El Juego de la Nueva Suprema Corte • Blog de la revista Nexos

El 7 de junio de este año se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Trata para incluir como forma de explotación laboral las jornadas de trabajo que se encuentran por encima del límite previsto por la Ley Federal del Trabajo. Con la reforma se establecen penas de privación de la libertad para las personas físicas responsables. Además, parecería que con la reforma se busca que las personas jurídicas se hagan responsables de prevenir tales condiciones de explotación.

En 2010, Chsitopher Nolan escribió, produjo y dirigió una película de ciencia ficción llamada Inception (El origen, en español), cuya trama está basada en la posibilidad de insertar una idea en la mente de una persona para que actúe en consecuencia. La organización encargada está compuesta por personajes con habilidades en el manejo de los sueños y la mente, que son capaces de cambiar el destino de la víctima y, con ello, el del mundo.

El día de ayer se celebró el primer foro sobre las reformas del poder judicial “¿Qué Poder Judicial tenemos? Y ¿qué Poder Judicial queremos?», en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. La ocasión, desde luego, destaca por la presencia de los once ministros y ministras integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este aspecto no debe pasar por alto: el presidente de la República y su abrumadora mayoría legislativa identifican en las y los ministros -y el resto del Poder Judicial de la Federación- la causa del mal que se pretende reformar. Los integrantes de la Corte —sentados juntos en un ala de la media luna del salón de protocolo de San Lázaro, entablaron un diálogo con la fuerza legislativa que tiene la fuerza para destituirlos en septiembre. Así, el propósito de este artículo es esbozar una síntesis de las posturas expresadas por los integrantes de la Suprema Corte durante este primer foro.

Toda proposición que contenga razones debe ser considerada, evaluada, debatida, y enriquecida para su eventual aceptación o rechazo. Esto es un signo esencial de la democracia y una regla para la mejor convivencia y el avance en todas las áreas del saber humano. Este es el caso de la iniciativa de reforma constitucional al poder judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este artículo propongo razones sobre aspectos que podrían enriquecerse y cuáles deberían esperar un análisis más ponderado y un debate más amplio. En particular me centro en el proceso de designación del personal con funciones jurisdiccionales que se contiene en la propuesta de reforma del llamado Plan C.

Bajo esta mirada, es evidente que la iniciativa de reforma de 2024 no se asemeja a la de 1994. Más bien, se aproxima a la reforma judicial de 1935, promovida por el presidente electo General Lázaro Cárdenas meses antes de asumir el cargo, en su intento por debilitar las facultades de la SCJN y eliminar los “obstáculos legales” a las decisiones que emanaban del ejecutivo, consolidándolo como el eje fundamental del sistema político.