En un hecho sin precedentes, el pasado 27 de enero de 2025, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la presidenta de la República, en conferencia de prensa, dieron a conocer el inicio de investigaciones sobre posibles hechos de corrupción en este instituto en el año 2012.
Explicaron que hay fuertes indicios de que en dicho año fue implementada “una estrategia de juicios masivos a través de despachos que cometieron diversas irregularidades”1, misma que dio lugar a desalojos de vivienda arbitrarios. Esta estrategia -todo indica- afectó a 373 mil 812 personas acreditadas en todo el país, “de las cuales 320 mil 127 fueron demandadas fuera de la entidad donde se encontraba su vivienda”2.
Cabe recordar que, de acuerdo con el derecho internacional y la Constitución mexicana, la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda es uno de los elementos esenciales de este derecho social, que garantiza que todas las personas reciban protección legal contra los desalojos, desahucios, el hostigamiento u otras amenazas a la vivienda.
Sobre este aspecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha establecido que “los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos de PIDESC”3. De ahí que los desalojos forzosos de vivienda constituyen una grave violación de los derechos humanos y deben estar prohibidos de manera terminante en el derecho interno.
Por ello, vale aplaudir el inicio mismo de esta investigación por parte del Estado mexicano y, en caso de confirmarse, se trataría de una gravísima trama de corrupción institucional, incumplimiento de la ley y de numerosas violaciones al derecho a la vivienda cometidas a través del INFONAVIT -una institución cuya misión principal es garantizar el acceso a este derecho social-.
En este sentido, he documentado en los últimos cinco años, como parte de mi trabajo de investigación de mi tesis doctoral, este capítulo obscuro de la cobranza judicial del INFONAVIT que dio lugar a numerosos desalojos de vivienda. Algunas claves y hallazgos relevantes que aún el gobierno federal no ha compartido, serán publicados en mi investigación. Sin embargo, una cuestión de suma importancia que, si adelantaré en este texto, es que el gobierno mexicano no está contando la historia completa: omite otra parte igualmente grave de esa misma trama. El hecho que estos juicios civiles que desalojan personas y familias de sus viviendas siguen ocurriendo en México a pesar del discurso oficial.
Es decir, no sólo no se han adoptado medidas serias frente a lo ocurrido en el pasado, sino que el propio INFONAVIT de la administración del ex presidente de López Obrador siguió instaurando cientos de procedimientos judiciales en contra de personas titulares de un crédito de vivienda. Mismos que erosionan profundamente la seguridad jurídica de la tenencia de ese derecho y dan lugar a desalojos arbitrarios de vivienda.
Para la verificación de este hallazgo, es fundamental hacer explícita la metodología utilizada. Se analizó una muestra que corresponde a un total de cuatrocientas cinco (405) sentencias de fondo de primera instancia emitidas entre los años 2017 y 2023, por parte de sesenta y dos (62) de los setenta y seis (76) que conforman la totalidad de los Juzgados civiles del Poder Judicial de Ciudad de México4. Dichas sentencias fueron obtenidas mediante el Sistema de Versiones Públicas (SIVEP) de este poder judicial, de acuerdo con las normas de transparencia y acceso a la información pública.
El 100% de dichas resoluciones judiciales fueron consecuencia de demandas civiles presentadas por el INFONAVIT en contra de personas titulares de créditos de vivienda, solicitando la rescisión o vencimiento anticipado (según proceda) del contrato de otorgamiento de crédito con constitución de garantía hipotecaria.
Asimismo, en la totalidad de las sentencias la parte actora de la demanda (INFONAVIT), solicitó el pago total del crédito adeudado por concepto de suerte principal, intereses ordinarios, intereses moratorios, gastos y costas que el juicio origine y, en caso de que la parte demandada no realice el pago en el término legal, se proceda al remate del inmueble otorgado en garantía hipotecaria.
Las cuatrocientas cinco (405) sentencias analizadas constituyen una muestra representativa y significativa del Poder Judicial de Ciudad de México, que dan cuenta de una serie de datos obtenidos que encontraron un grado de saturación5 tal, que alcanzan una profundidad y amplitud de información suficiente que han permitido extraer conclusiones y hallazgos relevantes.
Del universo analizado (405 sentencias), en trescientas setenta y tres (373) ocasiones, la parte demandada no compareció a juicio para presentar una contestación. De esta forma, en el 92% de las veces, se tuvo por acusada la “rebeldía” (se dan por cierto los hechos, salvo prueba en contrario). El dato indica que el INFONAVIT no tiene oposición o contendiente que represente un contrapeso real a sus acciones judiciales.
La evidencia muestra que es prácticamente imposible para la persona titular del crédito de vivienda tener éxito en una contienda judicial aun acudiendo en contestación de demanda, en tanto en el 95.6% de las excepciones y defensas fueron consideradas improcedentes o desestimadas por la autoridad judicial. Únicamente en una ocasión las excepciones y defensas fueron procedentes.
Del total de casos examinados (405), trescientas noventa y ocho (398) que comporta el 98.3% de las demandas presentadas por el INFONAVIT fueron procedentes, favorables a su causa y en consecuencia condenatorias para la parte demandada.
Sólo en siete (7) juicios, que constituye el 1.7%, la autoridad judicial consideró improcedente la acción intentada por este instituto, y emitió una sentencia favorable a la persona titular del crédito. De esta forma, la presentación de una acción de demanda por parte del INFONAVIT es equivalente a una condena instantánea (un desalojo de vivienda), basada en una efectividad del 98%. En contraste, para las personas y familias que son demandadas representa una condena en sentencia segura y la pérdida de su vivienda, en detrimento de este derecho social.
Del total de las sentencias que fueron procedentes para el INFONAVIT, las y los jueces, de acuerdo la legislación en materia civil, concedieron el término de “cinco días” para las personas titulares del crédito pagaran la totalidad del adeudo o se procedería a su desalojo y posterior remate de la vivienda.
En suma, la evidencia sugiere que el gobierno de la República ha continuado con una política predatoria del derecho a la vivienda afectando a las personas que menos tienen. Los juicios civiles masivos que dan lugar a desalojos de vivienda continúan existiendo en México.
En efecto, este tipo de juicios sumarios están ocurriendo al menos en la Ciudad de México y, por lo mismo, es fundamental ahora probar en próximas investigaciones si este fenómeno se está reproduciendo de la misma forma en el resto de las entidades del país. Pues lo cierto es que el gobierno federal está intentando instaurar una narrativa de que estas violaciones al derecho a la vivienda son cosa del pasado; sin embargo, la evidencia empírica demuestra justamente lo contrario.
Alejandro Díaz Pérez. Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, Universidad Autónoma de Madrid; Candidato a Doctor en Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Profesor de asignatura, Universidad Iberoamericana. X: @AlexDiaz_1
1 INFONAVIT. Infonavit presenta avances del programa vivienda para bienestar, Boletín #02, 27 de enero de 2025.
2 Ídem.
3 ONU. Comité DESC. Observación general No. 7, El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 de artículo 11 del Pacto): los desalojos forzosos, párr. 1.
4 Aunque el INFONAVIT es un institución tripartida del orden federal, los juicios especiales hipotecarios se tramitan por cuestiones de competenciaa en juzgados civiles del orden local.
5 La saturación del dato, es estrategia fundamental del proceso analítico en la investigación que se refiere al momento en que la recopilación de nuevos datos deja de generar nuevas perspectivas, en la medida en que este se repite una y otra vez constantemente.
Yo tengo ese problema el crédito de mi casa está en el estado de México y me acabo de enterar que el juicio está en el estado de Tamaulipas, nunca me enteré y tengo mis pagos , necesito ayuda urgente