El Juego de la Nueva Suprema Corte • Blog de la revista Nexos

El pasado 2 de enero, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a su nueva presidenta, la ministra Norma Piña Hernández. Su selección para este puesto como la primera mujer que presidirá la Corte representa un hito histórico en la aspiración a un acceso igualitario de mujeres dentro del poder judicial, y con la igualdad de género de manera más amplia. Asimismo, Piña se ha mostrado comprometida con estas causas, defendiendo el derecho al aborto como una protección para que las mujeres puedan ejercer su sexualidad, y ha ayudado a establecer precedentes muy progresivos en otros temas, como la capacidad de defender el derecho a un medio ambiente sano. Considerando la importancia de su elección, en este artículo buscamos hacer un repaso sobre algunos de los principales desafíos que debe atender la nueva presidenta, así como recordar las facultades que tiene para sobrellevarlos.

Presento a los lectores de El Juego de la Suprema Corte una selección de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre octubre y diciembre del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

Hoy la democracia mexicana cuenta con un Tribunal Electoral que garantiza un juego limpio y ofrece una justicia oportuna y de calidad; un Tribunal Electoral que protege el voto de la gente y defiende su elección; un Tribunal Electoral que equilibra la balanza para romper con desigualdades estructurales; y, sobre todo, un Tribunal Electoral que le pertenece a la ciudadanía y que es el resultado de una larga lucha por la democracia y las libertades.

El ministro Arturo Zaldívar termina su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia este 31 de diciembre de 2022; cinco ministros han levantado la mano con el objetivo de relevarlo el próximo 2 de enero de 2023 mediante una votación entre los integrantes de nuestro tribunal constitucional. El presente texto tiene como propósito el ofrecer un resumen de las cinco propuestas de trabajo de quienes contienden para la presidencia de la Corte.

En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 90/2020, iniciada luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados impugnara el acuerdo presidencial mediante el cual el Titular del Ejecutivo dispuso de la Fuerza Armada Permanente para realizar tareas de seguridad pública. Diversas voces han analizado ya el debate sostenido en el Pleno, incluso en este espacio. Dado que aún le restan a la SCJN otros asuntos relevantes sobre el proceso de militarización en curso y dado que la redacción final de la sentencia respectiva está por elaborarse, es fundamental profundizar en el análisis de lo decidido.

Hoy, 12 de diciembre, la discusión vuelve a presentarse, en el Senado como cámara revisora de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Como sucede con los contenidos de toda reforma legal, ni todo parece fortalecer a nuestro sistema electoral ni tampoco todo está mal. Pero lo que sí se ha mostrado es una intención de acallar el diálogo y la deliberación democrática. Es necesario pues reflexionar sobre el camino legislativo y sobre el contenido.

A cien años de su muerte en una cárcel en Leavenworth, Kansas, el gobierno federal decretó que el 2022 fuese nombrado el año de Ricardo Flores Magón. 2022 también ha sido el año en el que el modelo de seguridad pública que el Estado mexicano ha implementado informalmente desde el 11 de diciembre de 2006 ha tomado la forma jurídica que, posiblemente, tendrá hasta el año 2028. En este año, pues, el derecho y la historia se cruzan para hacer una celebración de la ironía: al mismo tiempo que se decide celebrar al referente más importante del anarquismo mexicano, los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— dan los últimos toques jurídicos para formalizar ex post facto la presencia de los militares en las calles del país.

En la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del martes 29 de noviembre de 2022 se discutió y aprobó el proyecto de resolución de la controversia constitucional 90/2020 promovida por la Cámara de Diputados en contra de Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Este asunto fue proyectado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y consiguió ser avalado por siete de sus colegas que integran el Pleno. Pero ¿en qué consistió la demanda? ¿Qué planteaba el proyecto? ¿Cuál fue la discusión que se dio en torno a esto? ¿Qué implicaciones tiene dicha resolución? Y, sobre todo, ¿Qué sigue después de esto?