El primero de septiembre de 2025 será recordado como la fecha que marca el inicio de una nueva era del Poder Judicial en México. Sin romantizar y asumiendo las mejoras institucionales que desde luego eran necesarias, quedan atrás tres décadas de profesionalismo e independencia que caracterizaron al Poder Judicial desde 1994.
Es así que la democracia constitucional como la conocimos es cosa del pasado. En el arreglo institucional, el Consejo de la Judicatura desempeñó un papel adecuado y fundamental en los mecanismos para el nombramiento de jueces y magistrados. Lo mismo vale para el nombramiento de magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde una de las cámaras legislativas –el Senado, que conforma otro de los poderes del Estado y está integrado de forma que refleja la pluralidad política del país–, tenía la facultad de designar –a propuesta del presidente de la República– a los integrantes del máximo tribunal del país. Este mecanismo dotaba a los ministros de la Suprema Corte de una legitimidad incuestionable. Más allá de que provinieran de trayectorias políticas o académicas –en el menor de los casos– o con probada carrera judicial, es indiscutible que llegaron a la Suprema Corte perfiles aptos para desempeñar la importantísima función de Estado que les encomendaba la Constitución. Desde luego, cumplieron con los requisitos legales y constitucionales para asumir los cargos. Una banalidad en los tiempos que corren.
El propósito de este texto es hacer un recuento para presentar argumentos que cuestionan la legitimidad sobre la que descansa el nuevo Poder Judicial y evidenciar que haber hecho creer que esta elección implicó un ejercicio democrático que acercaría a la ciudadanía con las personas juzgadoras, es una falsedad.
En primer lugar, desde luego, hay que señalar la viciada sobrerrepresentación que se otorgó a la coalición legislativa para obsequiarle la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para obtener los votos necesarios y aprobar la regresiva reforma judicial. De forma complementaria, las traiciones legislativas y las extorsiones en tiempo real que se presentaron para que un puñado de senadores se sumaran al oficialismo y, con ello, también conseguir la mayoría calificada.
Por otro lado, cuando elegimos al poder legislativo, esperamos que quien ocupe la curul se preocupe por quienes lo eligieron y, en principio, defienda e impulse los intereses de sus representados. No así de las personas encargadas de impartir justicia, de quienes debería esperarse experiencia, imparcialidad y autonomía. Sin embargo, la elección judicial dio pie a elegir por popularidad a funcionarias y funcionarios mediante un proceso que premia la visibilidad, complacencia y cercanía con el electorado, totalmente en sentido contrario a la naturaleza de sus funciones.
No nos detenemos en el desaseado proceso de selección por parte de los comités de evaluadores de los poderes del Estado que se encargaron de seleccionar los nombres de las candidaturas que eventualmente llegarían a las boletas electorales. Mención aparte merece el impecable trabajo del comité de evaluación del Poder Judicial que, dadas las circunstancias, realizó un trabajo ejemplar hasta donde pudo. Como fue pública y ampliamente documentado, y después sería motivo de revisiones por parte de las autoridades electorales, los otros comités de selección permitieron que llegaran a las boletas perfiles de candidaturas que iban de lo no apto e idóneo, a lo directamente ilegal e inconstitucional.
Si eso fuera poco, las condiciones de la elección la convirtieron en la más compleja a la que la ciudadanía se haya enfrentado en la historia de nuestro país, derivado de diversos motivos: porque se trató de la primera en su tipo en la que se votó por ese tipo de cargos; porque la amplísima mayoría ciudadana no tiene un acercamiento con la estructura del Poder Judicial y, en buena medida, no tuvo idea qué fue lo que votó; porque el diseño de boleta no se socializó suficientemente; porque la única pedagogía sobre la forma de votar se difundió con fines fraudulentos a través de la “operación acordeón”; porque no todos los ciudadanos votaron por los mismos cargos; porque se eligieron directamente a ciudadanas y ciudadanos en vez de a partidos políticos; y porque –en buena medida– candidatas y candidatos resultaron absolutos desconocidos para la ciudadanía.
Fue así como, en medio de importantes restricciones, las candidaturas judiciales salieron a pedir el voto, en campañas abúlicas, desganadas y sin impacto, en las que no estuvo permitido darse a conocer mediante el acceso a recursos públicos, la contratación de espacios en radio y televisión o la publicidad en bardas o espectaculares. Por el contrario, la promoción dependió de los recursos de cada candidatura, con las redes sociales como su principal herramienta y apelando a que la ciudadanía accediera al portal del INE para conocer con más detalle sus perfiles, lo cual resultó total y absolutamente ingenuo.
En cuanto al proceso de organización electoral, al ser tal cantidad de candidaturas –en vez de unos cuantos partidos políticos–, no hubo forma de acreditar a igual número de representantes en cada casilla para vigilar que no se cometieran ilegalidades. Como quedó claro –y aquí una de las principales fuentes de ilegitimidad de la elección de personas juzgadoras–, no se trató de una elección libre, con condiciones mínimas de integridad, dada la evidencia pública del empleo de “acordeones”, profusamente difundidos para determinar el voto y los resultados de la elección. La elección judicial como un gran fiasco y farsa.
En cuanto a la certeza en los resultados, la labor de las personas funcionarias de casilla se limitó a clasificar boletas y a armar paquetes electorales. No hubo escrutinio ni cómputo de votos en las casillas, con lo que un componente ciudadano fundamental en la organización y validación de la elección, se eliminó. No hubo sábanas con resultados al exterior de las casillas. No se anularon boletas sobrantes. Los paquetes electorales se enviaron a las sedes distritales sin acompañamiento de representantes. Tampoco hubo conteos rápidos ni programas de resultados electorales preliminares. Y no fue por mero capricho, sino síntoma de las enormes dificultades materiales enfrentadas para poder llevar a cabo la elección, que impidió implementar los procedimientos y estándares de calidad habituales de la autoridad electoral. En organización y capacitación electoral, el Instituto Nacional Electoral hizo –bien- lo que pudo; no lo que hubiera querido.
A los argumentos de ilegitimidad hay que sumarle el porcentaje raquítico de participación ciudadana, explicada en un espectro que va del desinterés hasta el desprecio y repudio. En números cerrados, si a 13 % de participación se le descuenta el voto nulo –ya sea por errores derivados de la complejidad de la votación o por abierta manifestación de rechazo–, como saldo, menos de 10 % de la votación fue efectiva. ¿Qué legitimidad se puede aducir cuando 1 de cada 10 acudieron a las urnas a esta práctica demagógica de cesarismo plebiscitario?
Todo servidor público debería tener una conducta ejemplar. Más aún aquellos que llegan a importantes responsabilidades públicas a través del voto ciudadano. En este contexto, resulta lamentable que algunas de las personas que serán las encargadas de impartir justicia en distintos ámbitos, hayan cometido diversas faltas a la normatividad de financiamiento y, por lo tanto, fueran acreedoras a sanciones de fiscalización por irregularidades en el uso de recursos en las campañas judiciales. Están obligados a un estándar más elevado, que no cumplieron.
Una raya más al tigre, el asunto del desempeño académico. Por ridículo que parezca, se estableció como requisito constitucional un promedio mínimo general y en las materias de especialización para acceder a un cargo derivado de la elección judicial. Como los comités de selección faltaron a su deber de verificar este requisito, candidaturas que lo incumplían llegaron a las boletas electorales y el “operativo acordeón” se encargó de hacer el resto. En esa lógica, al Instituto Nacional Electoral le correspondió revisar el cumplimiento de todos los requisitos de elegibilidad –por más absurdos que fueran– antes de entregar las constancias que avalaban el triunfo de las candidaturas respectivas. En los casos de incumplimiento, no se expidieron en un primer momento dichas constancias. De tan absurdo, es de no creerse: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) realizó una interpretación acorde con los criterios adoptados por su mayoría adicta a la agenda del oficialismo, que determinó una suerte “matemática electoral paralela”, por la que con criterios “cualitativos” orilló al INE a que certificara el triunfo de las candidaturas que no cumplieron con los correspondientes requisitos de promedio académico. Así de absurdo.
Finalmente, y de nueva cuenta para deshonra de la mayoría oficialista del TEPJF, no fue aprobado el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez –que, ante el cúmulo de irregularidades, presentó un proyecto cuestionando la validez de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia la Nación, y, en consecuencia, proponiendo su nulidad (TEPJF, 2025). Dicho proyecto retomó evidencia estadística para sustentar de manera contundente el sentido de su resolución.
La manera en el que se diseñó la elección, los acordeones que determinaron el resultado, las actuaciones de las tres ministras que repiten en el cargo, las fotografías políticas de las visitas realizadas por quien encabeza el Poder Judicial y la agenda que entrevera el 1º de septiembre la toma de protesta de los nuevos ministros con los festejos y celebraciones de la presidenta de la República, abonan a los peores augurios en términos del desempeño partidizado en la nueva época del Poder Judicial. Completamente distinta a la integración de una parte de la Suprema Corte que, hasta hace unos días, defendió –hasta donde pudo– con dignidad y firmeza la independencia del Poder Judicial y la democracia constitucional del país, oficialmente en retirada.
Eduardo Nateras
Politólogo del ITAM. Especialista en temas electorales
Horacio Vives Segl
Profesor del Departamento Académico de Ciencia Política del ITAM
LALO Y HORACIO: La dizque nueva era y «legitimidad» del poder judicial, es muy discutida, porque como el anterior poder, el actual, «elegido» mediante una farsa electoral con acordeones de oro, ya quedó también bajo la férula del Poder Ejecutivo, pero de ninguna manera será un poder representativo, como lo es el propio poder ejecutivo y la cámara de diputados, que desde hace muchos ayeres, perdió la H. de honorable. Vale.