Las designaciones de los ministros: no son enchiladas

Conforme la Suprema Corte adquiere relevancia mediática, la sociedad empieza a voltear más hacia el poder judicial y a interesarse por la forma en que actúa. Durante 2010, dos casos concentraron la atención del público: la facultad de investigación para analizar lo ocurrido en la Guardería ABC en Hermosillo (incendio en el que murieron 49 menores de edad) y la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que permitió a parejas del mismo sexo contraer matrimonio en el Distrito Federal. Ambos casos obtuvieron una atención mediática inusitada.

Este creciente interés en el desempeño de la Suprema Corte, no debe sorprendernos. Para efectos prácticos, la Corte es la última línea de protección de los derechos de las personas a nivel nacional y es la institución encargada de salvaguardar la Constitución frente a las posibles violaciones de otros. Es decir, es fundamental para el funcionamiento de la democracia en México.

Vale subrayar, sin embargo, que las discusiones de los ministros son sólo uno de todos los ingredientes que giran en torno a la Suprema Corte y que debe ser sometidos a escrutinio. En efecto, la relación con los medios de comunicación y por extensión con la sociedad, no debe limitarse a algunos aspectos del  trabajo de la Corte. Debe existir, por el contrario, una relación permanente entre sociedad y poder judicial. Para fomentar la transparencia y el mejor desempeño de los ministros es necesario que la sociedad los vigile.

Naturalmente, este proceso de vigilancia debe iniciar desde -valga la redundancia- el inicio: la designación de los ministros. Si ellos juegan un papel tan importante como el que hemos descrito, resulta obvio que las personas elegidas para desempeñar el cargo deben ser las óptimas. Y, para asegurar eso, debe existir un escrutinio profundo sobre el procedimiento que lleva a su elección.

México: la vía fast-track en todos los sentidos

El proceso en México es relativamente sencillo de explicar. Cuando un ministro cumple los 15 años en funciones, debe retirarse. Es obligación constitucional del presidente de la República enviar una terna de candidatos al Senado, que dispone de 30 días para elegir por mayoría de 2/3 de los presentes a uno de los tres candidatos. En caso de no reunirse en esos 30 días, el presidente designa al nuevo ministro. Si la terna es rechazada, se somete una nueva que sigue el mismo procedimiento. En caso de que ésta sea rechazada nuevamente, entonces, el presidente designa directamente al nuevo ministro.

Ahora bien, ha exactamente un año, el Senado de la República confirmó a dos ministros en un mismo día: Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar; lo cuales sustituyeron a los entonces ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela. La comparecencia de ambas ternas -seis candidatos en total- se dio en una sola mañana. Como declararon los propios senadores: fue “de mero trámite”. Las participaciones de los candidatos se limitaron a un discurso preparado y no hubo preguntas posteriores.

La prensa -en su mayoría- actuó de forma similar. El Reforma, en su edición del 2 de diciembre de 2009, recogió la designación en menos de media página y se limitó a publicar extractos de los discursos de los dos nuevos ministros. No publicó ni siquiera una semblanza curricular.^[1]

Esto es preocupante porque realmente no existió una investigación a fondo del pasado de los nuevos ministros. ¿Cuál era su ideología? ¿En qué litigios habían participado? ¿Qué cargos habían desempeñado y qué críticas habían recibido? Sólo a través de una investigación un poco más minuciosa -elaborada por Proceso– uno se pudo enterar que el ministro Zaldívar litigó frente a la Corte el amparo relacionado al FOBAPROA y que durante la gestión de Aguilar como integrante del consejo de disciplina en la Judicatura Federal, su hermano José Alfredo fue designado jefe de la unidad de Control de Obras y Conservación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tanto medios de comunicación como senadores debieron haber cuestionado más a fondo a los candidatos para aclarar estos y otros temás más.

Estados Unidos: todo a su tiempo

El proceso de designación de los justices de la Supreme Court de Estados Unidos es muy parecido en cuanto a las etapas institucionales, pero muy distinto en la práctica. Los justices estadounidenses ejercen el cargo de forma vitalicia, pero pueden retirarse si así lo desean. En cualquier caso, el procedimiento se da de la siguiente forma: el presidente de la República elige a un candidato para cubrir el puesto, el comité judicial del Senado lleva a cabo audiencias y entrevistas con el nominado, para después someter a votación del pleno de Senadores su designación. A diferencia de México, en Estados Unidos el nuevo integrante es electo por mayoría simple.

Lo interesante es que la parte práctica del proceso en Estados Unidos es, contrario a lo que sucede en nuestro país, fruto de un serio y responsable ejercicio de reflexión, tanto por el Senado como por los medios de comunicación. Pensemos en la elección de las últimas dos integrantes de la Supreme Court, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. En ambos casos los medios y el Senado se tomaron su tiempo. Las audiencias de confirmación –transmitidas por televisión, por cierto- de Sotomayor duraron cuatro días enteros de escrutinio. Al mismo tiempo, el análisis previo de los medios sobre la carrera judicial de Sotomayor, sus opiniones y sentencias, fue tan profundo que después de los cuatro días, el Washington Post estableció que “ya se sabía desde antes” todo lo que respondió Sotomayor.

En cuanto a Kagan, las audiencias fluyeron más rápido, pero igual fue cuestionada por los senadores. Los medios no le restaron importancia, al grado que el New York Times dedicó más de cinco páginas de su periódico al proceso.

Ambas partes -Senado y medios de comunicación- hicieron un trabajo lo suficientemente exhaustivo como para que no quedara duda alguna de quiénes eran las dos nuevas justices.

La terna actual

Para concluir, vale la pena hacer un escueto análisis de la terna de candidatas enviada por el presidente Calderón al Senado el pasado 30 de noviembre.

Lo primero que sorprende es que el presidente se haya tardado más de 70 días en nombrar al sustituto del ministro Gudiño Pelayo. También es interesante esta coincidencia: un día después de que el Reforma publicara el discurso del ministro Zaldívar sobre los quince empates en votación en la primera sala de la Suprema Corte por falta de un quinto ministro,^[2] llegó la terna al Senado.

El segundo aspecto que sorprende es la fecha en la que llega la terna. Como se mencionó con anterioridad, el Senado dispone de 30 días para elegir a un nuevo ministro después de recibir la lista de candidatos. El período ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre, lo cual le da dos opciones a los senadores: discutir y votar en fast track a la nueva ministra -con todo lo que ello implica en cuanto a falta de análisis y discusión- o agendar un período extraordinario durante las vacaciones para tratar exclusivamente el tema. También hay que recordar que la Suprema Corte reinicia actividades el 3 de enero,  fecha en que tendrán que votar para elegir al nuevo ministro presidente y, por tal motivo, lo ideal es que estén presentes los once ministros para evitar un posible empate.

Finalmente, poco puede decirse de las tres candidatas, dada la poca apertura del sistema judicial. No es posible analizar sus criterios en las sentencias en las que han participado, puesto que éstas no se encuentran disponibles al público en general. En cuanto a su trayectoria, también se sabe poco. Sólo dos de las tres candidatas tienen currículo en línea (Elvia Rosa Díaz de León y Lilia Mónica López). De la tercera, Andrea Zambrana, ni foto hay. Lo más que se puede saber con respecto a su ideología es que fue secretaria de estudio y cuenta del ministro Aguirre Anguiano, el ministro que por su historial de decisiones representa el ala más conservadora de la Corte.

Sobre los fichas curriculares no se puede decir mucho, pues son listados de cargos desempeñados. Quizá la otra forma de asomarse al criterio de una de ellas es a través del título de su tesis de licenciatura (“Estudio dogmático del delito de adulterio”, de Díaz de León) pero fue publicada hace más de cuarenta años, lo cual no necesariamente refleja sus convicciones actuales.

De la que más información se tiene es de esta última, pues ya participó en una terna para la SCJN en 2003 junto con la actual ministra Luna Ramos y el magistrado José Luis de la Peza. Esa terna fue desechada por falta de mayoría, y Díaz de León ya no fue presentada en la segunda. Nacida en 1944, Díaz de León tendría 81 años al terminar su período en la SCJN.

En términos generales, que esa sea la única información disponible no habla muy bien de las tres candidatas.

Los medios de comunicación, por su parte, no han tenido mucha oportunidad de cubrir el suceso: dado que apenas el 30 de noviembre se dio a conocer la lista, todo análisis previo ha girado en torno a la especulación sobre los posibles candidatos. Cabe resaltar que previo a la presentación de la terna ni el Reforma, El Universal o La Jornada mencionaron dentro de las posibilidades a ninguna de las tres mujeres que hoy tienen oportunidad de formar parte del Tribunal más importante de nuestro país.

Nadie estaba preparado para recibir estas tres nominaciones. Si la propuesta del presidente agarró en curva a los medios de comunicación, la siguiente parte del procedimiento lo más probable es que una vez más resulte, de menos, ominosa.

Esteban Illades (@steviehousecat). Estudiante del Departamento de Derecho del ITAM en proceso de titulación con la tesis La cobertura periodística de los tribunales: una introducción al periodismo judicial.

^[1] Guerrero, Claudia y Rolando Herrera, “Avalan Senadores relevos en la Corte”, Reforma, 2 de diciembre de 2010.

^[2] Fuentes, Víctor, “Impacta a la Corte el retraso de Calderón”, Reforma, 30 de noviembre de 2010.