En marzo de este año, la Suprema Corte resolvió el juicio de amparo impulsado por la asociación Mexicanos Primero. Se trata de un caso por demás relevante que deja un precedente para que la ciudadanía exija rendición de cuentas en los diversos casos de corrupción que acontecen en nuestro país. En particular, este amparo exigió que funcionase mejor la maquinaria de fiscalización y sanción de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, para ello, presentó un abanico de novedosos e importantes argumentos constitucionales relacionados principalmente con el interés legítimo, los cuales resultaron en un escenario por demás atractivo para impulsar aún más el litigio estratégico en nuestro país a través de organizaciones de la sociedad civil. En este video, Luis M. Pérez de Acha, el abogado responsable de diseñar la estrategia jurídica de este juicio de amparo, nos explica, a partir de la sentencia y tesis derivadas de este caso que recién fueron publicadas, la relevancia y trascendencia del mismo.
Luis Manuel Pérez de Acha. Doctor en Derecho por la UNAM y socio de Pérez de Acha, Ibarra de Rueda y Asociados, S.C. Twitter: @LuisPerezdeAcha
Propongo la siguiente iniciativa de Ley: Considerando que 1) el comportamiento de la CNTE es el resultado lógico de escuelas normales que operan como centros de adoctrinamiento revolucionario. 2) Sus liderazgos los ocuparán quienes dominen ese discurso, su demonología y sus códigos. 3) Normales y escuelas de enseñanza básica particularmente de Guerrero y Oaxaca se han convertido en un aparato de reproducción ideológico financiado con fondos públicos, 4) La ciudadanía enfrenta la captura de recursos públicos por parte de una doctrina militante. Dado pues lo anterior, el concepto de laicidad debiera extenderse no sólo al principio de que una religión no debe capturar las instituciones y el servicio público, sino aplicarse asimismo a cualquier doctrina para la cual le es esencial definir enemigos a los que hay que vencer, expulsar, subyugar, someter o, en su defecto, convertir -y aquí no importa si lo predica en nombre de Mahoma o de Lenin. Ello debiera ser así por el principio de convivencia que anima y alienta a una República Laica. Es hora entonces de pensar en una iniciativa de Ley que prohíba el uso de recursos públicos y tiempo laboral de prestadores de servicios para la promoción de doctrinas militantes, especialmente de aquéllas que por su contenido agresivo y descalificador, inhiben o desvirtúan el ejercicio y respeto de la pluralidad que dichos servidores públicos están obligados a observar.