Desde el inicio del gobierno de López Obrador se ha venido gestando, en ciertos sectores académicos y periodísticos, la percepción de que la Suprema Corte ha sido capturada por el presidente de la República y el nuevo grupo político en el poder.
Algunos subrayan, como prueba de este supuesto control, que el actual presidente de la Suprema Corte nunca hubiese logrado ganar la elección, entre sus colegas, para tal cargo sin el beligerante apoyo de AMLO y, en ese sentido, como en ningún otro caso reciente, el actual representante de la Corte y del poder judicial de la federación le debe enteramente su puesto al jefe del ejecutivo federal con las implicaciones que eso conlleva. En abono, no falta quien califique el discurso del ministro presidente Zaldívar como un eco cortesano de la narrativa hilvanada por López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas. Otros, por su parte, ponen el acento en la excesiva cercanía a AMLO y su grupo político –y, no menos grave, la falta de méritos propios- de algunos de los abogados designados por la actual administración federal como ministros de la Suprema Corte.
Lo cierto, y con independencia de la veracidad de estas apreciaciones, es que aún falta observar el criterio por antonomasia para evaluar la independencia de cualquier juez: sus votos y argumentos. ¿Cómo votarán, y a partir de qué justificación, los ministros de la Suprema Corte al resolver este cúmulo de demandas interpuestas en contra de varias decisiones del presidente López Obrador y de no pocos ajustes legislativos que a su vez han sido impulsados por él? El universo engloba un número significativo; decenas de casos que todavía están a la espera de resolverse en el pleno de la Suprema Corte y, en aras de la certidumbre jurídica y estabilidad democrática, sería por demás deseable su pronta resolución.
En este contexto, hay ejercicios periodísticos que dan cuentan de las leyes y decisiones gubernamentales que han sido sometidas a escrutinio por estas demandas, impulsadas por ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y otros poderes del Estado mexicano. Otros trabajos registran el número de casos que se han acumulado en contra de ciertas acciones del gobierno de López Obrador. ¿Cuántos juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad suman hasta ahora en contra las decisiones de la administración? No obstante, una omisión medular en la conversación pública es la litis de estos casos. ¿Cuáles son los argumentos que ofrecen tales demandas? ¿Qué nivel de sofisticación tienen dichos razonamientos? ¿Son plausibles? ¿Están planteados en armonía con algún precedente relevante de la Suprema Corte?
En este, como en otros temas de la vida pública del país, la guía del debate ha sido en buena medida el diálogo sordo entre filias y fobias. Los partidarios de AMLO, en sintonía con el discurso de éste, consideran que estas demandas no son más que resistencias ante un cambio positivo para el país; mientras que los críticos del nuevo grupo en el poder concluyen que el mero cúmulo de casos jurisdiccionales en contra de decisiones del gobierno de AMLO implica violaciones al orden jurídico.
En respuesta, este espacio lanza, a partir del día de mañana, una cobertura de las principales demandas que han sido presentadas ante la Suprema Corte, u otro órgano del poder judicial de la federación, en contra de alguna política pública impulsada por el gobierno de López Obrador. El objetivo, en esta primera etapa, es hacer el esfuerzo por describir de manera objetiva y pedagógica cuáles son los argumentos que ofrecen estas críticas judiciales a la gestión del actual gobierno federal. Y, en este sentido, ofrecer aspectos clave para trazar el rasero a partir del cual, en su momento, se evalúen el voto y argumentos de cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No hay que olvidar que la calidad de éstos depende a su vez del nivel de argumentos que presentan las demandas. Y también hay que tener presente que si bien hay señales preocupantes de captura de la Suprema Corte, todavía falta la prueba definitiva de su autonomía e inteligencia judicial. Ahí es, ahora, a donde debe voltear el ojo crítico de la opinión pública.
Saúl López Noriega. Editor y coordinador de El juego de la Suprema Corte; investigador de tiempo completo del CIDE. Twitter: @slopeznoriega