En enero de 2026, Mineápolis volvió a ocupar el centro de la atención en Estados Unidos —y también a nivel internacional—. No por un nuevo caso de violencia policial local, sino por un despliegue masivo de agencias federales migratorias en el marco de la Operación Metro Surge. En pocas semanas, la presencia intensiva de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza produjo un saldo inquietante: dos civiles muertos por disparos de agentes federales, protestas masivas, arrestos de líderes religiosos, denuncias de detenciones erróneas y la detención de un niño de cinco años.
Los hechos han sido documentados por agencias internacionales de noticias. En Mineápolis, el 24 de enero fue abatido a tiros por agentes federales el enfermero Alex Pretti, de 37 años, durante un operativo de inmigración, lo que provocó una ola de protestas en la ciudad y en otros puntos del país. Era el segundo tiroteo fatal del mes contra civiles en el contexto de ese operativo. Semanas antes, el 7 de enero, la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good fue baleada por un agente de ICE en Mineápolis durante otra acción de enforcement. Tanto el video de ese incidente como las reacciones locales encendieron las movilizaciones.
La secuencia de eventos generó una respuesta social inusual: miles de personas marcharon (aún con las inclemencias del clima invernal), se registraron cierres económicos y laborales, y fueron detenidos líderes religiosos que se sumaron a las protestas. El 23 de enero, una movilización coordinada de amplio alcance fue descrita como una “huelga general” en Minnesota para exigir el retiro de los agentes federales y la rendición de cuentas por los homicidios asociados al operativo.
Estos hechos explican por qué el conflicto desbordó el ámbito migratorio y se transformó en un problema de política urbana y derechos civiles. No se trató sólo de una protesta de personas sin estatus migratorio regular, sino de una movilización amplia que ha involucrado a sindicatos, iglesias, organizaciones vecinales y autoridades locales. Lo que está en juego no es sólo la política migratoria, sino el modo en que el poder federal interviene en la vida cotidiana de una ciudad.
En términos jurídicos, la política migratoria se estructura como un conjunto de procedimientos administrativos: verificar documentos, iniciar procesos de deportación y resolver solicitudes de protección. No es, en principio, una política policial ni militar. Sin embargo, con la Operación Metro Surge el control migratorio se ha ejecutado mediante un despliegue territorial armado, con presencia visible de agentes en barrios, calles, centros de trabajo y espacios públicos. La diferencia no es menor. Cuando un procedimiento administrativo se aplica con lógicas policiales —uso de la fuerza, detenciones masivas, entradas a domicilios e intervención en espacios sensibles— deja de ser un trámite burocrático y se convierte en un dispositivo de control social.
El giro se refleja en varios rasgos. Primero, la introducción de la fuerza letal en un ámbito que formalmente no es penal ni militar, sino administrativo: en lugar de limitarse a la identificación y detención para fines migratorios, los operativos han involucrado el uso de armas de fuego en escenarios urbanos ordinarios, lo que ha derivado en muertes de civiles en contextos que no corresponden a enfrentamientos con grupos armados, sino a acciones de control migratorio.
Segundo, el paso de la sospecha individual a la sospecha colectiva: en lugar de actuar sobre personas concretas con indicios específicos, los operativos tienden a concentrarse en barrios y comunidades enteras, lo que diluye la exigencia de una razón clara para detener a alguien y se refleja en reportes de arrestos de personas que no eran el objetivo del operativo, con denuncias de perfilamiento incluso contra ciudadanos. Tercero, la represión de la protesta y de la observación ciudadana motivó una orden de un juez federal que prohibía ciertas tácticas de control contra manifestantes pacíficos y observadores, pero dicha orden fue posteriormente suspendida por un tribunal de apelaciones mientras se revisa el caso.
Cuarto, la intervención en espacios considerados tradicionalmente sensibles —escuelas, iglesias y hospitales— ha sido percibida como un avance de la lógica de seguridad militarizada sobre espacios civiles. El desplazamiento hacia estos espacios no es accidental: En enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó la política que desde 2011 impedía a los agentes migratorios realizar operativos en las llamadas “zonas sensibles”, salvo en circunstancias excepcionales.
Esa protección había sido establecida durante la administración de Barack Obama y ampliada en 2021 por el gobierno de Joe Biden para incluir refugios, rutas de evacuación y otros espacios humanitarios. La nueva directriz dejó sin efecto esas restricciones bajo el argumento de que no se “atarán las manos” de los agentes y que se confiará en su “sentido común”. Aunque un juez federal limitó de forma parcial la medida respecto de ciertos lugares de culto, la política general abrió la puerta a operativos migratorios en espacios de cuidado y protección, alterando de forma sustantiva el estándar previo de excepcionalidad.
Desde el punto de vista constitucional, este giro tiene implicaciones claras. La Cuarta Enmienda protege contra detenciones arbitrarias y entradas a domicilio sin orden judicial válida; la Primera Enmienda ampara la protesta pacífica y la observación de la actuación policial; y la Quinta Enmienda garantiza el debido proceso incluso en contextos administrativos. La Suprema Corte de Estados Unidos ha establecido desde hace décadas que la apariencia o el origen étnico no pueden ser el único criterio para detener a una persona (United States v. Brignoni-Ponce), que el domicilio es un espacio especialmente protegido (Minnesota v. Olson, Oyez), y que las personas menores de edad, incluidas niñas y niños migrantes, están amparadas por principios constitucionales básicos (Plyler v. Doe).
Además, el acuerdo judicial conocido como Flores Settlement exige que la detención de niños sea excepcional y por el menor tiempo posible. La presencia de un niño de cinco años en un operativo armado no es sólo un hecho alarmante: es una señal de cómo el control migratorio comienza a operar por fuera de los límites que la propia jurisprudencia ha fijado.
El resultado es una frontera que ya no se ubica en el límite territorial, sino en el interior de la ciudad: en la calle, en el vecindario, en la escuela. Mineápolis muestra cómo la lógica fronteriza se convierte en lógica urbana. Estamos, así, ante la normalización de lo excepcional. No se trata sólo de abusos puntuales, sino de un modo de gobernar que convierte medidas extraordinarias en prácticas habituales. Despliegues armados en zonas residenciales, detenciones sin orden judicial clara, uso de la fuerza en operativos administrativos y presencia en espacios de cuidado deberían ser excepcionales, temporales y estrictamente controlados.
Sin embargo, en Mineápolis aparecen como parte de una política regular de control migratorio. Este proceso tiene dos efectos simultáneos. Por un lado, erosiona garantías básicas: la exigencia de orden judicial, el debido proceso, la libertad de protesta y la protección reforzada a la infancia. Por otro, reconfigura el espacio urbano como un espacio de vigilancia permanente. La excepción deja de ser una respuesta a una emergencia concreta y se convierte en un método ordinario de administración de poblaciones consideradas riesgosas.
La disputa institucional lo confirma. El estado de Minnesota y las ciudades de Mineápolis y St. Paul presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alegando violaciones constitucionales y actuación sin coordinación con autoridades locales, con el argumento de que las tácticas federales superan los límites de la autoridad administrativa y vulneran derechos fundamentales. Jueces federales emitieron órdenes para limitar el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos, aunque estas fueron suspendidas por un tribunal de apelaciones, lo que ilustra la tensión entre el control judicial y las prerrogativas ejecutivas en contextos de enforcement.
La dimensión política es ineludible. En un contexto electoral, los operativos migratorios visibles funcionan también como mensajes simbólicos: orden, control y autoridad. La migración deja de ser un asunto administrativo y se convierte en un recurso discursivo. Estos episodios tienden a polarizar: consolidan a una base que demanda “mano dura” y, al mismo tiempo, movilizan a sectores urbanos, jóvenes y comunidades racializadas que perciben el operativo como una amenaza a los derechos civiles.
La detención de un niño de cinco años sintetiza de manera brutal los efectos de esta transformación. La política migratoria está diseñada formalmente para adultos; cuando se aplica sin distinción a niñas y niños, se rompe el principio de protección reforzada. El impacto no es sólo jurídico, sino también social y psicológico: miedo en las escuelas, interrupción de trayectorias educativas, riesgo de separación familiar y aparición de síntomas de ansiedad, depresión y estrés en contextos de incertidumbre prolongada. La niñez aparece así como daño colateral de una política concebida en términos de seguridad.
Lo ocurrido en Mineápolis no es un episodio aislado. Es un síntoma de hasta dónde puede llegar la expansión de la lógica fronteriza cuando se desplaza al interior del país. La frontera deja de ser un lugar y se vuelve un método: clasificar, vigilar y controlar dentro del espacio urbano. Un método que convierte a ciertos barrios en zonas de excepción y a ciertas poblaciones en sujetos siempre sospechosos. Mineápolis muestra el punto al que puede llegar la normalización de la excepción. El control migratorio ha mutado en política de seguridad interior: lo administrativo se vuelve policial, la frontera se desplaza a la ciudad y las garantías se vuelven negociables.
Ya no se trata sólo de migración, sino de poder: de qué se le permite hacer al Estado en nombre del control. Cuando ese poder entra armado a barrios, escuelas, hospitales y protestas, la discusión deja de ser técnica y se vuelve democrática. Por eso Mineápolis no es un caso local: es una advertencia.
Elisa Ortega Velázquez
Investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinadora de la Línea de Investigación Institucional “Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia” y del Seminario “Estudios Críticos del Derecho y Migraciones”