“Viene desde el fondo de las edades y es el último modelo terrestre de maquinaria pesada, envuelto en su funda de lona… Dentro de la acumulación material de su cuerpo, los cinco sentidos funcionan como aparatos de precisión y nada se les escapa. Aunque de pura vejez hereditaria son ahora calvos de nacimiento, la congelación siberiana nos ha devuelto algunos ejemplares lanudos. ¿Cuántos años hace que los elefantes perdieron el pelo?” Con estas palabras, trasladadas del Bestiario de Arreola, comienzo este episodio del Bestiario Jurídico, dedicado al mayor y más venerable de los titanes, al menos de los que habitan a nivel de tierra.
Transparencia e información pública: ¿cómo impugnar resoluciones inimpugnables en la Suprema Corte?
El jueves pasado el pleno de la Suprema Corte resolvió un asunto que podría resumir parte de este juego. En la controversia constitucional 325/2019, la Corte resolvió que, aunque las resoluciones del instituto son definitivas e inimpugnables en términos del artículo sexto constitucional, la Fiscalía —y otros órganos— sí podría someterla a escrutinio judicial y revocarla, cuando sus efectos impacten en su ámbito competencial. Es decir, que puede impugnarse una resolución que constitucionalmente es inatacable y que puede revocarse una resolución que constitucionalmente es definitiva. Este artículo recupera las aristas del debate, el saldo de la discusión y los efectos que tendrá el fallo en el derecho de transparencia y acceso a la información pública
Alemania vs. Italia: la inmunidad de jurisdicción estatal bajo la lupa
El pasado 29 de abril, Alemania presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, argumentando que Italia no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada por la CIJ en 2012 en el caso sobre inmunidades jurisdiccionales del Estado, y que dicho incumplimiento se ha traducido en más de una veintena de juicios civiles por daños en los que las cortes italianas han desconocido su inmunidad de jurisdicción. La decisión de 2012 fue seminal.
Albert Camus y las falacias en el derecho penal
Existen dos formas de persuadir a un juez o un jurado: i) con líneas argumentativas basadas en premisas cuyo contenido es acorde al derecho; ii) o con trampas argumentativas que se alejan por completo del rigor dialéctico, es decir, con falacias. Anteriormente, hemos visto en este mismo espacio, algunos vicios de la argumentación que son comunes en el mundo jurídico y político. Ahora, quisiera centrarme en los juicios de orden criminal.
La jueza Ketanji B. Jackson: entre el progreso y la minoría liberal
Sólo un retiro imprevisto o antes de noviembre, de alguno de los jueces conservadores o moderados, permitiría fortalecer el progresismo y el ala liberal de la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras eso no ocurra, la jueza Ketanji Brown Jackson no encontrará el eco necesario en sus acciones para cambiar desde el poder judicial la tendencia conservadora por la que pasa la Corte desde hace décadas. El liberalismo en el tercer poder de Estados Unidos tendrá que seguir esperando su turno.
Consumidor o no consumidor de cannabis: ¿quién debe decidir?
No está de más mencionar que, al no haber un pronunciamiento y estudio específico de la constitucionalidad de los artículos originalmente reclamados, quedaría abierta la posibilidad de seguir reclamando su inconstitucionalidad. Sin embargo, resulta decepcionante que, a siete años del fallo SMART en el que se reconoció por primera vez la protección constitucional del consumo personal y adulto de cannabis, la Suprema Corte de Justicia continúe evadiendo la discusión sobre la descriminalización efectiva de la posesión con fines de consumo y que no afecta a terceras personas.
Roe v. Wade: ¿quién debe decidir sobre el aborto?
El péndulo ideológico latinoamericano en relación con el aborto se mueve con un ritmo y dirección distintos a lo que pasa en Estados Unidos. Los triunfos a favor del derecho de las mujeres a decidir son claros en Argentina, Colombia y, en menor medida, México. Debemos, sin embargo, aprender del movimiento pendular norteamericano, reconociendo que lo ganado ante una corte difícilmente permanece si no consigue, además de dicha decisión de los jueces, el apoyo que otorga el voto de la ciudadanía en las urnas.
Caso Pavez Pavez vs. Chile: discriminación por orientación sexual
Estos son los hechos del caso Pavez Pavez vs. Chile liberado este 20 de abril de 2022 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Es el primer caso que plantea la relación de la discriminación por orientación sexual en el ámbito laboral educativo, especialmente en instituciones públicas. Al igual que permite determinar cuáles deben ser las medidas de protección de derechos humanos, frente a las decisiones de las autoridades religiosas en dicho ámbito.
La reforma política-electoral de AMLO:
si le das más poder al poder…
Más allá de las diferentes propuestas, lo más importante de analizar en esta iniciativa de reforma son sus efectos generales en el tablero político democrático. Aunque de entrada parece una reforma integrada por retazos con poca conexión entre sí, al unir los puntos tenemos una cobijita que, en los hechos delinea un futuro electoral que, aunque a primera vista no lo parezca, gracias a la introducción de la propuesta de proporcionalidad pura, de aprobarse esta iniciativa abriremos paso a una nueva etapa en el ciclo electoral que apuesta por un futuro muy parecido al pasado de partido político hegemónico.
El Poder Judicial ante el Comité contra la Desaparición Forzada: observaciones y recomendaciones
Del 15 al 26 de noviembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada, órgano encargado de la supervisión del cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, realizó una visita a nuestro país en el marco del artículo 33 del citado instrumento internacional a partir de la invitación que realizó el gobierno de México. La solicitud para realizar esta visita fue formulada por el Comité al Estado mexicano en el año 2013 y reiterada en 2015 y 2018; asimismo, también fue una recomendación expresa por parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.