Sin duda, uno de los asuntos resueltos recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del que poco se ha hablado, a pesar de su relevancia, es el relacionado con la publicidad de las declaraciones patrimoniales de veintitrés ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaron en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).1 En términos generales, con seis votos a favor, dos en contra y tres ausencias, los integrantes del pleno de la SCJN dieron un paso adelante en favor de la transparencia.
Durante la sesión pública del 17 de agosto del 2023, el ministro Javier Laynez presentó a sus pares el proyecto de resolución del recurso de revisión en materia de seguridad nacional 8/2022, interpuesto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de la resolución de emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el sentido de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de esos servidores públicos.
Este asunto inició con una solicitud de acceso a la información mediante la cual una persona requería a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública (SFP) las declaraciones patrimoniales de los mencionados ingenieros militares relacionados con la construcción del AIFA.
La respuesta de la Función Pública fue en el sentido, primero, de que estas declaraciones pueden ser consultadas en su versión pública en internet y, segundo, que la información requerida reviste el carácter de reservada, en virtud de que pudiera hacer identificables a las personas servidoras públicas de que se trata y, con ello, poner en peligro su vida o salud e incluso la seguridad pública o la seguridad nacional.
Inconforme con la respuesta, el solicitante promovió recurso de revisión y el INAI revocó la respuesta, requiriendo a la Función Pública entregar las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los veintitrés ingenieros militares.
Derivado de ello, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó un recurso de revisión en materia de seguridad nacional,2 argumentando que entregar la información pone en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional. Una de las razones expuestas fue que las Fuerzas Armadas constituyen organismos profesionales y permanentes que desarrollan funciones interdependientes, por lo que hacer públicas sus declaraciones revelaría datos que pueden ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad nacional.
Con base en esos antecedentes, el proyecto de resolución buscó tratar de explicar cómo se relacionan las materias de seguridad nacional y de acceso a la información pública y llegó a la conclusión que la Ley de Seguridad Nacional no contiene ninguna disposición expresa o específica que permitiera llegar a la clasificación de este tipo de información, de ahí que la propuesta fuera confirmar la resolución del INAI y hacer públicas las declaraciones patrimoniales solicitadas.
La propuesta presentada por el ministro Javier Laynez fue respaldada por los ministros Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González, Jorge Pardo, Alberto Pérez Dayán y por la ministra presidenta Norma Piña.
En cambio, los ministros Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel se opusieron a la divulgación de la información; el primero, por considerar que el AIFA fue considerado como una obra de seguridad nacional y, en consecuencia, todos los datos relacionados con éste, incluidas las personas que participaron en su construcción imprimen un riesgo a la seguridad nacional. Por su parte, Esquivel afirmó que la divulgación de esta información confidencial, sin el consentimiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas, pone en riesgo la integridad personal de los servidores públicos involucrados.
Esta resolución es de suma relevancia en un contexto en el que las Fuerzas Armadas se alejan cada vez más de sus tareas constitucionales de preservar la seguridad nacional, garantizar la integridad territorial del país y auxiliar a la población en situaciones de desastre y; más bien, se les asignan tareas que van desde la informática e ingeniería, hasta la cartografía, pasando por la industria militar y naval en el desarrollo económico nacional.
Sin duda, la determinación de la SCJN privilegia la transparencia y la rendición de cuentas de una institución que se caracteriza precisamente por su opacidad.
No obstante, el camino por recorrer es aún largo, pues la evolución patrimonial de veintitrés ingenieros militares encargados de la construcción del AIFA es apenas una pequeña parte del universo de fuentes de posible enriquecimiento de las Fuerzas Armadas, que no agotan con la construcción del AIFA, la Secretaría de la Defensa Nacional también tienen a su cargo la construcción del Aeropuerto de Tulum. La ampliación y mejora de los aeropuertos de Chetumal y Palenque y la administración, operación y explotación de todos ellos, así como la operación de una aerolínea comercial y la construcción del Tren Maya.
En esa medida, este ejercicio de transparencia no se agota, sino que marca la pauta para seguir solicitando información y vigilando la evolución patrimonial de las Fuerzas Armas, a quienes en este sexenio se les encomendaron amplias funciones en materia de desarrollo nacional.
María Guadalupe Vega Cardona. Abogada senior de Litigio Estratégico de MUCD.
Cfr. Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el jueves 17 de agosto de 2023. Disponible en: https://t.ly/xWfr0
Mecanismo jurídico que faculta a la persona titular de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para acudir directamente ante la SCJN, cuando considere que las resoluciones emitidas por el INAI ponen en peligro la seguridad nacional, previsto en los artículos 189 a 193 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Disponible en: https://t.ly/Ge4ci