Al militar Gustavo Garmendia,
ejemplo familiar de mis hijos.
Las recientes reformas para militarizar la seguridad pública, que alentó el presidente de la República y aprobó el bloque obradorista, admiten que el Estado mexicano está en un riesgo sumamente delicado, ya que el crimen organizado en nuestro país, se ha convertido en una fuerza “cuasimilitar”. Pues la respuesta gubernamental y legislativa de los morenistas es “cuasifascista”, y ello aumenta el peligro para los ciudadanos.
Los fascismos, dijo Umberto Eco, en aquella famosa conferencia en la Universidad de Columbia, titulada Eternal Fascism, que dio en 1995, se fundaban varios conceptos que calzan perfecto con nuestro momento mexicano y su quehacer militar: la idea de un jefe carismático, la utopía de un destino histórico fatal, un nacionalismo exacerbado, una nación uniformada, un pueblo dividido, una repugnancia por la democracia parlamentaria, un culto a la tradición contra la modernidad, una acción sin reflexión, una condena a la crítica y al desacuerdo, dice el italiano autor de El nombre de la rosa. Luego entonces en ese ambiente social, entra como cuchillo ardiente en mantequilla, la reivindicación de “lo militar” y la guerra contra los “enemigos delincuentes”. Cualquier voz que se alza para para hablar de los derechos humanos, o del poder civil, de presunción de inocencia, de libertades plenas, o de debido proceso, es recibida por el oficialismo como “politiquería”, una deliberación medianamente informada en el Congreso es caricaturizada como complacencia con el crimen o con el pasado.
Esas posiciones, de eficacia contra el delito sin límites, suenan más cercanas a Francisco Franco, Benito Mussolini, Adolfo Hitler y José Stalin, que, a un mundo de libertad civil, donde lo fundacional del Estado no es la convivencia entre distintos, sino el orden de marchar todos juntos. A López Obrador le gusta decir la frase “ya todos a portarse bien”, no aprecia un desarrollo de la personalidad libre; incluso en algún momento, dijo que la delincuencia organizada en el país “se portó muy bien” durante las elecciones del domingo 6 de junio de 2021 (alocución mañanera del 7 de junio 2021).
El militarismo, en el pensamiento del obradorismo, es más eficacia para que todo el país se porte bien. Gobernar no es organizar al poder y a la libertad, sino imponer su cosmovisión cuasifascista para tener paz, exigir un pensamiento vertical y obediente, sin admitir duda “ni titubeos”, dijo el Secretario de Gobernación, un día antes de la votación en el Senado. Disentir es desertar. “Moralizar” la vida pública de México es vestirla de uniforme verde olivo.
De una simple lectura de las leyes modificadas (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos) para adscribir, es decir, subordinar a la Guardia Nacional al mando castrense, se concluye fácilmente que se le castró al poder civil su fuerza jerárquica, para disponer de esa potencia. Sufrió el mundo civil una capitis diminutio de la inteligencia y la convivencia civilizada (nunca mejor dicho, contra militarizada) y se abrió una puerta a la “fuerza bruta” (uso la expresión de aquella famosa recreación literaria del episodio del Rector Miguel de Unamuno contra el General franquista Millán Astray, en la Universidad de Salamanca).
A mayor abundamiento, como dicen los abogados, el poder civil entregó al poder militar, con esas reformas el ingreso, formación, capacitación y profesionalización de la Guardia Nacional, hasta los cursos, seminarios y ¡eventos! con instituciones nacionales y extranjeras de la Guardia tendrán que pasar por el visto bueno de la Secretaría de la Defensa. Los servicios de investigación e inteligencia, técnicos y administrativos que tiene la Guardia Nacional son “eventos” que tendrán que coordinarse con los militares y marinos, luego entonces los servicios de espionaje se harán con la obediencia debida al superior jerárquico, sin importar el poder civil de una autorización judicial.
Mención aparte merece el nuevo artículo 2 Bis, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que dice con extrema laxitud, “el personal militar podrá (permiso absoluto) efectuar operaciones de apoyo (inmiscuirse abiertamente) a las instituciones de seguridad pública en los términos que señale el marco jurídico aplicable”. Así. Abierto a toda norma jurídica aplicable, que puede ser un reglamento, una circular, una ordenanza. La Guardia Nacional deberá marchar al toque de cualquier trompeta militar.
Lo que quiere el obradorismo es poner la Guardia Nacional a disposición de “partes de guerra” sin discusión, y no de “mandatos judiciales”, democráticamente definidos.
Ni la experiencia internacional, ni la historia nacional dan ejemplos para afirmar que la vida pública de México se “moraliza” o se adecenta, o se hace incorruptible, porque están al frente los soldados. Hay militares heroicos y hay militares diabólicos. Hay episodios sombríos y hay episodios gloriosos de nuestras Fuerzas Armadas.
Hay gestas verdaderamente deslumbrantes de un amor a la patria, incluso de militares extranjeros que lucharon por México, como el Batallón de San Patricio, pero también hay cloacas bélicas, como el general traidor Antonio López de Santa Anna, el asesino Victoriano Huerta, el narcotraficante Gutiérrez Rebollo o el general señalado, según Alejandro Encinas, como partícipe en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Alejandro Saavedra. ¿En verdad propuso el General Cienfuegos, a ese General señalado por Encinas, como nuevo Secretario de la Defensa al Presidente López Obrador? (Milenio. Témoris Grecko. 22 agosto 2022). López Obrador se decidió por el general Sandoval, y en la tribuna del Senado, en plena sesión de aprobación de esta militarización, el Senador por Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, aceptó que, en la masacre de Allende, en 2011, hubo una omisión militar, y el general Sandoval tendría motivos para aclarar esa inacción. ¿Vendrá la verdad de Allende, que ha estudiado con asedios gubernamentales su trabajo el académico Sergio Aguayo, con estás leyes recién aprobadas? Se necesita ser ingenuo para pensar que habrá más transparencia y rendición de cuentas. La persecución del crimen será más sórdida y oscura. Las fuerzas armadas tendrán protección adicional, es decir, fuero, privilegio, ni siquiera un nuevo “sector” como en el viejo PRI, que complementaban a los sectores campesino, laboral y popular. Ahora serán una nueva casta blindada para gobernar, y si ellos deciden, co-gobernar con quien mejor les acomode.
Ni el Estatuto Provisional del Imperio de Maximiliano firmado en el Castillo de Chapultepec, el 10 de abril de 1865, con sus ocho divisiones militares encomendadas a los ocho generales nombrados por el Emperador, le dio una autoridad militar absoluta. “Respetará y auxiliará siempre a la autoridad civil: nada podrá exigirle a los ciudadanos, sino por medio de ella (de la autoridad civil), sino el caso extraordinario de la declaración de estado de sitio…” (artículo 48)
La limitación clara y tajante al poder militar está en el origen de la Revolución de Ayutla. Es una exigencia de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, contra el militarismo de Antonio López de Santa Anna. No hay nada más liberal que “reconocer” el poder de los ciudadanos y las ciudadanas. Todo poder cedido a las milicias, va en detrimento del poder de la sociedad, de los individuos, de los “paisanos” sin uniforme. Por eso el 16 de junio 1856, se presentó ante el Congreso Constituyente, el proyecto de Constitución que estipulaba entonces, impulsado por Ponciano Arriaga, en su artículo 8º, de manera categórica: “Los militares están en todo tiempo sometidos a la autoridad civil”. Así de rotundo. Incluso el potosino defendió con un voto particular, su condena a los vicios militares, pero la Constitución de 1857, rezó en su artículo 26 que “en tiempo de paz ningún militar puede ecsigir (sic) alojamiento, ni otro servicio real o personal, sin consentimiento del propietario. En tiempo de guerra solo podrá hacerlo en los términos que establezca la ley”. Los liberales constitucionalistas de aquella época no confiaban en la “fuerza bruta” sin un control social, la rapiña militar campeaba, y para reforzarlos estipularon en el artículo 122, un texto famoso que hereda nuestra Constitución vigente: “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones, que las que tengan esacta (sic) conecsion (sic) con la disciplina militar…” Idea fija que tenía el gobierno constitucional de Benito Juárez, que en “el gobierno constitucional a la nación” suscrito en Veracruz, el 7 de julio de 1859, en plena restitución de la República, estipuló, junto a Melchor Ocampo, Manuel Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada, que en el “ramo de guerra” había que mejorar al personal del ejército, “destruidos los vicios que se notan en su actual organización” y crear una guardia nacional “sostén de las libertades públicas”.
La militarización morenista, contraria al pensamiento original del candidato Andrés Manuel López Obrador del 2018, no sólo acabó con la cuarta transformación, sino quiere borrar el logro más significativo de la segunda transformación del presidente nacido en Guelatao Oaxaca y que tanto dicen venerar: la libertad individual.
Pero también queda raspada la tercera transformación, la Revolución Mexicana, que construyó con un civil, Venustiano Carranza, al Ejército constitucional, subrayo: constitucional mexicano, precisamente después de que unos militares asesinaran a Francisco I. Madero, al mando del usurpador Victoriano Huerta. Carranza, se sublevó contra Huerta, en calidad de Primer jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, en 1914. Nuestras fuerzas armadas nacen pues para rebelarse ante la muerte de un civil, que llegó a la presidencia de México por la vía de las urnas, después de la dictadura del general Porfirio Díaz. El ejército carrancista que es el embrión del actual ejército mexicano, nace entre la sangre de dos civiles asesinados por militares: Madero y Carranza. Otorgarle un poder cuasiabsoluto es una desmesura histórica.
Nadie niega que las fuerzas armadas deben participar en tareas de seguridad pública, que su intervención es cada vez más necesaria, pero ésta debe ser legítima y legal. Ese quehacer militar ya fue examinado, en su constitucionalidad por la Suprema Corte. El 9 de enero de 1996, un grupo de legisladores (algunos de ellos apoyan hoy al presidente del país, como Leonel Godoy), enderezaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte recién electa en la época del Presidente Zedillo. Alegaron justamente la división en “lo militar” y “lo civil” y, por lo tanto, la violación a los artículos 21 y 129 de la Constitución, porque la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, vigente entonces, permitirá integrar como miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública a los titulares de la Secretaría de la Defensa y Secretaria de Marina.
Los Ministros resolvieron, el 5 de marzo de 1996, que en “tiempos de paz” las fuerzas armadas podían desarrollar tareas de seguridad pública; pero de ningún modo pueden hacerlo “por sí y ante sí”, sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución…” (acción de inconstitucionalidad 1/1996)
El ponente fue el Ministro Mariano Azuela, que en parte de su sentencia recuerda el civilismo de Ponciano Arriaga, la jurisprudencia fue aceptada por unanimidad de los jueces constitucionales, entre los que destaco a la Ministra Olga Sánchez Cordero. La ministra Sánchez Cordero, ha sido consistente en su razonamiento a los límites de la jurisdicción militar, como cuando resolvió el amparo en revisión 133/2012 ese poder militar, sobre todo en materia penal, y después del caso Radilla Pacheco, debe ser “mínimo”, y la Ministra Sánchez Cordero, entendió que esa jurisdicción militar debe ser “especial”, “restrictiva”, “excepcional” y “vinculada a lo militar”. Tal y como se resolvió también en el llamado expediente varios 912/2010, de la ponencia de la Ministra Margarita Luna Ramos, para dar cumplimiento a la condena al Estado mexicano que sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el citado caso Radilla Pacheco, donde con claridad advirtió que México debe interpretar judicial y legislativamente, subrayo, legislativamente, la competencia militar con las garantías civiles en materia penal. Las reformas de militarización recién aprobadas tienen una constitucionalidad y la convencionalidad endebles. Y una legitimidad que sólo da el miedo al poder de fuego.
“Sostengo que sin atender con eficacia la demanda de que haya tranquilidad, resultaría ociosa cualquier nueva propuesta de nación”, escribió Andrés Manuel López Obrador en su libro 2018. La Salida (Planeta, p. 259). No hay tranquilidad, no hay paz, el gobierno de México, en eso, como en otros rubros, está fracasando rotundamente, y se aventó en brazos de los generales. Que hoy tiene mayor poder de fuego y mayor poder económico, con una rendición de cuentas nula. No hay paz sin justicia, han dicho también los obradoristas, copiando a los documentos del Concilio Vaticano II, concretamente Gaudium et spes. La militarización es la prueba irrefutable de que no hay paz, y que es ociosa, cualquier transformación. También acepta, con resignación, que la seguridad pública se desvanece. Sólo tendrán seguridad propia (quizá eficiente) quienes las paguen, o la asuman, es decir, la seguridad privada para los pudientes y la seguridad de quienes tomen las armas, bajo su propio riesgo, para autodefenderse. Triunfo indiscutible de la venganza privada, atardecer para la justicia pública. Ironía de la vida congresional: esa decisión parlamentaria se votó en un Senado que paga a policías privados por la seguridad de sus instalaciones.
La podredumbre social está garantizada donde triunfa la “fuerza bruta” y decae la “virtud cívica”. Nuestro realismo mágico literario está lleno de ejemplos del pelelismo, de tortura, dolor, sangre y muerte, y en la mayoría de esas novelas hay una poderosa relación entre el poder político y el poder militar. Sólo menciono unas novelas: El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias; Yo, el Supremo, de Roa Bastos; La fiesta del Chivo, de Vargas Llosa; La Sombra del Caudillo, de Martín Luis Guzmán; El Jefe Máximo, de Ignacio Solares, leer esas novelas conjuraría el peligro de no limitar al poder guerrero de los militares. México abrió, otra vez, la puerta al abismo cuasifascista.
Precisamente, en El Señor Presidente, del premio Nobel de Literatura guatemalteco, existe un pasaje del general Canales rebelde contra la dictadura, con el que quiero concluir: “En el corazón del viejo Canales se desencadenaban los sentimientos que acompañan las tempestades del alma del hombre de bien en presencia de la injusticia. Le dolía su país como si se le hubiera podrido la sangre… ¿Cuál era la realidad? No haber pensado nunca con su cabeza, haber pensado siempre con el quepis. Ser militar para mantener en el mando una casta de ladrones, explotadores y vendepatrias endiosados es mucho más triste, por infame, que morirse de hambre en el ostracismo. A santo de qué nos exigen a los militares lealtad a regímenes desleales con el ideal, con la tierra, con la raza…
Soy como dice nuestro Himno Nacional un soldado de la patria. Pero con Pedro Casaldáliga (poeta y obispo en Brasil acosado por el poder militar), puedo decir que soy quizá “un soldado derrotado, de una causa invencible”: la civilización libertaria para alcanzar la justicia.
Germán Martínez Cázares. Abogado. Senador de la República.