La discusión legislativa y el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, si en verdad buscase eficientizar el uso de los recursos públicos, debió haber sometido a un examen riguroso cada fideicomiso, pero no fue así. Lo que hemos atestiguado a lo largo de este sexenio no es ninguna novedad, en el sentido de que una de las peores herencias del régimen de partido único del PRI, y deuda de la transición a la democracia, es que los presidentes pueden modificar discrecionalmente el presupuesto según su voluntad.
Marcha por la dignidad
El pasado domingo 22 de octubre, miles de personas en todo el país acudimos a manifestarnos en defensa del Poder Judicial de la Federación. Esta no fue sólo una marcha para defender a los trabajadores. Fue una marcha por la dignidad de la institución, por la salvaguarda de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, por el respeto a la división de poderes, por la preservación de la democracia y por la tutela de los derechos humanos.
Día a Día · Justicia electoral
Una mirada al precedente judicial electoral en México
Con una historia de constantes evoluciones y reformas en el sistema de justicia y en el sistema electoral, la consolidación y la internalización de un modelo de precedentes se tornan imperativos para garantizar la certeza, la equidad y la predictibilidad en las decisiones judiciales. Las voces de quienes contribuimos a la obra, coincidimos en la necesidad de abandonar prácticas desfasadas y de abrazar un paradigma que no solo otorgue solidez argumentativa a las decisiones judiciales, sino que también promueva la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales electorales. Como señala Marina Gascón, la jurisprudencia posee un valor decisivo para la unificación del derecho. En este escenario, los desafíos son múltiples, pero la recompensa es una justicia electoral más robusta y confiable para México.
La Corte Suprema estadunidense y las redes sociales
Los casos que el Ejecutivo federal actual busca que la Corte Suprema revise se basan en decisiones que varias Cortes de Apelación emitieron el año pasado con respecto leyes que fueron aprobadas en 2021 en los estados de Florida (SB 7072) y Texas (HB 20) que, según este gobierno, no cumplen con la Primera Enmienda
La vulgarización como arma contra el Poder Judicial
El poder narrativo del presidente es, además, perversamente manipulador. Ha sido, por ejemplo, capaz de contar una historia del Poder Judicial en tres actos: 1) en 2018, al asumir el poder, amenazó a los jueces y ministros del Poder Judicial de la Federación con bajarles el sueldo y eliminar sus privilegios; 2) en 2019, con la asunción de Zaldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amainó sus críticas y llevó la fiesta en paz gracias, esencialmente, a la aquiescencia de aquél; y 3) desde el inicio de 2023, a partir de que Norma Piña asumió como nueva presidenta de la Corte, López Obrador ha vuelto a oscurecer su discurso en contra del Poder Judicial, construyendo esta vez una narrativa en la que presenta a ese poder como una cloaca que hiede a corrupción, y que despacha —y, según él, siempre lo ha hecho— de espaldas al pueblo y exclusivamente al servicio de las élites de este país.
¿Hay un derecho fundamental a impugnar resoluciones intraprocesales?
Los contornos del derecho a medios de impugnación procesal son muy matizados. Éste no se traduce en una obligación legislativa general y absoluta de otorgar recursos a disposición de las partes del proceso —o a su invención pretoriana—; y menos tratándose de resoluciones intraprocesales que, en la muy consolidada terminología del juicio de amparo, no trascienden al resultado del fallo o afectan derechos fundamentales sustantivos.