Todavía no conocemos la iniciativa formal de la reforma electoral. Lo que tenemos hoy es una “powerpoint oficial” presentada por la Comisión Presidencial. No tenemos un proyecto articulado con exposición de motivos y diagnósticos verificables. Tampoco hay consensos políticos claros.
Lo que hay es un listado aproximado de contenidos. En la vida, como en la materia electoral “el diablo se esconde en los detalles”. No hay grandes sorpresas respecto de los temas anunciados. Pero tampoco podemos decir que se trata simplemente de una versión muy “descafeinada” de los intentos fallidos de la 4T. Aun así, una lectura global de la propuesta reafirma la dirección de la reforma: reducción del Congreso de la Unión, disminución del financiamiento público al INE y los partidos, centralización de funciones, menos dinero, pero más y nuevas atribuciones al INE en materia de fiscalización e inteligencia artificial, debilitamiento del federalismo electoral y alteración del sistema electoral para producir mayorías artificiales.
La presentación enumera diez temas. Pero me concentro en aquellos que considero más preocupantes por sus implicaciones estructurales.
Formación de mayorías artificiales en el Congreso
El primer eje problemático tiene que ver con el rediseño de la representación legislativa. Se reduce el tamaño del Congreso de la Unión –de 628 a 596 integrantes– y, al mismo tiempo, se expande el peso del principio mayoritario. Como sabemos, los sistemas mayoritarios tienden a distorsionar la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, porque beneficia a los partidos más grandes y castiga a los más chicos (opositores y aliados).
Senado: eliminación de la representación proporcional
Se reduce el tamaño de la Cámara alta, la cual pasará de 128 a 96 integrantes y desaparece el principio de representación proporcional (RP). Se integrará únicamente con 64 senadurías de mayoría relativa y 32 de primera minoría.
La Cámara alta quedará estructurada exclusivamente bajo lógicas mayoritarias. La consecuencia es clara: reducir el pluralismo incrementa la probabilidad de que una sola fuerza concentre decisiones estratégicas.
Cámara de Diputados: la jiribilla de la proporcionalidad
La Cámara baja conserva su tamaño —al mantener sus 500 integrantes— y la naturaleza mixta del sistema electoral para su integración. Pero debilita el peso del principio de RP, al modificarse la asignación y distribución de los plurinominales.
Además de las 300 diputaciones por mayoría relativa (MR) y las 8 “que serán mexicanos residentes en el extranjero”, en la powerpoint oficial se señala que las “200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional”. Sin embargo, el propio esquema parece desmentir esa afirmación. De esas 200, corresponderán a “candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido”.
En este abigarrado fraseo podemos vislumbrar que esas 97 diputaciones serán asignadas, no mediante el principio de proporcionalidad, sino a las “primeras minorías” (o “mejores perdedores”), esto es, a quienes quedaron en segundo lugar en los distritos uninominales por mayoría relativa. Este sistema apunta a reforzar la lógica mayoritaria, aunque con la etiqueta de “proporcional”. En este escenario, únicamente 95 diputaciones serán elegidas en circunscripciones plurinominales.
Aquí surgen preguntas técnicas fundamentales que la “powerpoint” no responde:
- ¿Cómo operarán las coaliciones bajo este esquema?
- ¿Cómo se evitará la sobrerrepresentación?
- ¿Cómo se garantizará la paridad de género en cada segmento?
- ¿Cómo se calculará el límite constitucional de sobreasignación?
Sin claridad de estos puntos, el rediseño del sistema electoral puede convertirse en una ruta para amplificar mayorías legislativas más allá de su respaldo electoral real.
Gobierno local
La reducción del número de regidurías —hasta un máximo de 15 por municipio— implica disminuir la colegialidad de los ayuntamientos y, por tanto, la representación política a nivel local. Menos integrantes significa menos voces, menos contrapesos y menos pluralismo municipal.
Debilitamiento institucional disfrazado de “austeridad”
El segundo eje es la reducción presupuestal. La power point contempla una disminución del 25% al presupuesto del INE, de los partidos, de los OPLEs (organismos públicos locales electorales) y de los tribunales electorales. También se anuncia una reducción del gasto del Congreso de la Unión y asambleas legislativas locales, aunque sin especificar montos ni rubros.
El argumento es conocido: abaratar [el costo de] la democracia. Sin embargo, la austeridad no es neutra. En el caso del INE, la reducción puede afectar su capacidad operativa en tareas logísticas, capacitación, instalación de casillas y organización de procesos complejos, incluidas las elecciones judiciales —por cierto, uno de los grandes temas ausentes en esta presentación.
De forma paradójica, al mismo tiempo se le dará menos dinero, se le asignan mayores atribuciones de fiscalización al INE, incluyendo “acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y personas candidatas”. Más funciones con menos recursos no es eficiencia; es sobrecarga de tareas y debilitamiento institucional.
Centralización y debilitamiento del federalismo electoral
La presentación anuncia la intención de “eliminar la duplicidad de las funciones en los órganos electorales”. Esta frase parece abrir la puerta a una centralización de funciones en el INE. Los OPLEs podrían quedar vaciados de contenido. El sistema electoral mexicano actual distribuye competencias entre el nivel federal y el local para generar equilibrios y controles cruzados. Sustituir ese diseño por una lógica centralizada puede simplificar procesos, pero también concentrar poder.
A esto se suma un contexto político específico: la próxima renovación parcial del Consejo General del INE. Si la integración del órgano refleja mayorías políticas dominantes, la centralización puede amplificar la influencia del poder ejecutivo en la organización electoral.
Esto puede traducirse en una mayor concentración del poder a cargos de un INE poblado mayoritariamente por consejerías afines al gobierno, si consideramos a la renovación parcial que el Consejo General tendrá en abril.
Equidad en la contienda y libertad de expresión
La presentación de esta powerpoint incluye la prohibición de aportaciones en efectivo y el manejo exclusivo de recursos dentro del sistema financiero. También plantea el “uso de tecnologías en la fiscalización”, pero no sabemos cómo ni qué quiera decir esto.
En el terreno de la comunicación política, se reducirían los tiempos oficiales en radio y televisión (de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral). Y busca regularse el uso de la Inteligencia Artificial y prohibirse el “uso de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales”.
Aquí se abre uno de los campos más delicados: la libertad de expresión. La regulación de IA y bots puede ser necesaria para combatir desinformación o manipulación coordinada. Sin embargo, el margen entre regulación legítima y restricción a la libertad de expresión es estrecho. Conceptos vagos o amplios pueden generar censura indirecta, inhibición de debate o discrecionalidad interpretativa.
La experiencia comparada muestra que la regulación del discurso digital en campañas es uno de los terrenos más sensibles para las libertades fundamentales.
¿Fracaso político o reconfiguración estratégica?
Si la reforma no prospera en sus términos más ambiciosos, podría calificarse como un fracaso político. Pero, incluso en versión acotada, puede lograr un objetivo estructural: expandir el principio mayoritario, reducir la proporcionalidad y reconfigurar el equilibrio entre pluralismo y gobernabilidad.
El riesgo no es sólo técnico. Un sistema electoral no sólo traduce votos en escaños. Define las condiciones de la competencia democrática, el grado de inclusión del disenso y la distribución del poder entre fuerzas políticas. Debilitar la representación proporcional en el poder legislativo, mermar las funciones de órganos locales, reducir la colegialidad municipal y regular la comunicación digital puede, en conjunto, inclinar el tablero de la competencia política y vulnerar derechos fundamentales.
Es indispensable conocer la iniciativa en su versión formal para emitirse juicios más rigurosos. Pero la dirección que sugiere la powerpoint oficial permite una advertencia preliminar: si el rediseño termina favoreciendo la generación de mayorías sobredimensionadas, debilitando el federalismo electoral y mermando la operatividad de los árbitros electorales (nacional y local), estaremos frente ante una reconfiguración profunda de las condiciones de competencia democrática.
Guadalupe Salmorán Villar
Investigadora del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, Coordinadora de @IIJUNAMElector y Profesora Visitante [Fellow In Residence] del Center for U. S. Mexican Studies de la UC San Diego