La Universidad Nacional es la institución de educación pública más importante de México. De sus aulas han egresado mentes brillantes que contribuyen a formar y fortalecer democráticamente al país.
Sin embargo, la falta de ética de algunos de sus egresados ocasiona que la noble labor universitaria se vea involucrada en escándalos que manchan su reputación y la de su comunidad. Es el caso del plagio cometido por Yasmín Esquivel, quien actualmente es ministra de la Suprema Corte, en complicidad con su otrora asesora de tesis.
Esta indignante situación es muestra de impunidad y ejemplo vistoso de que los mecanismos contra el plagio como medio para obtener cualquier grado académico, deben ser analizados a través de un procedimiento eficaz donde no quede duda alguna de cómo debe actuarse.
Si bien el debate del caso se intensificó recientemente, a raíz de la condena enérgica del rector Enrique Graue, el 20 de enero de 2023, y del uso faccioso de la posición que Esquivel detenta en la Suprema Corte para frenar la deliberación del Comité de Ética de la UNAM -al grado en que un diputado propuso el absurdo de que cualquier plagio sea condonado tras cinco años-, también lo es que el discurso del rector fue apropiado ante la polémica. En efecto, como bien señaló, el plagio de una tesis “es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos y pone en entredicho la ética y moral de quien lo comete”, pero también demuestra la falta de honorabilidad, ética, calidad moral, académica y profesional de quienes lo consienten, convalidan y defienden o tildan de irrelevante.
Resulta entendible la indignación de la comunidad académica y del gremio de abogados; inclusive, a juicio de algunos las palabras del rector debieron ser más severas ante el descaro de los involucrados. Sin embargo, no hay que perder de vista que la UNAM es una institución en toda la extensión de la palabra y emitir juicios de valor en un discurso dirigido a la comunidad universitaria puede resultar contraproducente ante la delicadeza del caso.
Respetar la legalidad del procedimiento y analizar alternativas para sancionar, implica no caer en el juego sucio de quienes intentan imponer una agenda política a la UNAM y eso resulta admirable de parte de las autoridades universitarias; reiterando que la UNAM no pertenece a ningún partido político y que deliberar libre e informadamente sobre el caso concreto no es atentar contra quien actualmente encabeza el poder ejecutivo federal, aunque él haya propuesto a Yasmín Esquivel al cargo de ministra de la Corte.
Es un deber ciudadano ceñirse al procedimiento legal y respetar lo determinado por la autoridad competente, ya que la decisión depende de órganos que actúan conforme a la legislación universitaria. El rector, aun como el máximo representante universitario, no actúa de manera unilateral ni a título personal y, por el contrario, parte de la opinión y voto de los órganos de esta universidad.
A pesar de las voces críticas sobre el actuar de la UNAM y del discurso del rector Graue, no es correcto someterlos a tal escrutinio, ya que actúan conforme lo permite la normatividad universitaria. Desde la legalidad, se evita caer en el juego político de quienes atentan contra la autonomía de la Universidad Nacional, fruto de décadas de defensa por parte de estudiantes, académicos y empleados; mientras se defienden también de embates mediáticos asestados desde distintos niveles y corporaciones.
Es aplaudible el estoicismo de las autoridades universitarias que no permiten presiones externas que influyan en su actuar y que analicen hasta las últimas consecuencias, como lo amerita la ocasión.
Ante el descubrimiento del plagio de la tesis doctoral de Esquivel en la Universidad Anáhuac en 2009, como reveló el diario El País recientemente, su facultad de derecho se limitó a emitir un desfallecido comunicado indicando que su normatividad interna no permite tomar cartas en el asunto, invitando a reflexionar sobre la integridad académica de su comunidad.
Soy partidario de que la UNAM sí tiene la facultad de anular los actos derivados del plagio y, consecuentemente, revocar el título profesional de Esquivel, lo que conlleva a que la Secretaría de Educación Pública haga lo propio con la cédula profesional. Habrá que esperar las decisiones que serán sometidas al escrutinio público y al circo político que ello conlleva.
Las autoridades universitarias tomaron los pasos correctos al rescindir el contrato laboral de quien fuera asesora de tesis de Esquivel por las faltas de honradez y probidad demostradas. Su permanencia dentro de la planilla docente era insostenible, a pesar de que insistió en que no hubo plagio bajo su supervisión.
La alumna plagiaria, ministra del más alto tribunal de la nación, debería renunciar por respeto a todos los mexicanos, ya que su permanencia ahí dañará más a esa institución que suficientemente ha sido golpeada desde que se reveló el escándalo. Este cinismo mancha la imagen de la Suprema Corte y ensombrece el gran logro histórico de la llegada de una mujer a la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal por primera vez desde su creación.
A diferencia de otros cargos públicos, el de ministro de la Suprema Corte exige título profesional, además de reconocida honorabilidad, honradez, buena reputación, buena fama y un alto grado de experiencia y profesionalización. Por consiguiente, si el ministro Medina Mora renunció al cargo años atrás por la presunta comisión de delito, no resulta entendible que la ahora involucrada señale que es autora de dos tesis plagiadas en más del 50% de su contenido -máxime que esto constituye un delito en materia de derechos de autor. Ostentar un cargo público sin contar con credenciales ni cumplir los requisitos necesarios también es corrupción.
Esquivel parece querer imponer una nueva narrativa personal, apostando al olvido colectivo y minimizando las consecuencias de un acto tan grave. La impudicia de reiterar que su actuar no fue equivocado ni ilegal, reduciendo el plagio a errores del entrecomillado o imprecisiones, llegando al extremo de declarar que permanecerá en el cargo, permite vislumbrar que no dimitirá.
Este asunto terminará resolviéndose en el plano político donde los partidarios y voceros de Esquivel minimizarán la gravedad del asunto, pero ahí confluirán factores e intereses que poco o nada tendrán que ver con lo que realmente está en juego: la reputación y el respeto de las instituciones mexicanas.
Como abogado y universitario, no me queda más que ceñirme a las determinaciones de las autoridades universitarias, esperando que sean emitidas en estricto apego a derecho y confiar en que, sancionadoras o no, enmienden el inmenso daño a estas instituciones tan importantes y respetables de nuestra nación. Es importante luchar por la verdad, los valores y la justicia, sin permitir que intereses políticos, ambición y soberbia de algunos dobleguen aquello construido para beneficio colectivo.
La ética, rectitud, honorabilidad y buenas costumbres son valores con los que debe conducirse todo aquel que se precie de ser universitario. Atentar contra ellos, atenta contra las bases democráticas bajo las que se fundan las instituciones mexicanas y, consecuentemente, contra los mexicanos. Esperemos que con el tiempo se haga justicia y se nos dé la razón; la sociedad lo necesita, México lo necesita.
Arturo Jacques Rendón. Abogado por la UNAM y maestro en leyes por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York.