Los eventos suscitados en este último año ejemplificaron el riesgo de autoridades con poderes arbitrarios para violar nuestros derechos. Su visibilidad acarreo un justificado reclamo social contra la arbitrariedad del Estado; el uso excesivo de la fuerza; las detenciones ilegales; la tortura; las desapariciones forzadas; las ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, hemos sido parte del problema. Hasta hace poco tiempo, las violaciones del gobierno de los componentes de una detención legal eran vistas por todos nosotros como “cuestiones procedimentales” que no podían triunfar sobre la necesidad de procurar justicia. La seguridad pública requería repelar “tecnicismos legales” que permiten que los culpables queden impunes. Cualquier discurso referente a los derechos de los detenidos o a la obligación de las autoridades de tratarlos justamente, era impopular. Esto ha ayudado a que los agentes del Estado tanto reconozcan el imperativo de responder a los sentimientos del público, como tomen ventaja política de una sociedad asustada y a veces retributiva.
Existe una contradicción en nuestra respuesta. No sólo reconocemos las limitaciones e ineficacia del gobierno, sino que también estamos consciente de su colusión con el crimen organizado. Hay una clara crisis de legitimidad y no existe una asentada confianza en la capacidad del sistema penal para resolver el problema. No obstante, porque el peligro es real y nos afecta a todos, demandamos una respuesta fuerte e inmediata por parte del gobierno para controlar el crimen.
La crisis de seguridad se antepone ante la crisis de legitimidad. El miedo logra que la lógica de la excepción, de un Estado-Leviatán con una fuerza protectora y efectiva, apele en nosotros sobre cualquier otra preocupación. Por muchos años, tal vez inconscientemente, le hemos dado un cheque en blanco al gobierno para que acalle la violencia, como si de repente se volviera no sólo capaz, sino extremadamente eficiente haciéndolo. Por lo tanto, caemos en la incongruencia de desconfiar en las autoridades, pero confiar en que cuando etiquetan a alguien como “culpable”, lo son sin duda alguna.
El gobierno ha desviado exitosamente la atención de su responsabilidad para controlar el crimen (y su fracaso para hacerlo) hacia la responsabilidad del criminal. Como el crimen se volvió una experiencia compartida, la principal fortaleza del discurso consiste en apoyarse en la figura de la víctima como una fuente de legitimidad. Nos vemos en las víctimas, representan nuestros miedos y su experiencia es común y colectiva.
El gobierno parece sinceramente responsivo a la indignación de una sociedad lastimada y actúa por ella cuando actúa en contra de los criminales. Los agentes del Ministerio Público sirven como los defensores de las víctimas y no sólo del Estado. Este discurso es particularmente efectivo porque, en cualquier momento, una decisión entre los intereses de las víctimas y del ofendido, favorecerá los intereses de las víctimas. Entonces, favorecer los intereses de las víctimas termina equiparándose a defender los intereses del gobierno sobre los detenidos.
Cuando la víctima se convierte en una figura colectiva, es un discurso sobre lo que tenemos que hacer en contra de peligrosos criminales que no guardan semejanza con nosotros. La distinción entre “ellos” y “nosotros” ha sido la mejor arma del gobierno para justificar públicamente cualquier medida, mientras se señale que es necesaria para combatir el problema de inseguridad. No mucho tiempo atrás, o existía una creencia de que las medidas represivas se dirigían únicamente a aquéllos que lo merecían, o la gente era indiferente al problema de brutalidad policial porque tenían más miedo de convertirse en víctimas que en detenidos. Así, por muchos años, la única demanda de la sociedad para combatir el crimen había sido la segregación del delincuente; del otro.
Esta percepción simplista ha permitido nociones apócrifas que ponen en peligro nuestros derechos. Primero, involucran retórica que imagina al sistema penal como un juego de suma cero entre víctimas y ofendidos. La ganancia del ofendido es la pérdida de la víctima y estar del lado de las víctimas se traduce en ser duro con los criminales. Cualquier atención a sus derechos es una débil disculpa para el crimen. Los derechos de víctimas y ofendidos están en clara oposición. Esta asunción da un salto más peligroso: los derechos de los detenidos y el control del crimen no pueden coexistir sin que uno demerite al otro.
Nuestra propia desconsideración de los derechos de los detenidos, ha permitido que las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones ilegales sean una práctica recurrente del gobierno mexicano en el que no se exija una apropiada rendición de cuentas. Por lo tanto, lo que está cambiando actualmente es que el problema se ha hecho palpable para todos los estratos socio-económicos (por ejemplo, debido a la atención reciente que se ha dado al uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones y a la detención de estudiantes con falsos cargos). La brutalidad policial ya no sólo afecta a gente de bajos recursos y pocas armas. Todos nos hemos vuelto vulnerables.
Por ello, celebro este cambio de perspectiva y espero que fomente una actitud más crítica no sólo del gobierno, sino también del papel que nosotros hemos tenido moldeando las políticas criminales del país. Darle al gobierno un poder absoluto para ejercer medidas punitivas mientras nos traigan la apariencia de seguridad, sólo puede conducir a arbitrariedades. Un poder sin restricciones permite que los derechos de las personas se violen sin ninguna base legal. Ser negligente con los derechos de los detenidos es ser negligente con nuestros propios derechos.
Valoremos que el contexto en el que se da una detención dice mucho sobre la inocencia o culpabilidad de dicha persona. Establezcamos la conexión entre “tecnicismos legales” y determinaciones de culpa. Salvaguardemos el principio de presunción de inocencia y obliguemos al gobierno a actuar dentro de un marco jurídico.
En un sistema deficiente en el que el abuso policial ocurre cotidianamente, la sociedad no puede ser laxa con las restricciones constitucionales que se le han impuesto al gobierno. Si desconfiamos en el gobierno, si está buscando chivos expiatorios a quien castigar, todos deberíamos preocuparnos de ser víctimas precisamente al ser ilegalmente acusados.
El problema ya no se puede simplificar y dirigir a un grupo diferenciado de criminales porque la realidad es que todos nos hemos convertido en potenciales “criminales”. En nuestro defectuoso sistema las líneas entre uno y el otro se han borrado. La policía no sólo brutaliza a los culpables. Y esto, también, nos puede pasar a todos nosotros. Irónicamente, el mismo discurso colectivo que se utilizaba para demonizar a los sospechosos se puede invertir en su favor. La experiencia de una persona detenida se vuelve común y colectiva. Quien habla en representación de ellos, habla en representación de todos nosotros. Proteger a un acusado ha dejado de ser anteponer los intereses de un criminal sobre los intereses de una mujer o de un niño. Debe, ahora y siempre, significar asegurar la protección y seguridad de todos, incluso frente al Estado.
Ana Gaitán. Abogada egresada de la UNAM; actualmente estudia una maestría en Derecho en la Universidad de Columbia, con especialización en derechos humanos.
Muy preciso tú reportaje Ana. Sin embargo, el aspecto jurídico no es más que una parte del problema. La sociedad no está consciente de que solo ella produciría el cambio, y solo si se concientiza del problema de la administración de justicia y sobre todo de la exigencia de rendición de cuentas a los funcionarios, que aplican la ley selectivamente
Es atendible en grado sumo su aportación abogada, y estando de acuerdo a plenitud con la misma, debo decirle que para el común de las personas, en tratándose de un indiciado o inculpado en su caso, es frecuente que se le califique de culpable desde el momento en que es exhibido ante la opinión pública; pero además, la propia sociedad exige que ese individuo señalado como culpable, sea segregado; para ello, basta ver las noticias del día a día, donde el conductor del noticiero se atribuye capacidad para opinar, diciendo: «robó a una señora, y está libre, deberían mantenerlo en prisión para que no vuelva a delinquir». En principio, el comentarista ignora cuáles fueron las circunstancias del caso: si efectivamente el «dejado libre» cometió el hecho delictuoso, si la presunta ofendida, efectivamente resintió el robo, y varias circunstancias de modo, tiempo y lugar que se deben tener en cuenta. Ahora, de acuerdo al enfoque actual de los derechos humanos, conforme el artículo 1o. de la Carta Fundamental de nuestro País, prevalece la presunción de inocencia, que implica que el imputado no es culpable hasta que así se le declare por una autoridad judicial. Años ha, se era primero culpable y correspondía al imputado, indiciado o inculpado, demostrar su inocencia; ahora, cuando menos en el texto constitucional, corresponde al Ministerio Público acreditar la culpabilidad; años ha, bastaba con la confesión del imputado, para que se dictara una sentencia condenatoria; era la Reyna de las pruebas, ahora, la confesión es solamente un indicio. Y es así, por el reclamo social durante años, posiblemente un siglo, de que hubo personas que «confesaron» haber privado de la vida a su compadre y su compadre estaba gozando de la vida en una playa. Pero en tanto, el homicida, con frecuencia con todas las agravantes, permanecía en prisión muchos años; es más, aparecía el compadre vivo y demostrando que era él, quien se presumía muerto y las autoridades judiciales, ignoraban la presencia del vivo y condenaban al presunto homicida, cuando menos ahora hemos ganado varias batallas para obtener la legislación penal más o menos apropiada, pues el ejemplo dado, tenía cabida en el procedimiento penal tradicional, donde el Ministerio Público era amo y señor de la Averiguación Previa y el Juez, oculto en su privado, dictaba sentencias sin tener el mínimo acercamiento con la persona que debía juzgar. Considero que hemos avanzado.