El 4 de diciembre de 2024, Brian Thompson -director general de UnitedHealthcare– fue asesinado a balazos mientras salía de un hotel en Nueva York. Los disparos, efectuados por la espalda, dejaron atónita a la industria de seguros y encendieron una ola de especulaciones sobre los motivos del crimen.
Sin embargo, el hallazgo de un detalle convirtió el asesinato en un enigma aún mayor: las balas que acabaron con la vida de Thompson estaban grabadas con tres palabras: Deny (negar), Delay (retrasar) y Depose (disputar). Un mensaje inquietante que parecía aludir a la polémica estrategia que muchas aseguradoras utilizaron durante décadas para evitar el pago de indemnizaciones.
La inscripción remitía a su vez al libro Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It, publicado en 2010, por Jay M. Feinman. El cual denunciaba cómo las aseguradoras de salud, automóviles y bienes inmuebles empleaban tácticas sistemáticas para evadir el pago de compensaciones.
Cinco días después de este asesinato, la policía capturó en Pensilvania a Luigi Mangione, un joven de 26 años, con estudios universitarios y sin antecedentes penales relevantes. Según las autoridades, Mangione habría actuado como un «soldado» en una campaña más amplia contra las aseguradoras, motivado por una ideología que denunciaba sus prácticas abusivas. En su habitación, los investigadores encontraron un manifiesto en el que criticaba el modelo de negocio de las compañías de seguros y se disculpaba por el impacto de su crimen.
El arresto desató un intenso debate en redes sociales. Miles de usuarios, si bien reconocían la ilegalidad de su acto, argumentaron que existía una justificación ética detrás del ataque. La indignación popular giró en torno al papel de las aseguradoras en la crisis del sistema de salud y cómo sus estrategias de retrasos y negativas de pago han privado a muchas personas de tratamientos médicos esenciales. En pocos días, Mangione fue elevado a la categoría de símbolo: «el Robin Hood de la salud», cuyo asesinato dio voz a quienes han sido víctimas de las prácticas corporativas del sector.
Desde el ámbito judicial, sin embargo, la postura ha sido contundente. Alvin L. Bragg, fiscal del distrito de Manhattan, calificó el asesinato como “un crimen aterrador, meticulosamente planificado y con una clara intención de causar conmoción, atención e intimidación”, sugiriendo que el caso podría ser enmarcado como un acto de terrorismo.
Las acusaciones contra Mangione son graves y múltiples. A nivel estatal en Nueva York, enfrenta cargos por asesinato en primer grado, dos cargos por asesinato en segundo grado con agravante de terrorismo y ocho cargos por posesión ilegal de armas. La pena máxima en este caso es cadena perpetua. En Pensilvania, los cargos incluyen dos por portación de arma sin licencia, falsificación de identidad, posesión de instrumentos del delito y falsificación de documentos. A nivel federal, se le imputan dos cargos de acoso, un cargo por delito con arma de fuego y otro por asesinato mediante el uso de un arma de fuego, este último con una posible condena a la pena de muerte. Pese a la contundencia de las acusaciones, Mangione se declaró inocente.
Este caso se ha convertido en un punto de inflexión en el debate en torno al acceso a la salud en Estados Unidos; en concreto, sobre las prácticas abusivas de las aseguradoras y de un modelo que pone privilegia las ganancias sobre la salud de las personas. Más allá, reabre la discusión sobre los límites del derecho y la justicia, enfrentando a quienes consideran a Mangione como un criminal peligroso que amerita un castigo ejemplar, y a muchos más quienes lo perciben como el héroe que enfrentó a un sistema injusto y fallido.
Las aseguradoras y la ética: prácticas controvertidas
Las compañías de seguros de salud, en su afán por maximizar ganancias recurren, a menudo, a prácticas éticamente cuestionables que impactan a los pacientes, a los cuidadores primarios, a los amigos y a los familiares cercanos a las personas que atraviesan por una condición médica. Estas prácticas incluyen imponer requisitos excesivos para la aprobación de tratamientos, negar la cobertura de ciertos tratamientos o procedimientos médicos, limitar el acceso a medicamentos prescritos, así como ejercer presión sobre los pacientes y sus familias para que acepten tratamientos menos costosos pero potencialmente menos efectivos o, en su caso, se conformen con reembolsos tardíos y parciales.
Estas prácticas no son nuevas. Desde 1870, se han documentado abusos por parte de las aseguradoras médicas. Un ejemplo claro es el caso de Connecticut Mutual Life Insurance Company, cuyos contratos recurrían a un razonamiento circular para evitar los pagos. La póliza incluía un cuestionario con una extensa y ambigua lista de enfermedades que el contratante debía declarar si había padecido. Esta incluía desde enfermedades crónicas, como el cáncer, hasta padecimientos comunes, como dolores de cabeza o fiebre.
La declaración de enfermedades servía como argumento para negar la cobertura de incidentes futuros. Si el padecimiento había sido declarado, se consideraba preexistente y, por tanto, quedaba excluido del contrato. Pero si la enfermedad no figuraba en la lista, la aseguradora iniciaba una investigación para demostrar que el cliente había cometido fraude al no declararla, lo que también resultaba en la negación del pago. En otras palabras, el razonamiento de la aseguradora estaba construido sobre un falso dilema: sin importar la respuesta del asegurado, la compañía siempre encontraba una justificación para rechazar la cobertura (Feinman, 2010).
Desafortunadamente, los casos de este tipo se cuentan por miles, y su impacto se amplifica con el tiempo. Hay que decirlo sin rodeos: las prácticas éticamente cuestionables de las aseguradoras de salud no sólo afectan a los pacientes individuales, sino a sus familias y comunidades. El malestar por dichas prácticas alcanzó a su primera víctima mortal: Brian Thompson, el director general de UnitedHealthcare.
En el mencionado Delay, Deny, Defend, Feinman detalló la mecánica de las aseguradoras y los resumió en la técnica de las 3D: delay (retrasar), deny, (negar) y defend (disputar en tribunales): “surgió como una estrategia a mediados de la década de 1990 debido a la presión inusual sobre las ganancias de las compañías de seguros debido al “ciclo de suscripción” de seguros y una serie de eventos catastróficos. Luego fue alimentada por la nueva cultura corporativa que adoraba el crecimiento y las ganancias, y por una intensa competencia de precios. En esencia, no implica más que engañar a los clientes aquí y allá; transforma el proceso de reclamaciones en un centro de ganancias”. (Feinman, 2010, p. 26-27).
Específicamente, cada vez que alguno de los asegurados solicitaban a las aseguradoras que cubrieran un los gastos de un padecimiento, la respuesta consistía en solicitar más documentación para retrasar la respuesta el mayor tiempo posible; el segundo paso era negar la solicitud, alegando alguna preexistencia del padecimiento, falta de cobertura o algún otro subterfugio; finalmente, cuando los asegurados se desesperaban, las aseguradoras les respondían que si no estaban de acuerdo, podían demandar.
Esta fue la mecánica que siguió UnitedHealthcare, la empresa que dirigía Thompson, como la mayoría de las aseguradoras, para evitar cubrir los gastos médicos de sus afiliados (Vivas, Bagnulo, 2021). Además de las consideraciones jurídicas correspondientes, la mécanica de las 3D es perversa porque deliberadamente engaña a los contratantes del seguro, busca desanimarlos con trámites interminables y, si resisten, los emplaza a una batalla jurídica asimétrica: un ciudadano enfermo o convaleciente endeudado tendría que enfrentar a una corporación multimillonaria.
Con la mecánica 3D, las compañias aseguradoras mantienen ganancias elevadas; por su parte, los asegurados pierden doblemente pues no pueden hacer valer la póliza adquirida pero tampoco tienen opción de cambiar de aseguradora, pues ninguna empresa emitiría una póliza que pague por los daños de un evento pasado.
Este modus operandi ya había llamado la atención del Senado norteamericano. El 17 de mayo de 2023, a través del Subcomité Permanente de Investigaciones lanzó una investigación sobre las barreras que enfrentan las personas mayores para acceder a las coberturas de sus seguros. El subcomité recabó y analizó 280,000 páginas con la información de las tres mayores aseguradoras: UnitedHealthcare, Humana y CVS, que en conjunto cubren el 60% de las pólizas del mercado norteamericano.
Los resultados fueron escandalosos. El estudio mostraba la tasa de negativa de las solicitudes de adultos mayores y la desagregaba en tres rubros: uso del centro de enfermería especializada -con rechazo en 12.6% de los casos en 2022-; uso del centro de rehabilitación para pacientes hospitalizados -con rechazo del 71.4% de los casos en 2022-; y permanencia en hospital en cuidados intensivos a largo plazo -con rechazo del 83.7% de los casos en el mismo año. Además, el estudio mostró que las tasas de negativa habían ido en aumento desde 2019 y que la proveedora de seguros con mayor incidencias de este tipo fue UnitedHealthcare -este periodo coincide con la presidencia de Thompson-.
A pesar de los resultados del informe del Senado, la página de UnitedHealthCare sostiene exactamente lo contrario: que la tasa de aprobación de reclamos médicos es “aproximadamente del 90% al momento de su presentación (…)”. Y concluye afirmando que: “ Cualquier otra cifra que se esté discutiendo en algunos sectores y que pretenda ser la tasa de aprobación de UnitedHealthcare está equivocada”. Esta y otras afirmaciones que aparecen en la página son falsas e inducen a engaño.
El caso Luigi Mangione
El asesinato cometido por Luigi Mangione marcó un punto de inflexión en el debate público y ha adquirido un carácter profundamente polarizador. Para algunos, representó una amenaza inaceptable a la seguridad de las élites económicas en Estados Unidos; para muchos otros, fue un acto de protesta, un estallido de indignación contra un sistema que ha despojado de acceso a la salud a millones de personas.
Mangione comenzó a ser percibido como una especie de vengador, alguien que buscaba ajustar cuentas con un modelo de aseguradoras que, durante décadas, ha lucrado a costa del sufrimiento humano. Antes incluso de conocerse su identidad, el ánimo social ya se inclinaba hacia la comprensión, cuando no la justificación, e inclusive el abierto apoyo, del crimen.
Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un debate encendido, donde la simpatía por el presunto asesino creció rápidamente. Si bien el asesinato es un acto ilegal, para muchos se trata también de un acto de justicia: alguien debía asumir las consecuencias de un sistema que ha convertido la salud en un negocio impune y despiadado.
Ocho días después del asesinato, una encuesta de Emerson College Polling reveló datos sorprendentes y preocupantes. El 41 % de los jóvenes encuestados consideró que el asesinato era completamente aceptable o, al menos, justificable. En su lógica, la muerte de Thompson era consecuencia de sus propias decisiones, una reacción ante años de políticas deshumanizantes. Sin embargo, esta postura ignora un principio fundamental: el imperativo ético de no matar.
Quince días después, una nueva encuesta de CloudResearch arrojó resultados que profundizaron el debate: 1 de cada 4 adultos en EE. UU. manifestó simpatía hacia Mangione como expresión del hartazgo ante la injusticia sistémica. Un 30 % afirmó identificarse con su situación y otro 30 % declaró sentir empatía por su sufrimiento personal. En conjunto, la sociedad estadounidense parecía estar enviando un mensaje claro: su indignación no sólo era con el acto cometido, sino con el sistema que lo hizo posible.
El respaldo a Mangione no ha disminuido con el tiempo; por el contrario, ha evolucionado. Lo que comenzó como un fenómeno en redes sociales se ha transformado en una recaudación de fondos que, hasta la fecha, ha reunido más de 360,000 dólares para su defensa legal. La mayoría de los donantes han optado por el anonimato, mientras que el sitio web www.luigimangioneinfo.com se ha convertido en una plataforma para seguir su estrategia jurídica.
Más allá del juicio en los tribunales, lo que este caso ha dejado en evidencia es un profundo malestar social. Mangione no es meramente un individuo enfrentando la justicia; para muchos, es el símbolo de una lucha mayor contra un sistema que, hasta ahora, ha mostrado más interés en proteger sus ganancias que en garantizar el derecho a la salud.
Impacto de las prácticas de las aseguradoras: el nudo jurídico-ético
El asesinato de Brian Thompson expuso una realidad incómoda: la creciente inconformidad con el trato que las compañías aseguradoras brindan a sus clientes. En el centro del debate está una verdad innegociable: la salud es un derecho humano y no debería reducirse a una mera transacción comercial, mucho menos cuando las reglas del juego favorecen a unos pocos y perjudican a quienes más la necesitan.
Este hecho trágico no sólo evidenció los extremos a los que puede llegar la desesperación ante un sistema injusto, sino que también subrayó la urgencia de una reforma estructural. Es imperativo replantear los términos en los que operan las aseguradoras para garantizar que los pacientes reciban la atención y el respaldo que merecen, sin que su bienestar quede supeditado a cláusulas confusas o decisiones arbitrarias.
El acceso a un sistema de salud adecuado es fundamental para la calidad de vida y el bienestar de cualquier sociedad. No es una cuestión de privilegio, sino de necesidad: todos, en algún momento de nuestra vida, enfrentaremos enfermedades o accidentes que requerirán atención médica. En este sentido, la responsabilidad del Estado es ineludible. Debe garantizar un acceso efectivo a los servicios de salud, ya sea mediante aseguradoras privadas, un sistema público robusto o un modelo mixto que equilibre eficiencia y equidad.
El filósofo John Rawls sostenía que la salud es un bien social primario que debe estar garantizado para asegurar la igualdad de oportunidades. Sin ella, cualquier otra aspiración —educativa, profesional o personal— se ve comprometida. No se trata sólo de asistencia médica, sino de la posibilidad misma de desarrollar un proyecto de vida sin estar condicionado por el infortunio de la enfermedad o la falta de recursos para enfrentarla (Rawls, 2006).
Las fallas en el acceso a la salud generan desigualdades profundas y, en muchos casos, insalvables. Cuando un sistema de aseguramiento impone barreras económicas o burocráticas, obliga a los pacientes a tomar decisiones trágicas: renunciar a tratamientos esenciales, endeudarse sin remedio o, en el peor de los casos, aceptar el deterioro de su calidad de vida como un destino inevitable. Esta situación no es sólo injusta, sino corrosiva para el tejido social.
Norman Daniels lo planteó con claridad: la única base racional para la distribución de los servicios médicos es la necesidad de los pacientes. Cualquier otra lógica —sea burocrática, administrativa o económica— conduce a inequidades devastadoras que erosionan la salud pública y el bienestar colectivo (Daniels, 2008, p. 20).
Ante esta realidad, no se trata únicamente de sancionar con dureza a Luigi Mangione para dar una lección ejemplarizante. La violencia nunca es justificable, pero su raíz no puede ser ignorada. El verdadero desafío no es castigar, sino reformar el sistema que permitió que este nivel de frustración se convirtiera en un detonante. Se requiere una respuesta estructural, ética y económicamente sustentable que impida que los intereses financieros sigan prevaleciendo sobre la dignidad y el bienestar de los pacientes. Únicamente así se evitará que la desesperación siga cobrando víctimas —en cualquiera de sus formas— y que la salud deje de ser un privilegio para volver a ser lo que nunca debió dejar de ser: un derecho humano fundamental.
El hombre injusto, el hombre malo y el hombre perverso
Más allá de las prácticas cuestionables de las aseguradoras, el caso de Luigi Mangione plantea dilemas éticos profundos. ¿Es el asesinato de Brian Thompson equiparable, en términos morales, a la mecánica 3D implementada por las aseguradoras bajo su dirección? Si ambas acciones son reprochables, ¿por qué el Estado ha sido omiso ante esta última, pero ahora busca imponer un castigo ejemplar respecto la primera? Y, quizá la pregunta más inquietante: ¿por qué el asesinato de Thompson generó tanta empatía y logró movilizar a la opinión pública estadounidense?
Una forma analítica de abordar este dilema es descomponerlo en sus elementos esenciales. Según Claudia Card, el mal moral tiene dos componentes fundamentales: el daño causado y la intención con la que se ejecuta (Card, 2002). Si partimos de esta premisa, el asesinato es la máxima expresión de daño porque es irreversible. Por seductora que resulte la imagen de Mangione como un justiciero, su acto sigue siendo éticamente reprobable: aunque sus motivos puedan ser comprendidos, no existe justificación moral para el asesinato de Thompson. En ese sentido, su crimen es, además de éticamente inaceptable, jurídicamente punible. Mantener la coherencia entre la ética y la ley es fundamental para prevenir la violencia y evitar la erosión del orden social. Aceptar el asesinato como una forma de justicia, por más legítima que parezca la indignación que lo motivó, abriría la puerta a la justicia por propia mano, socavando gravemente el Estado de derecho.
Por otro lado, las prácticas de las aseguradoras y de sus ejecutivos —incluido Thompson— evidencian un patrón de abuso sistemático: privilegiaron la rentabilidad sobre la salud de sus clientes, convirtiendo la mecánica 3D (denegar, demorar, disputar) en una política de facto. Esto no fue un caso aislado, sino la manifestación de una injusticia estructural que ha causado un malestar social creciente y que expone la desconexión entre las necesidades de los pacientes y las prioridades de la industria aseguradora. A esta falla de mercado le siguió una falla del Estado: la inacción de las instituciones permitió que este modelo se perpetuara sin consecuencias.
Desde otra perspectiva, John Rawls ofrece una distinción útil para analizar a los actores de este caso: el hombre injusto, el hombre malo y el hombre perverso. Según Rawls, el hombre injusto busca el poder arbitrario con fines pragmáticos, como la riqueza o la seguridad; el hombre malo, en cambio, desea ese poder no sólo por sus beneficios, sino porque encuentra satisfacción en el dominio sobre los demás; finalmente, el hombre perverso actúa por amor a la injusticia misma: goza de la humillación de sus víctimas y se complace en ser reconocido como el artífice de su sufrimiento (Rawls, 2006, p. 357).
Bajo esta clasificación, Mangione encajaría en la categoría del hombre malo, pues asumió un poder extremo al decidir sobre la vida de otro. Thompson, en cambio, encajaría en el perfil del hombre perverso: su liderazgo en la industria aseguradora, basado en la negación y postergación sistemática del derecho a la salud, no sólo perjudicó a miles de personas, sino que convirtió su desesperación en una fuente de lucro. Sus decisiones no fueron simples actos de injusticia, sino manifestaciones de una perversidad estructural que colocó la ganancia por encima del sufrimiento humano.
Esta es la clave de la indignación social que ha generado el caso Mangione: no se trata sólo de un asesinato, sino de la reacción extrema a un sistema que durante años ha condenado a muchas personas a una muerte lenta y burocratizada. Por eso, aunque la acción de Mangione sea inmoral y jurídicamente reprobable, el juicio que está por comenzar pasado mañana será más que una sentencia, será un examen de conciencia sobre las fallas de un sistema que, con su indiferencia, creó su propia crisis.
Valeria López Vela. Filósofa, profesora asociada del CIDE.
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Card, C. (2002). The atrocity paradigm: A theory of evil. Oxford University Press.
Daniels, N. (1985). Just health care. Cambridge University Press.
Feinman, J. (2010). Deny, delay, defend: Why insurance companies don’t pay claims and what you can do about it. Portfolio.
Himmelstein, D. U., & Woolhandler, S. (2020). Health care crisis unabated: A review of recent data on health care in the United States [Review of Health care crisis unabated: A review of recent data on health care in the United States]. International Journal of Health Services, 51(2), 182. SAGE Publishing. https://doi.org/10.1177/0020731420981497
Rawls, J. (2006). Teoría de la justicia (M. D. González, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
U.S. Senate Permanent Subcommittee on Investigations. (2024). Refusal of recovery: How Medicare Advantage insurers have denied patients access to post-acute care, majority staff report, Senator Richard Blumenthal.
Vivas, C., & Bagnulo, H. (2021). Homicidios intencionales en la salud. Un tema huérfano de la seguridad asistencial. Revista Médica del Uruguay, 37(3). https://doi.org/10.29193/rmu.37.3.9
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