El Juego de la Nueva Suprema Corte • Blog de la revista Nexos

Es claro que si la afectación a sus derechos laborales proviene de otros ámbitos (como la nula defensa de su estatuto por parte del propio Consejo o por parte de los sindicatos que debieran representarlos o por virtud de la reforma judicial, si fuere aprobada) entonces a los empleados del Poder Judicial de la Federación les asistirá una potestad propia para defenderse y llegar incluso a la huelga, pero cuya fuente no será la misma que para los jueces, sino el mismísimo derecho burocrático. También conviene dejar claro que, en cualquiera de las dos hipótesis, la de la suspensión de labores que acuerden los titulares o la huelga que, en su caso, convengan los empleados judiciales, no es contradictorio que los dos frentes se apoyen uno al otro, sino más bien válido y complementario.

Mucho se ha hablado del Plan C, ese paquete de reformas constitucionales y legislativas en torno al cual tanto el presidente López Obrador como los candidatos de Morena, PVEM y PT llamaron a votar el 2 de junio en todo el país. Este plan consistió, en su primera fase, en conseguir la mayor cantidad posible de votos en todos los cargos de elección, destacando la presidencia de la República y el Congreso de la Unión para poder reformar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición. Su segunda fase, que está en marcha, consiste en aprobar las 18 iniciativas de reformas constitucionales que son prioritarias tanto para el presidente como para la virtual presidenta electa. Para lo cual necesitan una mayoría calificada de 2/3 partes tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, lo cual dependerá de la asignación de curules plurinominales que haga el Instituto Nacional Electoral (INE) y posteriormente revise el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ayer publicamos en este espacio una radiografía de la reforma judicial como parte de una serie de artículos encaminados a dar a conocer el contenido y alcance del denominado Plan C. Hoy explicaremos el trámite legislativo que deben seguir las 18 iniciativas de reforma constitucional que el presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión el 5 de febrero pasado y, destacadamente, el de la reforma judicial.

El 19 de junio la virtual presidenta electa anunció que en los primeros meses de su mandato impulsaría la reconfiguración del Poder Judicial de la Federación (PJF) a partir de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el actual presidente el 5 de febrero de 2024. A reserva de lo ya escrito, aquí exponemos los principales puntos —que van más allá de estrictamente la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular— de la reforma de cara a los riesgos de la fragilización de la independencia judicial que ofrece la experiencia comparada.

En consonancia con lo que disponen instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de la misma forma que a cualquier ciudadano, en los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de la ONU se reconoce a las personas que ejercen la función judicial las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión. No obstante, por la importantísima función que tienen encomendada, en los Principios se dispone que “en ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura”.

La propuesta que hoy se discute instrumentaliza el justificado enojo mayoritario frente la incapacidad de nuestro sistema de justicia para prometer un resultado que no entregará. Elegir a las personas juzgadoras no resolverá los problemas estructurales que subyacen a esta incapacidad, relacionados sobre todo con la falta de acceso igualitario a la justicia; es decir, con el mal funcionamiento de los poderes judiciales locales, de los servicios periciales, de las defensorías públicas, de la abogacía privada, de las comisiones de víctimas, de las instancias de búsqueda de personas desaparecidos y, sobre todo, de las disfuncionales fiscalías. Hoy la nación invierte tiempo y recursos en debatir sobre el acceso de algunos y algunas a encabezar los órganos de impartición de justicia y no, como deberíamos, en discutir sobre el verdadero acceso igualitario a la justicia de todos y todas; particularmente, de las personas más excluidas. Esta es la cuestión urgente que, trágicamente, estamos dejando de lado.

El caso de San Juana Maldonado debería ser el punto de partida de una reforma al Poder Judicial verdadera y con sentido de justicia. Lejos de estar discutiendo los peligros o virtudes de la selección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, deberíamos estar centrando nuestra atención en la efectividad de la justicia cotidiana, la justicia que intenta día a día resolver los problemas a los que se enfrentan miles de mexicanos y mexicanas. México requiere una reforma que logre transformar la indignante realidad que los ciudadanos viven al intentar presentar una denuncia ante las fiscalías locales, instituciones capturadas por la corrupción rapaz. México requiere una reforma que logre transformar la eficacia de la defensoría pública, para garantizar a todas las personas, sin importar su capacidad económica, el derecho a una defensa adecuada.