La realidad del lenguaje jurídico

Suponga que su médico, sin más, le informa que padece una “contracción en las fibras de actina y miosina del esternocleidomastoideo”. Es posible que usted no muera de ese mal sino del infarto que le produjo el susto. En caso de que sobreviva al diagnóstico (de apariencia poco menos que diabólica) estará en condiciones de averiguar que lo dicho por el doctor no significa otra cosa que una “contractura de cuello”.

Puede ser que el nombre científico quede escrito en algún registro del hospital, lo cual no afecta a nadie, pero ¡por piedad! el doctor debe comunicarse con sus pacientes en los términos que mejor entiendan. En sus consultas, los médicos que conozco creo que dirían de inicio “contractura de cuello”. Lo otro quizá hasta se lo ahorren. Da la sensación de que han estudiado demasiado como para ostentar a todas horas que conocen la terminología técnica de su oficio, lo cual damos por sentado.

Los abogados, como es consabido, somos criaturas distintas. Ni hablar, la mejor de nuestras virtudes no es la claridad. Hay que ser sinceros en la autocrítica: nos gusta el lenguaje rebuscado tanto como las corbatas, las mascadas y las togas. En la facultad parecen habernos entrenado para echar mano del vocabulario más rimbombante posible (entre menos se entienda, mejor). También para evaluar un documento como si su calidad se midiera en una báscula (a mayor peso en papel, superior será su nivel).

Una sentencia es mejor si consta de 100 “fojas” que si es de 10 hojas. Por ningún motivo usaremos en castellano la frase “a primera vista”; nuestra pluma escribirá “prima facie”, en musical latín. Si dos leyes chocan, no diremos que “se contradicen” (eso lo haría cualquier idiota); esgrimiremos, en cambio, que “se actualiza una antinomia”.

De ser preciso, estamos calificados para inventar nuestros propios términos a fin de nutrir la casta de nuestra jerga. Poco importa que las palabras “incoante” o “determinancia” sean feas, lo relevante es que no existen en el español. Nuestro léxico se cuece aparte. Es, de hecho, a prueba de diccionarios.

Para nadie es novedad que los juristas seamos así. Todo el mundo ha padecido lo difícil que es leer ciertos documentos jurídicos. Nuestra tendencia al lenguaje complicado viene de tiempos inmemoriales y no es exclusiva de algún idioma o país. Sólo la asumimos como un rasgo distintivo de quien se dedica a la profesión del derecho. Lo que es menos conocido (al menos por nosotros mismos) es la causa de ese proceder.

Vamos a ver. ¿Qué pasa si un mortal toma una resolución larga y barroca que desea apelar? Lo más probable es que los primeros párrafos le sean tan comprensibles como una estela maya. Tendrá que contactar a un abogado. Éste, de aperitivo, le cobrará por descifrar el documento. De ahí en adelante el cliente quedará en sus manos para las fases legales que prosigan (el plato fuerte). Una vez en la telaraña, es raro que se nos escapen.

La expresión rebus sic stantibus no necesariamente alude al verbo “rebuznar” en referencia a quien la emplea (sólo a veces). Significa “mientras las cosas se mantengan igual”. Si los abogados escribiéramos en español, a cualquiera le sería más fácil entender el concepto. En realidad, es una idea simple con disfraz de tecnicismo.

En ciertos casos, por más que nos duela admitirlo, una ingeniera o un politólogo dotados de buena lógica razonarán jurídicamente de manera acertada (tampoco es física nuclear). Por ese motivo es que hace falta confundirlos. Saboteamos la tarea de competidores extraños mediante el uso de un lenguaje vasto y codificado. Nuestro derroche de erudición los desalienta. El pastel no se comparte con impostores.

Así pues, los abogados nos expresamos de esa forma para hacernos imprescindibles y con ello ganar dinero. Es una tradición redituable. Incrementa los ingresos globales del gremio. Otras profesiones también lo hacen, pero –créame– nadie como nosotros.

Algunos de mis queridos colegas diferirán de estas razones que –me consta– desconocen. Es entendible que esa sea su reacción refleja. Argumentarán (seguramente con verdad) que al redactar un documento jurídico no pasa por su mente presumir sabiduría o hacerse los indispensables. Menos aún el hambre de lucro, sobre todo si laboran en el sector público. Dirán que sólo es la manera de escribir que estiman correcta y, por lo tanto, no hay intencionalidad oculta.

Se equivocan. Lo que ignoran (como yo lo ignoré mucho tiempo) es que, en el mejor de los casos, los códigos del lenguaje que utilizamos los abogados se localizan en el inconsciente, y vaya que tienen intención. Los largos jeroglíficos salen de nosotros en forma automática e inadvertida. Así nos programaron. De ahí que nos cueste tanto trabajo reconocer el desastre y revertir nuestro tipo de léxico.

Por eso es tiempo de conocer, sin filtros ni suavizantes, no sólo las causas de nuestra misteriosa adicción a los adornos y a la paja sino –mucho más importante– el daño que ese comportamiento produce a la sociedad.

Empecemos por quienes se benefician con la oscuridad del lenguaje jurídico.

Hace años conocí a un jurista muy exitoso. Era abogado, pero cobraba como estrella de cine. En sus demandas siempre incluía un robusto capítulo teórico. Eran decenas de páginas áridas que –como usted podrá adivinar– venían plagadas de tecnicismos, citas en latín y palabras raras. Desde el punto de vista jurídico todas esas hojas salían sobrando. En nada abonaban para ganar el asunto.

En cierta ocasión, una joven y brillante abogada de su despacho le preguntó la razón por la que existía semejante apartado, con cuya inclusión ella discrepaba. Con fenomenal cinismo, el jefe le respondió que esa parte estaba ideada sólo para que el cliente sintiera que valió la pena el dinero desembolsado por sus servicios, aun si luego se perdía el caso. Se dijo seguro de que el juez ignoraría esa sección por completo (entre gitanos no nos leemos las cartas), en cambio, quien lo contrató sí le echaría un vistazo, así fuera rápido, y quedaría cautivado.

En otras palabras: aquellas páginas eran jurídicamente inútiles, pero comercialmente poderosas. Nadie las leería de verdad, mas cumplían la importante función de impresionar a quien paga. Era como para que el cliente dijera: “Mira qué abogadazo traigo; no seré licenciado pero reconozco una buena demanda; fíjate, ¡es de 50 cuartillas!”.

Este es un ejemplo de los frutos que puede rendir nuestra exuberancia en los despachos privados. Ya ni le cuento si cobramos por hora. Escribir largo y rebuscado se traduce en plata mientras haya a quien apantallar. También nos permite simular que una solución simple es compleja. Bajo esa lógica, los jóvenes que posean la destreza de escribir pocas ideas en muchas páginas tendrán mejores posibilidades de ser reclutados. Por algo es un sello de la profesión. Por algo es también que nuestro gremio, como tal, no goza del mejor de los prestigios.

Otros beneficiarios de esa clase de lenguaje son las compañías que complican intencionalmente sus contratos para la firma del cliente. Usted las conoce bien. Sus abogados se abocan a que leerlos sea un calvario. Y lo hacen con eficacia. ¿Alguien ha leído el contrato de su celular o el de su seguro? En vez de forcejear con lo inentendible, preferimos encomendarnos a los dioses para no salir trasquilados: “Todo el mundo lo firma, ni modo que esté mal”. Si esos contratos fueran una proeza de claridad y concreción, tenga por seguro que mucha gente pasaría de firmar. Claro que eso jamás sucederá, pues lo último que quieren esas empresas es delatar la ubicación de sus minas o, lo que es lo mismo, que les crezca la “letra chiquita”.

Pero ahí no están los más favorecidos por la oscuridad. Lo son, de suyo, las personas corruptas. Las encontramos en todos los sectores. Actúan en todas las ramas del derecho. Son quienes tuercen o violan la ley en su beneficio. Les gustan las cosas como están porque el lenguaje jurídico extenso, complicado y reiterativo es la mejor guarida para la trampa.

Escribir mal produce ambigüedad. Se abren diferentes maneras de interpretar el contenido. Los conceptos se ablandan. Las ideas se repiten. Hay que leer los párrafos más de una vez. Aparecen ramificaciones que luego se entrelazan y terminan por confundirse entre sí. Sean normas, contrataciones o juicios, su análisis puede volverse tormentoso hasta para el más curtido de los expertos.

En este grupo se ubican, en silla de honor, los jueces corruptos. Su modo de escribir les da espacio para la pirueta jurídica que se ofrezca. En estas condiciones, es posible encontrar enormes proyectos de sentencia que –fuera de los puntos resolutivos– dan para condenar o absolver al acusado sin mover una sola coma. Entonces la balanza de la justicia se inclina al mejor postor. El compañero ideal del juez corrupto es un lenguaje que le permita moverse en el lodo y bajo la neblina, como las ratas panteoneras.

Aparte de los abusos e injusticias que generan todas las anteriores artimañas, ese tipo de léxico hace que las personas y los grupos vulnerables sean más vulnerables aún. En mi país (México), como en muchos de la región, es común que tenga acceso a la justicia quien pueda pagar a un abogado (y/o a un juez corrupto). Es un lujo al alcance de muy pocas personas. En ciertas áreas del derecho existen demandas de unas cuantas líneas escritas a lápiz por un campesino que apenas sabe leer y escribir. A duras penas acude a las instituciones del Estado para defender sus derechos y en respuesta recibe textos voluminosos con expresiones como ab initio y ex post facto. En lugares con población indígena se hace cuesta arriba la traducción a lengua originaria, pues primero hace falta convertir a español las extravagancias de la abogacía.

Nuestro léxico “erudito”, sobre todo cuando proviene de un órgano público, es una infamia para los menos favorecidos.

El exceso de palabras se traduce, además, en montañas de papel innecesario (y de terabytes en lo digital). La extensión y oscuridad del lenguaje entorpecen los procesos. Una de las razones por las que hay juicios que dilatan años es nuestra poca o nula voluntad de síntesis. Si sólo se escribiera lo necesario, los expedientes se recortarían drásticamente y se agilizaría su procesamiento.

A los poderes judiciales pertenecen muchos de los seres humanos que peor han escrito el idioma en la historia. El lenguaje se creó para comunicar, pero acá se logra lo opuesto. Como todos lo hemos atestiguado, leer un párrafo mal escrito gasta tiempo y energía mental. El solo estilo repele. Si una oración puede convertirse en un dolor de muelas (entre otras partes del cuerpo), imaginemos una resolución en la que hay centenas o miles similares. ¿Quién en su sano juicio querrá leerla completa? Justo de eso se trata: de que nadie –o casi nadie– lo haga.

Ante el problema, desde hace décadas existen movimientos a nivel mundial en contra del lenguaje tradicional de la abogacía. Un caso destacable es la organización británica Clarity International que promueve la simplificación de los textos jurídicos. En Suecia, por ejemplo, hay documentos normativos que deben pasar por un filtro de claridad antes de entrar en vigor, y en España se propuso en 2009 la noción del “derecho a la claridad” como parte del debido acceso a la justicia. En estos lares, por desgracia, son cuestiones muy lejanas a la realidad.

La inercia es difícil de vencer, entre otras razones, porque nuestros defectos vienen de fabricación. Permítame compartirle mi caso personal para tratar de ilustrar el punto.

En el primer semestre de la carrera tuve un maestro, de cuyo nombre no quiero acordarme, que en el examen final me puso una injusta “B” (8) en lugar de “MB” (10). Había estudiado mucho y en la revisión demostré que eran correctas las cinco respuestas que me había tocado desarrollar. A falta de mejor argumento –y en tono de regaño– el profesor me dijo lo siguiente (o algo casi idéntico): “¿Qué no ve?… su examen es de una hojita, compañero -tomó la hoja por una esquina y la sacudió frente a mis narices, como enseñándome que era una repugnante basura-, ¡¿qué es eso?!… tiene B y ya no alegue; ¡siguiente examen!”

Dejé de pelear por mi nota –error de juventud– y me quedé hecho un animal con la B. De un plumazo, el profesor sepultó mi incipiente aprecio por la precisión. Lección aprendida. Confieso que en el resto de los exámenes que presenté durante la carrera me aseguraba de echar crema a mis tacos y de escribir en forma muy espaciada entre renglón y renglón (conducta nada ecológica), a fin de que no se repitiera aquella amarga experiencia.

La fórmula dio resultado: otros maestros también recompensaban los exámenes vastos y bien aderezados. Es como debía escribir un abogado que se preciara de serlo. Así les enseñaron a ellos también. Se me hizo hábito y hasta me volví diestro en la maña. Fue cuando descubrí que expandir es más fácil que comprimir. Me sentía como pez en el agua porque, además, así de recargada era la prosa de mis ídolos de la época: los ministros de la Suprema Corte. (Tuvieron que pasar los años para que poco a poco –movido por escritos de disciplinas distintas a la jurídica– regresara a mi inclinación inicial por la claridad).

Por supuesto, en el objetivo de escribir largo y complicado las normas de puntuación y de sintaxis no son nuestras mejores aliadas. Pero nada que los abogados no podamos sortear. Cuando arrastramos el lápiz, una pequeña voz nos dice al oído que esas reglas no son compatibles con la magnitud del derecho y emite una advertencia: “dejar de expresarnos así nos hará menos abogados”. Esa es la razón por la cual los cursos de “lenguaje claro” –no importa cuántos tomemos– siempre terminarán por hacernos los mandados.

El producto, como dije, es desastroso. Basta acudir a la gramática más elemental. Desde la primaria nos enseñaron que en la oración va primero el sujeto y después el predicado. El problema es que ese orden contribuye a la claridad y a la economía del lenguaje: justo el binomio que los abogados solemos detestar.

Los especialistas en sintaxis hacen notar que, si invertimos los elementos, requeriremos vez y media más palabras y la expresión podría volverse ambigua. Veamos un ejemplo de la manera correcta de escribir uno de esos enunciados básicos, luego su forma incorrecta y al final lo que los abogados podemos conseguir. Contemos las palabras en cada caso.

Forma correcta: Ana exprimió el limón. Cuatro palabras.

Forma incorrecta: El limón fue exprimido por Ana. Seis palabras (a mayor número de palabras, mayor riesgo de ambigüedad).

Lenguaje de abogados: En este orden de ideas, se colige que el limón (vocablo proveniente de la raíz árabe “laimūn”) fue sujetado por la persona identificada con el nombre de Ana, acto seguido a lo cual, como obra en las constancias de autos, ésta procedió a deformarlo a través de una opresión intencionada en la que se acredita haber sido impresa una considerable cuota de fuerza, consumándose con tal acción, la finalidad de extraer una cantidad determinada del zumo del que se hallaba colmado el cítrico en comento, cuyas propiedades ácidas, cabe precisar, no fueron controvertidas por la impetrante, omisión que no pasa inadvertida y que resulta atinente dilucidar en concordancia con lo expuesto en la parte considerativa del fallo por lo que atañe a la extracción antes narrada, habida cuenta de que el deber interpretativo teleológico y finalista del ordenamiento, denotadamente en lo concerniente, en la especie, a los conceptos de agravio hechos valer por la actora en el ocurso de marras, es de explorado derecho que insta a desentrañar de manera exhaustiva e indubitable la realidad objetiva de lo acaecido con el multicitado fruto en el caso que nos ocupa, sin óbice a lo cual, se torna inconcuso que la litis… (por respeto al lector, aquí nos detenemos). 200 palabras. Y un enorme etcétera.

El truco, expuesto de esa manera, nos parece burdo porque hasta un niño pequeño sabe qué es un limón y cómo se exprime. Pero qué tal si cambiamos la palabra “limón” por –digamos– “preclusión” como punto de partida. Es ahí donde muchos juristas, particularmente jueces, multiplican los panes con un brío comparable al del ejemplo. Al ser la preclusión un concepto legal de cierta complejidad, de pronto todo se reviste en un manto de “sabiduría jurídica”. La estafa, sin embargo, es exactamente la misma.

El enorme etcétera está lejos de ser una broma. Observemos que el tramo final del ejemplo le permite al redactor insertar, si así lo desea, toda una cadena de párrafos sobre la finalidad del proceso y cada una de sus fases, jurisprudencia incluida. Paja en estado puro. Es común que, para no errar, copiemos y peguemos parrafadas completas de algún texto utilizado en el pasado por el mismo despacho o juzgado. Todo sea por inflar el documento (consciente o inconscientemente) y, así, hacerlo más “imponente”.

Esta es la manera como, en cuestión de minutos, los abogados somos capaces de convertir cuatro palabras en cuatro páginas. Y, como ya sabemos, hacer largo y enredado un documento jurídico es mucho más fácil de lo que parece. Estamos de campeonato.

Dicho sea de paso, en el improbable caso de que alguien crea (o quiera creer) que el texto del limón fue exagerado, le recomiendo consultar ahora mismo en internet –por ejemplo– la sentencia del caso “Amigos de Fox” (SUP-RAP-050/2001), famosa por su importante fondo pero también por su obesidad mórbida. Ahí encontrará una buena muestra de “párrafos monstruo”, algunos con oraciones de hasta 266 palabras, que harán palidecer a la perorata del “cítrico en comento”.

Manuel Atienza (experto en argumentación jurídica) a menudo dice que la complejidad no es excusa para la oscuridad. Tiene toda la razón. Es cierto que el derecho es una disciplina compleja. En él hay problemas difíciles y conceptos de indudable profundidad. Pero la técnica no nos incapacita para escribir el español de manera correcta. Tampoco para explicar al lector qué significan las cosas cuando el tecnicismo es imprescindible, escenario que, en realidad, es poco frecuente (si lo duda es porque usted emplea los tecnicismos por deporte, no por necesidad).

Nos llamamos gente de leyes, pero desfiguramos el idioma con impunidad. Arrasamos con cuanta norma gramatical cruce a nuestro paso. La estructura de nuestras oraciones –si es que hay alguna– comúnmente es defectuosa. Se confunden los tiempos y los elementos del enunciado en una selva de enlaces. Para colmo, nos sacamos de la manga palabras que a veces son incomprensibles no sólo para un lector promedio sino incluso para otros abogados (aunque finjamos que sí le entendimos).

Déjeme plantearlo así. ¿Qué opinaría si su amigo llega y le dice?: “Fui a comprar, among other things, galletas y café”. Y prosigue: “Asisten María y Paco, among others”. Imagínelo de verdad. Vendría bien decirle algo como:  “¿Qué se tomó, compadre?, no sea payaso; ¿habla español o no?”. Las expresiones en cursivas están en inglés y significan, respectivamente, “entre otras cosas” y “entre otros”.

Dígame usted por favor si el uso de esa clase de aberraciones no corrompería nuestro idioma. ¿Se las imagina escritas en un documento oficial?

Bueno, pues hace poco revisé una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Digna Ochoa y familiares vs. México, aprobada el 25 de noviembre de 2021). En ese órgano, en principio, se encuentra la crema y nata de los jueces de la región. Hacen justo lo mismo, sólo que ellos –qué detalle– en la lengua de la Antigua Roma. Mire:

• “…hay ausencias destacables entre, inter alia, la lesión que presentaba…” (pág. 35).
• “…ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, tortura, amenazas, inter alia.” (pág. 55).

Como es de sospechar, “inter alia” equivale exactamente a “entre otros” y a “among others”. Nótese que en el primer caso los jueces firmantes de la sentencia ni siquiera le atinaron. Lo escrito se traduce como: “… entre, entre otros…”. Olvidaba mencionar que el lenguaje complicado tiene el defecto adicional de incrementar la probabilidad de error.

En el mismo documento tampoco revelan el significado de estos otros latinismos (aquí sí lo haremos entre paréntesis): “supra” (arriba), págs. 5 y otras; “amici curiae” (amigos de la corte), pág. 6; “amicus curiae” (amigo de la corte), pág. 6; “infra”(abajo), págs. 6 y otras; “prima facie” (a primera vista), pág. 10; “ratione materiae” (por razón de la materia), págs. 11 y otras; “affidavit” (declaración jurada), págs. 14 y otras; “mutatis mutandis” (cambiando lo que deba cambiarse), pág. 31; “notitia criminis” (noticia del delito), pág. 43; “post mortem” (después de la muerte), pág. 45; y “quantum” (cantidad), pág. 59. En una parte clave de la sentencia sí escribieron en español “plena restitución” –menos mal– y enseguida nos hacen ver, por si lo dudábamos, que también se la saben en latín: “(restitutio in integrum)”, pág. 47.

¿Eso es técnica jurídica? Por supuesto que no. Todos esos dizques tecnicismos podrían escribirse en castellano sin problema. ¿Por qué entonces los jueces de la Corte Interamericana se condujeron idéntico que el compadre? Excelente pregunta. ¿Lo hacen para alejar a la ciudadanía de la justicia? ¿Ocultan fechorías en la oscuridad de su escritura? ¿Su maldad natural busca dañar el idioma? ¿Estaban bajo el influjo de estupefacientes y psicotrópicos? No, nada parecido. La respuesta es sencilla. Escriben así por pose. Reparen en ello o no, esos ademanes sólo sirven para lucir pedigrí frente a perros callejeros que no estudiaron derecho. En efecto, son expresiones innecesarias y elitistas que obstruyen la comunicación. Para apantallar, que pongan su despacho privado.

Es muy penoso que la Corte no haya escrito una sentencia comprensible, por ejemplo, para los familiares de la señora Digna Ochoa (defensora de derechos humanos asesinada en 2001), con independencia de que hayan cursado la carrera de derecho. Desde luego, este fue sólo un botón de muestra; así se escribe en ese tribunal de modo rutinario, como es fácilmente verificable.

Hay quien dice: “Si se hizo justicia, la forma qué nos importa”. Error garrafal. En el caso específico de una resolución la idea puede tener sentido, pero en toma panorámica la forma siempre es tan importante como el fondo porque, como ya hemos visto, el léxico jurídico oscuro fertiliza el terreno de la trampa, retarda los juicios y niega la justicia a una mayoría de personas que no pueden pagarse un abogado.

Hace falta ser autocríticos y actuar. Grabémonoslo bien: el lenguaje tradicional de nosotros los abogados no es culto ni profundo; es turbio y artificioso. En vez de tolerarlo, o incluso admirarlo, hay que condenarlo. Los adjetivos habituales para describir al llamado “lenguaje de la abogacía” (oscuro, extenso, confuso, etcétera) son en realidad eufemismos, es decir, formas suaves de llamar a las cosas.

Su nombre correcto es “lenguaje corrupto”. Para María Moliner la palabra “corrupto” es participio de “corromper” que significa, como primera acepción, “alterar, descomponer”. Según la Real Academia, “corrupto” quiere decir, entre otras cosas, “dañado” y “torcido”. En el diccionario en línea WorldReference.com, la definición de “corromper” incluye “pervertir o viciar” y enseguida se pone el ejemplo: “corromper el lenguaje, las costumbres”.

El término, como vemos, es exacto para describir la escritura típica de la abogacía. En efecto, se trata de un castellano alterado, viciado y –de hecho– retorcido.

Alerta. Aplicado a personas, alguien corrupto es básicamente un pillo, pero eso no es lo que estamos definiendo. Conviene distinguir bien. Siempre es y será corrupto ese lenguaje, pero lo cierto es que –comparativamente– pocas veces lo ha sido quien escribe. Es una obviedad para mí que la mayoría de los abogados somos honestos, pero también que prácticamente todos seguimos usando un lenguaje corrupto en mayor o menor medida (yo incluido quizá, sin quererlo, en algún momento de este ensayo –limón aparte). No lo hacemos por corrupción personal sino por inercia. Y por nefasta herencia.

Como sea, la honradez de quien escribe no le quita precisión al concepto de “lenguaje corrupto” para significar cómo solemos expresarnos quienes nos dedicamos al derecho. Si no queremos disimular rectitud, urge romper la mala costumbre. Lo que nos ha faltado es voluntad, no clases de gramática.

¿Hay solución visible? Considero que sí. Pero ésta tiene que venir de arriba hacia abajo, desde el poder judicial.

El cambio no provendrá de particulares a quienes complicar el lenguaje les reporta ganancias económicas (con excepción de que venga un hada y los convierta en carmelitas descalzas). Los poderes legislativos juegan un papel clave, con el inconveniente de que la legislación va cambiando poco a poco, lo que diluye en el tiempo el esfuerzo por la claridad. En las universidades es difícil avanzar porque el trabajo académico no tiene un impacto directo en el marco jurídico que rige en una nación… Las sentencias sí.

Quienes imparten justicia no tienen clientes. De manera constante aprueban resoluciones que actúan como normas jurídicas individualizadas de altísima relevancia en el derecho. Los jueces que son verdaderos servidores públicos no tienen por qué prestarse a un juego que aparta a la ciudadanía de la justicia. En los poderes judiciales hay quien lo sabe y por eso es común que se impartan programas de “lenguaje ciudadano”. Algunos juzgadores se lo toman muy en serio, aunque, por desgracia, son una excepción tan honrosa como escasa.

Los resultados no han sido los esperados porque se requiere un enfoque distinto que se ancle en las causas y consecuencias del lenguaje corrupto; una aproximación que pegue en la esfera de nuestra consciencia y –sobre todo– de nuestra inconsciencia. La transformación debe lograrse en pocos años, no en pocas décadas.

El cambio tiene que ser encabezado por juezas y jueces honestos, en especial quienes conforman la carrera judicial. Son una legión que, si se decide a escribir con claridad, le haría un grandísimo servicio a su país. De ahí vendrá un efecto cascada hacia otros sectores de la actividad jurídica empezando por la enseñanza del derecho en las facultades. Nos mostrarían el camino del nuevo léxico de la abogacía para el resto del siglo XXI. Podrían hacerlo por su propia conveniencia también: saldrían del saco del lenguaje corrupto en el que conviven y se confunden con sus pares deshonestos.

Tal vez la primera ficha de dominó ya fue empujada por la Corte Constitucional de Colombia. Hace unos meses sus integrantes aprobaron un texto que la opinión pública de ese país dio en llamar “La sentencia más hermosa del mundo”. Al resolver el caso de un niño cuyos derechos fueron terriblemente lastimados, optaron por escribirle de manera directa al menor a fin de que comprendiera la decisión judicial y sus alcances. Usted juzgue:

Apreciado FSC: la Corte Constitucional está conformada por un grupo de personas, conocidas como jueces, que tienen entre sus tareas proteger los derechos de las niñas y los niños, como tú.

Hemos conocido tu situación. Sabemos que vives con tu abuelita y tu abuelito, a quienes quieres mucho. Sabemos también de las situaciones que viviste con tu papá y que probablemente eso te hizo sentir incómodo, triste y molesto.

Después tuvimos conocimiento de que, aunque tu mamá no está contigo, ella te dejó un dinero para que puedas estudiar, comer, jugar y divertirte. También nos enteramos de que no estabas recibiendo ese dinero. Por eso, los jueces tomamos algunas decisiones para proteger tus derechos.

Uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir y disfrutar el dinero que te dejó tu mamá. Por eso, tu abuela recibirá cada mes en su cuenta del banco tu dinero y te ayudará a administrarlo hasta que cumplas 18 años. Tu abuela se encargará de utilizar tu dinero para que puedas estudiar en el colegio y, si tú lo deseas, también en la universidad. Con ese dinero y con la ayuda de tu abuela, podrás comprar tus uniformes para el colegio y tu ropa. Tu abuela también te ayudará a que con ese dinero puedas comer, jugar y divertirte.

Hemos dicho que está bien que vivas con las personas que te cuidan en este momento (tu abuela y tu abuelo). Otro juez estará muy pendiente de decidir si puedes volver a ver a tu papá. Ese juez, a quien podrás conocer cuando quieras, estará preocupado por ti y tratará de hacer todo para que estés mucho mejor.

No te preocupes, nadie te obligará a ver a tu papá. Solo si tú lo deseas. Y puedes estar tranquilo porque, en cualquier momento, podrás decirle al juez, a tus abuelos o a la comisaria lo que quieres y lo que no quieres.

Recuerda que para nosotros es muy importante lo que sientes, tus preocupaciones, tus miedos y tus intereses. Por eso, nunca olvides que, en todo momento y lugar, puedes exigir respeto de todos: de tu padre, de tus abuelos, de tus profesores y de quienes te cuidan. No pueden hacerte daño y tienen que hacer todo para que puedas ser feliz.

La comisaria, a quien ya conoces, te acompañará y estará pendiente de ti y de lo que necesites. Por último, otro juez hará todo lo que sea necesario para que nuestras decisiones se cumplan. Él debe garantizar la protección de tus derechos.

¡Gracias por tu valentía! Al conocer tu caso nos dimos cuenta de que muchos niños y niñas pueden estar pasando por lo mismo que tú. Por eso, le pedimos a la empresa que debe pagar tu dinero que haga todo lo necesario por proteger a todos los niños y las niñas y no les impida disfrutar de su dinero.

La autoría corresponde a las magistradas Diana Fajardo Rivera (actual presidenta de la Corte), Natalia Ángel Cabo y al magistrado José Fernando Reyes Cuartas. Incorporaron a su proyecto un apartado denominado “síntesis de la decisión para el niño” que es lo que acabamos de leer. La sentencia fue aprobada por la Corte Constitucional de Colombia el 15 de julio de 2022, bajo la clave T-262/2022.

El texto es una obra de arte en claridad, concisión y sensibilidad hacia la persona urgida de justicia, quien, pese a su corta edad, no necesitó de un abogado “traductor” para saber lo que resolvió la Corte. Con su escrito, esas personas impartidoras de justicia nos han dado una cátedra a todos los abogados, que debería marcarnos de aquí en adelante.

Si acaso usted que me honra leyendo este ensayo es ministra, magistrado, juez, proyectista o cualquier tipo de servidor público honesto con la alta encomienda de escribir resoluciones jurídicas, podría –si aún no lo ha hecho– establecer la diferencia desde hoy. Dado que la turbiedad no le enriquece, usted tiene que ser la heroína o el héroe que rompa la inercia en su jurisdicción y abandere el cambio hacia un lenguaje jurídico ético, preciso y comprensible.

El atento y respetuoso ruego es que redacte su próxima resolución con la intención de que la entiendan las partes, no los abogados de éstas. Evite escribir como le van llegando las ideas. Antes de empezar, tome una hoja y trace con cuidado su ruta argumentativa; luego adhiérase al plan a pie de juntillas. Aquí no hay receta: cambie la estructura usual de las resoluciones del modo que usted considere que será más simple y amigable para un lector promedio.

En un inicio, su inconsciente se aferrará al lenguaje corrupto (lo sé por experiencia). Insubordínese. Ya sabemos que sabe. No necesita ostentar que domina los términos de su materia. Las sentencias y resoluciones sirven para otra cosa: hacer justicia. En estos tiempos la claridad y la precisión son signo de profesionalismo en cualquier disciplina. Cuando escriba, recuerde la frase de Clare Boothe Luce: “la simplicidad es la máxima sofisticación”.

Escriba bajo el lema: “tan corto como sea posible y tan largo como sea necesario”. Es verdad que el estilo no puede ser totalmente libre, pues hay un riel que marcan la constitución y la ley. Pero es un camino de mínimos, no de máximos. Usted es la persona experta: asegúrese de que nada falte y también de que nada sobre. Todos los extras son tejido adiposo (sobrepeso en el cuerpo de su texto); deshágase de ellos por la buena salud de sus sentencias.

El lenguaje jurídico claro también demanda el esfuerzo de escribir una idea por oración. Haga del punto y seguido su signo de puntuación favorito. No le voy a mentir: lo fácil de leer es difícil de escribir. Lleva más tiempo del que parece, pero vale la pena. Podría comenzar, por lo pronto, incluyendo en sus resoluciones un resumen inicial clarísimo, de una sola cuartilla, que condense todo lo analizado y resuelto en el caso. De ahí puede extender la nueva lógica de manera paulatina hacia las demás áreas de sus textos.

Al redactar, es indispensable que tome en cuenta cómo se ven las cosas desde afuera. Para ello, piense de qué manera lo explicaría en una cena a familiares que no estudiaron derecho. Póngales nombre y apellido. Elija a la tía Mari o a Santiago, su sobrino adolescente. Esa será su guía. Por ejemplo: conceptos como “actor”, “sustanciación”, “legitimación activa” o “cosa juzgada” son para usted el pan de todos los días. Los ha escrito un millón de veces y no le parecen rebuscados. Pero a sus parientes les habló en esperanto. Lo único que les sonó familiar fue lo de “actor” y ya empiezan a temer que Diego Luna –su artista favorito– se encuentre en dificultades legales.

Según la materia, halle la forma de sustituir esos términos por algo de más fácil comprensión (modernice el lenguaje jurídico), o bien, aclare entre paréntesis qué significan, del mismo modo en que debería hacerlo el médico del que hablamos al inicio explicándonos que el esternocleidomastoideo es un músculo del cuello.

Y si usted siente un especial amor por el latín, qué bueno. Es parte de nuestro bagaje como abogados y un grato recuerdo del derecho romano que estudiamos en el primer año de la carrera. Si le hace ilusión pronunciar “obiter dicta” en la sesión privada o decir “pacta sunt servanda” ante sus colegas de la barra nacional, hágalo. Pero –por lo que más quiera– ¡saque eso de sus sentencias! Expulse todas esas expresiones, aunque sienta que se le queman las entrañas.

Con todo lo anterior, lejos de bajar su nivel lo estará elevando. Recuerde eso bien. Los ciudadanos no sólo esperamos de usted que sea una persona conocedora y justa, también que escriba el español correctamente y que sepa comunicar lo que decide. Su capacidad de razonamiento jurídico es muy valiosa para la sociedad; por favor no la esconda en las negras aguas del lenguaje corrupto.

Entre tanto, a usted, apreciable lector que no es jurista, le suplico que la próxima ocasión que alguien le venga con un léxico jurídico retorcido e inentendible, exíjale expresarse con claridad. Dígale que abandone el lenguaje corrupto de una vez por todas. ¿Por qué? Porque éste favorece la trampa y la arbitrariedad; porque cierra la puerta de la justicia a quien no puede pagar un abogado; porque retarda juicios en favor de culpables y en contra de inocentes; porque hace perder tiempo, dinero y esfuerzo; porque es ridículo; porque es elitista; y porque hunde –aún más– a los grupos vulnerables. Si insiste, mándelo lejos. Lo más lejos que pueda. Ya fue suficiente, ¿no cree?

Roberto Duque Roquero. Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Nota: El ejemplo del primer párrafo (acerca del esternocleidomastoideo) deriva de las ideas que generosamente me compartió el médico Carlos Vázquez Lastra para enriquecer este ensayo, lo cual le agradezco.