir a un candidato presidencial de la boleta electoral, incluso si ese candidato está descalificado para servir como presidente. Esto se debe a que el Congreso tiene la facultad de levantar esa inhabilitación después de que el candidato sea elegido, pero antes de que asuma el cargo. Además, ningún estado puede excluir a ningún candidato para un cargo federal de la boleta electoral debido a la sección 3. Cualquier estado que lo haga estaría violando los «Límites de Mandato» al alterar las calificaciones constitucionales para el cargo federal y potencialmente quitando los votos de decenas de millones de estadounidenses.²⁹

A continuación, se presenta una reseña de cuáles fueron las principales preocupaciones y preguntas de los jueces a las partes:

1. El juez Clarence Thomas durante el interrogatorio planteó dos cuestiones clave: 1) Si la sección 3 era autoejecutable, a lo que Mitchell respondió que no lo era, que requeriría de una legislación emitida por el Congreso conforme al precedente en el Caso Griffin³⁰; 2) también cuestionó a Murray sobre el uso histórico de esta sección para descalificar candidatos, solicitando que proporcionaran ejemplos “contemporáneos” a la época de aprobación de la enmienda XIV, a lo que Murray mencionó un único incidente donde un gobernador de Georgia se negó a certificar la elección de un miembro del Congreso en 1868.³¹ Murray afirma que varios estados han excluido a candidatos para cargos estatales, pero el juez Thomas señala que la discusión se centra en candidatos nacionales. Thomas cita a historiadores como Foner, Foote y McPherson para ilustrar que, si bien hubo conflictos después de la Guerra Civil, no se contempló la autorización para que los estados descalificaran a candidatos nacionales.³²

2. El juez presidente John Roberts exploró la capacidad de los estados para descalificar candidatos según la sección 3 sin intervención del Congreso. Planteó un escenario hipotético sobre la descalificación de un individuo por participar en una insurrección y sobre todo respecto a la competencia de un secretario de estado para descalificarlo.³³ Sin embargo, al conversar con Murray, Roberts amplió su perspectiva, considerando las implicaciones constitucionales de respaldar la posición de Colorado y el propósito original de la enmienda XIV. Por ejemplo, señaló que la enmienda XIV originalmente buscaba limitar los poderes de los estados con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos que anteriormente se encontraban en esclavitud, por lo tanto, esta enmienda sería el último lugar para buscar una facultad de los estados para intervenir en una elección presidencial.³⁴

3. El juez Samuel Alito expresó una preocupación destacada sobre las posibles consecuencias peligrosas de permitir que Colorado excluyera a Trump de la boleta estatal. Alito planteó estas preocupaciones tanto en su interrogatorio a Mitchell como en su intercambio con Murray, donde destacó el riesgo de conflictos entre decisiones estatales. Además, cuestionó a la procuradora general de Colorado sobre el posible «efecto en cascada» de la decisión de un estado sobre la elegibilidad de un candidato.³⁵ En el caso Griffin, Alito también cuestionó la argumentación de Murray sobre la falta de descalificaciones bajo la sección 3, señalando la historia de juicios políticos contra presidentes desde Andrew Johnson hasta Bill Clinton.³⁶

4. La jueza Sonia Sotomayor demostró una inclinación hacia los argumentos de los votantes de Colorado, siendo posiblemente la única jueza en simpatizar con ellos. Expresó escepticismo sobre la interpretación de Mitchell, y de hecho refirió que hay varios ejemplos de estados que usando la sección 3 descalificaron insurrectos, lo cual cuestiona la validez del caso Griffin como precedente aplicable.³⁷ Además, manifestó dudas sobre la posición de Trump sobre la auto ejecución y calificó de «manipulado» (gerrymandered) el argumento de Mitchell sobre la naturaleza del presidente como funcionario de Estados Unidos.³⁸

5. La jueza Elena Kagan expresó preocupación por las implicaciones federalistas de la decisión de la Corte Suprema de Colorado y cuestionó si un sólo estado debería tener la autoridad para decidir una cuestión de importancia nacional, como la elegibilidad presidencial.³⁹ En resumen, Kagan planteó la necesidad de medios federales y nacionales para abordar este tipo de asuntos, ya que ciertas cuestiones son de naturaleza nacional y no deben quedar exclusivamente en manos de los estados.⁴⁰

6. El juez Neil Gorsuch durante las argumentaciones orales, se enfocó en dos temas: si el presidente es un «oficial de los Estados Unidos» y la autoridad de un presidente involucrado en una insurrección antes de ser juzgado. Gorsuch destacó la importancia de diferenciar entre los términos «cargo» y «oficial» según la Constitución. En sus preguntas, cuestionó si esta distinción era válida hoy en día. El momento más controvertido fue su debate con Murray, donde cuestionó por qué los funcionarios deberían obedecer a un presidente acusado de insurrección.⁴¹

7. El juez Brett Kavanaugh fue el principal defensor en la Corte al examinar el caso de Griffin en relación con el significado público original de la sección 3. Sus interrogantes se centraron en entender cómo el caso de Griffin se integraba en el argumento de Mitchell y si adoptar dicho caso como precedente resolvería completamente el asunto.⁴² El juez Kavanaugh señaló que la razón por la cual la sección ha estado inactiva durante 155 años se remonta a la opinión del juez Chase en el Caso Griffin en 1869, que establece que el Congreso tiene la autoridad en este asunto, no los estados. Esta interpretación se respalda con la Ley de Aplicación de 1870, donde el Congreso actúa en consecuencia. A lo largo de ese período, no hay evidencia histórica que contradiga esta interpretación. Kavanaugh sugiere que la razón principal de esta inactividad es la comprensión establecida de que, aunque el juez Chase no estuviera completamente en lo correcto, su interpretación ha sido seguida por todas las ramas del gobierno durante 155 años. También señala que el Congreso tiene el poder de cambiar esto mediante legislación, como la Ley de Insurrección, pero hasta el momento no lo ha hecho en los aspectos relevantes para el caso actual.⁴³

8. La postura de la jueza Amy Coney Barrett mostró preocupación por las implicaciones de una posible decisión de la Corte de considerar que la sección 3 se ejecuta automáticamente, dejando las determinaciones de descalificación en manos de los estados. Cuestionando a Murray, por ejemplo, señaló que los tribunales estatales tienen la autoridad para hacer cumplir la Constitución, pero existen ciertos límites a eso, ciertas situaciones en las que la propia Constitución permite la capacidad de los estados para resolver cuestiones constitucionales. El caso Tarble es uno de ellos. Además, buscó aclarar varios puntos en los argumentos presentados, indagando sobre la capacidad del Congreso para promulgar leyes que descalifiquen a candidatos y sobre los derechos de debido proceso del expresidente Trump,⁴⁴ así como sobre la autoridad de los estados bajo la Cláusula de Electores de la Constitución y los estándares de revisión de la Corte frente a diferentes procedimientos estatales.⁴⁵

9. La jueza Ketanji Brown Jackson, recientemente nominada por Biden, sorprendió a algunos con sus preguntas. Aunque algunos pensaban que estaría de acuerdo con la idea de que las acciones de Trump el 6 de enero lo habrían descalificado, en lugar de eso, cuestionó por qué la palabra «presidencia» no estaba específicamente mencionada en la parte de la ley que se discutía. Sugirió que esto podría ser porque los redactores de la ley estaban más preocupados por la infiltración confederada en el gobierno estatal que en el gobierno federal.⁴⁶

III. Prospectiva.

La constante que puede apreciarse por parte de los jueces de la SCOTUS en la audiencia son las preguntas y argumentos consecuencialistas. La discusión dejó de lado los argumentos deónticos o el derecho como debería ser y mostró más cautela por los efectos que la resolución podría acarrear. El presidente John Roberts, por ejemplo, sugirió que permitir que Colorado excluyera a Donald Trump de la competencia por los votos del colegio electoral podría llevar a otros estados a hacer lo mismo con otros candidatos, lo que resultaría en que sólo un puñado de estados decidieran las elecciones presidenciales. Esta preocupación fue también abordada por la jueza Elena Kagan al cuestionarse por qué un estado debería decidir quién será el presidente de Estados Unidos.

A juicio de algunos académicos las participaciones de Roberts reflejan la preocupación sobre las posibles consecuencias de permitir que un estado excluya a un candidato de las elecciones presidenciales, pero sugieren que esta preocupación de hecho ya se ha materializado en el actual sistema electoral, pues los efectos del Colegio Electoral han hecho que los presidenciables enfoquen todos sus esfuerzos de campaña en un puñado de estados «oscilantes» que pueden decidir el resultado de la elección.⁴⁷

En los argumentos del caso Trump v. Anderson, la Corte Suprema indicó claramente su escepticismo hacia la idea de descalificar a Donald Trump de la boleta electoral en 2024 bajo la sección 3. Desde una postura originalista, y tomando en cuenta la intención de los redactores de la enmienda XIV cuyo objetivo era eliminar con la esclavitud y enmendar el error emitido por la SCOTUS en Dred Scott v. Sandford (1857), parece difícil que precisamente este artículo que venía a poner freno a los estados esclavistas, al mismo tiempo les otorgara poder para ejercer un control sobre la boleta de una elección federal.⁴⁸

Por otro lado, el argumento que señala que simplemente los estados no pueden aplicar directamente la sección 3 debido a que esta requiere una legislación del Congreso podría ser un camino mucho más sencillo, esto porque la generalidad de la propia sección y la ausencia de un artículo que reglamente la aplicación directa puede jugar en favor de una argumentación minimalista sin necesidad de meterse en argumentos políticos que podrían desgastar más la legitimación de la Corte. Este argumento, pensándolo en términos hipotéticos, si lo extrapoláramos a nuestro sistema constitucional podría ser una salida medianamente razonable, tomando en cuenta el nivel de detalle que tiene nuestra Constitución y la aplicación directa del texto constitucional tan frecuente en nuestro ordenamiento. Sin embargo, en un país con una Constitución tan generalista y vaga como Estados Unidos, este camino es más sólido y propone una vía de resolver el asunto a nivel de competencias, sin que la SCOTUS llegue a resolver qué tipo de responsabilidad tiene Trump en los hechos acontecidos en 2021.

Para muchos círculos académicos la decisión final ya está prácticamente tomada⁴⁹, lo único que falta es encontrar una justificación coherente y minimalista que resuelva el problema. La Corte debe asegurarse de que su decisión esté fundamentada en el derecho, tomando en cuenta la desgastada legitimidad después de Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.⁵⁰

En conclusión, los debates en torno a la interpretación y la génesis histórica de la sección 3 seguramente continuarán siendo objeto de análisis profundo en las próximas semanas. Sin embargo, el verdadero desafío radica en encontrar una respuesta clara y convincente que pueda abordar la complejidad de este tema, especialmente en un contexto marcado por la polarización política y la percepción pública sobre la SCOTUS y la candidatura de Trump. Sea cual sea la decisión que se tome, ya sea permitiendo que Trump continúe en la contienda o determinando en favor de la competencia de los estados para eliminarlo, es poco probable que este caso logre obtener el convencimiento y el apoyo mayoritario del pueblo estadounidense.

Cuitlahuac Castillo Camarena. Abogado por la Universidad de Guanajuato, actualmente cursa la maestría en derecho en la Universidad de Georgetown.

¹ Comité Selecto para Investigar el Ataque al Capitolio de los Estados Unidos del 6 de enero. «Informe Final.» Informe de la Cámara de Representantes 117-000. 117° Congreso, Segunda Sesión. Diciembre de 2022. Disponible en https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-J6-REPORT/pdf/GPO-J6-REPORT-2-7.pdf.

²Trump v. Anderson, No. 23-719, argumentado el 8 de febrero de 2024 ante SCOTUS. Disponible en: https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/2023/23-719_5he6.pdf.

³ Popli, Nik. «Supreme Court Hears High-Stakes Case Seeking to Oust Trump from 2024 Ballots.» Time, 6 de febrero de 2024. Disponible en https://time.com/6692011/supreme-court-trump-v-anderson-case/.

⁴ Véase el texto original de la enmienda XII. Disponible en: https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxii

⁵ Para profundizar sobre la Ley de Conteo Electoral y cómo se cuentan los votos electorales en las elecciones presidenciales, véase Weiner, Daniel I., y Scotnicki, Katherine. «Cómo se cuentan los votos electorales en las elecciones presidenciales.» Brennan Center for Justice, 16 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.brennancenter.org/es/our-work/research-reports/como-se-cuentan-los-votos-electorales-en-las-elecciones-presidenciales.

⁶ Naylor, Brian. «Read Trump’s Jan. 6 Speech, A Key Part of Impeachment Trial.» NPR, 10 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.npr.org/2021/02/10/966396848/read-trumps-jan-6-speech-a-key-part-of-impeachment-trial.

⁷«Capitol riots timeline: What happened on 6 January 2021?» BBC News, 2 de agosto de 2023. Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56004916.

⁸«2020 Electoral College Results» Archivos Nacionales de los Estados Unidos. Disponible en: https://www.archives.gov/electoral-college/2020.

⁹ Romm, Tony. «Twitter labels Trump’s latest claim about election fraud as ‘disputed’ but doesn’t limit dissemination.» The Washington Post, 7 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/technology/2020/11/07/trump-election-outcome-tweet-label/.

¹⁰ «2020 Electoral College Results» Archivos Nacionales de los Estados Unidos. Disponible en: https://www.archives.gov/electoral-college/2020.

¹¹ «Le pido al presidente Trump que vaya a la televisión nacional ahora para cumplir su juramento y defender la Constitución y exigir el fin de este asedio», dijo Biden en breves comentarios. El presidente electo también sugirió que Trump era responsable de la violencia, diciendo que «en el mejor de los casos, las palabras de un presidente pueden inspirar. En su peor momento, pueden incitar» (la traducción es mía). Véase Summers, Juana. «Congress Certifies Biden Victory; Trump Pledges ‘Orderly Transition’ On Jan. 20.» NPR, 7 de enero de 2021. Disponible en: https://www.npr.org/2021/01/07/954234902/congress-certifies-biden-victory-after-pro-trump-rioters-storm-the-capitol.

¹² Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. «Accountability in the States for the January 6th Insurrection.» 20 de diciembre de 2023. Disponible en: https://www.citizensforethics.org/reports-investigations/crew-reports/accountability-in-the-states-for-the-january-6th-insurrection/.

¹³Gamio, Lazaro; Smith, Mitch; Bogel-Burroughs, Nicholas. «Tracking Efforts to Remove Trump From the 2024 Ballot.» Actualizado el 13 de febrero de 2024. Disponible en: https://www.nytimes.com/interactive/2024/01/02/us/politics/trump-ballot-removal-map.html.

¹⁴ Ver original XIV Amendment to the U.S. Constitution (1868) “Section 3. No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice-President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.” 14th Amendment to the U.S. Constitution: Civil Rights (1868). Disponible en: https://www.archives.gov/milestone-documents/14th-amendment#:~:text=No%20State%20shall%20make%20or,equal%20protection%20of%20the%20laws.

¹⁵ Gamio, Lazaro; Smith, Mitch; Bogel-Burroughs, Nicholas. «Tracking Efforts to Remove Trump From the 2024 Ballot.» Actualizado el 13 de febrero de 2024. Disponible en: https://www.nytimes.com/interactive/2024/01/02/us/politics/trump-ballot-removal-map.html.

¹⁶ The Supreme Court of the State of Colorado. «2023 CO 63.» Supreme Court Case No. 23SA300. Apelación de conformidad con § 1-1-113(3), C.R.S. (2023). Tribunal de Distrito, Ciudad y Condado de Denver, Caso No. 23CV32577. La Honorable Sarah B. Wallace, Juez. Norma Anderson, Michelle Priola, Claudine Cmarada, Krista Kafer, Kathi Wright y Christopher Castilian, Peticionarios-Apelantes/Recusantes Cruzados, contra Jena Griswold, en su capacidad oficial como Secretaria de Estado de Colorado, y el Comité Central del Estado Republicano de Colorado, una asociación no incorporada, Demandado-Apelado, y Donald J. Trump, Interviniente-Apelado/Recusante Cruzado. Orden Confirmada en Parte y Revocada en Parte. en pleno. 19 de diciembre de 2023. Disponible en: https://www.courts.state.co.us/userfiles/file/Court_Probation/Supreme_Court/Opinions/2023/23SA300.pdf

¹⁷ Bellows, Shenna, “Ruling of the Secretary of State”, 28 de diciembre de 2023. Disponible en:  https://www.maine.gov/sos/news/2023/Decision%20in%20Challenge%20to%20Trump%20Presidential%20Primary%20Petitions.pdf

¹⁸Disponible en: https://www.courts.maine.gov/news/trump/order-and-decision.pdf

¹⁹ Véase Bush v. Gore, 531 U.S. 98, 11 de diciembre de 2000. Disponible en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/531/98/

²⁰ Liptak, Adam. «Supreme Court Seems Likely to Reject Challenge to Trump’s Eligibility.» The New York Times. 8 de febrero de 2024. Disponible en:https://www.nytimes.com/2024/02/08/us/politics/supreme-court-trump-ballot.html

²¹ Montellaro, Zach. «‘When duty calls, you do it’: The 91-year-old lawmaker who could have Trump disqualified.» Politico, 7 de febrero de 2024. Disponible: https://www.politico.com/news/2024/02/07/anderson-trump-supreme-court-ballot-00139991

²² “commit[ing] . . . a breach or neglect of duty or other wrongful act,” véase: https://www.law.cornell.edu/supct/cert/23-719

²³ La traducción es mía.

²⁴ Tojo Garcia, Rodrigo F., y Ryan M. Lee. «Trump v. Anderson.» Editado por Michelle E. Briney. Cornell Law School Supreme Court Collection. Disponible en: https://www.law.cornell.edu/supct/cert/23-719

²⁵ Anderson v. Griswold, véase: https://www.courts.state.co.us/userfiles/file/Court_Probation/Supreme_Court/Opinions/2023/23SA300.pdf.

²⁶ Disponible en: https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/010524zr2_886b.pdf

²⁷ La transcripción completa de la sesión se encuentra disponible aquí: https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/2023/23-719_5he6.pdf

²⁹VanSickle, A. «Who Were the Lawyers Arguing the Trump Ballot Case? Three lawyers argued the landmark challenge about whether Colorado can remove Trump from the primary ballot.» 8 de febrero de 2024. Disponible en: https://www.nytimes.com/2024/02/08/us/elections/jonathan-mitchell-trump-ballot-case.html

²⁹ Páginas 3 y 4 de la sesión.

³⁰ Sobre el caso Griffin véase: https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F.Cas/0011.f.cas/0011.f.cas.0007.html.

³¹ Página 67 de la sesión.

³² Íbidem, página 69.

³³ Íbidem, página 6.

³⁴ Íbidem, página 71.

³⁵ Íbidem, página 134.

³⁶ Íbidem, página 88.

³⁷ Íbidem, página 10.

³⁸ Íbidem, página 46.

³⁹ Íbidem, página 75.

⁴⁰ Íbidem, página 106.

⁴¹ Íbidem, páginas 40 a 52, y 91.

⁴² Íbidem, página 35.

⁴³ Íbidem, página 86 y 87.

⁴⁴ Íbidem, página 130.

⁴⁵ Íbidem, páginas 116 y 117.

⁴⁶ Íbidem, página 60 a 61.

⁴⁷ Véase un abundamiento más sobre esta opinión. https://verdict.justia.com/2024/02/13/the-supreme-courts-oral-argument-in-trump-v-anderson

⁴⁸Para abundar sobre la génesis histórica de la enmienda XIV véase Brest, Paul, Sanford Levinson, Jack M. Balkan, Akhil Reed Amar y Reva B. Siegel. Processes of Constitutional Decisionmaking: Cases and Materials. 8a ed. 2022. Páginas 350 a 373.

⁴⁹ Stern, Mark Joseph. «Even Ketanji Brown Jackson Is Siding with Trump in the Supreme Court’s Ballot Case.» Slate, 8 de febrero de 2024, 2:58 PM. https://slate.com/news-and-politics/2024/02/ketanji-brown-jackson-trump-supreme-court-ballot.html

⁵⁰ Gibson, James L. «Losing Legitimacy: The Challenges of the Dobbs Ruling to Conventional Legitimacy Theory.» Washington University in St. Louis – Department of Political Science. 23 de septiembre de 2022. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4206986