Normalmente, el sector privado es renuente a ser regulado. Por esa razón, fue interesante escuchar a Sam Altman, CEO de OpenAI (creador de ChatGPT), declarar ante el Senado de Estados Unidos que, si bien la tecnología tiene la potencia para mejorar nuestras vidas, se requiere de intervención gubernamental para mitigar diversos riesgos. Entre otros, Altman planteó que pueden establecerse diversos requisitos para permitir el desarrollo de modelos que superen cierto umbral de capacidad. Unos días después del testimonio de Altman, comprobamos uno de los peligros de la tecnología con respecto a la difusión de desinformación. Una imagen creada con la ayuda de IAG, que mostraba una supuesta explosión en el Pentágono, generó incertidumbre y la caída de los mercados financieros de Estados Unidos.
Día a Día · Justicia electoral
La burla al cuerpo de las mujeres funcionarias públicas: ¿violencia política de género o libertad de expresión?
Con esta decisión, se dejó ir una oportunidad para seguir construyendo criterios que busquen erradicar la violencia en contra de las mujeres, porque con independencia del resultado final o la conclusión a la que se hubiera llegado, incorporar este tipo de debates en la discusión jurisdiccional habría sido un paso importante para visibilizar un problema que enfrentamos las mujeres y que impacta en nuestras aspiraciones y proyectos de vida. Cuando una mujer observa que otras mujeres son criticadas por su apariencia física en la arena pública y política, se genera un impacto negativo e inhibitorio hacia nuestras aspiraciones de participar en estos espacios. En los espacios políticos nuestra apariencia física y nuestros cuerpos es algo que debería ser irrelevante, sin embargo, no lo es. La normalización de la crítica y la burla hacia nuestros cuerpos nos ha afectado tanto, que es algo que se debería tomar más en serio.
Las noticias jurídicas más relevantes en el mundo. Tercer reporte 2023
Presento a los lectores de El Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre julio y septiembre del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.
La doctrina sobre las violaciones al procedimiento legislativo y el juicio de amparo
En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha consolidado una doctrina robusta en materia de violaciones al procedimiento legislativo, con base en la cual se han invalidado distintas leyes muy relevantes para el gobierno en turno. El último caso fue la legislación electoral conocida como el Plan B, integrado por dos decretos legislativos. En lo que sigue, desarrollaré brevemente las razones por las cuales consideró que esa doctrina es trasladable al juicio de amparo y porqué puede servir de premisa para apreciar la apariencia del buen derecho y lograr la concesión de la suspensión en su modalidad de tutela anticipada.
La Suprema Corte y la política energética: luz al final del túnel
Este miércoles 27 de septiembre se podría empezar a ver la luz al final del túnel de las consultas, pues es cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene listado para discusión el proyecto de sentencia por la que se confirma el amparo y protección de la justicia federal a seis empresas quejosas en contra del decreto de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Este proyecto fue preparado en la ponencia del ministro Laynez Potisek, mismo que se dio a conocer el pasado 8 de septiembre. Ojalá que esta semana la Suprema Corte siga consolidándose como el bastión de defensa del Estado constitucional y democrático de derecho ante las constantes tentativas de atropello a las libertades fundamentales protagonizadas por el presidente de la República y la mayoría parlamentaria que lo respalda. Cualquier transformación de la vida pública de México será constitucional… o no será.
La Suprema Corte en el laberinto del derecho a la protección de la salud
Pareciera que en los últimos meses el reflector de las decisiones y deliberaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha centrado en qué tanto favorecen o contrarían las decisiones de política pública que ha impulsado el proyecto político que encabeza el actual presidente de México y su fracción parlamentaria mayoritaria en el Poder Legislativo. Sin embargo, hay determinaciones del tribunal constitucional mexicano que son pequeños pasos hacia delante en la garantía y protección de los derechos humanos que debemos destacar y analizar.
El caso de Ely, la elefanta más triste del mundo
Contra dicha resolución se presentó recurso de revisión que fue atraído por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Este asunto presenta la oportunidad de abordar cómo ha de protegerse los derechos de los animales bajo nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué sigue? Tras ser atraído el asunto, se debe turnar el asunto a una ministra o ministro instructor quien será el encargado de elaborar el proyecto. En este asunto el tiempo es crucial en tanto que con cada día que pasa la situación de la elefanta Ely puede ir empeorando.
Duda razonable no llegó a precedente
Si el caso Cassez se erigió como una sentencia emblemática y disuasoria que retrataba la mala fe policial y ministerial en el contexto de las funciones ejercidas por las autoridades de investigación y de seguridad pública del orden federal apenas en el año 2005. El caso de Duda razonable (ocurrido diez años después) vino a confirmar que una sola sentencia —como una sola golondrina— no puede hacer verano; aun en el contexto de un sistema penal nuevo existen riesgos latentes de germinar malas prácticas en las instituciones. En ambos casos, la resolución no logró jurisprudencia obligatoria.
Cuando la marea verde se alza, la Suprema Corte la respalda
El 6 de septiembre de 2023, la Primera Sala analizó el amparo promovido por GIRE en contra del Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal por el Código Penal Federal que sigue criminalizando, en sus artículos 329 a 334, a toda mujer y persona con capacidad de gestar que decida libremente terminar con su embarazo. En dicha decisión, la Corte reconoció que GIRE, como una organización que se dedica a la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, tiene un interés legítimo para promover un amparo de esta naturaleza. Y reconoció, una vez más, que las disposiciones que criminalizan de forma absoluta el derecho a decidir sobre el aborto son inconstitucionales.