Las ternas para la Suprema Corte: una victoria relativa, parcial e inacabada  

Es difícil no hacer, en principio, un balance positivo de las ternas enviadas por el presidente Peña para sustituir a los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero. Hasta hace algunas semanas, parecía que la Suprema Corte entraría a un inevitable proceso de partidización. La versión sobre la existencia de un pacto entre el PRI y el PAN para repartirse los dos nombramientos resultaba plausible no sólo por las continuas denuncias públicas de ello –realizadas, incluso, en la tribuna misma del Senado– sino también porque desde septiembre del año pasado uno de los supuestos beneficiarios del pacto –el senador Raúl Cervantes Andrade– había solicitado una licencia para separarse de su cargo. Lo cual fue interpretado como una maniobra para cumplir con los requisitos constitucionales para ser designado como ministro de la Corte.¹

Hoy, por fortuna, estamos en un escenario bastante lejano. Quizá por primera vez en la historia de la democracia mexicana fue posible construir, desde la sociedad civil, un contexto de exigencia que, por un lado, puso a la designación de ministros en el centro del debate público y, por el otro, logró que el presidente de la República diera marcha atrás a una decisión que parecía tomada desde hace ya varios meses. Que se haya presentado una terna conformada exclusivamente por mujeres y que en ninguna de ellas se haya incluido a militantes partidistas es un triunfo de la política democrática. En esa medida, no queda sino congratularse.

Sucede, sin embargo, que estamos frente a una victoria que es sólo relativa. Se evitó la partidización de la Corte y un retroceso en materia de género, pero las ternas presentadas por el Ejecutivo están lejos de representar un avance significativo en materia de designaciones. En las siguientes líneas ofrezco una breve reflexión sobre lo que, desde mi punto de vista, son los principales logros y pendientes del proceso de designación que está en curso.

La profecía que no fue: Raúl Cervantes y la partidización de la Corte

La eventual designación de Raúl Cervantes como ministro de la Corte era preocupante al menos por dos razones. Primero, se corría el riesgo de nombrar ya no a un personaje con una relativa cercanía o afinidad ideológica, sino a un militante que había ocupado cargos partidistas de primera línea. En el momento en el que solicitó licencia, Cervantes acababa de terminar su periodo como presidente del Senado, le restaban cuatro años como senador y antes había ocupado diversos cargos legislativos (fue diputado federal dos veces) y en el propio PRI. Más allá de sus méritos como constitucionalista, la militancia priista de Cervantes levantaba serias dudas sobre la independencia e imparcialidad con la que podría ejercer su cargo.

La eventual designación preocupaba, además, porque parecía algo casi inevitable. Si Cervantes estaba dispuesto a dejar su escaño –justo después de haber ocupado la posición más importante en el Senado– era porque, se asumía, existía una alta probabilidad de que fuera designado. El apoyo de su partido se daba por descontado y parecía que una buena parte de los panistas también lo haría. Así se lo hizo saber al propio Cervantes, el entonces senador panista y hoy Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez: “Yo desde ahorita te digo, sin que tu partido nos lo pida, tienes mi voto a favor y ojalá seas un ministro de la Corte a favor de este país”.²

Por eso es aún más notable el papel que jugó la sociedad civil durante los últimos meses. A diferencia de lo sucedido con la designación del ministro Medina Mora, en esta designación fue posible crear un contexto de exigencia antes de que la terna fuera presentada. Jueces, académicos, periodistas y ciudadanos posicionaron el tema en la agenda y mostraron los riesgos asociados con la partidización de la Corte. La decisión de Cervantes de reincorporarse a las labores del Senado fue un triunfo de la política democrática. Frente al coro de críticas, el Ejecutivo federal se mostró –al menos en este tema– responsivo ante una ciudadanía decidida a incidir en lo público. Celebrar la no captura de la Corte quizá sea un tanto paradójico, pero no deja de ser una nota positiva dadas las expectativas generadas por los últimos nombramientos.

¿Dos es mejor que una? Las mujeres en la Corte

Un segundo aspecto a destacar es que la terna para sustituir a la ministra Sánchez Cordero esté conformada exclusivamente por mujeres. Que el presidente Peña haya incluido en ella a dos magistradas federales (Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle) y una local (Sara Patricia Orea Ochoa) prácticamente garantiza que al menos una mujer sea designada como ministra. Asimismo, la decisión de incluir a tres juzgadoras de carrera envía —al menos en principio— un mensaje positivo en un contexto donde la partidización de la Corte era una posibilidad real.

No obstante lo anterior, la eventual confirmación de alguna de las magistrada propuestas constituiría, en el mejor de los casos, en un no retroceso en materia de género. En la actualidad, la Corte sólo cuenta con dos ministras (esto es, el 18% del total) y, dadas las propuestas presidenciales, a lo más se puede aspirar es a mantener el status quo. Dicho de otro modo: todo parece indicar que el actual proceso de designación no mejorará la (escasa) presencia de mujeres en nuestro tribunal constitucional.

Más aún, en estos momentos es difícil saber si las magistradas propuestas por Peña Nieto han mostrado un compromiso con la agenda de género. No debe olvidarse que la ministra Sánchez Cordero fue –sobre todo durante los últimos años– una integrante del bloque “progresista” o “liberal” de la Corte, tanto en el Pleno como en la Primera Sala. Sería, pues, una lástima que su lugar fuera ocupado por una ministra —o un ministro— cuya trayectoria no reflejara un claro compromiso con los derechos humanos, en general, y la igualdad de género, en particular. Resulta fundamental, por ende, que el Senado realice un análisis exhaustivo a los perfiles de las candidatas.

¿Triunfo sin retroceso? Un balance general

En general, considero que las ternas enviadas por el Ejecutivo federal son una nota positiva sólo en la medida en que con ellas se evitó un escenario francamente desolador. La Corte hubiera sufrido un daño —tal vez irreversible— si se hubiera impuesto la lógica de las cuotas (partidistas) y los cuates (del presidente). No obstante, sería difícil afirmar que lo anterior constituye un avance hacia la consolidación de nuestra Suprema Corte. La inclusión de un jurista de la talla de Javier Laynez Potisek es, sin duda, algo para celebrar. Pero más allá de eso, parece que el actual proceso de designación de ministros no será muy diferente a los realizados durante los últimos años. De nueva cuenta, el presidente de la República hizo pocos esfuerzos por justificar sus propuestas, el Senado contará con poco tiempo para analizarlas y pocos incentivos tendrán para cuestionar el perfil de los candidatos, pues nada garantiza que, ante un eventual rechazo, en las nuevas ternas no se incluya a perfiles cercanos al presidente. Se trata, pues, de una victoria relativa, parcial e inacabada.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

¹ Específicamente, la fracción VI del artículo 95 constitucional, la cual señala que “[p]ara ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita […] [n]o haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento”.

² Agradezco a Daniel Sibaja por recordarme tan célebre frase.