La independencia judicial en México, pilar fundamental de la democracia, está fuertemente amenazada y hay que sonar una alarma pues las consecuencias son potencialmente gravísimas. Mucho se ha escrito en estos días sobre los ataques directos que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó al titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia de Competencia por la suspensión temporal de la nueva ley energética y no vale la pena revisar los detalles puesto que ya son conocidos. Lo que cabe subrayar es que la decisión del jefe del Ejecutivo en cuestionar personalmente al juez se da en medio de tendencias muy preocupantes.
Ilustración: Belén García Monroy
El ataque del presidente al titular del juez no se trata simplemente de una declaración aislada derivada de su frustración al ver atorarse una política pública, sino que forma parte de una serie de acciones y declaraciones acumuladas durante años que claramente reflejan la intención de debilitar la independencia del poder judicial. Ya sea la manera cuestionable en que presentó al Senado de la Republica las ternas de candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relación estrecha que ha forjado con el presidente de la Corte Arturo Zaldívar (perfectamente ilustrada por la decisión de invitarlo al nuevo aeropuerto de Santa Lucía y del ministro en aceptarla), la presión que ha ejercido al quehacer de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o los desubicados ataques al ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, uno de los juristas más respetados en América Latina, queda claro que la intención del presidente y su equipo (pues el que calla otorga) es restarle independencia al poder judicial.
La situación es grave y la tendencia real: de acuerdo con el índice “restricciones judiciales al ejecutivo” elaborado por el proyecto sueco Variedades de la Democracia (el proyecto a cargo de medir el desarrollo democrático más ambicioso en la historia), la independencia judicial ha registrado un descenso en los dos últimos años no visto desde los años 30.
La segunda tendencia se trata del declive democrático por el que atraviesan varías democracias. Mientras que dos generaciones de politólogos se abocaron a estudiar las transiciones a la democracia por la que atravesaron varios países de Europa del Este, África, Asia y América Latina a finales del siglo XX, como parte de la llamada tercera ola de la democracia, de la cual México fue actor central con el entonces régimen autoritario más longevo del mundo, la ciencia política ha tenido que abocarse al estudio de la “apostasía democrática” (democratic backsliding) recientemente.
Y es que, de acuerdo con varios índices democráticos, 2020 fue el onceavo año consecutivo en que el promedio de la calidad de la democracia en el mundo ha disminuido. La tercera ola está en retroceso y México también forma parte de esta tendencia. De acuerdo con los cinco índices elaborados por Variedades de la Democracia (democracia liberal, igualitaria, participativa, deliberativa y electoral), la democracia en México ha registrado un continuo debilitamiento desde 2010 y este proceso se aceleró durante los últimos dos años. De manera alarmante, de acuerdo con el índice democrático, elaborado por el The Economist Intelligence Unit, la calidad de la democracia en México no solo también registra un descenso constante, pero, de seguir en esta trayectoria, México dejaría de ser calificado como democracia y estaría ingresando a la categoría de “regímenes híbridos” en tres años (hay cuatro categorías: democracias completas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios).
La tercera tendencia es la relación estrecha que existe entre las dos tenencias mencionadas. Existe evidencia en la ciencia política que uno de los factores responsables más importantes de la apostasía democrática es la disminución en la independencia judicial. Este fenómeno se ha registrado en sistemas que se caracterizan por fuerte disciplina partidaria y en donde el partido del jefe del ejecutivo controla el legislativo, como han sido los casos de Polonia y Hungría. En otros casos, el fenómeno ha llevado a estos países a formar parte de regímenes híbridos (Turquía) y autoritarios (Rusia y, sí, Venezuela).
Es tiempo de sonar la alarma. Ataques a jueces no solo deslegitiman al poder judicial ante la población, pero son unos de los primeros indicios de intenciones de gobernantes en debilitar al poder judicial y, por ende, la democracia: en efecto, evidencia de estudios en la ciencia política apunta a que ataques personales a jueces forman un primer paso en intentos claros en reducir la independencia judicial.
Las implicancias son claras. México forma parte de estas tres tendencias y su democracia, que ha costado tanto construir, y a pesar de sus muchas contradicciones, está en jaque.
Jordi Díez. Profesor en Ciencias Políticas, Universidad de Guelph, Canadá. Twitter: @buenosdiez