En el informe presentado por Article 19 Distorsión: el discurso contra la realidad describimos una situación de la libertad de expresión que no es mejor a la de 2019 ni años anteriores. En el año de la pandemia la degradación de la conversación pública y los mecanismos de censura se mantienen y agudizan. La emergencia sanitaria mundial desnudó a nuestras sociedades desiguales y excluyentes. Los anclajes autoritarios se reactivaron y tomaron formas más sutiles pero no por ello menos dañinas para el espacio democrático. La crisis sanitaria, económica y psicosocial que avanza, tiene impactos diferenciados y avasallantes debido a la discriminación estructural prohijada por un sistema político y socioeconómico injusto. Dicha violencia estructural a nivel mundial, ahora, no ha sido acometida debidamente ni tiene visos de que así sea.
Ilustración: Belén García Monroy
Con este informe damos cuenta sobre cómo se mantiene las preocupantes tendencias evidenciadas en 2019. Los derechos de libertad de expresión e información fueron vulnerados de diversas formas, condicionando así el ejercicio de otros derechos humanos. En este contexto de pandemia pero como responsabilidad directa del quehacer gubernamental a distintos niveles, se consolidaron en el segundo año de gobierno el miedo, la opacidad, impunidad y la negación de la atrocidad. La desinformación, proveniente de diversas fuentes (incluso gubernamentales), abonó a una polarización que intoxica el debate público. Este año también vimos como el virus SARS-Cov-2 mostró la cara más dolorosa de la precariedad laboral, la falta de garantías institucionales del derecho a la salud, la ausencia de información pertinente para comunidades y pueblos indígenas, el recrudecimiento de la violencia doméstica contra las mujeres.
Es aquí donde opera la distorsión. Con la deformación de la realidad a través del discurso. Una realidad escurridiza, cruda y dura que pretende someterse a los contornos de una retórica que la tergiversa y manipula. A lo largo de seis capítulos veremos como los dichos de quienes encabezan un gobierno que prometió una gran transformación de la vida pública son la estrategia para no aceptar, corregir y encausar una acción que garantice y proteja de manera plena y robusta la libertad de expresión y el derecho a la información. En este sentido, la obsesión por la disputa en el terreno narrativo tiene consecuencias severas sobre dichos derechos.
Primero revisamos la tergiversación de un ejercicio plausible como las conferencias matutinas, convertida ya en un arma de gobierno. Con el tiempo la conferencia de prensa mañanera se ha alejado de un verdadero espacio informativo, de transparencia y rendición de cuentas; convirtiéndose en uno donde se concentra y posiciona agenda a cualquier costo, incluso sacrificando la verdad sobre la acción gubernamental. Prácticamente se persigue que en la arena pública la única voz que se escuche sea la del presidente (concentración) y a su alrededor la información que corrobore y desestime sus dichos es negada mediante artilugios legales (clausura).
A lado de esta nueva forma de comunicar se mantienen resabios del autoritarismo que se buscaba desmontar, como la asignación opaca de la publicidad oficial constituida en forma de censura sutil. Según cifras preliminares del 2020, el 54 % del total ejercido en comunicación social se repartió en 10 empresas de comunicación, mientras que otros 387 apenas alcanzaron el 46 % señala el estudio. Así también, el 60 % de ese gasto se erogó los últimos tres meses del año, dando cuenta de la ineficacia en su operación.
De la misma manera, los otros datos que el presidente dice tener -sobre todo en materia de derechos humanos- parecen no existir en los acervos documentales oficiales, ya que, al solicitar a presidencia vía transparencia el sustento de la información, las respuestas de incompetencia pasaron de 0 en 2019 a 329 en 2020. Es a la luz de esta estrategia que cobra sentido la amenaza recurrente de desaparecer a los organismos garantes del acceso a la información, transparencia y protección de datos personales.
En un segundo momento, acotamos que la desigualdad, en varios de sus ámbitos como la brecha digital y la falta de información asequible y culturalmente adecuada para poblaciones en situación de vulnerabilidad, agudiza la dinámica de exclusión que lastima al país. También abordamos la otra violencia contra la prensa que ha mostrado su cara más cruda durante la pandemia: la precariedad laboral de la prensa. Hasta finales de febrero de 2021 ya habían fallecido casi 100 periodistas, dando cuenta de las grandes falencias que en materia laboral y de previsión social padecen las y los periodistas de este país.
Como tercera tendencia, mostramos el crecimiento ascendente y vertiginoso de la violencia contra la prensa. Con 692 agresiones contra periodistas, una cada 13 horas, difícil creer que estamos en el estado más óptimo para el ejercicio de la libertad de prensa. De ahí señalamos también el peligroso “efecto cascada” de la caracterización negativa que hace el presidente y algunos integrantes de su gabinete sobre la prensa, lo cual se reproduce y recrudece a nivel local a manera de hostigamiento, amenazas y uso ilegítimo del poder público en contra de periodistas. No sobre decir que estas agresiones, en un 49.5 % son cometidas por autoridades de distintos niveles de gobierno. En este contexto de asedio a la prensa, no dejamos de señalar los asesinatos contra periodistas en razón de su ejercicio que el año pasado fueron 6 y que acumulan 17 en el presente sexenio, con la subsecuente impunidad que los alienta.
Un cuarto aspecto que confirmamos es el peligroso patrón de legislaciones que pretenden imponer restricciones desproporcionadas al ejercicio de derechos humanos en el ámbito digital, pese al discurso que apunta a que la censura se acabó. Muy por el contrario, tenemos que 15 iniciativas para regular Internet de manera desmedida e inadecuada fueron presentadas el año pasado. De ellas 8 fueron aprobadas y promulgadas, siendo más preocupante la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor que integró el mecanismo de notificación y retirada bajo el cual -sin un proceso previo ni autorización judicial- se pueden remover contenidos por supuesta vulneración a derechos autorales o copyright. En este año, también atestiguamos esta andanada autoritaria con la intentona de regular las ya no tan benditas redes sociales.
Por otro lado, y en relación a estos intentos de controlar Internet, encontramos que el espacio digital a potenciado el derecho a la libertad de expresión, asociación y participación pública de individuas, colectivas y organizaciones feministas. También vemos con preocupación la descalificación de las protestas feministas como preámbulo y justificación de la represión policial.
A pesar de que se enfatiza en la retórica oficial que los derechos humanos están garantizados, como quinta tendencia exponemos el desmantelamiento, estancamiento o franca cooptación de instituciones protectoras de derechos humanos. Tenemos una CNDH abúlica, una CEAV desmantelada, un Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en permanente inanición y una FGR preocupada por tantas cosas menos por ser un vehículo que garantice justicia, verdad y reparación a las víctimas.
En un sexto momento, ponemos frente al espejo de declaración triunfalistas que dicen ya no se violan derechos humanos la realidad de negación de las violaciones graves a derechos humanos que siguen ocurriendo y sus consecuencias nocivas para el acceso a la verdad, justicia y reparación. También señalamos el acotamiento de la reparación del daño a las víctimas de dichas violaciones al aspecto simbólico. De nueva cuenta, como el pasado informe, alertamos sobre la justicia a medias, selectiva y acotada a lo simbólico.
Por último hacemos una propuesta de Agenda Mínima para la Libertad de Expresión, ajustada a las circunstancias que se han desenvuelto en los últimos 12 meses.
Pocas cosas cambiaron para bien en materia de libertad de expresión. La desinformación desde el gobierno, teniendo como correlato la concentración y clausura de la información pública, se acentúo. Internet se encuentra bajo asedio con recurrentes iniciativas legislativas que buscan su control y censura. La violencia contra la prensa se mantiene al alza. Las instituciones encargadas de la protección de los derechos fundamentales no se reconstruyen, sino que están estancadas o, de plano, son desmanteladas. Las desigualdades sociopolíticas y económicas —manifestadas en la falta de acceso a la información y la brecha digital que aquejan a comunidades y pueblos indígenas, o en la precariedad laboral que enfrentan las y los periodistas— se agudizaron en el contexto de pandemia. La negación de las violaciones graves a los derechos humanos se instaló en el discurso oficial, reconociéndolas apenas entre balbuceos y en acotados casos.
De esta forma, se utiliza la distorsión como mecanismo para alterar la percepción de las realidades al deformarlas mediante el discurso. Article 19 señala con evidencia contundente y análisis minucioso la realidad que confronta un discurso oficial. Con el mismo compromiso presentamos una serie de propuestas para mejorar y garantizar realmente el carácter universal y progresivo de un derecho fundamental para ejercer otros derechos: la libertad de expresión. Hoy, por pronto, su situación no es mejor que ayer.
Leopoldo Maldonado. Director Regional de Artículo 19 México y Centroamérica. Twitter: @PoloMaldonadoG.