La independencia judicial establece los principios con los que deben funcionar jueces y tribunales, así como los límites de los poderes político y económico hacia la judicatura. A pesar de su relevancia como un valor normativo absoluto dentro del sistema constitucional, resulta un mal adjetivo para describir periodos históricos en la relación entre poderes. Si queremos entender la interacción entre el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los años recientes, en mi opinión desde la reforma de 1994 y hasta el término de la administración de Arturo Zaldívar en 2022, es necesario encontrar un término más adecuado. Para ello me gustaría retomar el concepto de sana distancia utilizado por Ernesto Zedillo en su campaña presidencial del año de 1994, para establecer límites entre la figura presidencial y su partido político, el Partido Revolucionario Institucional, extendiéndolo a la relación entre las cabezas de los dos poderes constitucionales.
Fue a partir del gobierno de Ernesto Zedillo en donde se observa un cambio en la actitud presidencial hacia la Suprema Corte, y en general hacia al Poder Judicial de la Federación, tradicionalmente considerado más que un tercer poder, un poder de tercera durante el apogeo del presidencialismo mexicano.1 La sana distancia tuvo como característica más relevante la abstención del presidente de la República de hacer micro-managing en el máximo tribunal, permitiéndoles fijar su propia forma y agenda de trabajo, salarios, presupuesto, etc. A cambio, la Suprema Corte se abstendría de bloquear las políticas públicas más relevantes para la administración federal.
La política de la sana distancia fue excepcionalmente eficaz. Por una parte, si buscamos entre 1995 y 2022, encontramos nulos ejemplos en donde la Suprema Corte haya declarado inconstitucionales políticas relevantes impulsadas por parte del poder Ejecutivo federal. En el gobierno de Zedillo, por ejemplo, la Suprema Corte declaró como válido el anatocismo; en el periodo de Fox, aunque en una apretada votación, reconoció la facultad presidencial de ejercer el veto sobre el presupuesto. Los ejemplos continuaron en el gobierno de Calderón donde fueron declarados improcedentes los amparos en contra de la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como durante el gobierno de Peña Nieto, durante el cual la Suprema Corte declaró la invalidez de la consulta en materia energética y ratifico varias de sus reformas estructurales. Incluso, este comportamiento no varió en los primeros cuatro años del gobierno de López Obrador. La Suprema Corte se abstuvo de comprometer la política pública presidencial en temas como la creación de la Guardia Nacional mediante una estrategia de retraso en la resolución de los asuntos durante la presidencia de Arturo Zaldívar.
Pero, a su vez, este entendimiento de sana distancia le permitió a la Suprema Corte fortalecer su administración interna. La Suprema Corte pudo fijar una política de administración interna que le permitió fortalecer sus recursos humanos y financieros, promover su imagen pública a través de un canal de televisión y contar con un Centro de Estudios y Casas de la Cultura Jurídica en casi todos los estados del país. Esta fortaleza institucional le permitió explorar nuevos espacios de resolución de conflictos, entre los más relevantes están la solución de conflictos de nivel subnacional a través de las controversias constitucionales, así como una incipiente ampliación de la protección de los derechos humanos, principalmente en materias civil y penal.
Sin embargo, esta sana distancia ha sido sustituida por un escenario de choque de poderes. En el último año han sido frecuentes las ocasiones que la Suprema Corte ha cambiado criterios procedimentales -como el otorgamiento de suspensiones provisionales en acciones de inconstitucionalidad- que había sostenido por años para bloquear políticas relevantes del grupo político del presidente de la República. Es a partir de los retos frontales a la política pública presidencial, llevados a cabo por diferentes resoluciones en el último año, incluso más que la elección de la ministra Piña como presidenta, que la actitud desde la administración federal hacia la Suprema Corte ha cambiado.
Los ejemplos más claros de ese cambio se encuentran en el discurso de una reforma radical en la forma de elegir a los ministros, así como en la designación de una nueva ministra con abierta afiliación política al grupo que encabeza el presidente del país. Aun cuando desde el inicio de su sexenio el presidente López Obrador amagó con una reforma profunda, en los hechos se mantuvo ajeno a intervenir directamente en el máximo tribunal. Por ejemplo, la reforma de 2021 se dejó en manos del entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Aunque una reforma radical en lo que queda de esta legislatura se ve difícil, por lo menos a nivel constitucional, el desgaste que vive la Suprema Corte ya es evidente.
La historia nos demuestra con múltiples ejemplos que en el escenario de choque de poderes son las Cortes Supremas las que tienen más que perder. En el inicio del nuevo periodo de sesiones es responsabilidad de la misma Suprema Corte buscar la distensión de este escenario de confrontación. Si se mantiene el reto directo a las políticas presidenciales, seguramente durante la campaña política se fortalecerá la idea de una reforma radical a la Suprema Corte y al Poder Judicial de la Federación. En este contexto la Suprema Corte se estaría jugando su futuro en las siguientes elecciones. Sí, por el contrario, la Suprema Corte reduce el activismo reciente en contra de la política pública presidencial, podrían abrir espacios de negociación con la nueva administración que permitan una mayor viabilidad institucional y seguir teniendo un trabajo incremental en áreas como la protección de derechos humanos.
Lo que está en juego no es poco si pensamos que la Suprema Corte ha sido una de las instituciones que ha aportado mayor estabilidad al sistema constitucional mexicano. Desde ambos poderes debe privar la sensatez para garantizar la sostenibilidad de una de las instituciones más relevantes con la que contamos los mexicanos. Terminar con la atmósfera de choque de poderes que inició hace justo un año, podría ser un primer paso.
Alberto Abad Suárez Ávila. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.
1 Fix-Fierro, H. El poder del poder judicial y la modernización del derecho en México, IIJ UNAM, México, 2020.