Cuando enseñé escritura creativa en una cárcel femenil de Arizona, una de mis estudiantes trabajó durante todo el semestre en una carta para su mamá, a quien quería agradecer por llevar a sus hijos cada vez que podía a visitarla en la cárcel —a pesar de los dos o tres autobuses y las dos o tres horas que debía invertir para llegar, todo en una silla de ruedas. Otra alumna escribió un perfil sobre su hermana, la única persona que realmente entendía el abuso físico y psicológico que había sufrido de niña, y quien había muerto hace muchos años. Una más escribió un ensayo sobre su batalla contra la adicción a los opioides, y las circunstancias que ocasionaron tal dependencia.
Ilustración: Víctor Solís
Los trabajos de mis estudiantes eran un manifiesto de la profundidad del fracaso del sistema penal estadounidense y, me atrevería a decir, también del global. Sus vivencias convertidas en palabras ilustraban un sistema en el que el dinero es poder, y sin él se asegura una sentencia casi automática; en el que la adicción no es una enfermedad, sino una mala decisión; en el que el abuso y el abandono se normalizan y la justicia se aparece sólo de vez en cuando; donde la falta de programas educativos y de atención psiquiátrica, psicosocial y médica crean un círculo vicioso de reincidencia y violencia. Esos textos ilustraban también el poder de la educación como una luz, aun en los lugares más oscuros.
Es importante señalar que las problemáticas existentes en los sistemas penitenciarios de México y Estados Unidos son distintas, por lo que las comparaciones entre ambos son útiles sólo hasta cierto punto. Hay expertas que llevan años trabajando, investigando y viviendo en cárceles mexicanas, y no pretendo ser una de ellas. No obstante, los sistemas tienen bases en común, en ambos contextos es urgente expandir el acceso a la educación para las mujeres privadas de la libertad. En este proceso, sus voces son el factor más importante: ¿Qué clases quieren tomar? ¿Qué recursos les hacen falta? ¿Cómo se deben estructurar los programas?
La imagen típica que tenemos de una persona privada de la libertad es la de un hombre. Esta imagen tiene un fundamento estadístico: las mujeres constituyen sólo el 7 % de la población global privada de la libertad, y el 5 % y el 10 % en México y Estados Unidos, respectivamente.
Pero, aunque no lo parezca en estos datos, ni en los retratos mediáticos o de la cultura popular, las mujeres son personajes principales en la historia del sistema penitenciario estadounidense y mexicano. Son mujeres las que habitan y sostienen este sistema, pero que casi siempre son abandonadas y defraudadas por el mismo.
Las personas afectadas por los sistemas penitenciarios —es decir, no sólo quienes están o han estado en cárceles, sino también quienes tienen familiares, seres queridos, o miembros de su comunidad ahí— no son víctimas, son sobrevivientes. Lastimosamente, existe una tendencia a minimizarlas, a pensar que necesitan ser cuidadas o salvadas, se convierten en pobrecitas. En realidad, quien necesita ser rescatado y reconstruido es el sistema, no estas mujeres. Para lograrlo, la educación es clave.
Existen dos argumentos principales a favor de la educación carcelaria. El primero se basa en el reconocimiento de que la gran mayoría de las personas privadas de la libertad regresarán eventualmente a vivir en sociedad, y los programas educativos y de capacitación laboral pueden ayudar a reducir la reincidencia delictiva y a promover la reinserción exitosa. Un estudio de la Rand Corporation, múltiplemente citado y publicado en el 2013, indica que las personas privadas de la libertad que participaban en programas educativos tenían un 43 % menos de probabilidades de reincidencia delictiva. El segundo argumento se basa más en el reconocimiento de la educación como un derecho humano fundamental; la privación de la libertad no debe de implicar la violación del mismo.
A pesar de su clara utilidad y urgencia, los programas de educación carcelaria siguen siendo muy poco desarrollados en ambos países. Sufren de una falta de apoyo gubernamental y dependen en gran parte del trabajo y los recursos de organizaciones de la sociedad civil, universidades e, incluso, de los propios familiares. Hace falta una estrategia más amplia y sistemática para promover estos programas a nivel nacional e internacional. Su desarrollo con perspectiva de género es crucial.
Implementar programas de educación efectivos y equitativos en cárceles requiere analizar los distintos factores que contribuyen al encarcelamiento de las mujeres, así como los riesgos y retos que enfrentan una vez ahí dentro. Dicha perspectiva de género debe ser interseccional, es decir, debe entender e incluir también las necesidades y experiencias de poblaciones de mujeres indígenas, de la comunidad LGBTI, con discapacidad, extranjeras, entre otros grupos.
Dado a que la gran mayoría de las personas privadas de la libertad son hombres, las intervenciones y los programas son creados teniendo a ellos en mente, y sus necesidades son el punto de referencia. Exacerbando el problema de la falta de programas para mujeres está el hecho de que hay muchas menos cárceles femeniles que varoniles, lo que implica que las mujeres privadas de la libertad tienen una mayor probabilidad de pasar su tiempo en prisión lejos de sus familias y con falta de sistemas de apoyo.
Si creemos que la educación es un fin en sí, dedicar recursos para educar a las mujeres privadas de la libertad es imperativo, dadas las circunstancias sociales que limitan su acceso antes de ingresar a la cárcel y después de haber cumplido condena. La educación es un catalizador de cambio desde adentro de las cárceles cuyos efectos se potencializan mucho más allá —existen numerosos estudios que demuestran que el retorno de inversión en la educación de mujeres es muy alto y mejora su calidad de vida, así como la de sus familias y comunidades.
La actual pandemia —que ha tenido efectos particularmente devastadores dentro de las cárceles— ha acelerado del uso de la tecnología educativa, que se traduce en una oportunidad enorme para la educación carcelaria. Durante la contingencia sanitaria, organizaciones civiles han empleado técnicas creativas para este propósito. Por ejemplo, la Fundación Plan B en México creó una Video Academia Penitenciaria que invita a las personas fuera de la cárcel a donar una hora para enseñar, mediante conferencias, a las mujeres en el penal de Santiaguito, en el Estado de México. Sin embargo, es importante resaltar que programas como éste son la excepción. Mientras que instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México o la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otras, llevan años dando clases en cárceles; este año 2020 ha hecho aún más evidentes las carencias tecnológicas que existen dentro de esos ambientes.
Durante los tres años que pasé enseñando a mujeres en cárceles de Arizona, algunas personas me preguntaban sobre el impacto de enseñar escritura creativa en un ambiente tan limitado y con recursos tan básicos. Ciertamente, la educación es diferente cuando tus estudiantes enfrentan cada día una batalla para sobrevivir (y más durante la pandemia). Pero la respuesta siempre fue sencilla: hay pocas cosas tan poderosas como dar a las mujeres el espacio y los recursos que necesitan para contar sus propias historias, e intentar—aunque sea un poco—crear el futuro que quieren. Esa es la promesa de la educación carcelaria con perspectiva de género. Ojalá que la cumplamos.
Mia Armstrong. Periodista y coordinadora de Convergence Lab de Arizona State University. Twitter: @MiaAArmstrong