La muerte de Carlos Manzo Rodríguez alteró la celebración del día de muertos en este 2025. La muerte es inevitable. Que todos moriremos es una verdad de Perogrullo, pero esto no significa que sea lo mismo morir de cualquier forma. Hay muertes y muertes. Como señala Fernando Savater, ser mortal no significa solamente saber que vamos a morir sino percibir nuestra existencia en el fondo de esa posibilidad. Y una existencia que se trunca de manera anticipada por voluntad ajena y por razones ilegítimas es algo que tenemos el deber moral de denunciar. No es lo mismo morir por enfermedad, vejez o riesgo asumido de manera consciente y racional, que hacerlo por la voluntad malvada de otro. Ciertamente, la muerte, el cempasúchil, las velas o el papel picado son parte de nuestro folclore más identitario; sin embargo, no podemos, sin más, incluir en ese folclore los asesinatos cobardes protagonizados por el narco que vemos todos los días en la prensa. Tampoco —y esto es más grave— podemos tolerar la indiferencia de un gobierno que no entiende, o no quiere entender, qué es el Estado de derecho y cuál es su correcta relación con la coacción estatal.
Un clásico del Derecho, Rudolf von Ihering, decía que “el Derecho sin fuerza es una palabra vacía”, y que “una norma jurídica sin coerción es un fuego que no quema, una luz que no alumbra”. Sí: el Derecho, para serlo, necesita de la coacción. Los delincuentes también la usan, pero sin la legitimidad del Estado. Esto quiere decir que usan un poder que nadie les confirió lícitamente, que no tiene respaldo popular o democrático. Por eso se dice que el monopolio del uso de la fuerza lo tiene o, mejor, lo debe tener el Estado. Esto, que parece una lección básica de introducción al Derecho, no parece entenderlo la presidenta de la República y no creo que sus asesores jurídicos lo ignoren. Quizás convenga recordarles que todo uso de la fuerza a cargo de la autoridad se justifica porque es necesario preservar los valores de la convivencia íntimamente relacionados con los de la seguridad. Los planes de vida de las personas no pueden llevarse a cabo en un ambiente inseguro en los que el ejercicio de las libertades públicas no está debidamente garantizado. Claudia Sheinbaum incurre en una pendiente resbaladiza al asumir que enfrentar a la delincuencia organizada significa “ir a la guerra” y, por ende, abandonar el Estado de derecho. Por eso —parece insinuar— es mejor un “no hacer”. La pendiente resbaladiza es una falacia que consiste en asumir que, si se comienza un determinado curso de acción, es casi imposible detenerse antes de llegar a un desenlace necesariamente desastroso. En nuestro caso, la acción inicial que la presidenta no quiere intentar es hacerse cargo del crimen organizado haciendo un debido uso de la coacción estatal, entre otras estrategias; mientras que el desenlace desastroso que ella ve es la manida “guerra contra el narco” que —dice— sólo trae más muerte (de paso, vuelve a echar la culpa a los presidentes del pasado del desastre del que vivimos hoy). Los incondicionales del régimen, además de comerse cruda la falacia referida, no comprenden —o no quieren comprender— que ese “no hacer” es, en realidad, una omisión. Una omisión supone el incumplimiento de un deber: el deber de proteger a los ciudadanos que todo Estado tiene por definición.
Es innegable que este problema tiene tintes políticos y que sirve a unos y otros (gobierno y oposición) como mezquino pretexto para atacar a su adversario. Sin embargo, el problema está ahí y se vive todos los días: extorsiones, secuestros, ejecuciones en vivo, desaparición de personas, reclutamiento de menores y migrantes, cobros de piso, territorios enteros cooptados por la delincuencia organizada, robo de combustible, robos y asaltos en carreteras, toma de casetas, lavado de dinero, bloqueos de vías principales, destrucción de bienes públicos, etcétera. En pocas palabras, una imagen sumamente degradada de ese “Estado de derecho” que la presidenta de la República dice no querer afectar.
La de Carlos Manzo es una entre muchas muertes absurdas, evitables e innecesarias, pero tiene una significación política particular, porque había cometido dos “errores” (las comillas son para destacar que en un auténtico Estado de derecho no lo serían): 1) enfrentar verbalmente a la delincuencia en nombre de los ciudadanos de Uruapan, la ciudad que gobernaba; y 2) haber pedido ayuda a la Presidenta de la República. Esto sólo puede tener lugar en un mundo bizarro: lo que en un auténtico Estado de derecho es normal, aquí no sólo es anormal, sino peligroso. La muerte de Manzo no es más que el refrendo de una triste lección: nadie, ni siquiera un gobierno, debe enfrentar a la delincuencia organizada.
Resulta paradójico que las fuerzas de orden público —especialmente la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina— nunca hayan tenido tanto poder y tantos recursos como ahora y que, sin embargo, estemos acercándonos cada vez más a la anarquía, al menos en lo que a seguridad pública se refiere. Al parecer, mientras el orden público decrece, las competencias en la administración pública de las fuerzas armadas crecen. La Guardia Nacional, tan militarizada y, en su momento, tan presumida por el entonces presidente López Obrador como la solución a los problemas relacionados con la falta de coordinación entre los diferentes cuerpos de policía, no ha marcado una diferencia significativa en cuanto a la seguridad pública.
No se desconoce que los niveles de violencia que hemos alcanzado desde hace décadas rebasan por mucho los estándares ordinarios que cualquier país con Estado de derecho puede llegar a tener. Eso significa que los medios ordinarios para combatir a la delincuencia hace mucho que dejaron de ser suficientes. ¿Qué tipo de solución conviene intentar? Responder a esta pregunta le corresponde al gobierno electo, quien, con toda su legitimidad democrática, está obligado a imaginar un modelo de solución que sea al mismo tiempo eficaz y respetuoso del Estado de derecho. Se trata sí, de un gran reto, porque la solución que un país como el nuestro requiere no viene en ningún manual. Los extremos, que nunca son buenos, podrían ser: el estado de excepción, por una parte, y la apatía, por la otra. ¿Qué podremos encontrar, de manera aristotélica, cerca del justo medio? ¿Un modelo de justicia transicional? ¿Una revisión de las competencias de las fiscalías? ¿Una legalización de algunas drogas? ¿Una solución interdisciplinar en la que la economía, la ciencia política, la sociología y el derecho sean debidamente ensambladas para enfrentar este complejísimo problema? ¿Un serio compromiso de la administración pública que dé resultados sustantivos en materia de seguridad, a pesar de que tendrá costos político-electorales?
La muerte en el 2025 distorsionó el olor clásico del cempasúchil: esta vez no fue terroso, herbáceo y a la vez dulzón, con matices amargos o afrutados. Este año dejó un olor a orfandad y, al mismo tiempo, a hartazgo y rabia. La ciudadanía seguirá la liturgia de siempre: marchas y protestas que no tendrán más efecto que la reacción del régimen y sus seguidores. Una reacción mezquina que coloca cualquier tipo de crítica en el basurero de la política. No puede sino producir asco que un régimen ⎯que de izquierda sólo tiene el nombre⎯ califique como “de derechas” todo aquello que le incomoda. Vaya paradoja: un comportamiento típicamente de derecha denostando una movilización social típicamente de izquierda.
Roberto Lara Chagoyán
Profesor de derecho del Tecnológico de Monterrey