Arturo Zaldívar nunca debió renunciar a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de su argumentación wishy-washy, avalada por el Senado de la República, en realidad no existía una causa grave para abandonar su silla en la Corte —a menos que consideremos que irse a la versión más a la mano para unirse al Eras Tour, o sea, a una campaña electoral, sea una causa grave.
Su renuncia, faltando únicamente un año para concluir su cargo, desencadenó una serie de eventos desafortunados; primero, una vacante en un periodo inesperado que modifica los plazos escalonados para la renovación de la Corte; segundo, le permitió al presidente Andrés Manuel López Obrador una oportunidad adicional para demostrar su desprecio hacia la labor jurisdiccional que culminó con el envío de una terna que en principio no merecería más que el silencio. Pero es indispensable un escrutinio mínimo a estas candidatas. Veamos.
Berta María Alcalde Luján, hermana de la actual Secretaria de Gobernación y ex aspirante al Consejo Electoral de INE; Lenia Batres Guadarrama, hermana del actual Jefe de Gobierno de Ciudad de México y; María Estela Ríos González, actual Consejera Jurídica de la Presidencia de la República —nada más y nada menos que uno de los cargos más importante que puede detentar un abogado dentro de la administración pública federal que tiene entre sus funciones precisamente ser el enlace entre la Suprema Corte y el ejecutivo federal-, fueron las seleccionadas por López Obrador para ocupar, por quince años, el espacio dejado por el ministro swiftie.
A primera vista sabíamos dos cosas de las integrantes de la terna: son afines al proyecto autodenominado como “la cuarta transformación” y, al menos en dos casos, tienen un parentesco cercano con funcionarios públicos que, de llegar a ocupar el cargo, serían en muchos casos, actoras en asuntos que tendrían que desahogar en la Suprema Corte. En el tercer caso, había un problema incluso mayor, la Constitución y los reglamentos de la administración pública federal le dan a la Consejería Jurídica el rango de Secretaría de Estado y estas mismas reglas impiden que una persona que se ha desempeñado los últimos dos años en alguno de estos cargos pueda ser ministro o ministra de la Corte.
En los tres casos, la independencia judicial, elemento indispensable para la labor jurisdiccional, queda evidentemente comprometida. En un movimiento que ha pregonado con orgullo que lo más importante es la lealtad y teniendo como contexto que el presidente considera como una “traición” que los ministros y ministras a los que él ha propuesto no actúen en su beneficio, nadie puede llamarse a sorpresa sobre cuál sería su máxima prioridad en caso de llegar al cargo.
Las comparecencias realizadas el día de ayer nos reafirmaron los temores. En tres sesiones más políticas que jurídicas podemos decir recordando un debate clásico entre dos grandes de la filosofía política y jurídica, que Schmitt derrotó a Bobbio. La política se impuso al derecho en forma y fondo.
De entrada y a pesar de la prohibición expresa ya señalada, la Comisión de Justicia convalidó —como lo hizo antes con la renuncia del fan de Taylor Swift— que la actual Consejera Jurídica participara en el proceso. Un vicio de origen que, si atendemos a los casos más recientes, sabemos que pesará para siempre en esta designación.
Ya en las comparecencias también primó lo político sobre lo jurídico. Tantos las preguntas como sus respuestas estuvieron más enfocadas a conocer las posturas de las candidatas respecto de los casos donde el gobierno estuviese involucrado, su militancia y afinidad con “el proyecto de la 4T”, la propuesta de modificación a las reglas de designación de los ministros de la Suprema Corte y sus eventuales conflictos de interés. Aquí dos de las tres aspirantes no tuvieron duda, están con “la cuarta transformación” y más que conocimiento jurídico hicieron gala de su filiación ideológica.
En las pocas preguntas jurídicas y técnicas, aquellas que nos permitirían evaluar la solvencia y capacidad de las aspirantes para proyectar, debatir y resolver los casos existe consenso en que Alcalde fue, al menos, la que demostró más solidez. Mientras que Lenia Batres evidenció que no conoce ni los elementos básicos del derecho internacional o el derecho estadounidense —como que sí tienen una constitución escrita-, mientras que la Consejera afirmaba abiertamente que de ser electa su criterio sería político y no jurídico; Alcalde, por su parte, por lo menos sí pudo por lo plantear algunas críticas fundadas a la figura del juicio de amparo.
A pesar de los problemas de forma y la pobreza del fondo, la Comisión de Justicia avaló la idoneidad de las tres candidatas y con ello nos encontramos ante un nuevo evento desafortunado; tener que elegir al mal menor. Debemos elegir entre tres simpatizantes de la 4T, la que sabe más de ideología antineoliberal que de constitucional, la que prefiere la política sobre el derecho o a la que le faltan muchas, muchísimas millas de vuelo para llegar a un cargo que, como bien nos confirma la renuncia de Zaldívar, debería ser final y no un trampolín para saltar a otros puestos.
A diferencia de otros procesos de designación que hoy se encuentran detenidos —tales como comisionados del INAI, magistrados de la Sala Superior, Sala Especializada y Salas Regionales del TEPJF —, el diseño del procedimiento de designación de ministros de la Corte tiene un “botón de pánico”, es decir, un paso final en caso de que los Senadores no elijan por mayoría calificada a nadie en ninguna de las dos ternas posibles contempladas en la ley. En nuestro sistema presidencialista no es sorpresa que este botón sea dejarle al presidente vía libre para elegir, de entre las o los integrantes de la segunda terna, a quien él considere pertinente por designación directa.
Así, a pesar de que no debemos olvidar que el menor de dos males sigue siendo malo, también nos convendría recordar otra máxima de la ley de Murphy, si algo puede ponerse peor, se pondrá peor y mientras urge rediseñar no sólo éste sino todos los mecanismos de designación de nuestros altos funcionarios, igual y sería conveniente que el Senado elija a la opción menos mala de las tres que están en la terna, pues si algo nos ha enseñado el actual gobierno es que siempre pueden venir cosas peores.
Paula Sofía Vásquez. Analista política y especialista en regulación y derecho electoral.