En sólo tres años, México experimentó una transformación institucional significativa: la autonomía de sus órganos electorales disminuyó de 3.66 a 2.42 en una escala de 0 a 4, según datos del proyecto Variedades de la Democracia (V-Dem 2025), que mide las percepciones de personas expertas. Al mismo tiempo, la percepción sobre la integridad de las elecciones realizadas descendió 16 puntos desde 2021 según el reconocido Proyecto de Integridad Electoral (PEI). Estos datos describen una situación dramática: lo que requirió tres décadas de construcción institucional experimentó un deterioro acelerado en un periodo muy breve.
Este no es un caso aislado. Después de medio siglo de innovación institucional, América Latina enfrenta una paradoja preocupante: en el momento en que más necesitamos órganos electorales robustos, estos enfrentan presiones y experimentan retrocesos que comprometen su autonomía, sus recursos y su nivel de profesionalización. Los datos de V-Dem revelan una trayectoria clara. Entre 1978 y 1997, la autonomía promedio de los organismos electorales en 18 países latinoamericanos aumentó de 1.4 a 3.09. Fueron años de reformas constitucionales ambiciosas y de un fuerte compromiso con el fortalecimiento institucional. La región construyó órganos electorales que se convirtieron en referencia para otras democracias que surgían. Sin embargo, la tendencia se ha revertido. En 2024 la percepción promedio sobre los niveles de autonomía de los organismos electorales descendió a 2.59. La erosión ha sido gradual pero sostenida.
Cuando los organismos electorales pierden autonomía respecto al gobierno o independencia respecto de otros actores políticos (como los partidos o los grupos de poder), la percepción de integridad electoral disminuye de manera consistente. Al analizar la relación entre autonomía (V-Dem) e integridad de las elecciones (PEI) encontramos una correlación de 0.85, en una escala donde 1 representa una correlación perfecta. El patrón se sostiene a lo largo de 74 elecciones analizadas en la región desde 1978 a 2025.
Hallazgo 1: Correlación fuerte entre autonomía e integridad electoral
Fuente: Elaboración propia a partir de V-Dem y PEI.
Los casos extremos ilustran este patrón. Costa Rica mantiene autonomía máxima desde 1980 y su Tribunal Supremo de Elecciones se consolidó como una de las instituciones más confiables del continente. Uruguay y Chile presentan una trayectoria similar. En el otro extremo, Venezuela, Nicaragua y El Salvador muestran el deterioro completo: organismos capturados por regímenes autoritarios, sin autonomía y procesos electorales sin garantías constitucionales, libertades ni integridad electoral.
La evidencia más significativa está en los casos intermedios, donde la mayoría de países enfrentan desafíos institucionales de manera cotidiana. Ecuador y Perú experimentan fluctuaciones entre crisis de confianza y recuperaciones, vinculadas muchas veces al tipo de liderazgo y el nivel de credibilidad que la ciudadanía y los actores políticos tienen de los responsables de los órganos electorales. Bolivia atraviesa transformaciones institucionales con cada alternancia de gobierno. Guatemala y Honduras no han logrado superar su debilidad institucional histórica. Y México, que representaba un ejemplo de construcción institucional exitosa, atraviesa su periodo de mayor vulnerabilidad.
Las estrategias de erosión institucional son recurrentes. Incluso siguen un mismo patrón. Primero, se implementan recortes presupuestales de manera gradual, justificados como medidas de austeridad, en el marco de una narrativa contra el sistema político tradicional y orientada a justificar cambios institucionales sustantivos. Después, se politizan nombramientos que solían ser técnicos, bajo la retórica de la "democratización". Luego se desarrollan discursos y campañas de desprestigio mediático que presentan a los órganos electorales como obstáculos o adversarios políticos para poder hacer las transformaciones que se requieren para una “verdadera democracia”. Por último, se instrumentaliza el sistema judicial para anular decisiones electorales inconvenientes o se impulsan reformas electorales desde el Ejecutivo que buscan ampliar su control de las instituciones, apoyados en mayorías legislativas que pueden cambiar las reglas de juego para hacerlas más propicias a sus intereses.
A estas presiones tradicionales se suman desafíos contemporáneos para los cuales los marcos institucionales del siglo XX no estaban diseñados. La desinformación digital se propaga con velocidad superior a cualquier capacidad de verificación oficial. Las vulnerabilidades de ciberseguridad transforman cada proceso electoral en un desafío técnico complejo. La violencia política en general, y la que se ejerce de manera específica contra las mujeres, presenta nuevos retos para la competencia electoral. La crisis de confianza en las instituciones democráticas alcanza también a los órganos electorales, que son percibidos muchas veces como parte del problema sistémico.
La autonomía de los organismos electorales resulta en particular crítica en sistemas presidencialistas federales, donde el poder se distribuye en múltiples niveles de gobierno y las oportunidades de interferencia electoral se multiplican en cada distrito subnacional. Sin órganos con capacidad de supervisión efectiva en todo el territorio y sin aceitadas relaciones entre ellos en términos multinivel, estos sistemas pueden ser escenarios propicios para el desarrollo de malas prácticas que comprometen la integridad electoral. De ahí que la profesionalización de los órganos electorales también contribuya a la integridad, aunque en menor medida que la autonomía. El análisis muestra una correlación de 0.69 entre capacidad técnica e integridad electoral en un rango que va de -1 a 1, según los proyectos de V-Dem y PEI.
Es posible entonces contar con personal capacitado y recursos adecuados, pero si el organismo carece de autonomía e independencia política, estos recursos pueden instrumentalizarse por quien esté en el poder. Si eso además se distribuye de manera asimétrica en el territorio sin reglas de cooperación claras, con múltiples actores formales e informales, la gobernza se complejiza. La autonomía constituye una condición necesaria; la profesionalización es una condición complementaria pero insuficiente por sí sola.
Hallazgo 2: Profesionalización también importa
Fuente: Elaboración propia a partir de V-Dem y PEI.
¿Cómo revertir la erosión de la autonomía y de la profesionalización de los organismos electorales? La evidencia comparada sugiere tres ejes de acción simultáneos. Primero, reformas institucionales de largo plazo. El blindaje constitucional del presupuesto para temas electorales es fundamental: vincular los recursos a un porcentaje fijo del PIB o del presupuesto nacional impide su uso como instrumento de presión política. También es necesario desarrollar sistemas de servicio civil que impulsen carreras profesionales dentro de los organismos electorales, con criterios técnicos de ingreso, permanencia y promoción que blinden a los funcionarios de los ciclos políticos. La experiencia mexicana del sistema de servicio civil electoral, con estabilidad laboral y formación continua, es un excelente ejemplo.
Segundo, transformaciones en la gobernanza electoral. Los nombramientos de consejeros electorales deben despolitizarse mediante mecanismos que privilegien calificaciones técnicas basadas en el mérito. Algunos países han experimentado con procesos de evaluación pública que aumentan la transparencia. Además, los órganos electorales deberían pensarse como articuladores de un ecosistema de integridad electoral que incluye: observadores electorales, organizaciones de la sociedad civil, medios de verificación y plataformas ciudadanas de monitoreo. Su papel no es monopolizar la supervisión electoral sino coordinar a múltiples actores, abandonando con ello la idea de que son actores únicos en todo lo que tiene que ver con el ámbito electoral.
Tercero, estrategias de comunicación y educación cívica. Frente a la desinformación digital, los organismos electorales requieren capacidades de verificación en tiempo real y comunicación proactiva que explique procesos técnicos complejos en lenguaje accesible. Pero también necesitan programas sostenidos de educación cívica que fortalezcan la cultura democrática más allá de los periodos electorales y que permitan mejorar los niveles de conocimiento y confianza de la ciudadanía hacia el ecosistema electoral.
Estas medidas técnicas, sin embargo, requieren una condición política previa: consensos multipartidistas que sitúen la integridad electoral por encima de las ventajas coyunturales. Los partidos deben comprender que la debilidad institucional afecta a todas las opciones políticas. Cuando el árbitro pierde credibilidad, todos los jugadores pierden legitimidad. Esto implica negociaciones políticas difíciles donde cada actor renuncia a maximizar su poder de corto plazo a cambio de reglas estables.
La integridad electoral no puede concebirse como responsabilidad exclusiva de un actor institucional. Constituye un ambiente donde organismos autónomos, partidos democráticos, medios independientes y ciudadanía informada y responsable deben coexistir en equilibrio. El debilitamiento de cualquier componente compromete el funcionamiento del sistema en su conjunto. Lo que está en juego trasciende los aspectos administrativos del proceso electoral: se trata de la capacidad de las democracias para garantizar alternancia política sin violencia, de asegurar que cada voto tenga el mismo peso con independencia del poder de quien lo emite y del lugar del territorio donde se deposite en las urnas, y de que las mayorías puedan expresarse mientras las minorías mantienen sus derechos protegidos.
América Latina construyó organismos electorales sólidos cuando hubo voluntad política para respaldarlos. En la medida en que esa voluntad se debilita, se hace evidente la fragilidad de nuestras instituciones democráticas. La cuestión central es si los actores democráticos reaccionarán de forma oportuna para revertir esta tendencia, o si permitirán que el deterioro institucional continúe hasta comprometer irreversiblemente la supervivicencia de las democracias.
Flavia Freidenberg
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM