De 2008 a 2020 los partidos políticos, los ciudadanos y los legisladores solicitaron a la autoridad electoral el dictado de 44 medidas cautelares en contra del presidente de la República en turno, en donde se denunciaron distintos hechos como la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, la difusión de propaganda personalizada, el uso indebido de recursos públicos y la vulneración al principio de imparcialidad.
De las 44 medidas cautelares, el IFE/INE resolvió declarar la procedencia de la solicitud para adoptar medidas cautelares en 15 casos, de las cuales sólo 8 fueron impugnados ante el TEPJF. La autoridad jurisdiccional resolvió el desechamiento de 3 medios de impugnación, en 4 casos se confirmó su procedencia y en 1 caso fue revocada. Ahora, en 29 casos, el IFE/INE resolvió declarar la improcedencia de la solicitud para adoptar medidas cautelares, de estas 9 fueron impugnadas y confirmadas por el TEPJF, en tanto que 20 resoluciones no fueron impugnadas.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
De 2008 a 2012, se solicitaron 12 medidas cautelares en contra del presidente de la República derivado la instrumentación de cuatro tipos de conductas: i) difusión de promocionales; ii) divulgación del informe de su gobierno; iii) envío de cartas a contribuyentes y a servidores públicos; y iv) colocación de propaganda en mamparas y bardas. Maticemos dos casos.
El gobierno aprovechó la difusión de promocionales para promover sus acciones y/o sus logros en materia de infraestructura, seguridad pública, empleo, vivienda y turismo durante el desarrollo de las elecciones en Nayarit, México, Coahuila, Hidalgo y Michoacán en 2011 y de los comicios federales en 2012. Empero, estas conductas fueron detenidas por el otrora IFE al resolver la procedencia de las medidas cautelares en 8 casos. Se determinó que los promocionales se difundieron durante las campañas electorales; en consecuencia, ello podía llegar a influir en las preferencias del electorado y dañar las condiciones de equidad en la competencia comicial.
Otro caso fue el envío de cartas firmadas por el presidente Calderón a los contribuyentes para invitarlos a que cumplieran con sus obligaciones de carácter fiscal. La distribución de las cartas fue suspendida por el IFE en virtud de que promovían las acciones o logros del gobierno federal, fueron enviadas con recursos públicos del gobierno federal y podrían influir en las preferencias de electorales de los ciudadanos.
Tabla 1
Enrique Peña Nieto
De 2012 a 2018, se solicitaron 17 medidas cautelares en contra del presidente Peña Nieto por la realización de cinco tipos de conductas: i) entrega de beneficios de los programas sociales a la ciudadanía; ii) difusión de promocionales; iii) divulgación del informe de gobierno; iv) participación en un evento del PRI y v) difusión de propaganda en diarios de circulación nacional. Destaquemos dos casos.
El gobierno difundió propaganda gubernamental para promover sus logros, programas y/o acciones desde el inicio de los procesos electorales de 2015, 2016, 2017 y 2018 hasta el inicio de sus campañas electorales. En otras palabras, aprovechó los limites normativos para posicionar su trabajo en beneficio de la ciudadanía sin violentar la legislación electoral. Por ende, el INE negó la solicitud de 16 medidas cautelares, ya que la difusión de la propaganda gubernamental se realizó en un periodo permitido por la ley electoral, además, fue considerada como un ejercicio transparencia y rendición de cuentasque no vulneraba la equidad de la contienda electoral.
Sobre los programas sociales el INE determinó que no pueden ser suspendidos, puesto que implicaría un detrimento para la sociedad; pero resolvió que el gobierno federal no debe influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. En consecuencia, estableció que para la entrega de los beneficios de los programas sociales el gobierno deberá de abstenerse de usar logos, símbolos, leyendas y frases que la ciudadanía pudiera asociar o identificar con el gobierno de la República.
Tabla 2
Andrés Manuel López Obrador
De 2018 a 2020, se han solicitado 15 medidas cautelares en contra del presidente López Obrador derivado la instrumentación de nueve tipos de conductas: i) realización de conferencias matutinas; ii) visita a un estado con proceso electoral; iii) entrega de beneficios de los programas sociales a la ciudadanía; iv) difusión de propaganda en redes sociales; v) divulgación de promocionales; vi) promoción del informe de gobierno; vii) actuación de los llamados siervos de la nación; viii) envío de cartas a empresarios; y ix) expresiones de carácter electoral. Reflexionemos tres casos.
El gobierno federal tomo ventaja del vacío legal para realizar las conferencias de prensa matutinas. Al respecto el INE resolvió que las medidas cautelares no proceden en contra de las conferencias “mañaneras” puesto que no existe una prohibición legal que impida celebrarlas, no hay elementos que impliquen un posicionamiento político-electoral ante la ciudadanía y pueden constituir un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, el INE estableció que durante las campañas electorales y hasta la jornada electoral, las estaciones de radio y televisión y el gobierno federal deberán de abstener de difundir de manera completa e ininterrumpida las conferencias matutinas del presidente.
Sobre la actuación de los llamados servidores de la nación, el INE siguió el criterio utilizado en la entrega de televisores del programa social denominado Transición a la televisión digital terrestre del gobierno de Enrique Peña y ordenó la suspensión del uso del nombre del presidente López Obrador en la indumentaria y accesorios de los siervos de la nación. Por su parte en el envío de las cartas a empresarios, el INE utilizó el criterio implementado con las cartas del gobierno de Felipe Calderón para suspender la entrega de epístolas signadas por el presidente.
Tabla 3
Sin filias ni fobias
La estrategia de los gobiernos federales ha consistido en aprovechar los vacíos legales y las oportunidades normativas para posicionar a sus partidos políticos e incidir en las elecciones. Empero, la autoridad electoral ha desempeñado un papel de garante de los procesos electorales y ha evitado que ellos interfieran en las preferencias electorales de los ciudadanos.
En los últimos tres sexenios, a todos los gobiernos federales en turno, coincidentemente bajo tres partidos políticos distintos, se les ha suspendido acciones o conductas cuando corresponde, la actuación del IFE/INE ha respetado la actuación de la administración federal cuando es apegada a la ley electoral y ha detenido las conductas que vulneran la equidad de la competencia electoral y que influyen en la libertad de los ciudadanos para concebir su sufragio.
La autoridad electoral ha demostrado ser imparcial en el procedimiento y en las resoluciones de las medidas cautelares, es decir, ha juzgado con la misma vara a todos lo gobiernos federales, sin manifestar preferencias o favoritismo. Más bien, la imparcialidad de la autoridad electoral es una enorme molestia para el gobierno federal y los partidos políticos. Es osada en tiempos de gobiernos de mayorías legislativas. Es una garantía para los ciudadanos. Es temeraria en épocas de gobiernos autoritarios. Es necesaria en eras de una oposición desarticulada. Es plausible contra actos de vulneración de las elecciones.
César Hernández González. Especialista en democracia, derechos humanos y elecciones.