El debilitamiento del Estado de derecho en México se debe a diversos factores, como la desigualdad, la falta de transparencia o el deterioro de las instituciones gubernamentales, todo ello acompañado por el debilitamiento del imperio de la ley y el desmantelamiento de instituciones.
El desgobierno legal como táctica política implica debilitar intencionalmente el Estado de derecho y la aplicación de leyes para afianzar el poder o impulsar objetivos políticos.
Si a lo anterior se le suma un escenario de desinformación y polarización los efectos no pueden ser más que perjudiciales, pudiendo socavar la independencia de tribunales al generar presiones que dificultan decisiones imparciales. El caos no es accidental, sino un mecanismo efectivo de control. Esta táctica busca quebrantar el Estado de derecho mediante inflación legislativa, exceso de litigiosidad, prácticas dilatorias y debilitamiento de órganos gubernamentales.
Un ejemplo de esto es el INAI, que afronta dificultades para asegurar los derechos de información y protección de datos debido a la ausencia de comisionados. Del mismo modo, el INE corre el riesgo de ver mermadas sus funciones en un entorno jurídico turbulento, generado por el Plan B si no se logra la mayoría necesaria en la Suprema Corte de Justicia para declararlo inconstitucional.
Ante este panorama, surge la interrogante: ¿Existen condiciones propicias para unas elecciones pacíficas en 2024?
Resulta inquietante la posible intención de minar las instituciones o la ausencia de esfuerzo para mantenerlas. Los actores políticos deben actuar con determinación para preservar el estado de derecho, garantizando elecciones exitosas en 2023 y un 2024 sustentado en la institucionalidad y el respeto a la ley.
Además, hay otra preocupación por el fin del mandato de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en octubre de este año. ¿Se tardará el Senado más de un año en elegir a sus reemplazos, como ha pasado con otros puestos en tribunales electorales locales y federales que aún esperan ser asignados?
No es un tema menor, ya que, según la ley, para confirmar la elección y nombrar al ganador de la elección al cargo de presidente de México, se necesitan al menos seis de los siete miembros de la Sala Superior del TEPJF. Si los nombramientos se entorpecen, como ahora, no habrá autoridad quizás para validar las elecciones presidenciales de 2024 (artículo 167 de la Ley, párrafo quinto, de la Ley orgánica del PJF).
Si no se logra mantener la suspensión total del Plan B, debido a su gran alcance e impacto en todos los niveles, no se contarán con las mismas garantías que en años anteriores para llevar a cabo elecciones transparentes e imparciales. ¿Cómo garantizar que el ganador triunfe legítimamente y el perdedor acepte el resultado con dignidad? ¿O tal vez el vencedor decida coronarse, asimismo, siguiendo el ejemplo de Napoleón Bonaparte en 1804?
Lo más conveniente sería disponer de todas las instituciones debidamente integradas y esperar que se confirme la suspensión del Plan B en su totalidad o, en el escenario más favorable, se declarare inconstitucional. El debilitamiento intencional del Estado de derecho sugiere, en última instancia, un anhelo por regresar a un estado de naturaleza, en el cual no hay leyes ni autoridades que regulen las interacciones. El desgobierno legal, al minar el Estado de derecho y la aplicación de las leyes, nos podría arrastrar hacia ese estado de naturaleza.
Entonces, ¿cómo debe actuar la Corte frente al plan B? Es imperativo adoptar un enfoque estratégico, tanto en la suspensión como en la resolución de fondo del conflicto. En situaciones constitucionales y políticas, la implementación de una visión estratégica resulta vital, en particular en escenarios complejos. La Suprema Corte podría aprovechar una oportunidad valiosa para superar los desafíos institucionales que enfrentamos y reforzar su papel en el marco constitucional.
Leopoldo Gama. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Twitter: @pologama.