Los datos duros de los (extintos) fideicomisos del Poder Judicial y las mentiras del presidente López Obrador

La discusión sobre los fideicomisos del Poder Judicial se ha convertido en una batalla en la que la falta de información, así como la manipulación deliberada de la verdad, han dado pie a posiciones que no admiten puntos medios. Poco o nada se han escuchado razones dentro de los discursos, tanto para la demonización como para la defensa a ultranza, de una serie de instrumentos que tienen claroscuros y requieren un análisis mesurado. Ni son cajas negras dedicadas a beneficiar solo a unos cuantos, ni son panaceas carentes de críticas válidas.

Sin embargo, el gobierno de la llamada cuarta transformación ha tomado la decisión atrabilaria de desaparecer, unilateralmente y de golpe, 13 fideicomisos del Poder Judicial para apropiarse de 15,434 millones de pesos, en una acción que ya ha sido aprobada por el Poder Legislativo y aplaudida desde el Poder Ejecutivo. El riesgo de esta intervención sin ningún tipo de apertura al diálogo, y amparada en mentiras comprobables, es muy peligroso pues, como expresó la senadora por Morena Olga Sánchez Cordero: “la posibilidad de que dos poderes se coaliguen para intervenir en la administración de otro poder no es un ejercicio republicano”.

La información que presento a continuación proviene, única y exclusivamente, de fuentes y datos oficiales. Más allá de declarar falsas generalizaciones, creo que es indispensable dejar registro de elementos y análisis para la conversación pública (así como la previsible controversia judicial por delante) pues, como se verá, según la interpretación se encontrarán argumentos en favor y en contra de las posiciones del oficialismo y la oposición.

El dinero de los fideicomisos ya no viene del presupuesto del Poder Judicial

Antes de entrar en materia con el anáisis pormenorizado de cada uno de los fideicomisos, es necesario establecer un dato duro fundamental: contrario a los señalamientos desde la tribuna presidencial, el grueso de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, al menos en los últimos 10 años, no provienen de la manipulación de su presupuesto para, al final del año, quedarse con subejercicios o recursos que deberían de regresarse a la Tesorería de la Federación.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en lo que va de este sexenio las transferencias de recursos presupuestales del Poder Judicial a sus fideicomisos suman 20.4 millones de pesos. Entre 2019 y 2023, los 14 fideicomisos del Poder Judicial han incrementado su patrimonio en 6 mil 695 millones de pesos, es decir, las transferencias de recursos presupuestales del Poder Judicial en este sexenio son responsables únicamente de 0.3% del aumento de dinero disponible en sus fideicomisos.

Como puede apreciarse en la gráfica siguiente, en efecto existe una transferencia de recursos a los fideicomisos superior a la que se presupuesta originalmente al inicio de cada ciclo fiscal —que es el contraste entre lo aprobado (las barras azules) y lo pagado (la línea roja)—. Sin embargo, es necesario señalar dos puntos: por un lado, este fenómeno se ha reducido drásticamente desde 2019 a la fecha hasta casi desaparecer; por el otro, de 2014 hasta 2023 se han destinado 100 millones de pesos más de los presupuestados a los fideicomisos, una cifra que sin duda es importante pero, como veremos a continuación, palidece con respecto a las dimensiones y proporciones de lo que sucede en el Poder Ejecutivo Federal, en donde sí tenemos un problema público considerable.

Entre 2019 y lo que va de 2023, el Poder Ejecutivo Federal ha destinado 469 mil 706 millones de pesos a sus fideicomisos, superando en 358 mil millones lo que originalmente estaba presupuestado. Por cada peso del presupuesto que el Poder Judicial ha destinado a sus fideicomisos durante este sexenio, el Poder Ejecutivo ha colocado 23 mil 024 pesos. La diferencia es simplemente abismal, y eso que los datos de 2023 están actualizados al segundo trimestre, por lo que aún no vemos lo que sí es una norma en el resto del gobierno: que al final del año las dependencias no devuelven el presupuesto a la Tesorería y lo guardan en fideicomisos. Un dato adicional: 3 de cada 10 pesos que el Ejecutivo ha colocado en sus fideicomisos este sexenio corresponden a recursos para las fuerzas armadas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, los cuales sí son extremadamente opacos y discrecionales.

Los datos de los fideicomisos del Poder Judicial

Uno de los grandes problemas alrededor del debate sobre los fideicomisos del Poder Judicial ha sido la falta de información accesible para la ciudadanía, pues, en el mejor de los casos, la única aproximación sistemática ha sido el listado del saldo de los fideicomisos al segundo semestre de 2023. Este dato ya es de suyo útil, pues en el nombre de los fideicomisos se señala con claridad el destino de sus recursos (donde destaca que el grueso de los mismos no se relaciona con la SCJN ni con sus ministros) y nos da una idea de sus dimensiones, pero es insuficiente para un análisis detallado de cómo se usan.

Saldo de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación al segundo trimestre de 2023

Fuente: elaboración propia con base en información del Poder Judicial de la Federación

Esta falta de información de fácil consulta no es producto de un ejercicio opaco por parte del Poder Judicial, sino de un problema menor (si consideramos que en el Poder Ejecutivo enfrentamos la destrucción, abandono y ocultamiento sistemático de la información pública), que es el déficit de transparencia proactiva orientada a la ciudadanía. Es decir, la información sobre el uso de los fideicomisos sí existe —se transparenta mediante y de acuerdo con los canales legales establecidos—, pero no se ha ido más allá para ofrecer esta información en un formato de fácil consulta para las personas. Peccata minuta… Hasta que no lo es.

De esta manera, para poder tener una idea del uso de todos los fideicomisos del Poder Judicial es necesario navegar en diferentes fuentes y formatos de información, unos menos problemáticos que otros, como la Plataforma Nacional de Transparencia; los sitios de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el Diario Oficial de la Federación.

Para tratar de solventar este problema, para este análisis he recopilado la información de todas estas fuentes para crear una base de datos con la información pormenorizada de los saldos, ingresos y egresos trimestrales de todos los fideicomisos del Poder Judicial desde 2018 hasta la fecha, misma que puede ser consultada y descargada libremente dando click aquí.

A partir de este párrafo, las cifras que presentaré corresponden a los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial afectados por la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que si desean replicarse estos análisis incluyendo el Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia, que es el único que no desaparecerá, puede aprovecharse la información de la base de datos mencionada.

Los ingresos de los fideicomisos

Los 13 fideicomisos del Poder Judicial que se ha decidido eliminar hoy tienen un saldo de 15 mil 434 millones de pesos. Al cierre del sexenio anterior, en el último trimestre de 2018, estos fideicomisos tenían un saldo disponible de 12 mil 263 millones de pesos. Es decir, hoy tienen 3 mil 170 millones de pesos más, un incremento de 26%.

Este aumento en los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial ha sido utilizado discursivamente para señalar que ese dinero proviene de un uso tramposo del presupuesto. El argumento fue presentado con mucha claridad por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 24 de octubre de 2023, en la que mostró una gráfica con el aumento de los saldos de los fideicomisos:

Les voy a enseñar una lámina que me enviaron, porque es un guardadito, aparte del presupuesto. Esto es lo que han venido aumentando los fideicomisos, es el dinero que guardan año con año, es especulativo. Esto es ilegal, no hay ningún fundamento legal para que el Poder Judicial tenga esto. Todas las instituciones del gobierno federal de los tres poderes tienen que regresar lo que no ejercen en sus presupuestos año con año y ellos no regresan nada.

Imagen presentada por el presidente López Obrador sobre fideicomisos del Poder Judicial

El incremento en los saldos de los fideicomisos es cierto. Lo que es una mentira abierta y burda es la interpretación y la explicación ofrecida por el presidente. Los datos duros nos muestran la verdad.

Hay dos fuentes principales que explican el incremento en los recursos de los fideicomisos. Por un lado, los ingresos por rendimientos, es decir, los intereses generados por los recursos ya existentes en los fideicomisos. De 2019 a la fecha, se han generado intereses por un total 4 mil 435 millones de pesos.

Por el otro, las aportaciones realizadas por los propios trabajadores del Poder Judicial. De los 13 fideicomisos en cuestión, dos de ellos —el “Fideicomiso 80693 para el Mantenimiento de Casa Habitación de Magistrados y Jueces”, así como el “Fideicomiso 80694 de Apoyos Médicos Complementarios y de Apoyo Económico Extraordinario para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, con Excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación"— no sólo benefician directamente al grueso de los empleados del Poder Judicial al ser fideicomisos dedicados a los trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal (que como bien apuntó Enrique Quintana, son el 89.6% de los empleados del Poder Judicial), sino que son financiados por sus propios salarios. De 2019 a 2023, estos dos fideicomisos han recibido aportaciones por mil 078 millones de pesos.

Por cada peso que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación colocan en los fideicomisos, las dimensiones de la bolsa de recursos permiten generar rendimientos por intereses equivalentes a 4 pesos más. En conjunto, de 2019 a 2023 estas dos fuentes de recursos han agregado 5 mil 513 millones de pesos al patrimonio de los fideicomisos del Poder Judicial.

Como se ha mostrado unos párrafos arriba, en este sexenio el saldo disponible de los fideicomisos del Poder Judicial ha incrementado 26%, por un total de 3 mil 170 millones de pesos. Esta cifra es menor que el total de ingresos de los fideicomisos en el mismo periodo. ¿Por qué?

Por una simple y sencilla razón: de 2019 a 2023, los 13 fideicomisos que el gobierno de López Obrador ha desaparecido han tenido egresos por 2 mil 171 millones de pesos. El señalamiento de que los fideicomisos crecen porque no se usan es una mentira. Si los recursos de estas bolsas de recursos siguen incrementando es porque las aportaciones de los trabajadores, en conjunto con los intereses, permiten mantener un ritmo de gasto en el que los recursos totales, en lugar de disminuir, crecen.

Vistos en su conjunto estos 13 fideicomisos, por cada peso que han puesto los trabajadores de 2019 a la fecha, se han gastado dos más, y los intereses generados han permitido que la bolsa total siga creciendo.

No todos los fideicomisos del Poder Judicial se utilizan con la misma intensidad. Como puede apreciarse en la siguiente tabla, efectivamente existen algunos instrumentos que a lo largo del sexenio han usado muy pocos o nulos recursos, mientras que 98% de los egresos se concentran en cuatro fideicomisos: el de “Desarrollo de Infraestructura que Implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal”; el de “Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados”; el de “Mantenimiento de Casa Habitación de Magistrados y Jueces” y el de “Pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo”.

Gasto total de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación de 2019 a 2023 (millones de pesos)

Fuente: elaboración propia con datos del Poder Judicial de la Federación

Ninguno de estos fideicomisos se destina a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que también es una mentira que los beneficios que tiene ser ministro (que es objeto de una discusión diferente) sea lo que justifica la decisión de desaparecer estos fideicomisos. Por el contrario, o son recursos específicos para mejorar la infraestructura del Poder Judicial, o son recursos que efectivamente llegan a jueces, magistrados, mandos medios y personal operativo. No es ninguna casualidad que los trabajadores del Poder Judicial ignoren que el presidente López Obrador se ofrezca como “garantía” de que no se afectarán sus prestaciones laborales y salgan a manifestarse, si todo el argumento del mandatario es una mentira y lo saben bien, pues ellos aportan y conocen de primera mano las prestaciones a las que pueden acceder precisamente a través de esos fideicomisos.

El “pecado original”, por decirlo de alguna manera, de los fideicomisos del Poder Judicial fue que, en un inicio, en efecto, muchos de estos instrumentos fueron financiados con recursos del presupuesto, incluso algunos efectivamente con recursos que el Poder Judicial ahorró y guardó, como es el caso del “Fideicomiso 80687 Remanentes presupuestales”, que se financió con remanentes del año 1998. Pero, como los datos muestran con mucha claridad, esos instrumentos ya no reciben recursos del presupuesto desde hace muchos años.

Hasta su desaparición, estos instrumentos eran, en cierto sentido, autosustentables. El debate, en todo caso, consiste en enfrentar este modelo de gasto a la luz de la independencia del Poder Judicial de la Federación como uno de los tres poderes de la Unión mediante los cuales “el pueblo ejerce su soberanía”, como indica el artículo 41 constitucional, y si es legítimo que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se apropien de estos recursos justificándose en mentiras.

Conclusión

Sin lugar a dudas los fideicomisos del Poder Judicial tienen (o tenían) enormes áreas de oportunidad. Igualmente, no es posible decir que cada peso y cada centavo se usara con prístina eficiencia. En los datos trimestrales de cada fideicomiso hay todavía muchos análisis por realizar, pues, efectivamente algunos de ellos contenían “recursos ociosos” o áreas de oportunidad en términos de transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. La discusión legislativa y el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, si en verdad buscase eficientizar el uso de los recursos públicos, debió haber sometido a un examen riguroso cada fideicomiso, pero no fue así.

Desde hace muchos años una de mis preocupaciones principales —intelectual y profesionalmente—, ha sido documentar, denunciar y combatir el uso discrecional de los recursos públicos. Lo que hemos atestiguado a lo largo de este sexenio no es ninguna novedad, en el sentido de que una de las peores herencias del régimen de partido único del PRI, y deuda de la transición a la democracia, es que los presidentes pueden modificar discrecionalmente el presupuesto según su voluntad. Pero ciertamente, como he mostrado en otros análisis, estamos ante un ejercicio impune y sin precedentes de esta facultad, donde las filias y fobias del presidente le han permitido sabotear presupuestalmente a todas las instituciones que le resultan incómodas y no ha podido capturar.

Además de todo, no existe ningún tipo de “austeridad republicana”, menos aún un uso cuidadoso, transparente ni honesto de nuestros recursos (tan solo en lo que va del sexenio, la Auditoría Superior de la Federación ha documentado desvíos y usos irregulares de recursos federales por un total de 170 mil millones de pesos, 11 veces el tamaño de los fideicomisos del Poder Judicial). En ninguna República, y mucho menos en una democracia, esto debería ser posible. Acotar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo sigue siendo una tarea y una batalla pendiente que, desafortunadamente, será más difícil de dar con un Poder Judicial asediado.

*Los datos, análisis y gráficas presupuestales provienen de las herramientas que hemos desarrollado como parte del proyecto de Nuestro Dinero en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Leonardo Núñez González. Analista político y director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. X: @leonugo